Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Derechos de Propiedad
Selección de ContraPeso.info
1 abril 2002
Sección: DERECHOS, Sección: AmaYi
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Si bien el autor de la idea que reporta esta carta, para algunos, puede resultar extremo y radical, ello no debe ser obstáculo para conocer una de sus ideas, la de concebir a los derechos humanos como derechos de propiedad. Esto resulta en un buen ejercicio mental, pero también en una perspectiva novedosa que termina defendiendo los derechos individuales de las personas.

El libro consultado para esta carta fue Rothbard, Murray Newton (1998). THE ETHICS OF LIBERTY. New York. New York University Press. 0814775063, chapter 15, Human rights as property rights, pp. 113-120; originalmente publicado en 1982.

Rothbard (1926-1995) fue profesor distinguido de economía en la Universidad de Nevada y ha sido calificado como un gran constructor de sistemas; además de ser economista de profesión, su gran mérito es el redescubrimiento de la propiedad como la fundación común de la economía y la política. Es el fundador del Libertarianism.

Viendo a los derechos humanos como algo fundamentado en la propiedad personal se logra una perspectiva que ayuda a entender muchos problemas, como los de marchas de protesta en la calle, como el establecimiento de comercios y hasta la emigración.

El capítulo reportado comienza con la aseveración de que los progresistas quieren preservar la libertad de expresión al mismo tiempo que niegan la idea de la propiedad privada. Sin embargo, dice el autor, una sin la otra no tienen sentido, simplemente porque no hay derechos humanos que no sean derechos de propiedad.

Este es el gran giro de Rothbard, el de concebir a los derechos de las personas como fundamentados en el derecho a la propiedad; si no hay derecho de propiedad, sencillamente no hay derechos humanos.

Hablar de derechos humanos es una cuestión vaga y sin definición cuando ellos no son ligados al derecho de propiedad. Sin considerar la idea del derecho de propiedad, el resto de los derechos humanos se tornan imprecisos e inciertos.

Como ilustración de esa asociación entre derechos del hombre y derecho de propiedad, el autor analiza a la libertad de expresión. La libertad de expresión nos crea, de primera impresión, la idea de que podemos decir lo que queremos y se nos antoje.

Pero esta idea olvida una variable importante: el dónde decimos lo que queremos, es decir, el lugar en el que ejercemos esa libertad de expresión.

Podemos hablar de lo que deseemos, ése es nuestro derecho, pero sin duda no lo podemos hacer dentro de una casa a la que hemos entrado por la fuerza; lo que sí podemos hacer es hablar de lo que queramos dentro de nuestras propiedades, o bien en el lugar que hayamos rentado para ese propósito.

Entonces, no existe un derecho separado para nuestra libertad de expresión, lo que sí existe es un derecho de propiedad: hacer lo que uno desea con lo propio, o hacer acuerdos voluntarios con otros propietarios.

Puesto de otra manera, Rothbard dice que no se tiene el derecho a la libre expresión de las ideas, pero sí se tiene el derecho a rentar un salón y hablar a las personas que hayan aceptado entrar allí, o a la propiedad personal del que quiere ejercer su libertad de expresión.

No se tiene derecho, entonces, a la libertad de prensa. Lo que sí existe es el derecho a publicar un libro y venderlo o regalarlo. Es decir, no existe un derecho de libertad de expresión que sea separado del derecho sobre las propiedades que una persona tenga en un momento dado.

Lo anterior puede dar la impresión de ser irrelevante, pero en realidad no lo es, pues da al autor la oportunidad de defender al máximo la libertad de expresión. La razón es la siguiente: si se separa la libertad de expresión del derecho de propiedad, eso lleva al debilitamiento de los derechos en general.

En este punto, el autor inicia unas especulaciones que le sirven para probar su punto.

En consideraciones legales se puede llegar a debilitar el derecho de libre expresión. Por ejemplo, supongamos que alguien grita fuego dentro de un teatro lleno; esta situación puede hacer creer que se debe limitar la libertad de expresión, que no se puede hablar de todo y que esa libertad de expresión debe ser regulada.

Pero ésa es una solución inadecuada, pues el asunto debe verse como un problema de derechos de propiedad y así no se tiene que limitar la libertad de expresión.

El que grita fuego, sin motivo, dentro de un teatro puede ser el dueño o los espectadores; no importa quién lo haga, porque el hecho es que ese grito viola los derechos de propiedad para el gozo de la obra que se ha acudido a ver.

Esto se da bajo el supuesto de que la compra del boleto para la obra otorga el derecho de gozarla sin contratiempos, es la propiedad momentánea de la obra.

Consecuentemente, el que grita fuego puede ser juzgado por violar derechos de propiedad y eso significa que no se debilita la libertad de expresión, ni otros derechos. La libertad de expresión mantiene su fuerza porque se ha mantenido claro el derecho de propiedad.

El derecho de propiedad no da la facultad de hacer lo que se quiera donde se quiera. La compra de un boleto de teatro no da el derecho de hablar en la sala e interrumpir la función. Es lo mismo que se dijo antes, existe la libertad de hablar, pero no la libertad de un tercero para entrar a mi casa, sin mi permiso y ejercer su derecho de expresión.

