Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Derechos Humanos
Leonardo Girondella Mora
15 junio 2005
Sección: DERECHOS, Sección: Análisis
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Existen en la actualidad una amplia variedad de reclamos de derechos. Uno de esos reclamos es el de los “derechos de los homosexuales” —generalmente asociado con su petición de reconocimiento o autorización matrimonios de personas del mismo sexo.

Es una solicitud paralela a la de cualquier otro grupo que pida lo mismo, como quizá los reclamos de derechos de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los indígenas y demás.

Exigir derechos o solicitar su reconocimiento es un asunto grave que no debe ser tratado ligeramente ya que por menester los derechos tiene impacto fuerte en el resto de la sociedad.

Este documento tiene el objetivo de analizar el tema general de los reclamos de derechos examinando diferentes planos para poder llegar así a una conclusión al respecto de las consecuencias de esas solicitudes.

Se intentará mostrar que algunas de las discusiones acerca del establecimiento de derechos tienen un origen profundo, el de diferentes entendimientos de la naturaleza humana. Es decir, lo que aparenta ser una confrontación acerca de si se declaran o no como derechos ciertas conductas, es en realidad un síntoma de algo de más fondo, las diversas formas de comprender a la persona.

Derechos, obligaciones y circunstancias

En el inicio de la exploración del tópico conviene apuntar una característica de los derechos personales en general —todos ellos implican, sin posibilidad contraria, la existencia de una obligación en terceros.

Cuando una persona cualquiera posee un derecho, ella impone una condición necesaria en terceros para no interferir con el ejercicio práctico de ese derecho.

• Si existe el derecho a seleccionar la carrera profesional que cada quien desea, el derecho en cuestión significa que el resto de las personas no pueden interferir en esa decisión personal —en este caso, la palabra “interferir” tiene un significado muy preciso, que es el uso de la coerción.

El ejemplo de la selección de una profesión demuestra la complejidad de ese derecho a seleccionar la carrera profesional. La selección podrá estar circunscrita dentro de un gran número de situaciones específicas, como la influencia de los padres, la disponibilidad de dinero y el tener éxito en el examen de admisión a la universidad.

Se reconoce, de esta manera, que los derechos se realizan dentro de un contexto de circunstancias que pueden ser neutras, favorables, o desfavorables —el rechazo en el examen de admisión, por ejemplo, no anula el derecho en cuestión sino que cancela una opción.

• Si existe el derecho de seleccionar una religión, eso impone una condición clara en el resto de las personas, la de no interferir con, por ejemplo, la acción de una persona que el día seleccionado acude a los servicios religiosos de su elección —la obligación del resto es no impedir el acceso al templo.

Pero, la situación particular puede evitar que el derecho se ejerza, si es que la persona ha caído enferma, o si es que no hay en su ciudad un templo de esa religión, o no hay servicios religiosos a la hora que la persona los desea.

• Si existe la libertad de expresión, eso implica que una persona puede hablar de lo que le plazca sin que nadie se lo impida y, por lógica, incluye también en esa misma persona el no impedir que los demás hagan lo mismo que ella, hablar de lo que deseen. La correspondencia de derechos y obligaciones es mostrada muy bien en un ejemplo como éste.

Sin embargo, las circunstancias pueden alterar el ejercicio real de ese derecho de libre expresión. Un columnista goza de esa libertad, al igual que cualquier otro ciudadano, pero bajo condiciones distintas —el columnista publica sus escritos en un sitio como éste, lo que no significa que todo aquél que quiere lo puede hacer.

Si el lector quisiera publicar sus textos en esta página o en cualquier otro medio, lo podrá hacer si se lo permiten los propietarios del medio. No se trata de una anulación del derecho de libre expresión, sino de una condición o circunstancia producida por otro derecho, el de la propiedad.

El derecho de propiedad personal implica la obligación en los demás de no “entrar” en la propiedad de una persona sin su permiso. El columnista “entra” a la propiedad del dueño del medio, con su autorización, y publica sus escritos. Quienes no son columnistas no lo pueden hacer, a menos que cuenten con ese permiso de “entrada.”

