Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Parálisis por Análisis
Eduardo García Gaspar
11 abril 2008
Sección: GOBIERNO, Sección: Una Segunda Opinión
Catalogado en:


En medio de todo el embrollo causado en México por el asunto de la modernización de Pemex, hay una opinión, la del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo. El comité está formado por los notables usuales que aparecen en cuanto tema pueden.

La Jornada (9 de abril de 2008) publicó uno de los textos de los intelectuales en cuestión. Toda su atención está puesta en el debate nacional de la reforma del monopolio estatal. Eso es lo que ellos proponen allí, como

“la primera gran oportunidad de que la sociedad nacional delibere sobre su gran recurso de economía y desarrollo; es el intercambio de juicios de expertos, que se acompañen de documentos probatorios; es el ejercicio de participación… en el tema en donde todos somos lo suficientemente expertos como para saber qué le conviene y qué no a la nación.”

En otras palabras, todos en México debemos debatir el asunto, sin excepción antes de tomar una decisión de qué hacer. Pero ese debate nacional requiere organización, es decir, “la elección de medios en dónde desplegar las discusiones. Esos medios tienen que ser por fuerza el canal del Congreso, los canales de televisión privada, la red nacional de radioemisoras y la prensa regional y nacional.”  Es decir, todos los mexicanos y todos los medios, o casi.

Luego viene otra decisión, la de organizar las invitaciones al debate. Los que deben intervenir son, “… los partidos políticos… los movimientos sociales, los grupos de la sociedad civil, las universidades y los centros politécnicos, los grupos indígenas, los trabajadores petroleros. A cada uno de estos grupos y sectores, le corresponderá nombrar a sus representantes.” Es decir, todos están invitados si pertenecen a un sector y dentro de ellos hay un proceso previo de elección de representantes. Más corporativismo no se puede pedir.

Hay más, el debate “puede optar por las encuestas y queda abierto el camino del referéndum”, dice el comité de intelectuales notables. Total que la preocupación de ellos está en “un debate nacional sistemático y sólido. Esto alejará la tentación de la violencia oficial, históricamente siempre precedida por sus redes de provocación.”

Quizá esto explique como pocas cosas una de las causas del retraso mexicano y de otros países. Es un proceso que va más o menos así: hay un problema, el que sea, que necesita ser solucionado; las discusiones se acaloran y se crea otro problema, el de ese apasionamiento; el acaloramiento debe ser amainado y se sugiere un debate; entonces toda la atención se concentra en el debate y cómo organizarlo.

El problema original se mantiene y toda la atención se va a la organización del debate, nacional por supuesto: quién debe participar, cómo debe hacerlo, qué medios se usarán. Y se discuten las propuestas para hacer el debate. El problema real es ignorado. Tiempo, esfuerzo y atención son dados al debate, que se ha vuelto una prioridad nacional. Pero hay otro olvido.

Se olvida también que ese debate, el que sea, tiene su razón de ser en una decisión por tomar para solucionar el problema original. No se establece ningún mecanismo que lleve a esa decisión, la que sea. Todo se concentra en hablar y exponer opiniones. Nada se menciona de la solución que se implantará. El resultado del debate nacional, como quiera que se haga, será un estado de indecisión absoluta que es el mismo estado que se tenía antes del debate.

No sólo se olvida que hay que tomar una decisión, también se olvida que ya existe un mecanismo legal, formal y constitucional para debatir el tema, y que también existe un sistema para seleccionar la decisión por tomar. Los legisladores son los responsables de esto, de debatir y de tomar decisiones. Para eso fueron elegidos. Por eso se les paga.

Lo que quiero señalar es la tremenda afición política e intelectual mexicana por desviar la atención de los problemas mayores a los problemas creados. Por preferir hablar a hacer. Por crear mecanismos sustitutos a los que ya existen. Por perder el tiempo. Por olvidarse que el tiempo es un recurso finito. Vaya, si esos intelectuales hubieran manejado la empresa de Edison, aún estarían discutiendo si las bombillas eléctricas son convenientes a la sociedad.

Post Scriptum

El Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo está formado por: Marco Antonio Campos; Rolando Cordera; Arnaldo Córdova; Laura Esquivel; Bolívar Echeverría; Jorge Eduardo Navarrete; Víctor Flores Olea; Luis Javier Garrido; Fernando del Paso; Héctor Díaz Polanco; Margo Glantz; Antonio Gershenson; Enrique González Pedrero; Hugo Gutiérrez Vega; David Ibarra; Guadalupe Loaeza; Lorenzo Meyer;Carlos Monsiváis; Carlos Payán; Carlos Pellicer; José María Pérez Gay; Sergio Pitol; Elena Poniatowska; Ida Rodríguez Prampolini; Enrique Semo; Héctor Vasconcelos.

Grupo Imagen (9 de abril de 2008) informó que, “Andrés Manuel López Obrador anunció a senadores de PRD, PT y Convergencia su decisión de moderar la resistencia civil pacífica, es decir, pasar de la alerta roja a la amarilla y dejar en stand by el bloqueo al Congreso de la Unión, carreteras y aeropuertos, si PAN y PRI mantienen su promesa de no dictaminar la reforma a Pemex antes de realizar un debate nacional.” Es decir, si se debate la violencia callejera se retrasará, pero no se cancelará.

El Universal (11 de abril de 2008) reportó que, “El Frente Amplio Progresista (PRD-PT y Convergencia), que fue creado por Andrés Manuel López Obrador, inició acciones para sabotear la reforma energética, al tomar las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. En paralelo, las llamadas adelitas —brigadas femeniles— comenzaron la “resistencia civil pacífica” con un cerco a la sede senatorial e instalación de toldos en las calles aledañas. La demanda central es que el debate sobre el tema sea “nacional y amplio”, con el fin de que el análisis concluya en agosto y la iniciativa se discuta en septiembre. Legisladores del FAP anunciaron que mantendrán la toma hasta que se obtenga un acuerdo de que no habrá una aprobación fast track de la reforma.”


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