Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Propiedad Solamente
Leonardo Girondella Mora
27 febrero 2007
Sección: Sección: Asuntos
Catalogado en:


Una idea realmente digna de consideración es la de Sheldon Richman en un texto publicado en 2003 por Quebecois Libre, con el título “On property public and private”. También fue publicado por la Foundation for Economic Education (FEE).

Trataré de exponer las principales ideas del autor a las que añadiré comentarios míos y una aclaración sobre la definición de bienes públicos.

Si se hace una lista de rasgos de un sistema liberal, uno encuentra ideas como estado de derecho, propiedad privada, división del trabajo, límites gubernamentales y similares. I. Kirzner, dice Richman, ha llegado a decir que la filosofía de la libertad se basa en sólo dos palabras: propiedad privada. Richman propone reducir a la mitad la sugerencia de Kirzner, para decir que sólo se necesita decir una palabra, propiedad.

La razón es asombrosamente sencilla. Decir “propiedad privada” es redundante, como decir “soltero no casado”. Es atractiva la propuesta, sobre todo porque ello significa que la expresión “propiedad pública” es contradictoria, como sería decir, “soltero casado”.

La palabra propiedad acarrea la idea de exclusividad del propietario, ése que tiene el sólo derecho al uso de su propiedad, sin necesidad de permisos ni licencias. Agregar el adjetivo “privada”, dice el autor, es una cuestión de énfasis nada más, sin que eso añada nueva información a la idea de “propiedad”.

Precisamente por eso, la expresión “propiedad pública” es incongruente e incoherente ya que no acarrea ese sentido de exclusividad: algo que puede ser usado por todos es público, pero no es propiedad y llamarla de ese modo debilita el concepto. Tiene un punto bueno Richman y lo explica con gran simplicidad: esa propiedad llamada pública es en realidad algo que se encuentra en un estado previo al de llegar a ser propiedad.

Lo que en realidad sucede es que la propiedad llamada pública no es tal, sino una mala expresión que describe bienes que ya son controlados y tienen exclusividad también, la del gobierno —son los gobernantes quienes disponen de ese bien al que llaman propiedad pública, pero sobre el que ellos disponen al, por ejemplo, decidir el uso de las escuelas públicas o requerir permisos para usar las calles.

Claro que podrá argumentarse que los gobernantes deciden el uso de esas propiedades llamadas públicas con criterios que consideran ser las necesidades de los ciudadanos. Es cierto y lo pueden hacer así, pero aún de esa manera queda un problema —el de hacer la distinción entre la propiedad jurídica y la real.

Es obvio que la propiedad real es del gobierno, pues es el que decide al final lo que debe hacerse —es decir, los gobernantes elegidos lo han sido para actuar como propietarios de eso que es llamado propiedad pública.

Richman señala aquí la diferencia entre propiedad colectiva y propiedad de un grupo —es la distinción entre la propiedad por acciones de una sola empresa por parte de un conjunto de personas específicas y la propiedad de un recurso que se dice de todos, pero cuyo uso es decidido por unos pocos —lo que trae a colación un punto central, el de la posibilidad de que exista propiedad por parte de una colectividad tan amplia como los ciudadanos, el público, la sociedad.

Me parece natural que puede haber propiedad común en el caso de empresas, clubes u otro organismo en el que sus propietarios pueden ser muy claramente identificados por su nombre —por grande que sea este grupo, sus integrantes pueden ser colocados en una lista y, más aún, ellos poseen la posibilidad de vender su parte en la propiedad porque antes la habían adquirido.

Pero una propiedad colectiva cuyos dueños pertenecen a un grupo impreciso de definir y que no pueden ejercer la venta de su parte proporcional, no es una propiedad. Un grupo de ese último tipo no puede ser propietario.

Al final de su texto, Richman señala otro punto válido —en el caso de la propiedad llamada pública de un bosque debe explicarse cómo es que alguien ha llegado a ser propietario de ese bien sin siquiera haberlo visitado, conocerlo y, peor aún, haber trabajado en su mejora.

