Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Economía de la Corrupción
Selección de ContraPeso.info
22 octubre 2008
Sección: CRIMEN, Sección: Análisis
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ContraPeso.info presenta una idea de Samuel Gregg y Osvaldo H. Schenone. Agradecemos al Acton Institute el amable permiso de publicación. Lo que sigue es la propuesta de una teoría sobre la corrupción, un fragmento de la obra total, la que se encuentra en Una Teoría de la Corrupción. ContraPeso.info publica este texto creyendo que será de utilidad para el interesado en estudiar a la corrupción con un detalle mayor al del lector común. Es especialmente notable la serie de conclusiones al final y que hacen comprender, sobre la base de los efectos económicos de la corrupción, el por qué de la aceptación de ella como una forma de hacer las cosas.

Los economistas definen la eficiencia como el máximo nivel de logro de un cierto objetivo mediante la utilización de una cantidad dada de recursos o, inversamente, como el logro de un nivel determinado de un cierto objetivo con el mínimo uso de recursos. Se dice que la producción es eficiente cuando un nivel dado de recursos rinde una cantidad máxima de productos o, inversamente, cuando una cantidad dada de productos se obtiene con el uso mínimo de recursos.

Por ejemplo, un obsequio de dinero en efectivo es más eficiente desde un punto de vista económico que regalos en especie por el mismo valor. La razón es que cualquiera sea la satisfacción que uno puede brindar entregando un libro de cien dólares, siempre podrá ser superada o igualada, si se entregara un billete de cien dólares, simplemente porque el receptor podrá escoger entre comprar el libro o cualquier otra cosa que prefiera.

La economía no nos dice si se debería comprar el libro, puesto que no se ocupa habitualmente de cuestiones morales. El análisis económico determina si un curso de acción es más o menos eficiente que otro, y también puede identificar y cuantificar las consecuencias equitativas de cada uno.

El análisis económico puede valorar, por ejemplo, que un proyecto de irrigación en una zona rural sea menos eficiente que la provisión de agua potable y alcantarillas en un área urbana. También puede determinar quién se beneficia y cuánto con cada proyecto. Puede estimar, por ejemplo, cómo el proyecto de irrigación, a pesar de tener beneficios relativamente bajos, incrementará el ingreso de los campesinos pobres un 10%, en tanto que el proyecto de agua potable y alcantarillas beneficiará a la clase media urbana en un 5% de sus ingresos.

El análisis económico, sin embargo, no posee las herramientas técnicas para determinar cuáles son las consecuencias preferibles sobre la equidad. No puede contestar la siguiente pregunta: “¿Qué es preferible, aumentar 10% los ingresos de los campesinos pobres o 5% los de la clase media?”

No obstante, quien deba resolver esa difícil pregunta le resultará útil conocer esos porcentajes. Su respuesta, probablemente, sería diferente si el efecto sobre los campesinos fuera de 1% en vez de 10% o si el efecto sobre la clase media urbana fuera de 15% en vez de 5%. De esta manera, la economía nos puede decir algo acerca de la ineficiencia económica fruto de la corrupción. La evidencia sugiere que las transacciones voluntarias favorecen la eficiencia, pero no aquellas que son ilegales.

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Consideremos a Robinson Crusoe y Viernes en su isla. Cada uno tiene una dotación dada de comida y vestimenta. Robinson posee más comida y una preferencia mayor por ropa que su vecino, quien, a su vez, es el poseedor de la mayor parte de la ropa y tiene una alta preferencia por la comida.

Si estuvieran condenados a consumir sus propias dotaciones, ambos serían muy infelices. Las transacciones voluntarias entre los dos conducirán a un Viernes mejor alimentado y a un Robinson mejor vestido con la misma cantidad total de comida y vestimenta. Las transacciones voluntarias conducen a una asignación de los bienes de la isla más eficiente que la dotación original.

La corrupción, sin duda, supone una transacción voluntaria. Para el economista esto genera la creencia inicial de que la corrupción promueve una asignación de bienes más eficiente. Imaginemos a un funcionario público repartiendo un beneficio escaso, como un número limitado de permisos para operar un servicio, entre varios individuos usando criterios distintos de la voluntad de pago, tal como que el primero que llega obtiene el permiso.