La libertad de expresión no es anulada por esta condición, pues la persona puede seguir hablando de lo que desee, donde lo desee y cuando lo quiera —y más aún, tendrá el derecho de abrir su propio medio, si lo quiere, imponiendo en los demás la obligación de no impedir esa apertura.

Las dos consideraciones a las que puede llegarse aquí son (1) los derechos de las personas por diseño significan obligaciones generales en el resto y (2) los derechos se ejercitan en circunstancias que afectan su ejercicio.

El problema de los derechos con obligaciones específicas

Existen derechos que son cristalinos en cuanto a las obligaciones que implican. Los tres ejemplos anteriores son derechos de ese tipo. La selección de la carrera profesional, la libertad religiosa y la libertad de expresión fueron ilustraciones de derechos que imponen en el resto de las personas la obligación general de no interferir en el ejercicio de ellos.

A estos derechos muy trasparentes es posible unir otros, como el de la libertad económica, por la que las personas pueden dedicarse a las profesiones que deseen, como trabajadores y como empresarios.

Pero hay derechos que no son cristalinos en cuanto a la obligación que imponen —no son obligaciones generales, dirigidas a todos, sino obligaciones que por diseño pueden implicar una obligación concreta en una sola persona.

• Si existe un derecho al trabajo, dependiendo de la interpretación que se le dé a ese derecho, él puede significar una obligación general como antes se ha visto —pero también es posible que pueda dársele una interpretación específica que imponga en alguien concreto la obligación de darle trabajo a la persona concreta. Son dos derroteros muy diferentes.

Cuando el derecho al trabajo se toma como el derecho de la persona trabajar en lo que desee, e incluso el no hacerlo, la obligación es general y por eso aceptable —los demás tienen la exigencia de no impedirlo. De esta manera, quienes deseen abrir una tienda de dulces, o dedicarse a la investigación botánica, lo pueden hacer si lo desean sin interferencia de terceros.

Sin embargo, es posible que el derecho al trabajo sea interpretado como la obligación de dar trabajo a la persona, lo que ya no es una obligación general, sino que recae en alguien en particular —solamente uno puede cumplir con la obligación de dar trabajo a quien interpreta así el derecho al trabajo.

En el mismo caso, se encuentran derechos como el derecho a vacaciones, el derecho a la diversión, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la salud y demás. Ellos tienen una interpretación ambigua, que se presta a confusiones.

El derecho a la diversión puede significar que nadie impida la entrada de personas a una función de cine, pero eso es muy diferente a obligar a un cine a aceptar la entrada de quien reclama su derecho a la diversión sin cumplir con las condiciones supuestas, como el pagar su boleto de entrada y otras, como el asistir a las horas señaladas.

Lo mismo sucede con el derecho a la educación, que puede ser comprendido como la obligación general de todos para no evitar que una persona estudie lo que quiera, donde lo desee. Pero si se entiende como la obligación de una escuela específica para aceptar al alumno que reclama su derecho a la educación, el asunto es muy diferente si es que se pretende, por ejemplo, ignorar las circunstancias de la aprobación del examen de admisión o el pago de cuotas.

La conclusión a la que es posible arribar aquí es la existencia de derechos que corren el peligro de ser entendidos de manera vaga y que requieren afinación interpretativa. La controversia interpretativa tiene una solución que es razonable: si los derechos son generales, las obligaciones que ellos implican también deben serlo.

De esta manera, el derecho a la cultura, por ejemplo, crea la obligación en los demás de no impedir la exhibición de una obra de teatro y de no vedar la entrada a espectadores —pero no podría significar la obligación específica de un productor de teatro para dejar entrar a todo el que quiera sin pagar su boleto, que es la condición de “entrada” que él ha puesto en su propiedad.

Derechos y libertad

Interpretada de manera muy simplista, como punto momentáneo de partida, la libertad puede ser vista como la posibilidad de realizar acciones decididas por la persona sin que otros interfieran en su realización. La condición o circunstancia que limita esa posibilidad es la afectación de hacer lo mismo por parte del resto —emerge de nuevo la idea de frenos, límites, o condiciones que acotan las posibilidades de acción.

