Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
El Terco Monstruo
Eduardo García Gaspar
18 junio 2007
Sección: POLITICA, Sección: Análisis
Catalogado en:


Empiezo diciendo que existen sociedades en las que las cosas son más fáciles de hacer que en otras. Por ejemplo, en 1906, un mes después de que en la Gran Bretaña se consagró por ley la libertad sindical, la huelga textil de Río Blanco en México fue reprimida. Algunos países cambian de presidente y la vida sigue igual, mientras que en otros ese cambio es acompañado por guerras y conflictos.

Creo razonable afirmar que los cambios en una sociedad se dan con mayor facilidad si en ella no existe una autoridad con poder desequilibrado.

En las sociedades existen diferentes niveles de flexibilidad y esta flexibilidad es una función inversa a la concentración del poder en la autoridad. Un gobierno poderoso da a la sociedad menores probabilidades de cambiar que un gobierno de poder equilibrado. Dentro de un régimen democrático, que es el sistema de poderes equilibrados que conocemos, la sociedad cambia de gobierno sin violencia y como parte de su forma de vida normal

Debe añadirse que, por su naturaleza propia, quienes forman un gobierno suelen tener creencias tan apasionadas que se produce en ellos un sentimiento de posesión de verdades absolutas. Ese sentimiento es una fuerza en contra de cambios y adecuaciones.

Sueños del gobernante

Es un algo natural de los gobernantes el pensar que ellos conocen mejor que el resto de los ciudadanos lo que su sociedad necesita, y que ellos tienen la obligación, a la que consideran sagrada, de guiar a los ciudadanos por los caminos que esos gobernantes han trazado (Greenfield, Jeff, Playing to Win, an insider\\’s guide to politics, Simon and Schuster, New York, 1980, Chapter II Understanding the political terrain and the eternal principles of politics, pp. 32-57).

Si a esa creencia se le añade un poder sin equilibrios ni contrapesos, los gobernantes sucumbirán a la tentación de hacer realidad sus dogmas, de implantar sus utopías. Estos gobiernos y gobernantes, que creen poseer alguna verdad, defenderán con terquedad enorme esa verdad, pues ella es la causa de su existencia. Conocemos esas supuestas verdades, que para algunos fue la superioridad racial, para otros la creencia en la representación del proletariado, la idea de la encarnación de una revolución, la cruzada en favor de la justicia social, en contra del calentamiento global, o cualquier otra.

Es una consecuencia obvia de la fuerte creencia en algo, la obligación de ser inflexible y de detener todo lo que no sea el dictado de la autoridad. Es consecuencia de esa certeza la actitud de los gobernantes que se creen iluminados y la imposibilidad de pensar que pueden cometer errores.

La autoridad que se cree iluminada es arrogante y soberbia, altanera y jactanciosa, engreída y altiva, petulante e inflexible. Está en la propia naturaleza del gobernante el odioso sentimiento de la posesión de la verdad revelada e incontestable. Al ser grande ese sentimiento e ir acompañado de un poder desequilibrado, la autoridad querrá hacer realidad esa verdad y combatirá con furia todo lo que se le oponga.

Una combinación fatal

Tenemos, pues, dos ingredientes que mezclados son terribles: el sentimiento de certeza de alguna verdad en la mente del gobernante y el poder excesivo de su gobierno. Conforme sea mayor el poder de la autoridad civil, más difícil será la aceptación y realización de iniciativas ajenas a los gobernantes y menos fácil será corregir los errores de esa autoridad.

Cuestión sólo de imaginar que un gobernante cree que él posee la verdad revelada (Tuchman, Barbara W., The March of Folly, Ballantine Books, 1984, p. 7), ¿tiene ese gobernante otra opción que la de interpretar todo hecho a su modo y de mantenerse firme en sus creencias suceda lo que suceda?

La raíz de tan grande riesgo está en el dar a ese gobernante una posición de poder sin limitaciones, pues ningún daño hacen los locos que en los manicomios se creen visitados por algún dios, pero enormes tragedias pueden acontecer si a alguno de esos dementes es puesto al frente del gobierno sin frenos ni contrapesos.

Es posible concluir que conforme aumenta ese sentimiento de posesión de una verdad revelada y al mismo tiempo se eleva la cantidad de poder en el gobierno, la vida de los hombres y mujeres en esa sociedad se torna un terrible infierno en el que no podrán aprovechar sus talentos y capacidades; todo será acomodado para volver realidad la cruzada del gobernante.

Es lógico que en las sociedades dominadas por autoridades de poder desequilibrado no puedan florecer las iniciativas del emprendedor, ni las ideas del innovador. Quien piensa que posee la verdad no necesita oír a nadie más, desprecia a quien no tiene ese conocimiento privilegiado y aniquila a quien osa cuestionarlo. La consecuencia es el estancamiento de la sociedad en una especie de estado estacionario de admiración y postración ante la utopía que el gobernante piensa estar conquistando.

Un orden por decreto

Vayamos ahora las consecuencias prácticas y cotidianas que se presentarían donde el gobernante combinara poder desequilibrado y creencia en un dogma absoluto.

Habría allí gran necesidad de leyes y regulaciones para la vida de los ciudadanos, pues de lo contrario se volvería al orden espontáneo y natural creado por las personas. La autoridad se tornaría en una supervisora de la vida social, con actividades complicadas ya que esa autoridad debe controlar más aspectos, en los que toma más decisiones que una autoridad de poder equilibrado.

El estado desequilibrado, además, tenderá a hacerse centralizado, pues la delegación de decisiones pone en riesgo la realización de su verdad. Además, ese estado moldearía personas que hacen del gobernar su forma de vida, lo que las hará defensoras extremas de eso que les da la razón de su existencia. Además, el gobernante sin contrapesos a su autoridad creará a su alrededor un grupo de personas aún más terribles que él, que lo representarán y ejecutarán sus órdenes reales e imaginadas en la indefensa población.

Por otro lado, son conocidas esas ideas sobre los límites que establecen los tramos de control de la administración y que ponen un límite a los asuntos que pueden estar a cargo de una persona, por no mencionar la sana estrategia de diversificar las inversiones.

Los humanos no tenemos las grandes capacidades mentales y físicas que supone la responsabilidad de un gobierno de poder desequilibrado (Huerta de Soto, Jesús, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Unión Editorial, Centro de Estudios en Economía y Educación, 1992, p. 158) y poseemos límites en cuanto al número de piezas de información que podemos tratar de manera simultánea (Miller, G. A., The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing in formation, Psychological Bulletin, 1956).

Este razonamiento indica que los gobiernos con demasiado poder imponen sobre sí mismos tan numerosas tareas que es seguro que cometerán grandes torpezas en sus menesteres; cometerán más errores en más campos.

Consecuencias, consecuencias…

Es consecuencia real del gobierno que carece de límites en su poder es su gran aparato y el costo de mantenerlo. Apunto, como ejemplo, a Hitler como una muestra de la pasión burocrática por la supervisión, con sus dependencias gubernamentales duplicadas y encargadas de vigilarse unas a otras, lo que ocasionó ineficiencia, como la imposibilidad nazi para construir un bombardero pesado. Los aviones de los aliados, producto de empresas privadas, fueron mucho más eficientes y, por tanto, factores importantes en el resultado final de la Segunda Guerra Mundial (Johnson, Paul , Modern Times, Harper & Row, 1985, p. 378).

La intervención de la autoridad en la sociedad es costosa, requiere de grandes cantidades de tiempo y de dinero para dar subsidios, expropiar empresas, construir y mantener sus instalaciones, cubrir la deuda pública y, en lo general, intentar hacer realidad esa verdad revelada que cree poseer.