Por ejemplo, hasta hace unos 20 años en Argentina y Chile, la ubicación de las farmacias en las ciudades estaba regulada del siguiente modo: se concedían permisos para que hubiera una distancia mínima entre una farmacia y otra. De esta forma, se aseguraba a quienes recibían el permiso que no tuvieran competencia en el vecindario inmediato.

Este procedimiento se siguió independientemente de la competencia (o ausencia de ésta) de los farmacéuticos en comparación con aquellos que no obtenían el permiso. En este contexto, el permiso lo recibía el primero de la cola, aunque no fuera la persona adecuada para llevar adelante el negocio al menor costo posible.

Sin embargo, mediante un acto corrupto, cualquiera que pudiera operar a menor costo y estuviera más atrás en la cola podía pagar un soborno equivalente al costo diferencial de adquirir el permiso. Si hubiera otro individuo en la cola que pudiera operar a un costo aún menor, podría ofrecer un soborno mayor.

Entonces, mediante un acto de corrupción se puede asignar el permiso al operador de menor costo, porque podrá pagar el soborno mayor, no por estar primero en la cola.

A la luz de este análisis, alguno se podría preguntar, ¿qué hay de malo en pagar por lo que uno quiere? ¿No es ésta la base del sistema de libre mercado? ¿No sostendría un economista partidario de la libertad de mercado que la corrupción transforma la regla “el primero que llega es el primero en ser servido” en una licitación, y la repartición ineficiente del permiso en eficiente?

Los sobornos ofrecidos por los candidatos que compiten (por ejemplo, para obtener el permiso para abrir una farmacia) hacen el papel de las ofertas en una subasta abierta. Entonces estos sobornos cambian el mecanismo de asignación de permisos de una regla; “el primero que llega es el primero en ser servido”, por otra que los asigna de acuerdo con la capacidad de los candidatos para llevar adelante el negocio.

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Sin embargo, el análisis económico no termina aquí. Se debe introducir la ilegalidad de la transacción. Un funcionario puede querer evitar tratar con individuos que no conoce por temor a la exposición. Como señala Susan Rose-Ackerman, “sólo accederán a la licitación los que tienen una relación de confianza estrecha con los funcionarios públicos y políticos”. La ilegalidad de la transacción aconseja su secreto.

Pero el secreto de la transacción comporta costos de tiempo y dinero inevitables. Incluso, el secreto puede impedir que el mejor operador potencial (el farmacéutico con mejor calidad de productos y precios más convenientes) se entere de la posibilidad de ofrecer sobornos al funcionario que asigna los permisos. Por eso, la presunción inicial de que la corrupción promueve una asignación eficiente de los bienes puede quedar totalmente frustrada.

Más aún, será muy difícil asegurar el acuerdo entre el que ofrece el soborno y el que lo recibe, puesto que es ilegal y secreto. Se agrega la alta probabilidad de que aparezcan más funcionarios pidiendo otras comisiones. Si se rehúsa a pagar los subsiguientes, los pagos previos serán inútiles. Esto sólo contribuye a una mayor ineficiencia económica.

La figura del intermediario ha constituido un medio habitual para sortear este problema sin enfrentar a fondo la cuestión de la corrupción. Este fenómeno, muy difundido en China, supone que el intermediario recibe una comisión por reunir a los diversos estratos de funcionarios para ofrecerles un soborno más o menos simultáneamente. Pero la efectividad del intermediario en la limitación del número de pagos a funcionarios corruptos es socavada por la naturaleza secreta de la corrupción.

Esto reduce la capacidad del intermediario para hacer respetar el acuerdo implícito de los individuos que representa. Sin duda, el pago a intermediarios sólo incrementa los costos de llevar adelante la actividad económica y corroe aún más la eficiencia económica.

El costo de los sobornos no captura todos los costos económicos de la corrupción para la sociedad. Los sobornos se cobran, por ejemplo, en algunas transacciones comerciales o por permisos vendidos; pero esto no abarca todos los negocios fracasados debido a las restricciones innecesarias impuestas por los funcionarios corruptos y las actividades abortadas por permisos no concedidos. La ausencia de estas actividades potenciales supone pérdidas significativas, más allá de las cantidades de dinero que intercambiaron manos corruptas.