• Si existe el derecho a votar seleccionado a los gobernantes, esto impone la limitación doble de no impedir que los demás hagan lo mismo y de aceptar las condiciones impuestas por la ley: edad mínima, día de votación y otras. La persona no puede impedir que otras voten según su conciencia y, al mismo tiempo, debe respetar las condicione del ejercicio de ese voto.

La aceptación de la libertad equivale al reconocimiento de una serie de posibilidades de acción de muy diferentes tipos y clases. Por ser libre, la persona puede realizar una serie de actos a los que tiene derecho: trabajar o no, vacacionar o no, comprar o no —una larga lista de acciones que tienen esa mismas limitaciones, las de no impedir en los demás esa misma posibilidad y la de estar dentro de las condiciones o circunstancias propias de la acción.

La persona libre podría decidir robar la propiedad de terceros y esto naturalmente estaría en contra de los demás, quienes verían alterada su libertad: la que les da la posesión de esos bienes que fueron robados. Es decir, el derecho de propiedad de los bienes adquiridos libremente sería atacado por la acción del robo.

El nudo fundamental de estas consideraciones es reconocer que la libertad tiene límites y que su definición como el simplista “hacer lo que se desea” es imposible si es que se reconoce que todas las personas deben ser igualmente libres.

La libertad y los derechos que ella acarrea tienen acotamientos necesarios para al menos no alterar esos derechos y libertades en los demás. Más, desde luego, límites materiales y físicos, legales o de otro tipo.

• Una persona casada durante varios años decide establecer una relación fuera del matrimonio, teniendo otra familia. Sin duda, esta acción es consecuencia de la libertad que se posee y que permite, por definición, hacerlo. A pesar de esta posibilidad y del número de veces que se presente en una comunidad, no es posible reconocer a la acción como un derecho.

No todas las opciones de actos que la libertad permite, por tanto, pueden ser tasados como derechos. Es perfectamente aceptable y reconocido el derecho a casarse, pero no es tal el estar casado dos veces de manera simultánea —el adulterio o la bigamia son acontecimientos posibles, pero esa realidad no significa la existencia de un derecho.

Lo mismo acontece con otras realidades, frecuentes o no en una sociedad. La existencia de corrupción generalizada no conlleva la formación del derecho a aceptar y dar dádivas indebidas.

• Un estudiante de universidad debe hacer un trabajo como parte de una clase y decide, por la razón que sea, el plagiar un trabajo hecho por otro alumno. La decisión es libre y pensada. Podía haber optado por realizar por sí mismo el trabajo pero no lo hizo. Este es otro acto libre que no puede constituirse en un derecho. No puede entenderse un derecho a plagiar.

Es congruente con lo anterior el concluir que las conductas libres en sí mismas no pueden constituir derechos. Los derechos son posibilidades de acción que son considerados bajo criterios las acotan: imponen obligaciones generales sobre los demás, no alteran los derechos iguales de los otros y se realizan dentro de condiciones que imponen límites.

• Una persona se reúne con otras e ingieren bebidas alcohólicas hasta emborracharse. Esta acción no significa la existencia de un derecho a ese consumo excesivo, pero sí la libertad de hacerlo.

Si esas personas condujeran un coche, caerían en una situación indebida por crear peligro en las vidas de otros conductores y pasajeros, por lo que la autoridad podrá arrestarlas. Si esas personas permanecen en una casa sin salir, no podrán ser arrestadas por la autoridad, pero aún así no podría hablarse más allá de la libertad para emborracharse y no del derecho a hacerlo.

La libertad coloca frente a la persona una multitud infinita de posibilidades. Unas de ellas pueden ser considerados derechos, pero no todas.

Por tanto, puede hablarse de un derecho al trabajo, cuando él imponga sobre el resto la obligación general de no interferir en la actividad económica seleccionada por la persona —pero este derecho tiene su acotamiento pues si la profesión seleccionada es la de secuestrador ya no podría hablarse de un derecho a secuestrar, aunque siga siendo válida la noción de un derecho a trabajar en la profesión deseada. Sencillamente puesto, no todas las acciones que la libertad hace posible pueden ser considerados derechos.

