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Selección de ContraPeso.info
1 septiembre 1996
Sección: GOBERNANTES, Sección: AmaYi
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¿Cuáles son las razones por la que un país progresa más que otro? Desde luego, son muchas. En esta carta se examina una de ellas. La responsabilidad de los funcionarios públicos.

Mientras los funcionarios públicos no puedan ser juzgados por las irresponsabilidades cometidas en sus puestos, el país tendrá enormes dificultades para progresar. A esta variable, Mora le asigna una importancia principal basada en la experiencia de los primeros años del México Independiente.

José María Luis Mora (1794-1850; Guanajuato, México), licenciado en Teología y sacerdote. Fue un prolífico escritor y es considerado un gran intelectual mexicano del liberalismo.

El contenido de esta carta está tomado de Luis Mora, José María (1994). OBRA POLÍTICA, VOLS 1, 2, 3. México. Instituto Mora. 968691420x., volumen I, Discurso sobre las variaciones constitucionales que puedan hacerse en orden a la responsabilidad de los funcionarios, pp 270-280 (publicado originalmente en 1830).

Mora comienza mencionando la importancia de resolver el problema de la responsabilidad de los funcionarios públicos por el uso o abuso que hayan hecho del ramo de autoridad que ejercen. Sin esa responsabilidad será imposible una buena administración pública.

El problema no consiste en declarar que los funcionarios públicos tienen esa responsabilidad. La dificultad está en el modo de hacer efectiva la responsabilidad del gobernante y evitar que ella sea ilusoria. Para Mora, pues, existen dos elementos.

Primero, los funcionarios públicos tienen responsabilidades en sus puestos. Segundo, lo anterior poco importa sin una manera para hacer real esa responsabilidad.

Mora reacciona ante una realidad. Dice que todos o casi todos los funcionarios que ha tenido el gobierno mexicano desde la Independencia mexicana han hecho una costumbre suya ser infractores de la ley. Cada vez que se intenta acusar a un ministro, no importa qué tan sólida y fundamentada sea la acusación, esa persona consigue burlarse de ella.

Tantos casos ha habido que ellos han ido formando una garantía para los funcionarios públicos, quienes pueden hacer impunemente lo que quieren con la nación.

La carencia de una manera de exigir esa responsabilidad hace que con el tiempo la irresponsabilidad del gobernante se vuelva una garantía. El funcionario estará seguro de que haga lo que haga, a nadie rendirá cuentas.

La razón de esa impunidad se debe, según Mora, a la carencia de una idea exacta de esa responsabilidad de los funcionarios. No se tiene idea de los hechos por los que en ella se incurre, ni se aplica a todos los que debería. Estos son los puntos que Mora quiere dejar claros.

Hay que analizar la responsabilidad del gobernante para que sobre esa base pueda volverse una realidad su exigencia.

Desde el principio, el autor aclara que al hablar de responsabilidad de los funcionarios públicos, no hay que incluir los delitos comunes. Los funcionarios públicos deben responder ante las acusaciones de robo, asesinato y otros de su clase, igual que el ciudadano común.

La responsabilidad del funcionario público como tal, puede ser de dos tipos entre los que hay que hacer una distinción. Un tipo es el delito y el otro es la falla, según que sea de malicia, o de simple ineptitud. Así lo uno como lo otro puede causar grandes males a la nación y al estado. Mora quiere dejar clara esta distinción.

Al tratar de evaluar el desempeño de un funcionario público hay que examinar su aptitud para desarrollar las funciones del puesto que ocupa, pero también hay que examinar su inocencia o culpabilidad.

Aunque pueda parecer teórica esta distinción de fallas, ella es muy importante. Dice Mora que no puede hacerse lo mismo para quitar a un inepto de un puesto que para castigar a un criminal. Separar a alguien de su puesto es muy diferente a ponerlo sujeto al fallo de un tribunal.

El no hacer esa distinción entre ineptitud y criminalidad es una de las razones por las que se fomenta la irresponsabilidad de los gobernantes.