El espectro de la desconfianza

La difusión de la desconfianza debido a la corrupción genera ineficiencia económica de modos menos obvios. El propietario de un negocio (el “principal”) que sospecha una actividad corrupta entre sus empleados (los agentes) tenderá a adoptar medidas precautorias caras y quizás excesivas, gastando recursos que podría haber utilizado fructíferamente de otro modo.

En muchos casos, no es la infidelidad del agente la que determina per se esas medidas costosas, sino el temor del “principal”. Es decir, el temor del “principal” a la hipotética infidelidad de su agente constituye un incentivo a asumir costos que hubieran sido innecesarios.

Un ejemplo de este problema es el requerimiento habitual de recibir ofertas de varios proveedores antes de autorizar cualquier compra. Este procedimiento es bueno, en principio, pues desalienta cualquier dependencia de un solo proveedor y alienta la competencia; pero si se aplica de modo excesivo para prevenir posibles acuerdos corruptos entre los empleados y un proveedor determinado, la adhesión al principio, se hace desproporcionadamente costosa, puesto que retrasa el proceso de producción innecesariamente.

La desconfianza asociada a la corrupción también dificulta que los agentes asuman riesgos honestamente. En un ambiente de desconfianza, el “principal” puede mal interpretar la decisión de un agente de tomar un riesgo prudente como si fuera una falta de lealtad con él o un intento de cometer un acto corrupto.

El directivo inferior que, por ejemplo, quiere atraer clientes nuevos puede ser visto por su superior como tratando de disminuirlo. Temeroso de las consecuencias potencialmente negativas para su carrera, el agente puede decidir permanecer indebidamente pasivo. Esto sólo puede acarrear efectos dañinos en la capacidad de crear riqueza de la organización.

Sin embargo, éstos no son los únicos efectos negativos de la desconfianza asociada con la corrupción sobre la creación de riqueza. Paolo Mauro, en un estudio internacional sobre corrupción, se basa en el siguiente conjunto de datos: los índices de corrupción de Business International, exigencias burocráticas injustificadas (red tape), y la eficiencia del sistema judicial para el período 1980–1983.

Mauro concluye que la corrupción tuvo un efecto negativo sobre la inversión privada y, por tanto, en el crecimiento económico. “Por ejemplo, si Bangladesh elevara la integridad y eficiencia de su burocracia al nivel de Uruguay … su tasa de inversión aumentaría casi un cinco por ciento, y la tasa de crecimiento anual de su Producto Bruto Interno aumentaría más de medio punto porcentual”.

Estas conclusiones y sus tesis subyacentes son apoyadas por otro estudio importante del problema. Shan-Jin Wei señala que la corrupción carece de transparencia, es imprevisible, y tiene pocas probabilidades de asegurar el cumplimiento del acuerdo (por supuesto, ilegal) entre el que paga y el que cobra el soborno.

La investigación de Wei cuantifica los efectos de la corrupción en la inversión externa usando las respuestas de 2,381 encuestados por el Global Competitiveness Report de 1997; incluye datos de inversión externa de catorce países inversores, y cuarenta y cinco países receptores de fondos.

Los resultados muestran que “la corrupción en un país receptor tiene un efecto negativo estadísticamente significativo y cuantioso sobre las inversiones extranjeras directas de todos los países inversores. Un crecimiento del nivel de corrupción de Singapur al de México es equivalente a un aumento de la tasa impositiva sobre las multinacionales de más de veinte puntos porcentuales”.

Wei piensa que el grado de incertidumbre inducido por la corrupción varía de acuerdo con el modo en que están organizados los funcionarios que piden comisiones. Un funcionario en una posición monopolista (por ejemplo, que tiene un poder exclusivo de conceder favores) podría diseñar un esquema de sobornos razonablemente transparente con una seguridad aceptable en los resultados.

