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Nuevas Tendencias Migratorias
Selección de ContraPeso.info
11 marzo 2008
Sección: Sección: Análisis, SOCIEDAD
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ContraPeso.info presenta una idea de Félix Maradiaga B.. Agradecemos a HACER el amable permiso de publicación. El autor es es Asesor del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y Profesor de Ave Maria University Latin American Campus. El gran tema del texto es el de la inmigración ilegal a los EEUU y sus soluciones. Los énfasis han sido añadidos.

La aserción de que los Estados Unidos es una nación de inmigrantes es una realidad más vigente que nunca. En el siglo 20, Estados Unidos recibió más inmigración que cualquier otro periodo previo de su historia. El flujo de inmigrantes empezó a crecer sostenidamente desde 1930 hasta alcanzar su punto máximo en la década de los años noventa.

Sin embargo, las características de dichos flujos migratorios también han cambiado ya que hoy en día, un alto porcentaje los mismos no sólo se dan por vía de ingresos ilegales transfronterizos y visa overstayers, sino también que la mayoría de las personas que ingresan al país como trabajadores migrantes tienden a permanecer en el país por periodos más largos de tiempo o de forma permanente.

Por ejemplo, entre 1965 y 1985, el 85% de las personas indocumentadas que ingresaron al país desde México, optaban por regresar a su país de forma voluntaria, lo que hacía que el crecimiento neto de la inmigración desde la nación vecina fuera bastante menor a las tasas actuales. Esta tendencia ha cambiado de forma abrupta en la misma medida en existen menos oportunidades para los trabajadores temporales de ingresar al país de forma legal y los controles fronterizos son más estrictos.

De acuerdo a un estudio de Cato Institute para 1980 la probabilidad de que un trabajador indocumentado regresara a su país era de aproximadamente 45%. Entre 1998 y el 2002 esta misma probabilidad había descendido hasta un 30%. Más aún, el tiempo promedio de estadía pasó de 1.7 años a 3.5 años.

Se aprecia pues, cómo las tendencias históricas de la mano de obra migrante tenían un comportamiento cíclico vinculado a la demanda laboral en los Estados Unidos, puesto que en épocas de mayor dinamismo económico el flujo migratorio era mayor, sucediendo lo contrario en periodos de menor crecimiento de la economía.

En la actualidad, la mayor inmigración de indocumentados continúa originándose desde América Latina, especialmente desde México, a pesar de que la economía de ese país es la decimocuarta más grande del mundo y su ingreso nacional bruto per cápita es el más alto de Latinoamérica. En 1994 México suscribió un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en el 2006, según datos del Fondo Monetario Internacional, tuvo el segundo PIB per cápita en términos nominales después de Chile.

Sin embargo, los incentivos del mercado laboral en Estados Unidos siguen siendo lo suficientemente atractivos para que más de medio millón de mexicanos –y otro tanto del resto de América Latina— arriesguen su vida cada año tratando de obtener un empleo.

Según un estudio del Center for Immigration Studies preparado sobre la base de información de la Oficina de los Censos de Estados Unidos, en el año 2007 la población de inmigrantes legales e ilegales en Estados Unidos prácticamente alcanzó los 38 millones de personas. De éstos, aproximadamente un tercio son indocumentados.

Por su parte, el Pew Hispanic Center estima que el 57% de la población indocumentada viene de México, 24% de Centroamérica y Suramérica y, en menor medida Asia (9%), Europa (6%) y el resto del mundo (4%). Los datos agregados que ofrece que la oficina censal indican que la población hispana total, es decir legales e indocumentados y sus descendientes nativos, supera los 44 millones de personas.

Además, The Urban Institute estima que hay unos 5 millones de niños con por lo menos uno de sus padres indocumentado. A pesar de las diversas fuentes estadísticas, nadie sabe con certeza cuántos son inmigrantes que esperan residir en el país de forma permanente y cuántos son trabajadores indocumentados temporales cuya aspiración no es quedarse en el país indefinidamente.

La “Securitización” del Debate Migratorio

Por su parte, el debate político en torno a la inmigración también ha experimentado un giro sustancial. Antes las preguntas centrales del debate se centraban en la capacidad de la economía de absorber a estos nuevos trabajadores, inclusive argumentándose que la mano de obra de bajo costo es un factor necesario para la competitividad del país especialmente en labores que generalmente no son realizadas por los estadounidenses.