La sociedad paga esos costos. Un gobierno interventor requiere de grandes recursos para su mantenimiento, lo que necesariamente significa que sus ciudadanos tendrán a su disposición una cantidad menor de recursos. Además, basta recordar los discursos oficiales para ver que las medidas del éxito gubernamental son la cantidad de recursos dedicados a sus actividades y no los resultados obtenidos con ellos.

Es de simple sentido común que en un gobierno así, cada una de sus dependencias tratará de incrementar su presupuesto y su poder, no su productividad.

En ese gran aparato gubernamental, las decisiones tenderán a enmarañarse en una red de detalles técnicos y procedimientos formales que complican los procesos de toma de decisiones. Todos nosotros hemos visto, al acudir a oficinas gubernamentales, cómo cambia la mira y se trastocan los planos, el trámite adecuado se convierte en la meta buscada y se olvida el crear (Lane, Rose W., The Discovery of Freedom, Laissez Faire Books, 1984, p. 52).

Los medios y las formalidades son los objetivos a cumplir. Los resultados no se miden con base en los beneficios logrados para bien de la comunidad sino contra el tamaño del presupuesto. La consecución del bienestar general deja de ser la meta buscada.

Se cree que la carencia de éxito de las estructuras burocráticas se debe a la falta de recursos, lo que hace que dentro de los gobiernos de grandes poderes los presupuestos tiendan a aumentar sin justificación; las equivocaciones y las metas incumplidas son simplemente atribuidas a la falta de recursos.

Para el ciudadano los procesos burocráticos y los controles gubernamentales se vuelven obstáculos a salvarse para mantenerse dentro de la legalidad. Un simple empleado de gobierno, ante el ciudadano, se vuelve la persona que autoriza y da el sello de aprobación para lo que el ciudadano desea hacer. Esta situación es una invitación a la corrupción y a la creación de la economía subterránea.

Sospechemos de esa sociedad en la que los líderes se creen virtuosos, pues en ella las iniciativas individuales son aniquiladas y la oportunidad de usar nuestras capacidades y habilidades es reducida. Por el contrario, veamos con anhelo a la sociedad que puede ser revitalizada, donde los cambios y la innovación son bienvenidos (Clark, Kenneth, Civilisation, Harper & Row, 1969 y también Karl Popper, En Busca de un Mundo Mejor, Paidós, 1994, capítulo 8) ; donde el poder está equilibrado y nadie intenta imponer su utopía en los demás.

Los cambios sociales pacíficos serán, como se dijo al inicio, en las sociedades sin distribuciones desequilibradas de poder; y los cambios violentos de las condiciones sociales serán característicos de las sociedades con altas concentraciones de poder.

En pocas palabras, debemos sentir temor ante esos gobiernos que creen poseer alguna verdad indiscutible, porque ello es causa de una brecha creciente entre gobernantes y gobernados, de demandas cada vez más grandes del gobierno a la ciudadanía y de infelicidad personal, pues allí nuestros sueños no podrán realizarse ya que alguien ha impuesto sobre nosotros su utopía.

Naturaleza redentora del gobierno

Existen, desde luego, cuestiones de las que el gobierno debe encargarse por necesidad y conveniencia, tareas y labores como impartir justicia, la vigilancia policíaca, la conducción de la política exterior y otras. La realización de estas tareas, en el mundo real, tiene un costo que el ciudadano cubre de alguna manera, quizá por medio de impuestos.

Esos menesteres tienen por naturaleza un fuerte defecto, ya que no están dichas tareas en competencia y, por esa razón, los gobiernos no tienen incentivos para mejorarlas.

¿Qué puede mover a la autoridad a dar un buen servicio de policía si es él un monopolio de eso? Adicionales a esos servicios, los gobiernos suelen realizar otras actividades, como la de emitir licencias para la apertura de negocios, solicitar información económica, o dar permisos de construcción, con reglas que el ciudadano está obligado a cumplir si es que desea realizar algo.

Es de sentido común ver que esos trámites exigidos por la burocracia toman tiempo. Supongamos un caso simplificado, el de un país de un millón de personas económicamente activas con un tercio de su tiempo dedicado a labores productivas, es decir 8 horas diarias durante 365 días, lo que da un total de 2,920 millones de horas anuales y que en ese país el gobierno ha impuesto un trámite que requiere una hora semanal por ciudadano en promedio, lo que significa 52 millones de horas al año.

De existir otros diez trámites similares, serían 520 millones de horas dedicadas a cumplir con esas regulaciones y ese país, en lugar de contar con sus 2,920 millones de horas productivas, contará ahora con 2,400 horas. Un descenso de más del 18 por ciento en su capacidad de trabajo.

Reconozcamos que son necesarias ciertas regulaciones y muy convenientes algunos trámites, pero puede mostrarse algo con frecuencia olvidado, que es el tiempo desperdiciado en los casos de una burocracia compleja y detallista, que no facilita el cumplimiento de lo que regula.

A las funciones anteriores, los gobiernos pueden añadir otras que desean realizar. Por ejemplo, pueden asumir papeles de redistribución de la riqueza por medio de políticas fiscales, convertirse en banquero, o ser el monopolio de televisión.

El común denominador de estas tareas adicionales es la adopción de un papel activo en algún problema que los gobernantes perciben no puede ser dejado a nadie más. El gobierno, en estos casos, se asigna una responsabilidad adicional, pues además de dar servicios como los tribunales de justicia, se otorga a sí mismo un papel no limitado a la protección de la vida, derechos y propiedades de los ciudadanos.

Es un rol de cierta manera redentor, es decir, corrector de algo que es percibido como injusto o indebido, o que implica desconfianza en los ciudadanos. Un ejemplo común es el de intentar corregir la desigualdad de ingresos, que es algo en lo que conviene profundizar.

Cuando existe una situación de ingresos desiguales que es percibida como injusta, se ha intentado la intervención estatal y el gobierno se echa en hombros la responsabilidad de hacer que esa estructura de distribución del ingreso sea más igualitaria.

La realidad muy bien puede ser ésa, la de grandes diferencias en los ingresos de los ciudadanos, pero las hipótesis gubernamentales para intervenir son equivocadas.

Afirmo eso porque lo cierto es que en la economía no hay distribuciones, sino intercambios de bienes y servicios, y por tanto, no puede ser injusto lo que no existe (Sadowsky, James, The Christian Response to Poverty, working with God’s economic laws, The Social Affair Unit, London, 1985, p. 9).

Además, es error de las políticas intervencionistas que desean alterar la desigualdad de los ingresos el partir de la idea de que la riqueza de unos es causa de la pobreza de otros, porque la única explicación posible de eso es el robo y el fraude, que son delitos castigados.

Dentro de un sistema económico con división del trabajo, la razón del mayor ingreso de una persona es el valor percibido del trabajo de esa persona (Skousen, Mark y Taylor, Kenna C., Puzzles and Paradoxes in Economics, Edward Elgar Publishing, 1997, chapter 17 Are teachers underpaid? pp 84-89).

Quien poco gana, no puede buscar la causa de su bajo ingreso en las remuneraciones de los demás, pues gana menos porque su trabajo está menos valorado por el resto de la sociedad. Los gobiernos suelen ignorar que el monto del salario recibido es una función de la eficiencia y que el trabajo bueno se paga mejor que el trabajo malo (Mises, Ludwig von, Socialism, an economic and sociological analysis, Liberty Classics, Indianapolis, 1981, pp. 424-429).

Esa política fiscal de redistribución del ingreso aplica tasas impositivas altas a los ciudadanos supuestamente ricos con la idea de que esos dineros vayan al gobierno y éste los lleve a los ciudadanos supuestamente pobres, lo que en la realidad significa una transferencia de recursos del que ha beneficiado a muchos al que ha beneficiado a pocos o a nadie.

