Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Impuestos, Pero También Gastos
Eduardo García Gaspar
6 agosto 2007
Sección: GOBIERNO, Sección: Una Segunda Opinión
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La diferencia es enorme. Es un contraste tan grande que es difícil percibir y rara vez tratado abiertamente. Me refiero a la disparidad que posee el gobierno mexicano entre las cosas que se esperan de él y en las que más gasta.

Cualquier revisión de las funciones esenciales de un gobierno señala que su razón de ser es la de proveer al ciudadano con una eficiente y razonable protección contra el crimen, la ilegalidad y los daños que puede sufrir en su persona y sus bienes por acciones de otros. Hablo de policía y procuración de justicia como prioridad gubernamental. El resto de las actividades del gobierno son secundarias a ésta.

Lo anterior lo entiende cualquiera y más aún, existe evidencia que prueba una estrecha relación entre estado de derecho, es decir, aplicación de la ley, y desarrollo económico. Dos ejemplos extremos de esto: Sierra Leone tiene un crecimiento negativo y una pésima aplicación de la ley; Irlanda tiene una muy buena aplicación de la ley y un crecimiento sostenido alto.

No sólo, por tanto, es un razonamiento teórico, sino también práctico. La función central de un gobierno es crear y mantener ese estado de derecho que cree una confianza razonable en el ciudadano para que él puede realizar sus objetivos personales. No son cuestiones de Física Cuántica.

Con lo anterior en mente, vayamos ahora a la realidad. Si la función gubernamental del gobierno es la de proveer un estado de derecho, se esperaría que a eso dedicara una buena proporción de su presupuesto. Más aún, en caso de que no lo hiciera, estaríamos viendo un caso de olvido de la razón de ser del gobierno. Las cifras mexicanas señalan que seguramente tenemos una situación de éstas.

Las siguientes son porcentajes del gasto programable del gobierno mexicano (no del total). En 1990 gastaba en impartición de justicia menos del 1% y en 2002 llegó al 2.4%. No son cifras impresionantes. Al contrario: una muy pequeña proporción del gasto de gobierno va a la que es la labor más importante que debe realizar. Y que es un bien público por antonomasia.

Pero en las llamadas “funciones de desarrollo social” esa proporción fue de 38% en 1990 y casi 60%. Dentro de ese campo está la educación que recibió 16% del programable en 1990 y 24% en 2002. No tiene mucho sentido todo esto. Además, la educación no es considerada un bien público.

La educación en 2002 recibe 24% y la procuración de justicia 2.4%0, es decir, diez veces menos. Incluso para el defensor de la educación en manos gubernamentales, esas cifras deben llamar la atención por su disparidad. Y, peor aún, la cosa se agrava por otra razón: los resultados de esa labor educativa estatal son malos. En matemáticas, por ejemplo, lo resultados de estudiantes mexicanos están 115 puntos por abajo del promedio de la OCDE (500 puntos).

En resumen, tenemos en México problemas que son mucho más profundos de lo que suele verse. Los delirios mediáticos oscurecen temas de mayor trascendencia. Hablar de la reforma fiscal y sus críticas es positivo, pero significa ver un lado de la historia. Ver las leyes fiscales es ver lo que el gobierno cobrará por la fuerza y resulta un ejercicio tonto si no se ve también eso en lo que se gastará ese dinero.

Lo anterior apunta a dos problemas en el gasto público. Uno es su distribución en partidas que no corresponden a la labor principal que debe tener y que es la de la procuración de justicia o como usted le quiera llamar. El el otro es la eficiencia de ese gasto y que es baja. Obviamente, por la razón que sea, el gasto no se distribuye adecuadamente y se gasta con malos resultados.

No son estos problemas que se discutan con la frecuencia que debieran. Decía un amigo extranjero que los mexicanos tenemos una habilidad muy grande para evitar discutir los asuntos serios. En este caso le doy la razón. Hablar de impuestos recibidos es importante, pero es la mitad del asunto.

¿Remedios? Hay varios sin duda, pero el más prometedor es el de reducir drásticamente el gasto de gobierno: hacerlo un mínimo absoluto que fuerce a gasto prioritario en cuestiones básicas. Caminar en esa dirección sería parte de la real reforma fiscal que necesitamos con urgencia.

Post Scriptum

Supongo que pueda llamar la atención eso de aseverar que la educación no es un bien público. Efectivamente no lo es, como sí lo es la procuración de justicia, o la defensa nacional, o una carretera. Al respecto escribe Benegas Lynch,

Se dice que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. En otros términos, aquellos bienes que se producen para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros. Por ejemplo, un bien público sería un perfume agradable que usa una persona y que otros disfrutan, mientras que un bien privado sería el uso del teléfono que sólo beneficia al usuario.

Asimismo, los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas. En nuestro ejemplo, no se consume el perfume por el hecho de que un número mayor de personas aproveche el aroma. En consecuencia, los principios de no-exclusión y no-rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (free-riders) o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de externalidades.


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