Los derechos y sus límites

Lo anterior ha intentado razonar y justificar la existencia de ciertos límites que los derechos poseen para ser considerados como tales.

La consideración central es la de no caer en la trampa de pensar que toda acción posible gracias a la libertad personal es un derecho. Para que una acción en libertad sea considerada como un derecho, ella debe ser examinada bajo los argumentos siguientes.

Constituir obligaciones generales en el resto

Para serlo, un derecho debe significar una obligación en la población general. Un derecho a trasladarse de ciudad de residencia significará que las demás personas no impidan esa acción usando medios de fuerza.

La familia y otras personas podrán argumentar en contra y tratar de persuadir que no lo haga, pero les significa la imposibilidad de encerrar a la persona bajo llave evitando que mude de lugar. Esta prohibición vale para todos en la comunidad.

Un derecho no puede constituir o significar una obligación individual en una sola persona o grupo de ellas, exceptuando a las demás. El derecho a cambiar de lugar de residencia no puede implicar que por obligación una persona específica deba cubrir los costos de mudanza de quien quiere ejercer ese derecho —a menos que ella reciba el pago acordado por realizar ese servicio.

Es importante acentuar la palabra “obligación” y que implicaría el uso de un método de coerción. Será totalmente aceptable la acción de una persona, que por la razón que sea, acepte voluntariamente el cubrir los costos de esa mudanza.

Esta observación es de importancia capital porque la única institución que puede usar legítimamente la coerción es el gobierno. Todas las demás personas carecen de este privilegio, lo que implicaría que de aplicarse de manera no general, la autoridad aprehendería a quien lo intente por la fuerza —pero ella sí podría hacerlo.

Es decir, la única posibilidad de convertir a un derecho general en uno de aplicación especifica sería usando la fuerza del gobierno, forzando a una o más personas a satisfacer el derecho que otra o más quieren realizar.

Dentro del esquema aquí razonado esta posibilidad no es admisible por violar la condición de generalidad o universalidad de los derechos de unos como obligaciones en todos. Y, por aclarar más el asunto, tampoco sería válido el dividir entre todos el costo de la mudanza de la persona.

Constituir una acción sin uso de coerción

Un derecho que realmente lo sea no puede implicar el uso de coacción para lograrlo, es decir, uso de violencia o amenazas. Es una condición no tratada explícitamente hasta ahora. El derecho a libre tránsito dentro de un país acarrea la obligación en los demás de permitirlo, pero no la de que la persona que transite cobre a todos los demás un dinero que sufrague los costos de su transporte —ni la persona, ni la autoridad pueden exigir a los demás ese pago.

Y si llegara a existir coerción o uso de fuerza, eso constituiría una violación de los derechos de las demás personas —sus propiedades se verían violadas ante una “entrada” de alguien por la fuerza, no voluntaria por parte del propietario. El derecho de propiedad significa que todos los demás no pueden “entrar” en los bienes de los demás sin su consentimiento.

Constituir una acción posible dentro de límites y circunstancias

Esta condición contiene planos diversos.

• Por obvio que puede parecer, uno de ellos es el físico y se refiere a las posibilidades reales de realización de la acción. Si se decretara el volar como un derecho, es incuestionable que sólo podría realizarse bajo ciertas leyes físicas que lo hacen posible —resultaría ridículo aceptar el derecho a volar brincando de un puente alto o un edificio.

La realidad impone límites a las posibilidades y un derecho debe ser posible sin violar esos principios físicos.

Entendido de manera razonable, bajo esta perspectiva carece de sentido hablar de un derecho a la salud, ya que ella depende de situaciones físicas independientes de la intención humana, lo mismo que en el caso del derecho a volar.

La salud definida como carencia de enfermedades no es un derecho posible de exigir a todos en general, a menos que sea como la exigencia de no contaminar con sustancias dañinas el aire o cosas similares. En todo caso, podría hablarse de un derecho a la atención médica o algo parecido, e incluso con limitaciones también —sería extraño el caso de reclamar medicinas que no existen o atención médica por parte de quien no está capacitado para hacerlo.