Creo obvio que para tener un ingreso alto en una sociedad que respeta los derechos de las personas, la persona tuvo que haber hecho algo, realizado algún esfuerzo excepcional. Quizá inventó una vacuna, o simplemente abrió una panadería en una pequeña ciudad, o cualquier otra cosa que ahora le hace sujeto a un castigo que toma la forma de una tasa impositiva alta.

La riqueza total de un país es la suma de la riqueza individual de sus ciudadanos y no es lógico hacer objeto de una penalización fiscal a quienes crean riqueza, lo que lleva a pensar que ese gobierno que impone altos impuestos, sin quererlo directamente, condena a todos sus ciudadanos a vivir en condiciones por debajo de lo que pudiera lograrse.

Y es que esa penalización que reciben las personas de más altos ingresos lastima a ese ciudadano, pero también al resto. Los actos de los individuos que logran ingresos superiores benefician también al resto de la sociedad. Cada uno en su escala tiene éxito en la medida que da un beneficio a los demás.

La clave está en entender que triunfando esa persona en su trabajo, por definición reparte beneficios, pues brinda salarios directos e indirectos, impuestos, satisfacción de consumidores e ingresos a proveedores. Quien lastima o hiere al que trabaja en cualquier escala está matando a la gallina de los huevos de oro.

Barril sin fondo

Otras maneras hay en las que un gobierno de poder desequilibrado puede atentar contra la sociedad, sin darse cuenta del daño y, peor aún, creyendo que es grande el bien que hace.

Un gobierno de mucho poder necesita dinero, los que va a obtener al menos en parte por la vía de los préstamos, internos y externos. Esto no es otra cosa que un aumento de la demanda de capital, lo que debe causar, si todo lo demás permanece constante, un aumento del costo del dinero, es decir, una elevación del interés en los préstamos.

Esto significa que será más caro el producto fabricado por cualquier empresa, pues su crédito es más caro debido a ese gobierno que ha pedido prestado. La conclusión me parece obvia, pues una rebaja de impuestos y la reducción de los préstamos al gobierno significan una baja en los precios de los satisfactores y viceversa (Gilder, George, El Espíritu de la Libre Empresa, Lasser Press Mexicana, 1985, p. 165).

Muy ingenuo es ése que cree que el dinero que un gobierno grande toma de los ricos va a dar a los pobres. Los dineros que recibe un gobierno, antes de llegar a los pobres, pasan por manos de los gobernantes, quienes deben crear organismos para manejar los fondos, contratar personal y hacer una serie de gastos en oficinas e instalaciones para poder funcionar, lo que significa una disminución en el monto original recolectado.

Cuanto más ineficiente sea el gobierno mayor será esa disminución y mucho me temo que ella sea considerable dado que dentro de la autoridad no existen incentivos para realizar una buena administración y no hay formas de medir su desempeño. Se trata de un problema natural y esencial de la autoridad, que ocasiona que los dineros retirados por la vía de los impuestos para aliviar desigualdades de ingreso, serán administrados por gobernantes sin incentivos para alcanzar ese fin (Vera Ferrer, Oscar H., El Caso CONASUPO una Evaluación, Centro de Estudios en Economía y Educación A.C., Monterrey, 1987, p. 254).

Manzanas podridas

Además, el gobierno desequilibrado es más propenso a la corrupción de sus miembros. No es realista esperar llegar a una situación en la que la corrupción no exista, pues creyendo en la imperfección humana debe aceptarse que cierta cantidad de corrupción resulta inevitable; pero ésta es más probable en los gobiernos grandes porque ellos manejan más recursos e imponen más regulaciones en los ciudadanos.

Hay desde luego, maneras de poner frenos a este vicio gubernamental, con, por ejemplo leyes fuertes y aplicadas sin excepciones, o bien, por medio de instituciones especializadas en la vigilancia del aparato burocrático.

Sin embargo, hay otra manera de hacer que la corrupción se mantenga dentro de límites razonables y bajos, que es la de reducir el número de oportunidades de corrupción que pasan frente al escritorio del funcionario público, lo que puede lograrse con un gobierno limitado, que maneja pocos recursos y que tiene funciones restringidas.

Es de simple sentido común establecer que existe una relación directa entre el desequilibrio del poder, el monto de recursos manejados por el gobernante y su probabilidad de corrupción.

Incentivos escasos

Gran sospecha nos debe producir el arreglo social que solicita un gobierno grande que maneje cuantiosos bienes y recursos, pues los pone en manos de quienes pocos incentivos tienen para su buen manejo y no trabajan bajo un método aceptado de valuación de su desempeño (Chafuén, Alejandro a., Christians for Freedom, Ignatius Press, 1986, pp. 62-73).

Grande es la inocencia de quienes con buena voluntad claman la administración de grandes recursos en manos de funcionarios públicos cuya evaluación es en buen grado subjetiva y no relacionada con su capacidad, ni con su adecuación al puesto (Mises, Ludwig von, Liberalism in the classical tradition, The Foundation for Economic Education, Cobden Press, 1985, p. 98 y siguientes).

El gobierno que se alza con la bandera de ser un redistribuidor de la riqueza cometerá otro error en sus labores, pues los recursos recolectados serán por definición siempre insuficientes.

Por ejemplo, veamos un plan gubernamental para la construcción de casas populares y confirmaremos que no existe dinero en toda la sociedad que sirva para resolver ese problema, mucho menos si existen otros planes gubernamentales de salud, o educación pública. Sin embargo, será natural esperar que unos pocos sean los beneficiados con esas casas, los primeros en la muy larga lista, y esos primeros serán, no los más necesitados, sino los de más influencia.

Las personas más necesitadas no tienen la preparación para solicitar esas casas, por lo que ellas irán a quienes sí tengan acceso a la autoridad, como los afiliados de algún sindicato al que el gobierno deba algún favor. No se requiere gran malicia para saber que cosas así sucederán inevitablemente.

Por otro lado, no será poco común que los resultados de los programas de ayuda social sean considerados como insuficientes y, en lugar de examinar las fallas y mejoras del programa, concluyan las autoridades que lo que sucede es que carecen de recursos suficientes. Es obvio que, por tanto, soliciten más recursos, con la consecuencia de una continua petición de fondos. No es una cuestión de ideologías, ni creencias. Basta conocer un poco de la naturaleza humana para saber que mientras no existan formas de evaluación de la eficiencia con la que son gastados los dineros, la autoridad va a tender a hacer crecer sus presupuestos.

La mayor parte de la sociedad acepta los programas de ayuda a los más necesitados creyendo que ese sólo objetivo es suficiente para justificar las más alocadas ideas. No todo lo que tiene un buen objetivo es bueno en sí mismo, pues así podría justificarse la acción de un ladrón que roba para vivir mejor él mismo.

Sin embargo, para el político en busca de popularidad, resulta difícil negarse a endosar programas que llevan una carga emocional tan fuerte y va a tomar las banderas de los desprotegidos, con promesas que violan todas las leyes económicas. Va a hablar de intenciones, pero no de la lógica para llegar a ellos; y va a necesitar recursos.

Es una cuestión de simple sentido común que la iniciativa de las personas se reduce cuando la autoridad retira dinero que es propiedad de los ciudadanos, porque ellos podrán hacer menos cosas.

La autoridad también quita iniciativa por medio de legislaciones que prohiben o hacen compleja la realización de actividades. Cuanto más grande sea la autoridad es lógico concluir que menos libre será el ciudadano, como por ejemplo en los casos de los controles de precios, lo que significa que quienes producen los bienes controlados ya no tienen la libertad de fijar el precio de lo que ellos hacen y significa también la anulación del incentivo para producirlos a menor precio.

