Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Malas Leyes
Eduardo García Gaspar
13 junio 2003
Sección: LEYES, Sección: Una Segunda Opinión
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El asunto de las declaraciones de obispos católicos em México sube de color. Es natural que lo haga.

El tema de fondo es grave, pues se refiere a una situación en la que los principios cristianos son fuertemente atacados. Pero, vayámonos con tranquilidad.

Veamos el artículo 130 de nuestra Constitución para ver lo que en esencia dice al respecto. Esto nos ayudará mucho.

Lo primero que dice es que “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo”. Muy claro y lógico. Nada que argumentar aquí y viene desde hace muchos siglos.

En otro de los incisos se dice que, “Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas”, lo que es consistente con lo anterior y tiene consecuencias muy claras en otro de los incisos del 130, “Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto”.

Más en detalle, se establece que, “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados”. No hay problema.

Incluso concuerda con el Derecho Canónico de la propia Iglesia Católica que prohíbe la participación política de sus ministros. De allí en adelante, comienzan los incisos que tratan el asunto candente de la actualidad.

¿Pueden los ministros religiosos decir que sus fieles no pueden votar por partidos que violan las creencias de la fe? Veamos el texto exacto de la Constitución.

El inciso e) dice que, “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Es obvio que los obispos no se han asociado con fines políticos en esas declaraciones.

Pero, la segunda parte de ese inciso es oscura. En pocas palabras, niega la posibilidad de apoyar o condenar a partidos políticos.

El mismo inciso añade que, “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Por tanto, ya encontramos dónde está la dificultad.

En el inciso e) del 130 constitucional que prohíbe “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Aplicado literalmente, ninguna iglesia podrá decir nada, ni siquiera cuando ella es atacada por un partido político.

El partido político tiene la libertad de atacar a cualquier iglesia, pero la iglesia no tiene la facultad de defenderse. Esta es una asimetría de derechos contraria al espíritu de la Constitución, por lo que debemos acudir a otros artículos de ella.

El sexto dice que, “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público…”.

Y el séptimo afirma que, “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública…”.

Tenemos, por tanto, un caso interesante.

Por un lado, la manifestación de ideas es un derecho consagrado para todos sin excepción y se puede escribir sobre cualquier materia. Más aún, los ministros de las iglesias pueden votar.

La esencia de esto es considerar a todas las personas con iguales derechos. Pero más de cien artículos después, la misma Constitución se hace una excepción a si misma estableciendo que las iglesias no pueden hablar de partidos políticos.

De esto, debemos concluir que esa ley tienen sus defectos serios, lo que nos obliga a usar el sentido común.

¿Es lógico que una asociación como un partido político pueda atacar los principios centrales de una iglesia y que la iglesia no pueda contestar?

Aceptar eso significaría aceptar la existencia de ciudadanos de segunda clase. ¿Atacaron los obispos a un partido o establecieron una posición política razonable? Cuando las leyes no son buenas, el resultado es esto, conflictos innecesarios.

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