También, este es el terreno de las leyes económicas y que suele acarrear controversias. Existe consenso razonable sobre los efectos que producen acciones como el establecimiento de controles de precios y de emisión de dinero —no reconocerlos y actuar sin la prudencia de ese reconocimiento es otra imposibilidad física que impide la determinación de un derecho.

Los derechos, por tanto, deben reconocer las limitaciones que en ellos impone una realidad objetiva e independiente de las intenciones humanas. Se trata de reconocer abiertamente que se tienen limitaciones físicas impuestas por la realidad y que incluye la admisión de escasez de recursos.

• Existe otro plano, referente a la naturaleza humana. Si el anterior se refirió a la naturaleza del mundo real en el que se vive, éste trata sobre la esencia del ser humano y hacer de ella una fuente de limitación a los derechos.

El fundamento de este tipo de limitante es lógico en el sentido de no aceptar como derecho una posibilidad que se encuentre en contra de esa naturaleza —no podría ser un derecho algo que dañara a la persona misma, por ejemplo. El tema es de proporciones tales que será tratado por separado, bajo el siguiente título y es también el punto central de este análisis.

La naturaleza humana

Es una situación esperada que existan discrepancias en cuanto al entendimiento de la naturaleza humana. Muchos pensamientos existen al respecto y no se espera aquí lograr unificación de opiniones —de lo que se deriva el reconocimiento de una consecuencia forzosa, que es la realidad de determinación de diferentes derechos dependiendo de la definición de persona humana que se posea.

Es decir, desde su inicio habrá desacuerdo sobre lo que constituye un derecho dependiendo de la definición de naturaleza humana que se tenga como base. Nada puede esperar este documento para unificar la heterogeneidad de derechos que pueda generarse a partir de diferentes concepciones del ser humano.

Sin duda se sufrirán enfrentamientos arduos entre quienes sostienen que cierta posibilidad de acción es un derecho y quienes piensen lo contrario. Quizá lo único que puede ambicionarse es comprender que esos casos no son una diferencia de entendimiento de derechos sino una más profunda divergencia acerca de la naturaleza humana.

El siguiente punto es exponer un breve razonamiento para justificar la igualdad humana como un argumento que impide a la persona dañarse a sí misma. Si la existencia de derechos implica la imposibilidad de que ellos lastimen a los demás y esto es recíproco, entonces debe concluirse que las personas son iguales en derechos y que, más aún, debe reconocerse la incompatibilidad de dañarse a uno mismo.

Si no es posible, usando un caso concreto, quitar la vida a una persona resulta congruente que siendo iguales todos, tampoco la persona misma pueda quitarse la vida ella misma.

Conviene insistir en este punto. Si se reconoce como derecho el que la vida personal sea respetada por los demás, prohibiendo ataques que lastimen o lleguen a producir la muerte y eso impone una obligación de todas las personas entre sí ya que tienen igualdad de derechos, no sería consistente la existencia de un derecho a quitarse la vida propia por voluntad personal.

¿Es coherente que una persona no pueda dañar a otras pero sí pueda hacerlo ella a sí misma? Una contestación afirmativa establecería una contradicción lógica.

Lo tratado hasta ahora implícitamente ha reconocido tres cualidades de la esencia humana: la igualdad de valor de todas las personas, la capacidad de razonar para decidir acciones individuales y la libertad para hacerlas.

De lo que se concluye que las personas son seres libres, con capacidad de raciocinio y todas iguales en su esencia. Incluso aquí existen diferencias en cuando al entendimiento de la esencia humana, lo que inexcusablemente redundará en conclusiones muy diversas al respecto de lo que son los derechos humanos.

Un ejemplo: derechos homosexuales

El reconocimiento en algunos países de uniones de personas del mismo sexo como matrimonios legales ha puesto en la mesa de discusión el reclamo de derechos de los homosexuales. Esos derechos incluyen solicitudes de diversos tipos: aceptación legal de esos matrimonios, posibilidad de adopción de hijos, aceptación de homosexuales como ministros religiosos y otras más.