Además, es un acto de profunda injusticia el que la autoridad se adjudique el poder de fijar el precio de aquello que no produce, ni sabe cómo producir. También el gobierno, y esto es menos aparente, le ha quitado poder de decisión al consumidor, pues, bajo una situación de control de rentas, por ejemplo, se le impide al que lo quiera hacer libremente, el pago de una renta mayor.

Lo mismo sucede con las legislaciones de salarios mínimos: a las empresas y a los trabajadores el gobierno les retira la libertad de acordar los salarios voluntariamente y quien estuviera dispuesto a trabajar por menos dinero quedará desempleado y quien no puede pagar los salarios mínimos ya no puede contratar o lo tiene que hacer sin eficiencia.

No es una cuestión de frialdad calculadora, pues nada conmueve tanto como la miseria que es posible remediar si tan solo se dejara en libertad al ingenio humano de millones de personas. Y es que no debe caerse en el error de quienes por estar a diario expuestos a esa pobreza tan grande nublan su razón y sucumben aceptando soluciones de apariencia inmediata pero de terribles resultados prácticos.

No está en la emoción y la acción que la acompaña la solución de la miseria, sino en la razón y en el análisis. Conmueve hasta las lágrimas ver el lastimoso estado de tantos seres humanos y esto produce en algunas personas, demasiado emocionales, los más aberrantes y disparatados arreglos y remedios. Lo que digo es que es un problema tan serio que debe ser enfrentado con frialdad y seriedad, al igual que un médico que cura a su paciente no por su compasión tanto como por su conocimiento.

Concluyamos como principio general que existe una relación inversa entre la cantidad de intervención gubernamental y el poder de decisión de los particulares.

Conforme aumenta la dosis de intervencionismo se reduce el poder del ciudadano y, por tanto, las acciones que éste puede realizar para alcanzar su felicidad personal por iniciativa propia. La existencia de un gobierno de poder desequilibrado produce en esa autoridad una actitud de control más que de producción, más de apariencias que de realizaciones, más de frenos que de iniciativas, más de tradición que de innovación.

La sociedad que sufra ese gobierno estará siempre siendo vigilada, fiscalizada, controlada, obligada y frenada; como por ejemplo Lenin, que pensaba en términos de control y no de producción, le gustaban los planes y los números, que fue precisamente lo único que produjo (Johnson, Paul, Modern Times, Harper & Row, New York, 1985, p. 89).

Ni los planes, ni los programas populares producen bienes y servicios. Los que los producen son los mismos ciudadanos cuando su sociedad respeta los premios que logra la innovación, la creación, la iniciativa, el trabajo y el esfuerzo. Es ése precisamente el papel de la autoridad, el hacer respetar un arreglo social que proteja y promueva la acción humana, libre y soberana, que ella es la máquina más maravillosa de este mundo.

El embrollo social

Es conveniente tratar ahora el asunto de la complejidad de la sociedad humana. La sociedad es un sistema complicado, embrollado y enredado de interacciones e interrelaciones, pues lo que sucede en un campo afecta de maneras impensadas campos supuestamente alejados.

Por ejemplo, la prohibición de bebidas alcohólicas, 1920-1933, en los Estados Unidos, que con un objetivo loable, transfirió las actividades legales de producción y distribución de esas bebidas a fabricantes y distribuidores ilegales, dando de esta manera enormes cantidades de dinero a criminales que pudieron crear imperios, corromper a la autoridad y hacer del ciudadano un delincuente. El mismo error estamos cometiendo quizá ahora mismo con el combate al tráfico de drogas, cuando tratando de hacer el bien estamos creando terribles efectos futuros (Friedman, David, Hidden Order The economics of everyday life, HarperBusiness, 1996, pp. 305-306).

La sociedad es muy compleja e intervenir en esa enmarañada red de relaciones es una acción riesgosa pues puede producir efectos indeseables e impredecibles. Se pensará que estas consideraciones son obvias y que cualquiera las conoce.

Digo que no, que tener en cuenta estas cavilaciones es necesario, pues en demasiadas ocasiones el gobernante se guía más por lo emotivo que por lo razonado. Es de sentido común que las medidas y decisiones que la autoridad tome consideren sus efectos adicionales posibles, lo que significa en esencia que toda decisión tomada por una autoridad debe evaluarse en términos de sus efectos a largo plazo en toda la sociedad (Hazlitt, Henry, Economics in one lesson, Arlington House Publishers, 1979, pp. 15-19).

Si, por ejemplo, la autoridad decide otorgar aumentos en los sueldos mínimos es porque cree que esta medida aumentará la capacidad de compra de los ciudadanos y ello ayudará al desarrollo, cuando sabemos que los aumentos de salarios causan un incremento en los costos de producción y, consecuentemente, en los precios; por tanto, al afirmar que elevando el monto de los salarios se genera progreso, en realidad se está diciendo que al aumentar los precios de los productos se genera progreso, lo que es insensato y disparatado.

Puede pensarse también en los efectos que produce la impunidad, por ejemplo, de los transportes urbanos que son concesión de sindicatos; cometen esos transportes todo género de faltas sin que sean castigados por la autoridad y ello produce el efecto de un aumento en la inseguridad de pasajeros y transeúntes, pues esos conductores carecen de motivaciones para respetar los reglamentos viales.

Efectos no previstos

Esas decisiones pobremente analizadas que tienen efectos no previstos pueden crear una espiral totalitaria. Las loables intenciones de muchas medidas gubernamentales pueden producir efectos colaterales imprevistos, los que invitan a más decisiones, esta vez forzadas, para corregir los efectos negativos de la intervención inicial.

Si la segunda intervención tiene efectos secundarios, ella provocará una tercera ola de decisiones para intentar corregirlos. Con esto puede dar inicio un ciclo intervencionista que conduce a esa espiral totalitaria que hará al gobierno intervenir más y más cada vez, sin límites, en la vida de los ciudadanos (Mises, Ludwig von, Planning for freedom, Libertarian Press, 1980, p. 26-27).

Para ilustrar esto que digo, veamos a un gobierno que decreta que toda mujer empleada tiene derecho a 40 días de vacaciones previos a todo parto y 40 días posteriores de vacaciones por el mismo motivo.

Esta medida no puede producir otra cosa que vítores entre quienes ven solamente la superficie de la sociedad, pero el hecho es que una medida así podrá reducir la contratación de mujeres y el posible despido de mujeres ya contratadas. Tratando de proteger a la mujer, se termina por dañarla.

Supongamos que la autoridad tiempo después reconoce esos efectos dañinos, que le inquietan y mueven a tomar medidas correctivas, como imponer cuotas de trabajadores por sexo y elevar el costo de despido mujeres, lo que posteriormente causa otros efectos nocivos que vuelven a ser cuna de nuevas medidas, y así continúa el ciclo de esta espiral (Lavoie, Don, National Economic Planning, What is left?, Ballingrer, 1985, p. 156).

Es necesario que los ciudadanos y los gobiernos reconozcan una de las más grandes desventajas de una intervención indiscriminada, para que ejerzan cautela, y así evitar que los efectos colaterales provoquen una reacción de mayor intervencionismo que termine en un régimen totalitario (Malthus, Robert, Primer Ensayo sobre la población, Sarpe, 1983, pp. 76-80).

Este peligro es constante, especialmente en naciones de escasa educación política, pues allí los problemas de la sociedad buscan por un instinto primitivo la intervención de la autoridad. Conforme crezca el problema, conforme más problemas haya, conforme más urgente sea resolverlos, más se elevan las dosis de intervencionismo gubernamental, no tanto por las cualidades de esta estrategia, sino por la presión pública sobre el gobierno para que éste haga algo, lo que sea.

