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Reforma Fiscal, su Fondo
Selección de ContraPeso.info
26 febrero 2007
Sección: GOBIERNO, Sección: Asuntos
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ContraPeso presenta el texto de una conferencia de Manuel Sánchez González sobre la reforma fiscal.

Manuel resuelve el problema de explicarla acudiendo a sucesos reales, situaciones por las que las personas han pasado. Siete de esas historias muy breves sirven de introducción al tema.

• Es de noche, llueve y en su casa se ha ido intermitentemente la luz. Juan debe presentar un trabajo temprano por la mañana y lee con una linterna de baterías por más de dos horas. Al día siguiente, la televisión de su recámara no funciona. La compañía pública de electricidad no se hace responsable y Juan debe asumir el costo de reemplazar el aparato. El Gobierno no le permite elegir otra empresa de luz.

• Claudia, la esposa de Juan, vuela de Guadalajara a México. Anuncia el piloto que el avión no tiene asignada una puerta para el desembarque. Su compañero de vuelo, un americano viajero frecuente, exclama irritado: “siempre es lo mismo, en este aeropuerto cuando viene un avión se sorprenden como si no lo esperaran”.

Al aterrizar, aguardan media hora en un camioncito de traslado. Al llegar al edificio, Claudia se pregunta cuándo quitarán esos tubos que impiden a la gente llevar los carritos de las maletas hasta las salidas. Un sinnúmero de empleados sindicalizados del aeropuerto le ofrece llevar su maleta y le indica, sin preguntar, donde encontrar taxis. La cola para su turno dura cuarenta y cinco minutos. En la calle hay taxis más económicos, pero no puede tomarlos por no estar “autorizados” por el aeropuerto.

• La ayudante de limpieza doméstica de nuestros protagonistas es de Oaxaca. Tiene dos hijos que cursan primaria, asisten a la escuela pública Benito Juárez que lleva seis meses sin clases. Los docentes continúan percibiendo sueldo del Gobierno aunque no trabajan. Estos han decidido unirse a las causas de un movimiento social, acampar en las calles, invadir propiedades ajenas y realizar motines en la ciudad.

• Por treinta años Juan ha trabajado en empresas privadas y sus patrones le han retenido una cuota para el instituto público de la vivienda. Sin embargo, el saldo de su cuenta individual es muy inferior al valor de sus aportaciones y no puede usarlo libremente sino en las formas que el Gobierno dispone.

• La prima de Claudia tiene un hijo de quince años de edad con problemas en sus riñones. Su esposo está afiliado al instituto público asegurador, pero esta institución no cubre el servicio de diálisis para su hijo, a pesar de que el seguro familiar no contiene esa exclusión. Debe desembolsar un gasto considerable y continuo. Mientras tanto, el instituto pensiona generosamente a sus empleados, como lo hacen otras empresas estatales deficitarias.

• En la ciudad donde viven Juan, Claudia y sus tres hijos, el pavimento de las calles está lleno de baches; las señales de tránsito son inexistentes y se sustituyen con topes; los camiones se detienen para servir al pasaje en cualquier lado; las esquinas no tienen los nombres de las calles; las direcciones son esporádicas y carecen de información útil; no hay retornos ni vueltas permitidas en avenidas importantes; los túneles carecen de iluminación; los policías estacionan sus patrullas invadiendo un carril de vialidad para acelerar el tránsito…

• Los taxistas y camiones transitan por la noche sin prender sus faros. Una noche el esposo de una amiga de Claudia sale de su casa y no ve a un camionero que viene a toda velocidad sin luces hacia él. El trágico accidente deja a esta persona parapléjica para el resto de su vida. Al cabo de pocos días, el chofer sale libre de la cárcel ayudado por su sindicato.

Economía de la reforma fiscal

Estas historias no son simples anécdotas ni exclusivas de los personajes de referencia. Reflejan la realidad cotidiana de los servicios públicos de baja calidad, inexistentes y en ocasiones contraproducentes, vivida por la mayoría de los mexicanos. Ante esta experiencia, la discusión sobre una reforma fiscal debería iniciar examinando la justificación del gasto público, destino de la recaudación deseada. Los ejemplos anteriores ilustran que el Gobierno gasta en muchas áreas y lo hace mal.

No se trata de plantear la necesidad de la eficiencia de las erogaciones gubernamentales (es decir, reducir costos realizando las mismas tareas), tema relevante por si mismo que supone respondida esta interrogante. El problema de fondo es si se justifica que el Gobierno extraiga más recursos de los individuos para incrementar su gasto.

Todos sabemos que el Estado debe proveer ciertos “bienes públicos”, cuya responsabilidad no puede recaer en los particulares al no enfrentar éstos los incentivos adecuados. Tal es el caso de la aplicación de un estado de derecho, la estabilidad monetaria, la promoción de la competencia y la construcción y el mantenimiento de una infraestructura básica. Estas tareas son indispensables para el funcionamiento de la economía y la sociedad, y el Estado debe asegurar su provisión.