Estaría claro a quién y cuánto habría que pagar y qué se debería esperar una vez efectuado el pago. Entonces, el así llamado cliente adquiere una cierta forma de propiedad del favor gubernamental que compró. En tales casos, el pago de sobornos funcionaría como un impuesto, con la salvedad de que el ingreso no es para el Tesoro, sino para el bolsillo del funcionario.

Pero como hace notar Wei, muy raramente el funcionario está en una posición monopolista. En los casos de corrupción, aparecen muchos funcionarios en momentos diferentes a pedir sobornos independientes que se deben pagar para conseguir el resultado deseado. Sin embargo, el pago del soborno a cada uno de ellos no asegura el resultado. Más aún, el mero conocimiento del hecho de tener que pagar sobornos para invertir en un país, seguramente disuadirá a algunos de invertir en él.

Patrocinio perverso

El patrocinio perverso es una nueva forma de corrupción particularmente dañina y relativamente nueva que afecta negativamente el crecimiento económico. Se da especialmente en los países de América Central y del Sur. Consiste en que un individuo, compañía, o fundación pague el salario de un funcionario público totalmente o en parte. Altos ejecutivos de compañías importantes o investigadores de think tanks financiados por compañías específicas o bancos, asumen como ministros de Economía o presidentes de Bancos Centrales en muchos países y continúan recibiendo, durante el mandato, los sueldos de sus empleadores previos.

El patrocinio perverso es bien distinto del caso más común de robo en que el funcionario está raramente presente en su puesto y, en cambio, conserva un trabajo pago en el sector privado. Esto es pura y simplemente robo, no corrupción.

El patrocinio perverso consiste en que una persona que trabaja para el gobierno recibe su ingreso principalmente del sector privado en el que no trabaja. Todo lo que sucede, aparentemente, es que una persona privada, movida por generosidad, dona al gobierno el salario del funcionario.

Se trataría ciertamente de una donación, si el beneficiario —la persona cuyo salario es pagado por el donante privado— no pensara que tiene obligación alguna hacia el donante que pudiera perjudicar el cumplimiento leal de sus deberes hacia el Estado.

No es necesario que esas obligaciones sean explícitas. Pueden no haber sido sugeridas por el donante. Inclusive, podrían no ser parte de las intenciones del donante, puesto que el beneficiario no necesita ni una insinuación para darse cuenta de que el financiamiento de su cargo depende finalmente de la prosperidad de su fuente de ingreso —el donante—.

Por ejemplo, si el donante es una compañía minera, el beneficiario puede sentirse tentado a usar de su cargo para influir en el monto de los impuestos que la compañía debe pagar al Estado o para influir en las regulaciones ambientales a las que está sujeta la compañía.

La única condición que prevendría al beneficiario de tomar decisiones corruptas a favor de los intereses del donante sería el anonimato de éste último. El beneficiario no debería saber ni a qué sector de la economía pertenece el donante. Si no se guarda el anonimato, surge un conflicto de intereses inevitable en el beneficiario: se enfrenta a la alternativa de cumplir sus obligaciones con el gobierno o buscar su interés personal, firmemente ligado a la prosperidad del donante. Entonces, este tipo de mecenazgo se transforma en una variedad sutil de corrupción.

El patrocinio perverso es muy dañino para la eficiencia económica. Buena parte del beneficio que obtiene el donante procede de las políticas y procesos (como permisos exclusivos, subsidios, préstamos preferenciales, exenciones impositivas) gestionados por el beneficiario.

Así, estos beneficios del donante resultan artificiales, pues no proceden de sus productos y servicios, sino del privilegio provisto por el beneficiario. Aunque estas políticas se dirijan sólo a favorecer al donante, inevitablemente sus efectos van más allá. Sus actividades artificialmente lucrativas restarán recursos a las empresas genuinamente productivas.

En efecto, los competidores eficientes del donante pueden verse afectados negativamente por las decisiones políticas implementadas o recomendadas por el beneficiario para proteger los intereses del donante.

Por ejemplo, un impuesto a las exportaciones de cuero crudo, establecido para garantizar una oferta abundante de materia prima a los fabricantes de ropa de cuero, tiene efectos negativos en los exportadores eficientes de cuero crudo, en las compañías de transporte y en los operadores portuarios. Ninguno de estos efectos negativos fueron buscados ni por el donante ni por el beneficiario.