Es de simple sentido común que algunas de esas medidas gubernamentales sí tendrán algunos beneficios, no para todos los ciudadanos, sino para unos pocos, pues los recursos son limitados, lo que obliga prácticamente a seleccionar a ciertos sectores de la sociedad como los privilegiados de esas medidas.

Por tanto, en la intervención gubernamental está siempre latente la discriminación y lo que ella genera, odios y luchas entre quienes pelean por ser los primeros favorecidos del gobierno. Peor aún, en estas ocasiones debe siempre sospecharse de oscuras intenciones del gobernante que usa sus poderes para comprar lealtades, sobornar y ser sobornado.

Hasta en la sopa

Veamos además lo que sucede cuando existe tal cantidad de regulaciones y altos costos que obstaculizan el trabajo de los ciudadanos, pues son tantas y tales las disposiciones gubernamentales que es impracticable respetarlas: los impuestos son demasiado altos, los trámites toman demasiado tiempo, las regulaciones son demasiado complejas, los permisos son numerosos.

Surgen entonces las actividades extralegales, como el mercado negro y la economía subterránea, que en esencia son el producto de un cálculo de beneficios, pues cuando lo que la autoridad retira de la sociedad es mayor a lo que le devuelve, el ciudadano se aleja de ese intercambio y empieza a actuar fuera de la ley.

Queriendo hacer el bien, queriendo lograr progreso y llenos de buenas intenciones, los gobiernos causan retraso, ilegalidad y pobreza, pues los productores y los comerciantes subterráneos no tienen accesos al crédito formal, ni a la promoción, ni a la publicidad, ni a la distribución masiva, carecen de la protección legal, no pueden acudir a tribunales por violaciones de contratos y su productividad es baja por tener que operar en pequeña escala y así no llamar la atención de las autoridades (Lavoie, Don, National Economic Planning, What is left?, Ballingrer, 1985, pp. 96 101).

Además, es fácil suponer que siendo grande la economía subterránea se concentran los impuestos en las empresas legales, especialmente las grandes, que son obligadas a pagar más impuestos de los que pagarían si las empresas subterráneas fueran legales y que una enorme cantidad de recursos son destinados a la fiscalización y tratar de detectar a los evasores y los evasores gastan recursos para evitar ser detectados.

Es una gran calamidad y una enorme desdicha que el exceso de legislación y reglamentación, que buscaba el bienestar de la sociedad termine produciendo ilegalidad económica y retraso.

Puede producir desesperación y angustia este asunto de los efectos secundarios e imprevistos, pues cabe preguntarse entonces cómo es posible resolver los problemas de miseria y pobreza que tanto nos preocupan.

¿Cómo es posible que los hombres podamos elevar nuestra felicidad cuando sucede que la autoridad con sus decisiones causa sin proponérselo más daños que beneficios?

Para encontrar una respuesta adecuada necesitamos un análisis más profundo de la sociedad, uno que la contemple como un sistema muy complejo de interrelaciones e interdependencias entre los individuos que la forman, es decir, como una matriz de información que nos ayudará a entender los efectos colaterales.

Una matriz de información: la sociedad

Comienzo ahora la explicación de esa matriz de información. Ella tiene tantas columnas como ciudadanos existan en una sociedad. Si hubiera cien mil ciudadanos, la matriz tendría igual número de columnas y el título de cada una de esas columnas sería el nombre del ciudadano.Los renglones de la matriz serán los atributos o características que poseen los ciudadanos. Es obvio que ya que consideramos a todos los ciudadanos, también consideramos a todas las particularidades, rasgos y cualidades posibles en los ciudadanos, lo que es una cantidad enorme e imposible en la realidad de obtener. Sin embargo esta matriz de información es una buena herramienta para explicar muchas cuestiones políticas.

Esos atributos de cada persona deben ser capaces, en su totalidad, de reflejar lo más fielmente a cada individuo. Los atributos más obvios serán, por ejemplo, los renglones que describen la edad, lugar de nacimiento, color de piel, religión, sexo, número de hijos, ingreso, altura, estado civil, ocupación, educación, profesión y cuestiones similares.

Pero hay más atributos a considerar, pues también deberemos tener información sobre rasgos como corrección al hablar, número de amigos, conocimientos de matemáticas, anhelos, gustos musicales, facilidad para dibujar, habilidad manual, calidad de voz, número de amigos, capacidad analítica, belleza física, tamaño de las manos, calidad de visión ocular, número de viajes hechos y millares más.

La idea es imaginar que poseemos todos los rasgos que puedan describir y conocer a la persona. En cada celda habría información sobre cada individuo en cada renglón.

Algo así como el ADN de la biología humana que explica nuestro cuerpo; los humanos tenemos 46 cromosomas que se establecen en pares, lo que significa que el orden posible de esas combinaciones es de 2 elevado a la potencia 23, lo que da más de 8 millones de posibles combinaciones. Estos ocho millones unidos de un hombre unidos a los 8 millones de una mujer, hace que las combinaciones posibles de un hijo sean de 64 billones.

El ADN es tan individual que sirve para la identificación de personas, incluso más que las huellas digitales. Bueno, pues esta matriz contiene una cantidad mucho mayor que los 46 cromosomas. Contiene miles de características que se combinan en grupos de diferentes tamaños, no sólo de dos en dos. Es obvio que estamos frente a un número de combinaciones para el que no existe una forma de cálculo. Por tanto, esa matriz es una especie de ADN social de la persona y es innumerable en la realidad.

Un punto importante de esa matriz es que la lista de atributos debe ser exhaustiva, pues es lógico suponer que pequeñas variaciones en pequeñas características pueden tener enormes consecuencias (Waldrop, M. Mitchell, Complexity, the emerging new science at the edge of order and chaos, Touchstone Books, 1992, pp. 15-51,145- 147, 167, 294, 319).

Además, a diario será necesario actualizar la mencionada matriz, para ver, por ejemplo, cómo crece el abdomen de los casados, que aunque una variable aparentemente irrelevante puede resultar de enormes efectos en algunos casos.

Las dimensiones de la persona deben verse como variables dependientes e independientes que influyen entre sí y con las de otras personas, dentro de un sistema de cambios mutuos y adaptación recíproca, en donde tienen cabida eventos fortuitos y circunstanciales y donde pequeñas acciones pueden tener grandes efectos.

La dinámica de la matriz es en extremo compleja. Al mismo tiempo las dimensiones son dependientes e independientes, influyen unas sobre otras, dentro del desarrollo de cada individuo y entre los individuos. Millones de millones de actos diarios determinan las cantidades en cada celda, alterándose entre ellas con alguna dosis de movimientos aleatorios, responsables de su modificación, lo que implica una concatenación de eventos que no puede ignorarse.

Debemos ir más allá de la visión corta que no ve más que un paso en la cadena de eventos de una sociedad, para tener una mirada más amplia y ver el panorama de eventos concatenados (Mandeville, Bernard, The Fable of the Bees, Penguin Classics, London, 1989, pp 117 y siguientes).

Ahora entra en acción…

Imaginemos ahora a la autoridad que se da cuenta de uno de los renglones de esa matriz, seguramente el renglón de los ingresos, y ve que existen grandes disparidades en él.

Difícilmente dejará de sucumbir a la tentación de intentar hacer menos grandes esas diferencias de ingresos y quizá emita leyes impositivas con muy altos impuestos para los ciudadanos de mayores ingresos y ninguno para los ciudadanos con los menores ingresos. ¿Puede predecirse lo que esa medida ocasionará?