Desde esta perspectiva, el flujo de trabajadores indocumentados es el resultado de las diferencias salariales entre dos mercados. Dicho de otra forma, una revisión al debate político y a la literatura especializada de hace algunos años enfocaba las migraciones humanas como un tema centralmente económico a excepción de los casos de migraciones forzadas por las conflictos armados.

Los atentados terroristas del 9/11 cambiaron para siempre el rostro del debate en torno a la inmigración de indocumentados en Estados Unidos, colocando las legítimas preocupaciones de seguridad nacional en el centro del mismo. Comprensiblemente, tanto Republicanos como Demócratas han reconocido que la excesiva “porosidad” de las fronteras estadounidenses es un factor clave de vulnerabilidad del país frente a las llamadas “nuevas amenazas” como son el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, armas y personas y así lo han hecho saber en sus respectivas agendas partidarias.

Concurrentemente, muchas naciones latinoamericanas como México y los países de Centroamérica y Panamá han incorporado a la migración de indocumentados de Sur a Norte como un tema de sus políticas de seguridad, como se puede observar, por ejemplo, en las declaraciones emitidas en las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas realizadas en Chile (2002), Ecuador (2004) y Nicaragua (2006) y los planes de trabajo de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC) conformada por las fuerzas armadas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. De cierta forma, la aproximación a la inmigración de indocumentados se ha tornado en un tema de seguridad más que un debate vinculado a las fuerzas del mercado.

El cambio en los enfoques del debate ha generado una confusión entre dos distintas expresiones del flujo de indocumentados a Estados Unidos, al colocar en una misma categoría a aquellas personas que ingresan al país con el propósito de ejercer trabajos temporales y aquellos que quieren inmigrar de forma permanente al país.

Más aún, la “securitización” del debate ha resultado en una proliferación de propuestas de reformas migratorias que tienden a ignorar las realidades del mercado al centrarse casi exclusivamente en incrementar las medidas de control fronterizo. La realidad es que ninguna reforma podría ser exitosa sino se abordan de forma integral las distintas dimensiones del fenómeno migratorio, reconociendo, en primera instancia, las diferencias entre las dos categorías de personas que ingresan de forma ilegal al país.

Durante la administración del Presidente George W. Bush, el gobierno de Estados Unidos más que duplicó los recursos destinados a la seguridad fronteriza pasando de un presupuesto de 4.6 billones de dólares en el 2001 a 10.4 billones en el 2007. A su vez, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza pasó de 9,000 efectivos a casi 15,000 en el mismo periodo y de hecho se espera que llegue a aumentar hasta 18,000 para finales del 2008.

No existe, sin embargo, evidencia contundente que demuestre que estas medidas por sí solas son una solución de largo plazo a las presiones migratorias externas –i.e. personas dispuestas a buscar trabajo en Estados Unidos—y a las presiones internas –i.e. individuos y compañías dispuestos a contratar mano de obra migrante.

Por su parte, las respuestas legislativas a este debate fueron la resolución S2611 aprobada por el Senado y la resolución HR4437 emitida por la Cámara de Representantes. Si bien ambas resoluciones afirmaron la voluntad política de incrementar los controles fronterizos sólo la propuesta de la cámara alta hizo alguna referencia a los trabajadores temporales.

Por su parte, la iniciativa del Presidente Bush, que incluía trámites para el otorgamiento de visas de trabajo temporales, fue derrotada en el Congreso al ser percibido por un buen número de legisladores conservadores como una “amnistía para ilegales”.

En busca de propuestas Innovadoras: Seguridad Fronteriza y Políticas de Incentivos

Como se evidencia a partir de los debates entre los precandidatos presidenciales republicanos y demócratas, el estado actual confirma mi hipótesis de que este tema seguirá siendo enfocado desde una visión predominante de la seguridad a pesar de que centros de pensamiento independientes como el Cato Institute y el Manhattan Institute han hecho notar que los controles fronterizos por sí solos más bien complicarán aún más el escenario al no tomar en consideración que los flujos migratorios son una cuestión de incentivos.

Asimismo, otros centros de pensamiento y fundaciones privadas como el Hispanic American Center for Economic Research (HACER) y la Fundación Vernon K. Krieble han documentado ampliamente que reforma migratoria que no tome en consideración un programa de trabajadores temporales es una fórmula para el fracaso.

