Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Diálogo o Ley
Eduardo García Gaspar
13 junio 2006
Sección: LIBERTAD POLITICA, Sección: Una Segunda Opinión
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Una nota de un periódico capitalino reportó a principios de mayo una entrevista a Santiago Creel, quien fue Secretario de Gobernación, el responsable de las relaciones políticas internas de México. Es un puesto difícil. Lo reportado en esa entrevista muestra muy bien, me parece, un drama del gobierno nacional.

Los antecedentes en ese momento eran los de la huelga en Lázaro Cárdenas y la violencia en Atenco. Dice el reportaje que Creel lamenta “que los conflictos sociales sean atendidos con violencia”. Y afirma en sus palabras que.

“No hay un conflicto social, por más intenso, por más grande, cuya solución deba ser o el daño o la muerte de alguien. Eso lo dejamos para cuando perseguimos a criminales. Los asuntos sociales se tratan de otra manera, cuando se trata de un tema social, se tenga o no razón, se utiliza la mesa”.

Tomemos eso como base para algo que bien vale una segunda opinión. Y para hacerlo con orden, primero, hay que ver el punto de partida, la razón de ser de un gobierno: aplicar la ley para la protección de los ciudadanos y sus patrimonios.

Por esto el gobierno tiene permiso de usar la fuerza en contra de quien primero la usa en contra de uno o más ciudadanos. No es difícil de entender.

La práctica de ese principio es más complicada, pero aún así tiene lógica. Por ejemplo, si alguien bloquea una calle impidiendo el tránsito de personas, ello es un caso claro de coerción sobre los ciudadanos. Y la autoridad tiene legítimo motivo para retirar ese bloqueo, incluso usando la fuerza.

Para eso en buena parte pagamos impuestos. Esto se llama Estado de Derecho y, desafortunadamente se ha complicado en México.

La complicación viene por el empleo de un concepto vago, el de los “movimientos sociales”, a los que se les ha dado permiso real de usar la violencia en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, en México una planta metalúrgica y una mina, propiedades privadas ambas, han sido ocupadas por sindicatos que persiguen un objetivo propio, ajeno al de esas propiedades.

Son casos claros en los que se espera que un gobierno aplique el Estado de Derecho y desaloje los lugares ocupados.

Lo mismo acontece con “movimientos sociales” que para lograr un objetivo propio recurren al cierre de vías de comunicación. La ocupación de esas vías es un acto violento sin duda y justifica el uso de la fuerza estatal para retirar el bloqueo.

Sin embargo, en México la realidad permite que si el que realiza la toma de la propiedad o el cierre de una calle pueda realizarlo si se define como un “movimiento social”.

Por eso sucede algo curioso en verdad. Si usted o yo nos estacionamos en doble fila en alguna calle somos sujetos a una multa de tránsito, e incluso una grúa retirará nuestro coche. Pero si somos parte de, por ejemplo, el Frente Popular de Tinhuindín tendremos dos ventajas: la policía no podrá retirar el bloqueo que hicimos de una calle y si lo intenta, podremos gritar que existe “represión fascista”.

La situación tiene su gracia involuntaria y revela un gobierno en el que el Estado de Derecho no se aplica a lo que sea definido como “movimiento social”… lo que sea que ello signifique.

Tenemos por tanto una situación real seria: para todo propósito práctico existen ciudadanos a los que no se aplica la ley. Tan sencillo como eso. Y esa realidad está oculta dentro de palabras bonitas, como las de Creel, “Los asuntos sociales se tratan de otra manera, cuando se trata de un tema social, se tenga o no razón, se utiliza la mesa”.

La mesa, no la ley. Palabras más bonitas son difíciles de lograr, aunque la verdad tras ellas sea monstruosa.

Desde luego, la intervención policiaca debe seguir criterios sanos, de no abuso, pero recordemos quién fue el que primero usó la fuerza y la fuerza estatal, por tanto, debe ser empleada, razonablemente, pero empleada. Aquí hay otra palabra atractiva que suele usarse.

La aplicación de la ley es llamada “represión”. Y si se siguen las normas tradicionales se agregaría el calificativo de “nazi” o de “fascista”.

El asunto requiere un balance sano, siempre inclinado del lado de la ley. En México, las autoridades se han inclinado del otro lado y son, en realidad, prisioneras de cualquiera que se autodefina como “movimiento social”.

POST SCRIPTUM

• La entrevista a Creel la realizó El Universal y puede ser leída aquí. 8 de mayo.

• Quizá un principio de aplicación de la fuerza estatal sea el siguiente: proporcional a la fuerza empleada por quien viola la ley. La violación de una ley, por ejemplo, el bloqueo de una avenida, emplearía la fuerza estatal sólo en caso de tres exhortaciones a retirarse; y después, empleando la fuerza sólo en caso de que la otra parte la emplee primero.

Si la resistencia es pasiva, la policía podrá retirar a los que bloquean cargándolos fuera de la zona y llevándolos ante un juez que les marque el castigo. Si quienes protestan arrojan objetos, la policía usará instrumentos de protección, como escudos, pero tendrá permiso de usar otras herramientas, como chorros de agua, que dispersen a las personas.

En casos extremos pueden usarse balas de goma. Quienes están en la protesta y no se retiran deben entender que han decidido ponerse en un peligro que puede derivar en heridas y similares. Si los detenidos usan la fuerza, deben ser sometidos también por la fuerza y no ser lastimados más allá del sometimiento.

• Desde luego hay marchas y protestas legítimas y su naturaleza debe ser reconocida por la autoridad.

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