No en el nivel individual de cada persona, pero al menos sí impresionará el hecho de que dentro de esa complicadísima matriz, una medida así podrá ocasionar efectos colaterales de consideración y que no fueron tomados en cuenta por la autoridad (Landsburg, Steven, E., The Armchair Economist, The Free Press, 1993, p. 51).

Quizá el renglón de incentivos se vea afectado en algunos ciudadanos, lo que altera aperturas de plantas productivas o introducción de nuevas tecnologías, y causa menor oferta de trabajo y así sucesivamente en una cadena de efectos indeseables.

La intervención gubernamental entra a manipular variables dentro de un complejísimo sistema de interrelaciones, sin considerar esas interrelaciones y su intromisión no tendrá resultados positivos, simplemente porque carece de un marco teórico y un modelo que describa y explique la totalidad de las interrelaciones, de manera que al entrar a modificar una o más de las dimensiones provoque el mínimo de alteraciones negativas en la matriz, o idealmente ninguna.

Más aún, los efectos de la intervención son en buena proporción imposibles de ver, por ejemplo, nunca sabremos todos los efectos que produjo un subsidio a empresas en bancarrota que hizo imposible la fundación de empresas que nunca nadie conocerá.

Es obvio que esa matriz es imposible de obtener, mucho menos de mantener al día. Pensar en ella ha sido un ejercicio útil, sin embargo, para comprender la complejidad de las relaciones sociales.

Un caso particular

Seamos más explícitos con un caso concreto, al suponer que el alto ingreso de un individuo es producto de su gran estatura y de su habilidad física, lo que aunado a la casualidad de haber nacido en cierto lugar y al hecho de que sus padres ganaron una lotería, le ha permitido jugar baloncesto en una universidad, lo que le ha dado visibilidad ante las ligas profesionales de ese deporte y permitido posteriormente tener altos ingresos personales.

¿Puede aspirarse a alterar el efecto en los ingresos de todas esas causas? ¿Puede repetirse en toda la población una historia similar o parecida para que todos posean ese alto ingreso?

Desde luego que es ridículo intentarlo, sólo una mentalidad pueril lo hará. Pensemos en este nivel individual y concreto como, por ejemplo, el de un aumento en la tasa impositiva que provoca que un individuo no logre tener el efectivo suficiente para abrir un taller de reparación de computadoras personales, lo que evita que otros dos individuos sean contratados por esa primera persona y lleven un ingreso a sus casas que les permita educar a sus hijos en medicina, lo que altera la oferta de servicios médicos en un pequeño poblado.

Cuando añadimos todos esos efectos en las vidas personales, pueden verse patrones generales en los efectos de las decisiones gubernamentales.

Por ejemplo, la complejidad burocrática para la apertura legal de un pequeño taller, puede provocar un incremento en el número de personas que queriendo hacerlo formalmente optan por abrirlo fuera de la ley, ya que su ingreso no es suficiente como para absorber los costos de esa apertura legal.

El sentimiento de desconfianza que produce la expropiación de los bancos en un país genera una fuga de capitales e incluso emigración. El control de precios de la carne vacuna provoca una demanda que produce escasez y hace subir los precios de productos sustitutos, como el pollo y el cerdo. La reglamentación de los horarios de cierre de los bares a una hora temprana, provoca un mercado oculto ilegal a precios altos en bares clandestinos.

La sociedad es un sistema de numerosas, complejas y complicadas interrelaciones entre los individuos y dentro de ellos a través del tiempo. No existe una computadora capaz de calcular todos los posibles resultados de combinaciones de acciones y consecuencias en una sociedad de siquiera mil habitantes, mucho menos para comunidades de millones de personas. Un gobierno que entra a alterar desde arriba alguna variable, sin conciencia de esa compleja realidad, corre el riesgo de tomar medidas con efectos colaterales imprevistos y posiblemente negativos.

Una de dos

Se preguntará de seguro, cómo puede enfrentarse el manejo de un sistema tan complicado. Existen dos maneras de hacerlo. Una es la del manejo que permite la espontaneidad de la sociedad, en la que unas pocas reglas sencillas regulan el comportamiento de los individuos y los dejan libres en lo demás. La otra es el manejo que persigue alterar los resultados espontáneos de la sociedad, con reglas abundantes, que alteran la iniciativa de los individuos.

Pero, se dirá que la intervención de la autoridad en la sociedad persigue el bien y que ella es positiva. De acuerdo, no toda intervención del gobierno en la sociedad es mala. Si se dijera que un gobierno no debiera intervenir en la sociedad, se afirmaría que se desea una utopía que ignora las maldades y los errores.

La clave está en determinar la clase de intervención que no solamente no es negativa, sino necesaria para permitir que la sociedad tienda al nivel óptimo, a magnificar resultados positivos individuales en términos de felicidad. Esa clave para determinar qué tipo de intervención gubernamental es positiva, puede encontrarse al examinar los renglones de la matriz que se ha propuesto.

Recordemos que esos renglones, muy numerosos, son la lista de innumerables características y rasgos de una persona, desde su raza hasta sus pasatiempos. Es de sentido común que no todos esos renglones pueden tener igual importancia, pues no es lo mismo considerar el color de pelo de una persona que su sexo, o su libertad de creencia.

Es el terreno de la esencia humana, de eso que le es natural a los hombres y que habla de derechos, libertad de expresión y de creencia, derecho al voto, derecho a la propiedad privada y similares. Ésas son las sencillas reglas sobre las que se construye la complejidad social, es decir, el respeto a esos derechos, lo que supone una ética.

El gobierno equilibrado interviene para mantener esas pocas constantes en cada celda cuando acontecen eventos que las alteran. Es el caso de los conflictos entre personas, cuando una alega que la otra, por ejemplo, no ha cumplido con un contrato de cualquier tipo; o cuando una de ellas ha sido robada de alguna de sus posesiones, lo que ha alterado su renglón de derecho a la propiedad.

Por tanto, hay que considerar constantes esos renglones y tener una autoridad con funciones coercitivas para hacerlo, lo que es de hecho parte del bienestar, pues si se dejara libre totalmente a la sociedad, se produciría un estado anárquico sin frenos de ningún tipo que acabaría con los renglones que deben ser constantes para todos los ciudadanos.

Queda por resolver, entonces, cuáles de esos renglones pueden ser afectados y mantenidos constantes por la autoridad de manera coercitiva.

¿Cómo solucionar eso y definir los renglones que sí permiten la intervención estatal? Este es el problema. La única solución es partir de principios generales y lógicos, por lo que estamos obligados a tratar algo sobre la naturaleza humana y social.

Cada hombre es un fin en sí mismo y no puede convertirse en un medio para que otro alcance su fin, por lo que es inadmisible el sacrificio de un hombre o grupo de ellos en aras de beneficio personal de otro hombre o grupo.

Los tratos entre los hombres, por su naturaleza, no pueden estar sustentados en relaciones entre diferentes rangos, al contrario, son tratos entre seres iguales que tienen capacidad de raciocinio y que son libres. La inteligencia no tendría sentido sin libertad de acción. No hay otra causa para vivir en sociedad que la de gozar así de mayores ventajas a las que daría un estado salvaje de aislamiento y soledad. La naturaleza humana es tal que necesita de vivir en comunidad.

Pero esa vida en sociedad inevitablemente genera roces y conflictos entre los miembros de la comunidad. Son éstas, desventajas que no pueden superar a las ventajas, pues de lo contrario se preferiría el estado de aislamiento. Para evitar en lo posible los conflictos entre los ciudadanos se crean normas y reglas, cuya violación merece la intervención de la fuerza contra quienes primero la usaron al violar esas reglas.