Muchas son las voces que proclaman, por un lado, la necesidad de deportaciones masivas y la construcción de un gigantesco muro fronterizo; y por otro, la de otorgar una suerte de amnistía a la población de personas indocumentadas en Estados Unidos. Hasta ahora ha quedado claro que ambos extremos son inviables tanto por las imposibilidad práctica de deportar a más de doce millones de personas como por el poco apoyo ciudadano que tendría un programa amplio de amnistía similar a los otorgados en años anteriores.

Soluciones

Ante las complejidades antes expuestas, ¿cuál podría ser entonces una solución viable al estancamiento de respuestas eficientes y efectivas a la inmigración ilegal? Como punto de partida, insisto en la importancia estratégica de diferenciar entre las legítima necesidad de fortalecer la seguridad en la fronteras y, naturalmente, atender la creciente demanda de la ciudadanía estadounidense de “sacar de la sombra” a los millones de personas que conforman la población indocumentada.

Seguidamente, se debe reconocer que los flujos transfronterizos de trabajadores temporales son el resultado natural de una economía abierta de mercado y que por tanto su regularización no puede ser un asunto de exclusiva competencia estatal. Se necesita, pues, de un sistema que permita a potenciales empleados y a empleadores realizar transacciones transparentes y eficientes en el marco de la ley.

Luego de una exhaustiva revisión de diversas ideas, me ha llamado poderosamente la atención la iniciativa “Dos Senderos a la Seguridad” (Two Paths to Safety), desarrollada por Helen Krieble y Greg Walcher de la Fundación Vernon K. Krieble. Dicha propuesta reconoce que los flujos de inmigrantes indocumentados y la demanda de mano de obra temporal, si bien son temas necesariamente interdependientes, deben ser abordados mediante políticas públicas diferenciadas.

De forma particular, la propuesta incorpora un “enfoque sistémico” a esta compleja problemática, al sugerir un programa de visas para trabajadores temporales, mayor seguridad fronteriza, el concurso de la iniciativa privada y de la tecnología disponible, como elementos que, una vez articulados, podrían conllevar a una solución viable en un plazo razonable de tiempo.

El sistema de visas de trabajo sugerido es en sí mismo uno de los componentes más innovadores de la propuesta, pues funcionaría como un mecanismo que, si bien flexible, permitiría un control adecuado del beneficiario mediante un documento con cinta magnética similar a una tarjeta de crédito.

De esa forma se podría certificar con un alto grado de certeza que el trabajador presta servicios a un empleador previamente autorizado dentro de un plazo determinado de tiempo. Esta visa de trabajo no ofrecería oportunidad alguna de dar residencia permanente o ciudadanía al usuario de la misma, por lo cual los procedimientos actuales para obtener ciudadanía o residencia actualmente vigentes quedarían inalterados.

En el marco de esta propuesta, aquellas personas que actualmente trabajan de forma indocumentada en Estados Unidos deberán salir del país para gestionar adecuadamente y de conformidad al sistema establecido, su visa de trabajo temporal. Naturalmente, si bien ésta es una de las partes más complejas de implementar, no resulta difícil imaginar que aquellas personas que trabajan sin el permiso requerido tendrían un fuerte incentivo para hacerlo si se les ofrece las garantías de que el proceso será rápido y seguro.

Además, una vez que entre en vigencia el sistema los empleadores no podrían hacer mano de obra al margen de las nuevas prerrogativas so pena de fuertísimas sanciones, lo que en sí mismo se constituye en un incentivo adicional para que los trabajadores indocumentados legalicen su estatus.

Complementariamente, se establecerían agencias privadas de empleo fuera de Estados Unidos que tendrían la autoridad otorgada por el gobierno federal para otorgar documentos de trabajo temporal a través de un proceso de matching entre empleadores y empleados. Estas agencias tendrían, además, una serie de responsabilidades entre las cuales se incluye la revisión de antecedentes a los solicitantes.

Finalmente, es justo reconocer que muchos de los grandes retos de política pública que históricamente se han presentado, sólo han podido ser superados a través de alianzas estratégicas público-privadas. Si bien la seguridad sigue siendo el bien público puro por excelencia, el problema de millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos es más una situación derivada de las fuerzas del mercado y de la globalización por lo que sólo encontrará solución cuando se empiecen a explorar alternativas creativas desde el sector privado. La propuesta de la Fundación Vernon K. Krieble parece ser un excelente punto de partida.

Nota del Editor

Para más material sobre el tema, véase Migración Global.


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