La decepción es grande. La izquierda mexicana merece más que las ideas propuestas de esta obra y que se reducen a la muy primitiva manera de razonar que establece que no hay problema que no pueda resolverse por medio de la intervención del gobierno en la vida de los ciudadanos.

El libro es una desilusión absoluta, limitado a una larga serie de ideales por alcanzar logrados en teoría mediante el aumento del poder y el tamaño del gobierno; cuanto más recursos e instituciones tenga el Estado, más se progresará.

Eso dicen los autores una y otra vez, sugiriendo repetidamente la creación de más dependencias burocráticas y proponiendo medidas opuestas a toda lógica, como la elevación por decreto de los salarios por encima de inflación y productividad, y la elevación de los impuestos.

Desde las páginas de la presentación y de la introducción, la obra presenta una de sus tesis centrales: su total oposición a lo que llaman neoliberalismo, impuesto por las “últimas cuatro administraciones”. Nada bueno ha producido el liberalismo para el país, dicen, y sobre esa base los autores exponen sus ideas en el resto del libro, mencionando con frecuencia esa oposición al neoliberalismo.

La suposición sostenida es debatible al menos —si bien México se ha movido en una dirección liberal abandonando el estatismo de los años 30 hasta los 80, existen buenas evidencias de que el país no es uno con sistema liberal. Véanse los datos presentados aquí y aquí.

Las páginas del libro contienen una serie de ideas, propuestas y acciones cuya base es un sustento general en un gobierno “socialmente responsable, promotor y regulador del desarrollo”. A través de los 25 capítulos y 150 páginas la idea central de un país intervenido fuertemente por el gobierno es explicada tratando temas variados: soberanía, igualdad, finanzas públicas, desarrollo rural, solidaridad para los trabajadores, igualdad de género, educación para todos, vivienda digna, comunicación democrática y muchos asuntos más.

El primero de los capítulos ilustra uno de los rasgos de la obra: su oposición al neoliberalismo manifestado en la globalización.

Dicen que “La globalización, fase actual del proceso multisecular de mundialización del capitalismo” ha tenido los efectos de “profundizar la hegemonía mundial de Estados Unidos, incrementar la desigualdad entre países, anular las fortalezas propias de la integración internacional y acentuar los conflictos sociales y políticos entre las naciones y entre los grupos sociales en los ámbitos nacionales y mundial”.

Con muy escasas pruebas o evidencias y sin casi mencionar fuentes, las afirmaciones de los autores son siempre de ese tipo; más una exposición interpretativa de sucesos que les contrarían y a los que asignan efectos negativos, para los que proponen soluciones ideales: “… reivindicar una integración mundial equitativa, distributiva, incluyente y democrática, tendiente a la igualdad y respetuosa de las diferencias…”

El remedio a los defectos que ellos señalan es único, muy bien ilustrado en la propuesta de solución en el capítulo 2. Para tener una sociedad mejor dicen, “es preciso edificar un Estado que asuma su responsabilidad social, que respete y haga que se cumplan los derechos sociales”.

Los razonamientos de los autores siguen en lo esencial un proceso subyacente sencillo: primero describen una situación presente negativa cuyas causas son las medidas liberales, para luego proponer una situación ideal a la que se llegará, según ellos, por medio de la acción estatal que interviene para regular a la sociedad en todos sus aspectos.

Una muestra de ese proceso de razonamiento es el de la página 22, donde se trata el “derecho al trabajo con salario digno”. Se dice que después de 20 años de reducción del salario, el gobierno debe intervenir para realizar “incrementos al salario real por arriba de la inflación” y también “por arriba de los aumentos de la productividad del trabajo”.

No sólo es un ejemplo de absoluta ignorancia económica, sino muy especialmente de una manera de pensar: todo problema es solucionable por medio de la acción estatal sin que sea necesario considerar a la realidad.

En la página 37 se encuentra otra clara exposición de sus ideas de gobierno. Afirman que el neoliberalismo “ha planteado un falso debate entre la necesidad de adelgazamiento del Estado o más Estado”, cuando lo que debe hacerse en tener una discusión “del tipo de Estado” que se necesita, “que no se limite a mantener el control público de las empresas sino que sirvan para sustentar la estrategia de industrialización”.

Es decir, proponen la planeación central, “el diseño y establecimiento de una política de industrialización plenamente coordinada con los gobiernos estatales, que oriente y fomente el desarrollo regional, armonizando la producción competitiva para los mercados interno y exterior”. De nuevo, la insistencia en una solución, el gobierno que planea y decide sustituyendo a las personas.

Por eso no sorprende que sugieran, otra vez, la noción de la reactivación económica en un “programa emergente” (página 41) usando a la inversión pública como detonador de aumentos de demanda e inversión. La insistencia es confirmada de nuevo en la misma página, al afirmar que, “ El centro… es relanzar al Estado, levantarlo de lo postración y de su arrinconamiento para volverlo promotor económico y distribuidor del ingreso. La inversión pública tiene que ponerse en el centro”. Desde luego, el Estado son ellos, los que escriben.

La propuesta del ala cardenista es simple y clara: más gobierno, tanto como para volverlo el eje del país, para lo que “requeriremos más gasto para desarrollar nuevas políticas públicas”. Por eso, aseguran, existe “el imperativo de efectuar una reforma hacendaria estructural que eleve la recaudación e incremente el gasto público…” (página 44).