La razón principal, por tanto, de vivir en sociedad es la preservación de la vida y la salud. Pero la vida es mucho más que la existencia física de un cuerpo, la vida es el goce de la existencia, la consecución de la felicidad, la conservación de los trabajos realizados, el uso de la libertad para el aprovechamiento de los talentos y habilidades propias, la tranquilidad de que el patrimonio propio no será robado (Maquiavelo, Nicollò, The Discourses, Penguin Classics, 1983, p. 280).

Dentro de un sistema de relaciones libres entre hombres, el único papel posible de la autoridad es el de ser un vigilante de los derechos de seres que son cada uno un fin en sí mismo.

De los anteriores principios puede derivarse la idea central de cuáles de todas las dimensiones de la matriz de datos deberán ser consideradas constantes: aquéllas que signifiquen derechos de vida, salud, propiedades y uso de la libertad para la realización personal, que además impongan una obligación específica en los otros.

Existen derechos incuestionables, como la libertad de reunión, el derecho a procesos judiciales objetivos, al derecho a la propiedad y otros más, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de expresión y el derecho a exigir el cumplimiento de contratos.

Estos derechos son una especie de espacios de acción que tiene el individuo e implican tanto derechos como obligaciones. Si tengo la libertad de leer el libro que yo quiera, los demás tienen la obligación de dejármelo leer. Si quieres asistir a cierto templo religioso, yo tengo la obligación de no impedírtelo.

En todos estos derechos naturales, por tanto, hay dos elementos. Por un lado está la parte que ejerce ese derecho. Por el otro, está la parte que tiene la obligación de respetarlo.

En nuestra sociedad, los ciudadanos tenemos ambos papeles, reclamamos ciertos derechos y debemos respeto a esos derechos en los demás. Si existe un derecho natural a vivir, existe una obligación natural en los demás de no atentar contra mi vida. Si existe un derecho natural a tener posesiones, existe una obligación natural en los demás de no robarme. Si poseo el derecho de rentar a otro una casa de mi propiedad, existe la obligación en el otro de pagar lo convenido. No puede anularse esta interpretación de los derechos. Todo derecho implica por necesidad una obligación muy concreta en alguien muy bien definido (Hazlitt, Henry, The Foundations of Morality, 1988, University Press of America, Inc., pp. 279-287).

Son esos derechos los renglones de la matriz que deben considerarse constantes. Los derechos de una persona están limitados por los derechos de otra. Es el clásico dicho de que el derecho a extender tu brazo termina donde empieza mi nariz.

Hay muy pocos derechos absolutos, si es que los hay. Los derechos de las personas tienen que estar armonizados entre sí. El derecho de libre expresión no puede amparar a la mentira, ni la difamación. Tenemos derechos que deben ser respetados, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y otros.

Esos derechos deben ser respetados en ausencia de otras consideraciones o conflictos de derechos; y son las celdas de la matriz que deben ser mantenidas como constantes por el gobierno, donde su intervención es bienvenida. La razón de esto es el respeto a la naturaleza humana, es decir, las obligaciones que en los demás imponen el derecho a vivir y gozar de los frutos del trabajo propio.

Y entonces…

Por tanto, la idea aceptada por la matriz es la de mantener constantes, por medio de la intervención del gobierno, las celdas que contienen derechos que imponen obligaciones específicas e inequívocas en los demás.

No pueden ser celdas constantes supuestos derechos que no imponen obligaciones claras en los demás, como, por ejemplo, el llamado derecho al trabajo; un derecho como ése no tiene una obligación correlativa y concreta en los demás. ¿Sobre quién cae la obligación de mi derecho al trabajo?

No hay respuesta definida, como tampoco la hay para otros supuestos derechos, como el derecho a la salud. Si yo tengo un terrible resfriado, ¿a quién acudo para exigir una curación? Tampoco hay una respuesta diáfana, como sí la hay cuando ejerzo mi derecho de propiedad. Esta es la razón por la que la matriz de la sociedad no acepta como constantes las celdas que contienen esos ideales, más que derechos, como el de un estándar mínimo de vida.

Ya que no hay nadie en específico a quien reclamar la obligación del supuesto derecho a la educación que alguien reclama, no es justificable la intervención del gobierno. ¿A quién acude el gobierno para hacer cumplir mi derecho a ser educado?

Sí puede y debe acudir el gobierno para exigir que se respete mi derecho a no ser lastimado en mi salud y mi persona por parte de un tercero, pero no tiene a nadie en concreto a quien pueda asignar la responsabilidad de un supuesto derecho mío a la diversión.

Este vacío de responsabilidad ante esos supuestos derechos es una causa profunda del desequilibrio del poder: ya que no hay nadie definidamente responsable, pero se piensa que esos son en verdad derechos, es el gobierno quien se signa a sí mismo la responsabilidad y, por tanto, necesita de poderes adicionales para actuar.

Estos poderes adicionales desequilibran el balance de poder y producen condiciones que son contrarias al objetivo que buscan; queriendo hacer cumplir supuestos derechos como el de un estándar mínimo de vida termina produciendo condiciones que disminuyen las posibilidades de ese ideal.

Una parada en el camino

Lo que hemos visto es que donde existen gobiernos con poder excesivo y los gobernantes tienen deseos de volver una realidad su sueño político, la sociedad se torna inflexible y padece una serie de efectos que tienen en común la pérdida del margen de iniciativas y de recursos en tiempo y dinero de los ciudadanos; esto es lo que ocasiona una reducción en la capacidad de trabajo y por tanto, en el bien común.

Estas consideraciones dieron pie a la propuesta de entender a la sociedad como un complejo sistema de interrelaciones entre las personas para que sobre esa base sea posible estudiar los efectos deseables e indeseables de la intervención del gobierno, lo que a su vez dio ocasión para examinar brevemente la cuestión de los derechos del ciudadano.

Este sistema o matriz de interrelaciones en la sociedad fue usado para explicar los efectos colaterales indeseables de esa intervención y, en los siguientes ensayos, será de mucha utilidad para mejor entender el principio del Equilibrio del Poder.

Sigamos con la matriz

A la sociedad la podemos tratar de entender como si se tratara de una matriz de datos dentro de la que existe una compleja red de relaciones entre los actores, es decir, las personas. Las columnas de la matriz son las personas. Los renglones son las características de esas personas, una enorme cantidad de información que hace a cada persona irrepetible.

Una forma de funcionamiento de la sociedad es la espontánea, en la que no existe un modelo predeterminado por nadie en especial de comportamiento de la sociedad, excepto por esos renglones que debemos considerar constantes y que se refieren a los derechos naturales. En esta sociedad autodeterminada son ésas las únicas reglas del sistema, cuya obligación de ser cumplidas está asignada al gobierno, y todo lo demás se deja a la iniciativa y a las acciones de los ciudadanos, solos y en grupo, que producen, trabajan, intercambian y dan, según sus voluntades.

En esta sociedad espontánea actúan por iniciativa propia las personas para sí y realizando intercambios voluntarios entre ellas, sin que autoridad alguna intente forzar a la matriz a comportarse de cierta manera; con la excepción, repito, de violaciones a los derechos de la persona y que se refieren al respeto de la vida y las propiedades. El resto de las actividades es dejado a la iniciativa de los ciudadanos.

Es un supuesto de esta matriz el que cada ciudadano intentará incrementar su nivel de felicidad personal y que el único medio de que dispone es la realización de intercambios voluntarios y acciones personales que no alteren esa misma posibilidad en los demás. En esa sociedad el patrón de conducta es dejado de manera que no se alteren las llamadas dimensiones constantes (derechos) y se determina por intercambios voluntarios basados en el valor percibido individualmente por cada ciudadano.