Estos competidores proveen bienes y servicios que, a causa del patrocinio perverso, enfrentan una competencia desleal. Los inversores, los trabajadores y los proveedores de materia prima pueden llegar a abandonar sus actividades con esos competidores simplemente porque estos últimos carecen de un beneficiario que trabaje para ellos.

Estos competidores reducirán la escala de sus operaciones o pueden, incluso, desaparecer, a pesar de ser genuinamente productivos, honestos, eficientes y competitivos. Estas reducciones o, incluso, la desaparición completa de actividades eficientes y competitivas suponen un costo económico para la sociedad (no buscados ni por el donante ni el beneficiario) y extienden los efectos de los beneficios artificiales más allá del donante o el beneficiario del patrocinio perverso. La destrucción de riqueza es mayor que el beneficio obtenido por las partes.

Corrupción y eficiencia de mercado

De este modo, el impacto económico negativo procedente de la corrupción es amplio y profundo. Adquiere una variedad de formas complejas. Por esta razón es útil recordar los efectos económicos esenciales de la corrupción.

Efectos económicos de la corrupción: Elemento voluntario: una transacción voluntaria ilegal entre un funcionario corrupto y su cliente

- Sobre la eficiencia: el efecto neto es ambiguo: las transacciones voluntarias aumentan la eficiencia, pero su ilegalidad va en detrimento de ésta

- Sobre la equidad: se transfiere riqueza del gobierno y/o el cliente al funcionario corrupto.

Efectos económicos de la corrupción: Elemento desleal: Traición del funcionario corrupto a su superior o a su sponsor.

- Sobre la eficiencia: disminuye la eficiencia, puesto que se adoptan medidas precautorias costosas. Además, la desconfianza generalizada desalienta la toma de decisiones y la disponibilidad para asumir riesgos.

- Sobre la equidad: se transfiere riqueza del gobierno y/o el cliente al funcionario corrupto.

En algunos casos, debido a los procesos gubernamentales innecesarios y burocráticos, la corrupción puede ser económicamente eficiente y, por eso, difícil de erradicar debido a que no todos los actos corruptos poseen los dos elementos indicados. En algunos casos, el elemento voluntario puede producir un resultado más eficiente.

Supongamos que la obtención de un permiso llevara varios años. Esto sucedía en Perú en los 80 y ha sido documentado por Hernando de Soto en su libro El Otro Sendero. En este caso, la cantidad de permisos demandados superará a los ofrecidos, simplemente por la ineficiencia o negligencia burocrática debidos a la carencia de supervisión o de conciencia moral.

En consecuencia, los precios de los permisos no son precios de equilibrio de mercado. En la jerga económica se denomina precio de equilibrio de mercado a aquel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada de un bien o servicio. Entonces, un soborno resulta un incentivo a la eficiencia en la gestión del permiso por parte del funcionario público negligente o inmoral.

De este modo, el soborno se añade al precio legal del permiso, de modo que quizás la cantidad de permisos ofrecidos equivalgan o se acerquen a la cantidad demandada.

La intervención del gobierno en el mercado suele entorpecer su funcionamiento por la imposición de precios arbitrarios que, como en el caso mencionado, conducen a una oferta de bienes que no alcanza a abastecer la demanda, porque su precio es demasiado bajo o porque su producción o procesamiento no son eficientes.

Una empresa privada que enfrentara precios sin interferencias estatales no tendría este problema, puesto que si no alcanza a cubrir la demanda de un bien o servicio, siempre habrá algún competidor que pueda ofrecerlo mejor, más rápido y a un precio menor.

Pero este no es el único efecto negativo de la intervención estatal entre los que alimentan la corrupción. Otro efecto es el inverso del primero.

Supongamos que un gobierno para beneficiar a los productores de lana impone un precio mínimo a la lana y que este precio es mayor al de equilibrio de mercado. Los productores de lana tienen entonces el incentivo de ofrecer la mayor cantidad posible, pero esta oferta es mayor a la demanda.