Por eso, “el Estado debe actuar a favor de un distribución posterior de la renta y la riqueza…” (página 45). Esta reforma propuesta en el terreno fiscal incluye medidas diversas, incluyendo las siguientes:

• impuestos progresivos a los ingresos —lo opuesto a la tendencia mundial.

• tasas diferenciales de IVA, mayores para artículos de lujo —una medida de efectos dudosos reales.

• gravar ganancias de capital, donaciones y herencias.

• impuesto progresivo al patrimonio —con la consecuente disminución de libertades humanas y recursos a invertir.

El control de la economía por parte del gobierno, además, incluiría la protección a las empresas nacionales medianas y pequeñas, “mediante el control de las prácticas monopólicas de las grandes cadenas trasnacionales, la reserva de áreas de trabajo protegidas, los estímulos fiscales y arancelarios, las compras gubernamentales y la promoción entre los usuarios, a quienes las autoridades garantizarán la legalidad y la cantidad controlada de los bienes que estas empresas produzcan…” (página 51).

Lo mismo, para el campo, donde “debemos alentar un sistema de precios agrícolas remunerativos que incentive la producción nacional y reduzca la incertidumbre de los mercados” (página 58). Es ese mecanismo propuesto con insistencia: no hay problema que no pueda tener solución con la intervención estatal.

Dentro del campo de desarrollo tecnológico, también se hace la misma propuesta, “El Estado mexicano debe asumir con urgencia el múltiple papel de promover, impulsar, financiar y concertar socialmente el desarrollo de un núcleo endógeno de adaptación e innovación tecnológica ambiental y socialmente sustentable” (página 61).

Pero también, “el desarrollo físico e intelectual de los niños es… responsabilidad estatal…” (página 69). Hay más ideas de intervención estatal, como la de “la creación del salario y seguro de desempleo y la reducción de la jornada laboral, sin disminución del salario” (página 65).

La creación de organismos gubernamentales adicionales como el del Instituto de Salarios Mínimos, Reparto de Utilidades y Productividad (página 66); “instituciones y programas que garanticen su derecho [de los niños] a la vida, la alimentación, la educación, la salud, a un medio ambiente sano y a la recreación..” (página 69); otro organismo gubernamental “que cuente con autonomía jurídica y recursos institucionales y financieros para responder a las aspiraciones de los jóvenes…” (página 82); un “sistema de salud que garantice la cobertura total...” (página 91) que evite la “multiplicidad de instituciones públicas, privadas y sociales…” (página 92).

Otra creación estatal es la de un “Sistema Nacional de Información Cultural que promueva la oferta pública y privada del país como instrumento para la promoción de la vida cultural…” (página 99), pues es “responsabilidad del Estado la producción de bienes y servicios culturales; de estimular y subsidiar las industrias cinematográfica, editorial, del espectáculo…” (página 98), incluyendo otro organismo estatal, “un Sistema Nacional de Creadores” (página 100).

El patrón de intervención estatal propuesta en la obra analizada se repite una y otra vez, pero tiene una excepción. Dicen los autores que se debe “cuidar que la legislación no propicie la intromisión del Estado en la vida y en las decisiones internas de los partidos…” (página 104). Es decir, al final, proponen que el Estado pueda intervenir integralmente en la vida de las personas, pero no en los asuntos de los partidos políticos.

La posición ideológica de los autores no deja lugar a dudas, al insistir en su idea única: “En aras… de los intereses de las grandes empresas nacionales y trasnacionales, el proyecto neoliberal de los últimos cuatro gobiernos federales ha impulsado un profundo debilitamiento del Estado mexicano, sobre todo del poder ejecutivo” (página 107).

Y, dicen, debe hacerse lo contrario, “… construir un Estado democrático sólido, eficiente, que asuma la responsabilidad de garantizar los derechos sociales a todos los mexicanos, que sea promotor y orientador del crecimiento económico sustentable y el desarrollo social equitativo; un estado con capacidad real de actuar en emergencias económicas…” (página 109).

Al final se habla de una nueva constitución, no una actualizada, sino una que “… deberá respetar, consolidar y ampliar las conquistas sociales consagradas en la Constitución de 1917, cuya pertenencia se mantiene inalterada.” (página 146)

El título del libro, “Un México para todos: construyamos un país de iguales, con justicia, libertad y soberanía” no corresponde al contenido. No se trata de un México para todos, sino de un México para el gobierno y los gobernantes. No se trata de un país de iguales, sino de un país de privilegios para los gobernantes y los allegados a ellos.

No se trata de un país con justicia, ni libertad, pues los ciudadanos son puestos a las órdenes del gobierno y sus burócratas. Tampoco se trata de un México soberano, pues la ignorancia económica de los autores llevaría al país al empobrecimiento nacional.

El libro revisado es de Enrique Calderón Alzati, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, René Coulomb Bosc, et al. (2005). UN MÉXICO PARA TODOS: CONSTRUYAMOS UN PAÍS DE IGUALES CON JUSTICIA, LIBERTAD Y SOBERANÍA. (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (coordinación). México DF. Fundación para la Democracia/Fundación Arturo Rosembluth/Planeta. 9703702619.

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