No se tiene que gritar fuego en un teatro para ser arrestado, pues el arresto es merecido también por quien causa disturbios o grita otras cosas. No es lo que gritó, sino el hecho de haber gritado la causa del castigo. Esta manera de ver las cosas no debilita a la libertad de expresión, que es la preocupación del autor.

Lo mismo sucede con otra cuestión, el llamado dilema del presidente, que es el problema de asignar tiempos o espacios en asambleas o medios de comunicación, cuando las personas creen que tienen el derecho a ese tiempo o espacio.

Son los casos de las tribunas en las cámaras legislativas, de las cartas de réplica a medios de comunicación y en general, de la participación de las personas en reuniones públicas.

Cuando esos tiempos o espacios son gratuitos, su demanda debe ser grande, más que su oferta y eso hará pensar que hay escasez de tiempos o espacios. Esto, desde luego, genera resentimientos entre quienes creen tener derecho a merecer esos tiempos o espacios.

El problema puede resolverse poniendo un precio a los tiempos y espacios; esto es exactamente lo que hacen los medios cuando venden publicidad a los anunciantes. Podría hacerse lo mismo con quienes quieren tener tiempo de tribuna en una asamblea o quieren tener tiempos en los noticieros.

Pero la cuestión es de más fondo que sólo poner precios.

La solución es que la asignación de espacios y de tiempos deba ser hecha por el propietario de ellos. Esto es exactamente igual a lo que hace el dueño de un periódico cuando asigna espacio a las cartas de los lectores: publica la carta que él quiere en el espacio que él decide.

Debe verse a la libertad de expresión como una subdivisión del derecho de propiedad.

Quien renta un salón, por ejemplo, y habla allí a los congregados, entonces, no ejerce un derecho vago de libertad de expresión, sino uno muy concreto de propiedad. Y el dueño de la asamblea puede hacer con su tiempo lo que él desea, incluyendo la negativa de darle la palabra a quien piensa que tiene el derecho a hablar. Si quiere hablar el que no es propietario, que vaya y rente un salón igual.

Los casos en los que los derechos parecen requerir limitaciones son generalmente esos casos en los que la propiedad está mal definida y no es clara. Esta es la razón por la que las marchas de protesta en las calles son un problema sin solución.

Por ejemplo, las calles son propiedad del gobierno y ellas tienen un problema en la asignación de su uso, precisamente por eso, porque son propiedad pública. La realización de una marcha de protesta por las calles causará problemas de tránsito; esto no es tanto un problema de libertad de expresión, sino uno de asignación del uso de un recurso por parte de su propietario.

Este problema no existiría si las calles fueran privadas, propiedad particular de personas e instituciones. Pero mientras sigan como propiedad pública, este problema no tiene solución: la libertad de expresión será dañada por la necesidad de dar flujo al tránsito.

De todas formas se dañará un derecho, el de libertad de expresión o el de tránsito; siempre, algunos ciudadanos serán lastimados porque no hay claridad en el derecho de propiedad.

Ya que nadie es el dueño de la calle, no hay una solución satisfactoria, que es lo mismo que el problema de la asignación del tiempo en las intervenciones dentro de las cámaras de representantes en los gobiernos.

Igualmente, existen problemas entre vecinos que, por ejemplo, no aceptan en su zona ciertos comercios o restaurantes. Esta situación afecta el derecho de las personas a establecer sus negocios donde ellos quieran; pero los vecinos tienen razón también, pues ellos no desean sufrir los efectos secundarios de abrir un restaurante junto a su casa. Es un conflicto sin solución que afecta los derechos de las personas.

Si las calles, dice Rothbard, fueran privadas, esos problemas no existirían: se resolverían sin dañar ni limitar los derechos de nadie, porque los propietarios tendrían el derecho de decidir quién puede andar por esas calles.

En caso de no aceptar, por ejemplo, el establecimiento de comercios, eso tendrían un costo: la vigilancia de las calles, la lejanía de los comercios, y otras. En la comunidad se darían una serie de patrones de zonas, unas abiertas y otras cerradas. Todo dependiendo de la voluntad de los propietarios.

Siguiendo con el mismo tema, al final, el autor menciona el caso de la emigración. Este caso no es tanto eso, el hecho de emigrar, sino la limitación del derecho a rentar o vender que tienen los emigrantes. En realidad no hay un derecho a emigrar, porque no hay una definición de la propiedad a la que se puede llegar.

No existe un derecho absoluto a emigrar y caer en propiedades cuyos dueños no deseen a esos emigrantes, aunque puede haber algunas personas para quienes eso puede ser una oportunidad bienvenida para vender o rentar propiedades a esos emigrantes, cosa que la ley les prohibe.

Esto resolvería el problema de la emigración porque las personas tendrían derecho a ir sólo a las propiedades cuyos propietarios desearan rentar o vender.

La colección completa de resúmenes de AmaYi en tres partes, puede encontrarse aquí:

Ideas Económicas

Ideas Políticas

Ideas Culturales

La sección AmaYi de ContraPeso.info fue fundada en septiembre de 1995 y desde entonces publica un resumen mensual de grandes ideas encontradas en diferentes publicaciones.





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