Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Hay Dos Maneras
Eduardo García Gaspar
5 octubre 2006
Sección: LIBERTAD POLITICA, Sección: Una Segunda Opinión
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Hace unos días un grupo revolucionario puso bombas en bancos de Oaxaca. El evento complica la situación allí, iniciada por una protesta de maestros y elevada ya a una petición política que exige quitar al gobernador. Los intentos para explicar la situación, que es en extremo grave, han sido diversos. Le ofrezco uno más, pero desde una perspectiva que no he visto en otras partes.

Comienzo con un poco de economía. Es más o menos frecuente ilustrar cómo funcionan los mercados voluntarios comparándolos con un ladrón que intenta robar la cartera de un transeúnte. En ambos casos, con el ladrón y con los mercados, se da in intercambio entre dos personas. Con el ladrón usted intercambia su vida a cambio de su cartera… dársela le permite seguir vivo. Es un intercambio que se hace a punta de pistola.

En un mercado voluntario también se realizan intercambios. Usted va a una agencia de coches, por ejemplo, y a cambio de una cierta cantidad le dan a usted un auto. La diferencia entre ambos tipos de intercambio es la voluntariedad.

Con el ladrón no hay voluntad, usted está forzado al intercambio. Pero en un mercado libre, nadie está forzado a intercambiar y, por eso, cuando lo hacen, ello significa que ambas partes ganan después de realizarlo. Si no se terminase mejor después del intercambio que antes, sencillamente no se realizaría el intercambio y usted saldría de la agencia de coches aún con el dinero en su bolsillo.

En política también hay dos maneras de realizar las cosas, por la fuerza o por acuerdos. Son ésas las dos alternativas que tenemos las personas para realizar nuestros objetivos. Podemos recurrir a la violencia para lograrlas, como el ladrón o como la APPO en Oaxaca, con una ciudad con barricadas y sin gobierno.

O bien, podemos optar por la aplicación de la ley y los acuerdos recíprocos, como cuando usted compra un coche o se aprueba una ley en el poder legislativo de cualquier país. Ése es mi punto central, para hacer las cosas, para alcanzar objetivos personales, debemos recordar que vivimos en sociedades complejas de amplias interrelaciones, en las que el uso de la fuerza daña a todos.

Por eso, tenemos otra opción, que es la del respeto a los acuerdos sociales, a los que llamamos leyes. Ella son la solución a conflictos, como el que usted pudo haber tenido con el proveedor de la cocina que compró.

O cómo el de una negociación de aumento de sueldos. Por eso es que según muchos deben existir los gobiernos, cuya función central es la aplicación de la ley y a quienes se ha adjudicado un poder muy especial: el monopolio del uso de la fuerza. Sólo los gobiernos la pueden usar, para por ejemplo, detener al ladrón que le quitó al cartera al transeúnte. Pero el uso de esa fuerza tiene una limitación.

Los gobiernos buenos no la pueden usar indiscriminadamente. La única opción que tienen para usar la fuerza de su policía, por ejemplo, es la existencia de una violación de la ley, la existencia de un primer uso de fuerza por parte de alguien. Es decir, únicamente cuando una persona viola una ley el gobierno está autorizado a usar la fuerza. Se trata de una restauración del orden.

Con estos elementos, por tanto, podemos entender que quienes pusieron esas bombas rompieron las leyes y el orden, lo que hace perfectamente posible y deseable el uso de la fuerza por parte de la autoridad. Se espera que lo haga, porque ésa es la razón de su existencia. El principio igualmente aplica, por ejemplo, a quien estorba la circulación en una calle.

En una democracia establecida de un país normal, por tanto, a nadie habría extrañado que el gobierno usara la fuerza para restaurar el orden en Oaxaca. Pero eso no sucede en México, de lo que debemos derivar que no se trata de una democracia normal, sino distorsionada en la que la autoridad carece de esa facultad de uso de la fuerza contra quienes han violado leyes y usado la fuerza.

Es una situación insólita y que quizá derive de hechos previos. La existencia de gobiernos autoritarios y arbitrarios crearon en los ciudadanos la idea de que la autoridad que usa la fuerza es represiva por definición. Esto, más los hechos de 1968, están impidiendo que el actual gobierno cumpla con su deber. El resultado es lo que ahora sucede.

Y lo que tenemos es una serie de grupos de diversa naturaleza que para lograr sus objetivos ya no van por la vía de la democracia, sino por la vía de la violencia, como el ladrón que quiere realizar un intercambio con su “cliente”.

POST SCRIPTUM

• El Universal de la Ciudad de México reportó la siguiente noticia el 3 de octubre:

“En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión”, dijo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, en referencia a la posible intervención federal en Oaxaca.En su comparecencia ante el pleno de los diputados, Abascal Carranza se mostró crítico ante los miembros de la APPO en Oaxaca, que dijo, no han respondido al diálogo que ofrece el gobierno federal.

“Oaxaca requiere la participación de todos, y por supuesto que el gobierno de la República conoce sus atribuciones y sus deberes, por eso decimos que reprimir es impedir mediante el uso de la fuerza pública el ejercicio de un derecho”.

“Lo que el 119 Constitucional establece es el ejercicio de la obligación de la autoridad de reestablecer el orden jurídico vulnerado, pero, ya he dicho, no estoy anticipando ni mucho menos una intervención”, dijo desde la tribuna.

El diputado del PRD, Othón Cuevas aseguró que la violencia engendra violencia cuando la violencia pretende justificarse por sí misma.

Y Abascal le respondió: “No se preocupe, en nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión”.

La situación narrada es digna de ser un capítulo perdido de El Castillo de F. Kafka. A lo que debe añadirse otra pieza del absurdo teatro que se tiene: el jefe de gobierno de la Ciudad de México hace ahora declaraciones sobre política federal.


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