Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Comprensión Inferior
Leonardo Girondella Mora
8 septiembre 2005
Sección: ECONOMIA, Sección: Asuntos
Catalogado en:


A principios de julio se realizó en México una reunión de universidades de latinoamérica y sobre la que el editor de esta página escribió su Segunda Opinión. Yo quiero ir un poco más allá y revisar el comentario que en su columna de Grupo Reforma hizo Everardo Elizondo poco después.

Primero, el tema. Se trata de la educación superior y la reunión es llamada, hasta donde sé,  Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe.

Allí se quejan de la competencia que viene de otras universidades que están constituidas como empresas con utilidades y piden protección gubernamental para evitar esa competencia.  Eso ya fue comentado en la columna del editor.

Pero hay otra cosa que ver y que Elizondo señala, en mi opinión, magistralmente. Una de tantas columnas periodísticas trató el tema dando la razón a las universidades ya que la educación es un bien público. La clave está en esto de ser un “bien público.”

¿Lo es? Claramente la educación no es un bien público. Un bien público tiene una definición que le asigna ciertos atributos:

• El uso del bien público no impide que otras personas lo usen también.

• El aprovechamiento de esos bienes es, en ocasiones, imposible de rechazar.

• Ninguna persona puede dejar de usar ese bien si es que lo desea.

Elizondo señala el caso del ejército de un país. El bien público que ese ejército significa no puede ser rechazado por los habitantes del país. Añado el ejemplo de una calle cualquiera —es un bien público capaz de ser usado al mismo tiempo por muchos y por ella puede circular el que lo quiera. Lo mismo sucede con una carretera, o los servicios de representación diplomática. Un bien público es una idea bastante clara.

Más aún, esos bienes públicos son ofrecidos por medio de la asignación de recursos de los gobiernos —con dinero recolectado de los impuestos. Queda por ver si la educación pública es o no un bien público. Elizondo escribe,

“Evidentemente, la educación superior no cumple con los criterios técnicos señalados. El pupitre que ocupa Juan en algún ‘centro de estudios avanzados’ no puede ser ocupado al mismo tiempo por Pedro. El beneficio que recibe Juan por aprender (es un decir) física cuántica no lo recibe ni Pedro ni nadie más en la sociedad. Y, desde luego, iniciarse o profundizar en las ciencias es un asunto totalmente voluntario.”

A eso agrego que la educación superior sí puede ser rechazada y si la deseo usar puedo tener impedimentos. La consecuencia es bastante clara: la educación superior no es un bien público. Pero la cosa va más allá con otra observación de Elizondo.

Siempre se dice que la educación superior tiene una demanda superior a su oferta y que injustamente son rechazados miles de estudiantes —como recientemente sucedió en Nuevo León con unos 9,000 estudiantes que no pudieron acceder a la universidad estatal por falta de cupo.

Esta realidad es obvia y señalarla con indignación muestra desconocimiento. Escribe Elizondo que “La (casi) gratuidad explica en buena parte el problema.”

La cosa es tan primitiva que llega a dar pena explicarla. Si usted baja los precios de un Mercedes Benz, por ejemplo, a 1,000 dólares cada uno de ellos, la demanda excederá a la oferta y no hay mucho más que alegar al respecto —las plantas de ese automóvil no se darán a basto.

La educación universitaria es prácticamente gratuita en México, es decir, tiene un precio bajo, bajísimo. No es sorpresa que exista mayor demanda que capacidad instalada. Por eso se establecen exámenes de admisión, como un “precio” que tiene que pagarse para entrar.

Consecuentemente, las continuas demandas de recursos para la educación superior no son tampoco sorpresa. Esos recursos son en realidad subsidios que reducen el precio de la educación y eso precisamente eleva la demanda. Es una especie de historia sin fin.

Del otro lado de la moneda, Elizondo señala otro buen punto. Una nación entera se beneficia de una población con niveles educativos altos, que es lo que los economistas llaman externalidades positivas —las hay negativas también, como la contaminación del auto que usted conduce y que los demás soportan. Lo que se dice es que la educación superior debe ser subsidiada intencionalmente para bien del país ya que la educación que ello produce es de beneficio para todos en ese país.

De acuerdo, un país con mayor nivel educativo es un país con mayor probabilidad de progresar y algunas investigaciones señalan el hecho. No es un bien público, pero sí es un bien deseable, muy deseable, lo que lleva a otra consideración de índole práctica que también señala Elizondo y que explico de la manera siguiente.

Un presupuesto de educación pública cualquiera en cualquier país debe ser asignado a dos grandes rubros. Sin remedio es un presupuesto limitado y se asignará a dos partidas grandes, o a la educación básica o a la educación superior. Si ambas son gratuitas o casi, sus demandas serán muy elevadas y la decisión de asignación de fondos enfrentará una situación alucinante:

• Lo gastado en educación básica llega en mayor proporción a los segmentos de bajos ingresos que a la de altos ingresos.

• Lo gastado en educación superior llega más a los segmentos medios y altos que a la de ingresos bajos.

Los recursos asignados a la educación superior pública, por tanto, disminuyen el monto de los fondos que pueden ser dados a la educación básica y esto es contrario a todo sentido común.

Pero, la situación empeora por otra razón —por su mera repetición insensata, la ciudadanía toma como digna sagrado que la educación superior debe ser gratuita y que todos deben tener acceso a ella, sin pensar que esa educación está dañando severamente a la educación básica, que en México al menos es de extrema baja calidad.

Otro efecto negativo de los subsidios a la educación superior es la creación de una casta privilegiada de funcionarios que viven de presupuestos sobre los que no tienen que presentar cuentas y que nunca son suficientes.

Esta casta es la que en la reunión antes mencionada se lamentó de la existencia de instituciones que son competidoras —escuelas superiores que se mueven por ese despreciable afán de lucro que la casta no entiende. Esta reacción es lógica, pues esas universidades públicas no están acostumbradas a otra cosa que pedir más recursos que ellos no saben cómo obtener de otra manera.

Al final, me quedo con un mal sabor de boca, pues quienes están a cargo de la educación superior deberían entender estas cosas —las instituciones subsidiadas dañan a gente de bajos ingresos y la educación es un servicio. Si no las reconocen es por tener una mala educación ellos mismos o haberse vendido a los fondos gubernamentales.

ContraPeso.info es un proveedor de ideas que explican la realidad económica, política y cultural y que no contienen los medios dominantes. Sostiene el valor de la libertad responsable y sus consecuencias lógicas.





esp
Búsqueda
Tema
Fecha
Newsletter
RSS Facebook
Extras