El valor de lo que cada persona ofrece en intercambio será el principio que guíe la asignación de recursos y esto lleva a la conclusión de que, si la sociedad es dejada libre de operar en esta manera, los beneficios que cada persona reciba van a ser el resultado de su capacidad de beneficiar a los otros.

Consecuentemente, una sociedad espontánea en la que imperan las iniciativas personales y donde la autoridad no intentar imponer un cierto modelo de comportamiento, es una que tiende a maximizar la felicidad personal de todos sus integrantes.

Esto es así dado el mecanismo que hace que la felicidad personal de cada ciudadano dependa de su ofrecimiento de cosas de valor para los demás, lo que equivale a elevar la felicidad de los otros, por medio de intercambios voluntarios. Esto equivale a modificar el enfoque de asignación de recursos por la visión de intercambio de recursos, algo como la Simbiótica, lo que connota el estudio de la asociación entre diversos organismos dentro de una relación de beneficio mutuo (Buchanan James M., What should economists do?, Liberty Press, Indianapolis, 1979, pp 27-28).

Desde luego, no solamente hay intercambios, también existen las iniciativas individuales de regalos y donaciones y actos que obedecen a otros motivos ajenos a los valores de intercambio percibidos en los demás. Son las acciones individuales motivadas por algunas de los rasgos de cada persona, como amor, fraternidad, deseo de servicio público, desinterés personal y las relacionadas con éstas.

La intervención gubernamental mínima simplemente establece los límites dentro de los cuales pueden realizarse esos actos individuales. Así, la sociedad espontánea permite la incorporación de motivos considerados nobles, y acciones basadas en ellos, sin la acción coercitiva del gobierno.

Desde luego, sería muy primitivo suponer que esos intercambios se realizarían bajo una mentalidad racional extrema de maximización de beneficios personales, pues la conducta económica es solamente un aspecto de la conducta humana (Fukuyama, Francis, Trust, Free Press, 1995, p. 351).

La correcta interpretación de esta matriz implica entender que el hombre no quiere la libertad para maximizar sus beneficios económicos, ni los de la sociedad donde vive, desea la libertad para convertirse en el hombre que él quiere ser, ser feliz a su manera (Buchanan James M., What should economists do?, Liberty Press, Indianapolis, 1979, p. 112).

Es decir, la vida es una e indivisible, que la felicidad sólo puede ser clasificada en diversas dimensiones para propósitos de estudio y que en la realidad no puede distinguirse lo material, de lo político de lo moral, de lo cultural.

Una vez fijadas como constantes las variables de los derechos y las libertades, la matriz espontánea se comportará, por tanto, como mejor crean los ciudadanos que les conviene a ellos en su percepción personal. No es un egoísmo, ni un individualismo que lastimará a otros, es simplemente la búsqueda de un interés personal que no descuida las interrelaciones con los demás. Al contrario, las toma muy en cuenta, ya que se basa en los valores percibidos en otros ciudadanos dentro de los límites del respeto a las dimensiones constantes.

Hasta aquí, el comportamiento espontáneo y libre de la sociedad. Veamos ahora la otra manera de funcionamiento de esa sociedad, la de un comportamiento forzado y modelado bajo las hipótesis de alguna teoría, la que sea, que un gobierno de grandes poderes intenta imponer.

De lo espontáneo a lo obligado

En esta segunda forma de comportamiento el gobierno intenta hacer que la matriz coincida con algún modelo predeterminado de comportamiento, generalmente en las dimensiones materiales, como ingreso y activos poseídos por las persona.

La autoridad entra a la sociedad para forzar un modelo que tiene algún criterio de base, como el de a cada quien según sus necesidades, o cualquier otro, como el de la igualdad de ingresos.

Si el resultado del modelo impuesto por la autoridad no es igual al que lograría el comportamiento espontáneo de la sociedad, esa intervención estatal tendrá por necesidad inevitable que ser continua, ya que de no mantener la intervención, las personas actuarían de manera espontánea otra vez y se regresaría a la matriz de libre comportamiento. Tal es la fuerza de la espontaneidad social que posee un cierto don de adaptación, pues la sociedad que es forzada a seguir modelos ajenos a ella sufre efectos secundarios, como los mercados negros, el contrabando y demás.

La matriz: millones de causas y efectos

Pensemos ahora que la sociedad está formada por millones de personas con enormes diferencias de talentos, habilidades, gustos, ideas, actitudes y costumbres, que también son diferentes en sus físicos, capacidades, inclinaciones y creencias.

Es natural no esperar que todos los ciudadanos tendrán los mismos resultados en todos los renglones. Habrá personas muy ricas en términos monetarios, habrá gente muy culta, habrá gente muy especializada. Encontraremos profesores, publicistas, empresarios, trabajadores, panaderos, granjeros, biólogos, buzos y millares más de personas de todos los tipos que van cambiando con el tiempo.

Veremos ciudadanos altos, bajos, viejos, jóvenes, intelectuales, prácticos, tontos. Habrá de todo tipo de personas con diferentes resultados, como el empresario que está sin un centavo por arriesgar todo su patrimonio en la fabricación de un producto que fracasó, o como el exitoso pintor cuyos cuadros han sido objeto de muy positivas críticas. Cada persona sentirá el nivel alcanzado de su felicidad personal y sabrá que para aumentarlo la única vía posible es ofrecer a los demás medios para elevar la felicidad ajena.

En esa sociedad espontánea, la proporción de propiedades, de ingreso, de riqueza, no será homogénea. Lo único que será homogéneo es el respeto a los derechos.

Algunos ganarán más que otros como una consecuencia de varios factores, entre los que están las cualidades personales, las habilidades, la inteligencia, la imaginación y similares que alterarán los resultados de las personas en su posición económica, por no mencionar factores circunstanciales y fortuitos.

Una de las ventajas de esta matriz es la de proveer una explicación más profunda y analítica de la pobreza, sin simplicidades que ignoran la complejidad social, dando hipótesis e ideas que parten del nivel de la persona individual; muy bien se puede ser pobre por voluntad propia o vicios personales, como también por circunstancias fortuitas como la muerte del padre, o niveles bajos de educación que fuerzan a trabajos con remuneraciones bajas, o por simples costumbres culturales, o por una combinación de éstas y otras variables.

La visión de esta matriz también da ocasión a pensar en soluciones realistas de la miseria, como el establecimiento de mejores tribunales y policía que haga respetar los derechos personales.

Desde luego, el comportamiento espontáneo de la sociedad pone en manos del individuo la responsabilidad de hacer algo para obtener los incrementos de felicidad que él desea. Si por una decisión libre y personal, el individuo no se esfuerza, no aumentará su bienestar.

La iniciativa, el esfuerzo y el trabajo son cualidades que recompensa el comportamiento espontáneo con Equilibrio de Poder, al igual que valores y virtudes como la honestidad y la previsión. El beneficio personal dependerá en esa sociedad espontánea del beneficio ajeno. Los intercambios se realizan con base en percepciones individuales de valor y esto crea un sistema que hace necesario ofrecer lo que los otros quieren.

Las habilidades personales van a ser usadas con base no en lo que uno desea, sino con base en lo que los demás quieren; tanto esas capacidades personales como los medios de producción propios van a ser usados, por diseño, según los deseos de felicidad de los otros (Mises, Ludwig von, Socialism, Liberty Classics, 1981, Part I Liberalism and Socialism, Chapter 1, Ownership, pp 27-32).


ContraPeso.info es un servicio con antecedentes desde 1995, que funciona como proveedor de ideas e información adicional a los medios dominantes.





esp
Búsqueda
Tema
Fecha
Newsletter
RSS Facebook
Extras