Sin embargo, el Gobierno se involucra en muchas otras actividades de carácter “privado”, como la producción monopólica de energéticos y la administración de escuelas, hospitales, instituciones financieras y medios de comunicación; y el fomento de actividades “prioritarias”, como la agricultura, el transporte, el turismo, las artesanías, las PYMEs, etcétera. El principal esfuerzo no corresponde a la misión del Estado. La proporción del gasto público con este destino es 13% y si se incluye la educación sube a 35%.

Sería preferible que el Gobierno se concentrara en sus funciones propias y las ejerciera de forma satisfactoria. Si necesita más ingreso para cumplir con este fin, hipótesis a demostrar, debería obtenerlo liberando recursos destinados en la actualidad a las tareas realizables por los particulares.

Admito que no puedo ser optimista. La propensión de cualquier Gobierno a más erogaciones no conoce fronteras, ya que se basa en la premisa de las “necesidades sociales”, por definición interminables. ¿Cómo oponerse a tales proposiciones si se sustentan exclusivamente en beneficios sin mencionar  costo alguno?

Así, es justo preguntarse por qué debemos ser estrictos con el gasto del Gobierno. La respuesta es que su financiamiento implica eventualmente más impuestos y no hay tributos buenos, sólo malos o menos malos. El daño de los impuestos se manifiesta, por lo menos, en tres dimensiones:

1) generan distorsiones con una pérdida neta para la sociedad al traducirse en menos empleo, consumo e inversión;

2) producen, con frecuencia, efectos contrarios a los postulados (por ejemplo, los impuestos pueden recaer en aquellos individuos que se desea proteger); y

3) financian generalmente un gasto improductivo al ser el Gobierno proclive al desperdicio usando proyectos “mascota”, transferencias a grupos de poder, etcétera.

Como resultado, el gasto público puede frenar el crecimiento económico. La evidencia internacional descubre una relación inversa entre el tamaño del Estado y el aumento promedio anual del ingreso por habitante; y otra entre las tasas marginales impositivas y ese dinamismo. De ahí que sea imprescindible limitar el gasto gubernamental y, especialmente, asegurar su asignación a los “bienes públicos”. Una vez enfocadas las erogaciones, la recomendación estándar es recurrir a los impuestos menos malos, un asunto técnico ampliamente conocido por los expertos.

Finalmente, no tiene sentido afirmar, como repetidamente se hace aduciendo estadísticas internacionales, que el bajo crecimiento económico de México responde a una “insuficiente” carga tributaria, definida como la proporción de los impuestos al PIB. Existen por lo menos dos razones para rechazar esta aseveración.

La primera es que efectuando ajustes comparables con otras naciones (por ejemplo, reconociendo los “derechos y aprovechamientos petroleros” y las “contribuciones a la seguridad social” como impuestos) la carga tributaria total no es muy diferente a la de economías con igual nivel de desarrollo. La segunda es que la relación positiva internacional entre la carga tributaria y el ingreso por habitante no refleja una causalidad; si en lugar del nivel del ingreso por habitante se toma su tasa de crecimiento promedio por varios años, la relación se convierte en negativa.

¿Con quien debe comparase entonces México? La referencia debería ser los casos espectaculares de despegue económico, como EEUU en el siglo 19 y Hong Kong en la segunda parte del 20, los cuales exhibieron un gasto público menor a 10% del ingreso nacional.

A medida que los países se desarrollan y prevalece el estado de derecho, los gobiernos tienen la legitimidad de recurrir a impuestos más efectivos (que coinciden con los menos distorsionantes), lo que les permite aumentar su recaudación. Lo opuesto se logra sólo a un elevado costo (por ejemplo, Brasil con una carga de 37% del PIB involucrando más de sesenta diferentes tributos.)

En conclusión, en materia de impuestos como en muchos otros campos de las políticas públicas, va primero el desarrollo. Lo mejor que puede hacer el Gobierno es crear un ambiente propicio para las actividades productivas mediante la provisión de bienes públicos de calidad. Ya es momento de que podamos relatar una historia diferente.

NOTA DEL EDITOR

• Manuel Sánchez González es autor de Economía para Desencantados, un libro de publicación reciente que ContraPeso.info cubrió con columnas de Federico Reyes Heroles aquí, Everardo Elizondo aquí y de Eduardo García Gaspar aquí.

• Dentro de esa información, es de especial interés la columna 11 reformas estructurales, con una lista de ellas.

ContraPeso.info es un servicio con antecedentes desde 1995, que funciona como proveedor de ideas e información adicional a los medios dominantes.



No hay comentarios en “Reforma Fiscal, su Fondo”
  1. Everardo Elizondo Dijo:

    Impecable, como de costumbre. Lástima que el grueso de los comentaristas se haya afiliado sin reflexión a la idea de la necesidad de mayores impuestos.

  2. Gerardo Valdez Dijo:

    Sin embargo, el problema sigue siendo pensar que tareas como la aplicación de un estado de derecho, la estabilidad monetaria, la promoción de la competencia y la construcción y el mantenimiento de una infraestructura básica, son en verdad tareas legítimas de un gobierno. Ninguna de las acciones mencionadas es necesario que las lleve a cabo el Estado, en especial la de crear inflación y caos monetario.





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