Supongamos que los productores de lana ofrecen 1,000 toneladas de lana por año, en tanto que las fábricas textiles (sus compradores) desean y pueden demandar sólo 700 toneladas al precio impuesto por el gobierno. Éste tendría que comprar las 300 toneladas de lana producida restantes para sostener su precio.

Supongamos ahora que las textiles pagan un soborno a los funcionarios que conduce a un arreglo informal e ilegal por el que disminuye el precio sostén de modo que las textiles ahora pueden comprar toda la oferta de lana. En este caso, el soborno permite que el precio llegue a su nivel de equilibrio, puesto que se igualan las cantidades de lana ofrecidas y demandadas.

Otro efecto de este soborno es que se elimina el desperdicio anual de 300 toneladas de lana que permanecerían sin uso en los depósitos estatales.

En otros casos, el pago del soborno no constituye primariamente una herramienta eficiente para equilibrar el mercado. Podemos encontrar este tipo de ejemplos siempre que alguien trate de obtener un retorno cuando compra suministros o de recibir un soborno por encubrir una evasión impositiva. Ninguna transacción facilita la asignación de un bien o servicio que se ha vuelto escaso artificialmente, fruto de la acción de un funcionario público.

Por todo lo anterior debemos reconocer que los sobornos serían menos probables si los gobiernos dejaran libres los precios de los intercambios, aunque siempre podría haber razones morales para que la intervención estatal declare ilegales ciertos mercados como la prostitución de niños.

En todos los mercados legales, el mecanismo de precios cumplirá su función de comunicar la información acerca de la oferta y la demanda a las esferas relevantes de productores y compradores.

Cuanto menor sea la incidencia de la intervención estatal en los mercados, menores serán los incentivos para llevar a cabo actividades corruptas. Debe quedar claro que el costo de la corrupción en términos de destrucción de la eficiencia económica no es el mismo para todos los tipos de corrupción. La magnitud de este costo depende de las siguientes características del acto de corrupción:

1. El soborno, ¿es primariamente un instrumento para alcanzar el equilibrio de mercado? En la medida que lo sea, fomenta las transacciones voluntarias, mejorando así la eficiencia de la economía.

2. ¿Cuál es el nivel de secreto que se considera necesario por parte de todos los participantes? Cuanto menor sea éste, menores serán las restricciones para llevar a cabo las transacciones voluntarias. De modo tal que, si se necesita un soborno para conseguir un permiso, lo mejor es que lo sepan todos.

3. ¿Cuál es el nivel de desconfianza del “principal” acerca de la fidelidad de los agentes? Cuanto menor sea el nivel de desconfianza, menores serán los costos precautorios para prevenir el comportamiento infiel, y menor también el costo del agente para ocultar su comportamiento ilegal.

Ninguna de estas tres preguntas supone considerar a un acto de corrupción como moralmente bueno. La maldad esencial de la acción permanece: la traición de un agente a sus obligaciones legítimas respecto a un “principal” está mal.

Más bien, las respuestas a estas tres preguntas señalan que la corrupción será menos costosa en términos de eficiencia económica, primero, si un acto corrupto funciona primariamente como un instrumento de equilibrio de mercado; segundo, si el nivel de secreto es bajo, y tercero, si la preocupación del “principal” respecto a las posibles infidelidades de sus agentes también es baja.

Sin lugar a dudas, estas condiciones hacen más difícil convencer a la gente de que la corrupción sigue siendo un problema moral y de que impacta negativamente en la calidad de la justicia prevaleciente en una sociedad.

Si los sobornos, la traición y el fraude permiten que una economía funcione (aunque torpemente), la gente estará menos inclinada a reconocer y repudiar el mal que están haciendo. La cultura de la corrupción se transforma efectivamente en algo cómodo y se hace difícil derrocarla.

En un nivel aún más profundo, una sociedad que comienza a perder la conciencia de que ciertas acciones son siempre moralmente incorrectas es una sociedad que, podría afirmarse, se ha encaminado por una senda anti-humana contraria a la civilización. Esto afianza la necesidad de que todos los miembros de la sociedad luchen contra la corrupción, especialmente en los campos moral y cultural.


ContraPeso.info, lanzado en enero de 2005, es un proveedor de ideas y explicaciones de la realidad económica, política y cultural.





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