Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
El IFE y Las Libertades
Eduardo García Gaspar
9 marzo 2006
Sección: EFECTOS NO INTENCIONALES, Sección: Una Segunda Opinión
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El exceso es obvio y se nota. Las disposiciones del IFE se han salido de sus límites racionales. El organismo ha emitido prohibiciones que atacan la libertad de expresión de un grupo de ciudadanos. Muy recientemente ha dictado que se respeten las reglas siguientes en las elecciones mexicanas.

Está prohibido que se entregue “obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa de voto”. Perfecto, no hay problema, aunque pensándolo bien eso es lo que hacen todos los candidatos en alguna dosis: prometen hacer cosas, como obras públicas futuras, a cambio de votos.

Pero aún así, digamos que se entiende esa prohibición. También está prohibido que se realicen “aportaciones provenientes del erario público a partidos o candidatos”.

Suena lógico que no se puedan dar recursos para fines partidistas, después de todo son recursos provenientes de impuestos que no deben tener usos electorales. Y, sin embargo, eso mismo es lo que hace el IFE al dar subsidios a los partidos.

En fin, aceptemos que hay algo un poco válido en esa regla. Se ha aprobado también que “los servidores públicos deberán abstenerse de emitir expresiones de apoyo o propaganda a favor de partidos políticos o candidatos”.

Es decir, ningún gobernante de ningún partido debe hablar bien los candidatos de su propio partido. Por extensión, tampoco deberá hablar mal de los candidatos opositores a su partido. Ya se ha dicho, y es cierto, que esto viola la libertad de expresión. Sí lo hace.

Veamos el panorama. Los candidatos de partidos opositores pueden atacar sin piedad a los gobernantes, pero estos no pueden responder. Deben quedarse callados. No tiene sentido.

Pero además, los electores pierden información para votar al no contar con las opiniones de los gobernantes. Es un claro caso de desigualdad que da ventajas a los partidos de oposición y desventajas a los partidos en el gobierno. La prohibición anterior, se complementa con otra, que dice que los funcionarios públicos no podrán “asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista o de campaña”.

Entonces queda una posición extraña: un funcionario público puede estar en domingo en un acto de campaña, pero de acuerdo a lo anterior no podrán hablar. Es gracioso. Otra disposición establece que los gobernantes no podrán “realizar cualquier acción o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto”, ni “efectuar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público”.

En pocas palabras, los dejan mudos a los gobernantes. ¿Por qué se tienen esa disposiciones tan absurdas? En parte porque se cree que el elector es tonto y va a dejarse influir por el gobernante en funciones. El IFE cree que las palabras del funcionario en favor de su partido son indebidas porque ejercen una influencia no aceptable en los votantes.

Solamente pensando así son explicables esas disposiciones. La realidad es que ellas tienen consecuencias indeseables. Impiden que el votante escuche puntos de vista alternos, útiles para decidir su voto y coloca en posición de ventaja al candidato de oposición, pues él podrá atacar al gobernante, pero el gobernante no podrá responder. Se trata de un clásico caso de la Teoría de Efectos no Intencionales: queriendo hacer un bien se termina provocando un mal mayor.

Y eso sin tener en cuenta que se da una violación del derecho de libre expresión. Además de la explicación de que el IFE piensa que los electores somos tontos, debemos considerar un antecedente. México, durante la época del PRI, pasó por los peores trucos electorales posibles, en los que los gobernantes en turno aprovechaban sus recursos para ayudar a los candidatos de su propio partido. Resulta humano reaccionar en el sentido opuesto, cometiendo otro error en el otro de los extremos.

Total que queriendo hacer algo bueno se termina haciendo algo malo, produciendo asimetrías entre los partidos: bajo esas reglas, el partido que no está en el poder tiene más ventajas de campaña porque al elector se le ha cancelado otra fuente de información, la del gobernante.

POST SCRIPTUM

El original de los acuerdos mencionados está aquí, mostrando una mezcla de ideas razonables al mismo tiempo que propuestas de gran exceso regulatorio. El resultado es un fomento de la situación sesgada en la que ya se ha visto como la presidencia de México podrá ser atacada por candidatos de oposición, pero ella no podrá responder. Igual para gobernadores y alcaldes.

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