La ineptitud no puede ser vista como criminalidad. Y si lo es, el funcionario puede recibir vejaciones inmerecidas. Si se llegara a un juicio, el funcionario acusado podría recibir un castigo injustificado, o un perdón indebido.

La causa de la existencia de gobernantes que abusan del poder es la falta de diferenciación entre el ser incapaz y el ser criminal. Eso es lo que hace que gobernantes ineptos o inmorales mantengan sus puestos con el consecuente daño a la sociedad.

En cuanto a la existencia de funcionarios públicos incapaces, es obvio que en todo buen sistema de gobierno debe existir un órgano con el poder para separar de sus puestos a los incapaces.

El remedio propuesto por Mora supone la existencia de una institución gubernamental encargada de juzgar el desempeño de los funcionarios y, por ende, la existencia de criterios de desempeño.

Es absolutamente indispensable la formación de ese órgano del gobierno, porque nada puede tener tan fatales resultados como los de la tolerancia de hombres ineptos en los puestos públicos.

Pero, ¿cuál debe ser esa institución encargada de separar a los incapaces de sus puestos? Mora da una solución muy inspirada en las ideas de la división de los poderes.

Es el Senado la institución en la que debe caer la responsabilidad de apartar de su puesto al funcionario público inepto. Pero eso, sólo en caso de acusación formulada por la Cámara de Diputados.

Con este mecanismo, los senadores podrán declarar la remoción de un funcionario público de su puesto y hasta declararlo incapaz de ocupar otros puestos públicos. Pero también, el Senado puede declarar que haya habido malicia y perversidad, tras lo cual el ahora culpable queda sujeto a juicio conforme a las leyes. Ningún tribunal puede actuar antes de esa declaración.

Es muy notoria la inspiración de Mora en la creencia liberal de la separación de poderes del gobierno. Ninguna institución puede acumular la responsabilidad total de separar al funcionario de su puesto.

Aunque el Senado sólo pueda hacerlo, ni siquiera el presidente, no podrá actuar sin la acusación formal de los diputados. Y en caso de encontrarse con un delito, entran en juego los tribunales.

El análisis de Mora parte de un supuesto central, sin el que sus afirmaciones se vendrían abajo. El autor entiende que el funcionario público es un servidor del ciudadano. No pueden ser otra cosa que mandatarios del pueblo.

Escribiendo a unos pocos años de la consumación de la Independencia Mexicana, Mora hace una aseveración que revela la fuerte creencia en su análisis: todos los males que ha sufrido este país, que no son pocos y todos los que podrá sufrir han sido y serán principalmente debidos a las criminales y afectadas omisiones de gobernantes ajenos a toda responsabilidad.

Mientras no existan disposiciones a nivel constitucional que hagan realidad la exigencia de responsabilidad al funcionario, esos males seguirán existiendo.

Como en algunos de sus otros escritos, Mora hace recomendaciones concretas para la realización de sus ideas. En este caso propone principalmente las siguientes medidas.

La Cámara de Diputados deberá tener asignada la capacidad de acusar a funcionarios públicos por causa de falta de responsabilidad en sus puestos. La Cámara de Diputados sólo podrá hacer acusaciones que estén relacionadas con el desempeño de las funciones de un puesto público.

Se trata de un poder limitado a establecer una acusación. La acusación se presenta ante el Senado. El Senado es el responsable de emitir el fallo sobre la habilidad del acusado para ocupar puestos públicos. Si se el funcionario es acusado de delitos comunes, pasa el asunto a tribunales comunes.

La colección completa de resúmenes de AmaYi en tres partes, puede encontrarse aquí:

Ideas Económicas

Ideas Políticas

Ideas Culturales

La sección AmaYi de ContraPeso.info fue fundada en septiembre de 1995 y desde entonces publica un resumen mensual de grandes ideas encontradas en diferentes publicaciones.



1 comentario en “Allí Está la Diferencia”
  1. Contrapeso » Corrupción y Gobierno




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