El centro de la discusión, sin duda, es la aceptación o el rechazo de la conducta homosexual como un derecho. En los términos de las consideraciones anteriores, esa conducta es vista como una posibilidad derivada de la libertad humana. Gracias a la libertad es posible realizar una serie de actos de muy diversa naturaleza.

El núcleo de la discusión es si esa conducta homosexual constituye o no un derecho. A la luz de los criterios señalados antes, la conducta homosexual cumple con la condición de ser físicamente posible y la de ser posible reclamar para ella la no interferencia de los demás.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la controversia radica en si ella es congruente con la naturaleza humana. Es decir, el derecho a la conducta homosexual encuentra el eje de su discusión en la concepción que se posea de la esencia de la persona.

Vuelve a presentarse quizá la tesis central de este análisis: la aceptación o el rechazo de un derecho tiene su origen en las diversas maneras en las que se entiende a la persona. De acuerdo con algunas concepciones, sí existirán derechos de conducta homosexual —pero de acuerdo con otras, esos derechos serán rechazados por ser incongruentes con la naturaleza humana.

De esto es posible derivar un colofón obvio pero no siempre reconocido: la discusión sobre los derechos homosexuales no tiene solución si en ella no se trasciende ese plano y se refiere al entendimiento de la persona —no es una polémica propia de derechos, sino una de concepciones más abstractas.

Otra conclusión es posible: el debate será estéril si se mantiene al nivel de derechos, unos defendiendo el sí y otros el no, llegando a potenciales confrontaciones fuertes y animadversión sin enmienda posible.

De lo que se derivará obligadamente la intervención gubernamental para solucionar el debate forzadamente —lo que, desafortunadamente variará dependiendo de la manera de pensar de los gobernantes. No es una solución razonable, pues si en el poder se encuentran gobernantes favorables a una postura ella será favorecida por mera casualidad, o por voto popular.

Y se llega a ver el tema como uno de real fondo y que por eso conmueve los cimientos mismos de la sociedad entera. Ella está fundamentada, sin duda, en la idea que se tiene acerca de la esencia humana —diferentes ideas llevarán a diferentes sociedades, unas buenas y otras no.

Es decir, el debate de derechos de conductas homosexuales como otros similares, no es una cuestión simple de dar o no el reconocimiento a esos derechos, sino una cuestión de real fondo que mueve a la civilización entera. Reducir la controversia a dar o no la aceptación al reclamo de esos derechos es un error de consecuencias mayúsculas. No está en debate ese conjunto de derechos, sino la forma de entendernos a nosotros mismos.

El núcleo, de acuerdo con lo anterior, es la concepción humana y eso es tratado en el apartado siguiente.

Diversas posturas

Hacer un resumen de las varias concepciones que se tienen de la naturaleza humana es una tarea imposible de lograr en un espacio breve —y será mucho mejor realizada por personas de más capacidad. Pero sí es posible proponer una forma de entenderlas a lo largo de una dimensión continua de libertad y derechos.

• En un extremo de esa dimensión estarían las posturas que hacen equivaler en gran proporción a las libertades de acción con los derechos. Todo o casi todo lo que es posible hacer constituye, para esta posición, un derecho que debe ser reconocido.

• En el otro extremo está la postura que entiende que no todo lo que puede hacerse debe hacerse, que no todo posible acto es admisible y que la libertad tiene una limitación creada por la naturaleza humana. Es decir, hay actos que aunque son asequibles si se goza de libertad, pero esa posibilidad no los convierte en derechos porque de alguna manera son incompatibles con la naturaleza humana.

Son dos concepciones muy diferentes. Puede llamarse dependiente a la que está inclinada a aceptar a las conductas libres como derechos —los derechos dependen de la libertad, es ella la que determina lo que puede ser considerado un derecho.

Y puede llamarse independiente a la que está inclinada a considerar por separado a la libertad y a los derechos —estableciendo que lo que puede hacerse libremente no puede ser considerado por esa razón un derecho.

Volviendo al ejemplo anterior, se dijo más arriba que la conducta homosexual cumple con la condición de ser físicamente posible y también con la de ser posible reclamar parar ella la no interferencia de los demás. Si fuesen éstas las únicas condiciones para poder considerar una acción posible como derecho, sin duda lo sería la conducta homosexual.