Se le llama pública y se trata de proyectar la idea de que es de todos, con una salvedad —esos “todos” no pueden decidir el uso de la propiedad, que es la esencia misma de eso que sí es propiedad real. Por eso, lo que queda por ver es sólo si el control que ejerce el gobierno sobre la propiedad que llama pública es o no legítimo.

El tema de Richman involucra necesariamente el de los bienes públicos —cuya definición contiene elementos que ayudan a entender el tema de esta columna. Las definiciones varían, pero creo que en general tienen elementos como los siguientes:

• Bienes que no son atractivos de producir por parte de los ciudadanos privados, ya que carecen de incentivos de producción —crearlos no daría beneficios al productor.

• Bienes cuyo uso carece de rivales, es decir, el consumo o uso de ese bien no reduce la cantidad que otros pueden usar del mismo bien.

• Bienes cuyo uso está abierto a todos sin exclusión posible, hayan o no pagado por él.

El papel en el que esto escribo es un bien privado y que por eso tiene rivales —sólo yo puedo usarlo, al igual que el agua que está en mi vaso junto a mí y el bolígrafo que utilizo. Y si viera ahora la televisión, ello no tendría ese aspecto de rivalidad con el resto de mi familia, que la pueden ver al mismo tiempo —lo que plantearía dos problemas, el de la rivalidad o apropiación al ver un programa concreto y el de la cantidad de personas que al mismo tiempo podrían verla.

En este mismo momento todos disfrutan de un bien público sin menoscabo de nadie, como la luz del sol, el tránsito por las calles y la protección de la policía o del ejército.

Algunas definiciones de bienes públicos mencionan con alta claridad que se trata de recursos cuyo uso es libre para personas que pagan por ellos, pero también para quienes no lo hacen —por ejemplo, el turista que usa las calles de una ciudad en un país en el que no paga impuestos (aunque seguramente paga el impuesto al valor añadido, que en algunas partes puede ser devuelto a los no residentes). No hay manera de excluirlos de ese uso y además, el uso de una calle no implica que otros dejen de usarla al mismo tiempo.

De lo anterior puede concluirse que ciertos bienes llamados propiedad pública pueden ser bienes públicos, pero otros no —una calle es un bien público pues puede ser usado por todos y ese uso es simultáneo, además de ser imposible excluir a quienes no han colaborado en su construcción y mantenimiento; pero una escuela pública no es un bien público, pues el espacio ocupado por un alumno ya no puede ser usado por otro.

Aquí podrá argumentarse que también las calles tienen un límite de cupo, aunque éste sea en extremo amplio —es cierto y pone sobre la mesa la posibilidad de límites de uso aún en el caso de bienes públicos como las calles o la policía o incluso el aire; sin embargo, la diferencia con una escuela pública me parece obvia.

En una escuela, en un salón, en un cierto momento nadie más puede usar la banca que tiene un alumno, lo que sería equivalente a los casos en los que las calles son dadas a bloqueos de protesta o lugares de venta, es decir, se ha privatizado ese bien público.

La noción de bien público tampoco corresponde a la propiedad gubernamental de empresas proveedoras de bienes capaces de ser ofertados por particulares —la producción de petróleo y sus derivados, por ejemplo, es capaz de ser realizada por medio de la propiedad privada, al igual que la educación y la proveeduría de seguridad social.

No son por tanto casos de bienes públicos por esa razón y por el hecho de que el uso de esos bienes necesariamente implica que nadie más puede usarlos al mismo tiempo. El banco de escuela, la gasolina y la electricidad, más la cama de hospital y las medicinas no admiten uso simultáneo.

Lo que Richman ha hecho es una gran contribución al señalar la contradicción esencial que existe en la expresión “propiedad pública” —la que en realidad describe en términos dedicados a los ingenuos la realidad de un control gubernamental sobre ciertos recursos.

A eso espero haber añadido alguna riqueza con la descripción de los bienes públicos y las condiciones para que ellos sean considerados tales —lo que también revela que mucho de lo considerado bien público en realidad no lo es.


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