Pero al añadirse el criterio de coherencia con la naturaleza humana, es entonces cuando emerge el conflicto de posturas —para la postura dependiente sí se trata de derechos como cualquier otro, pero no para la postura independiente.

La conclusión, hasta aquí, es valiosa al proponer la idea de que más que una discusión de derechos, las diferencias de opiniones en el caso de la conducta homosexual y algunos más, son una confrontación sobre diferentes concepciones de la naturaleza humana. La postura independiente, es indudable, sostiene una concepción humana de mayor dominio sobre las posibles libertades que la postura dependiente.

Para esta última si una acción es posible físicamente y puede exigirse el reclamo de no interferencia de los demás, la acción debe ser considerada un derecho. Para la postura independiente, eso no basta y debe exigirse también algo más, el control sobre acciones posibles que a pesar de eso no deben ser consideradas derechos.

• Una persona puede consumir alguna sustancia adictiva y considerarse esa acción como posible y sujeta a no ser impedida por los demás. Para la postura dependiente esa acción constituiría un derecho capaz de ser reconocido abiertamente, pero para la postura independiente esa acción no podría constituir un derecho, sino tan solo una posibilidad de conducta.

Este mismo criterio del ejemplo anterior puede ser aplicado a la conducta homosexual. Para unos será un derecho que debe ser reconocido abiertamente, pero para otros es una conducta posible que no es congruente con la naturaleza humana —y por eso mismo no puede ser un derecho a reconocerse.

Para unos la naturaleza humana requiere menos control sobre los actos y para otros mayor control sobre esos actos: para la postura independiente es evidente que la persona debe ejercer un mayor dominio sobre su libertad que para la postura dependiente.

Conclusión

Este análisis tuvo como propósito demostrar que las discusiones sobre algunos derechos tienen su origen en diferentes concepciones de la persona humana. Las confrontaciones al respecto de si constituye o no un derecho alguna conducta específica serán infructuosas hasta el punto en el que no se reconozca que en realidad se trata de maneras diferentes de comprender a la persona.

Es obvio que diferentes formas de esa comprensión llevarán a muy diversos resultados en la vida de los seres humanos y esto hace a esas discusiones algo de amplias y penetrantes consecuencias en la civilización. El arreglo de las discusiones por medio de la acción gubernamental o del voto popular es una solución artificial que no soluciona el problema de fondo y la hace voluble en el tiempo.

Los métodos democráticos no son soluciones a problemas de filosofía o ética —y sin embargo, parecen ser los únicos con los que se cuenta.

El asunto central y de fondo es el entendimiento de la persona, quién es y cómo debe comportarse. ¿Es la libertad la que determina lo que son los derechos y estos son sencillamente una larga lista de actos posibles? ¿O tiene la libertad límites que establecen lo que puede considerarse un derecho?

Lo que sea que suceda al final en estas situaciones, como la del reconocimiento o rechazo de la conducta homosexual como un derecho o cualquiera similar, tendrá consecuencias amplísimas. Las consecuencias y los efectos de dos visiones muy distintas —una de ellas define a la libertad como un creciente listado de derechos que autorizan lo que son simples posibilidades de acción y la otra define a la libertad como la posibilidad de hacer eso que debe hacerse.

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No hay comentarios en “Derechos Humanos”
  1. Bernardo Loor Dijo:

    Justamente, no puede tomarse a la ligera la aceptación social de los derechos de los homosexuales en nuestra realidad actual latinoamericana, pues causaría una gran conmoción social. Debemos empezar un dialogo para primero lograr la aceptación social del homosexual como un ciudadano que en plenitud de sus facultades fisicas y mentales (no es un enfermo físico ni mental) es libre de ejercer sus derechos y apto para cumplir con sus obligaciones; de esta forma no solo se beneficiará al individuo o a la comunidad gay, sino a toda la sociedad. Felicito al autor de este articulo, pues sus conceptos acerca de los derechos de los homosexuales son mucho más abiertos que los que manejó en un anterior articulo titulado “redefiniendo la familia”.





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