corrupción

Teoría y Economía de la corrupción. Ideas para el mejor entendimiento de la corrupción, en textos de Samuel Gregg y Osvaldo H. Schenone, cortesía del Acton Institute.

I. Teoría de la corrupción

La corrupción es un pecado. Pero son pocos los intelectuales o líderes cristianos que le han prestado una atención teológica sistemática y específica. Esto resulta sorprendente, dada su difusión en zonas del mundo con una gran población cristiana.

Sin embargo, no se puede hacer la misma crítica a los economistas. El corpus de literatura económica dedicada a la corrupción es sustancial, especialmente en cuanto a la definición de sus diferencias con otras formas de actividad delictiva.

Pero antes de explorar este material, debemos examinar la corrupción desde la perspectiva de la teología del pecado.

Esta nos ayudará a entender de qué modo los efectos del pecado se pueden encarnar en ciertas prácticas sociales, sin restar importancia de ningún modo a nuestras decisiones libres, tanto para la conformación del orden social, como para nuestra salvación.

El Mysterium Iniquitatis

El Evangelio cristiano nunca ha tenido dificultades en reconocer el fenómeno del pecado. Aunque Dios creó todo y todo era bueno, el libro del Génesis recuerda al hombre el mysterium iniquitatis, la realidad del pecado y la profunda ruptura interior que produce en cada persona.

En palabras de San Juan: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros».

Aunque los cristianos creen que el hombre fue creado en estado de santidad, la Escritura afirma que abusó de su libertad desde el mismo comienzo de la historia humana. Se rebeló contra Dios y buscó alcanzar sus metas al margen de Dios.

El libro del Génesis muestra que la raíz del pecado es el orgullo. El hombre y la mujer trataron de apoderarse del saber del árbol del conocimiento del Bien y del Mal. Querían tener el poder de decidir qué era bueno y qué era malo.

No es casualidad que Satanás haya presentado a Dios como un mentiroso, envidioso de que el hombre alcanzara el conocimiento del bien y del mal.

Tentados por las insidias de Satanás y con el deseo de hacerse como Dios, el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol. No bien lo hicieron, su carne se rebeló contra su razón. En palabras de Tomás Moro, «así la muerte entró por las ventanas de nuestros ojos en la casa de nuestro corazón y se quemó el buen edificio que Dios había forjado allí dentro».

La raíz del pecado está, pues, en el corazón del hombre y en su libertad. Jesús mismo nos lo recuerda. «Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre».

El hombre, al pecar, reclama una independencia moral completa de Dios, negando su naturaleza creada y buscando transformarse en el Creador. Cuando el primer hombre pretendió determinar por sí mismo qué era bueno y qué malo, se transformó a él mismo y al mundo en un ámbito de rebelión contra Dios, más que de colaboración con el Creador.

El hombre buscó darle todo al mismo hombre, en contraposición al orden objetivo del bien establecido por Dios. Por eso, el pecado es una ofensa a la verdad y a la conciencia debidamente formada y ordenada por la razón y por la fe a la misma verdad.

Los cristianos creen que estamos luchando continuamente entre hacer el bien y el mal, debido a nuestra caída. Como escribe San Pablo: «(…) yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco».

La gente buena, que desea vivir en la verdad, reconoce en sí misma una inclinación al pecado proveniente del hecho de que no siempre podemos subordinar nuestros sentidos a la recta razón. Cristo nos aclara que debemos hacer lo necesario para dominar esta fuente de tentación, en tanto que San Pablo enfatiza la consiguiente necesidad de disciplinarnos, como lo hace un atleta en su entrenamiento.

El pecado tiene su impacto mayor en la vida interior de cada persona debido a que los pecados son realidades espirituales duraderas. Los actos pecaminosos no son elementos meramente transitorios dado que provienen de la decisión humana. Influyen en la formación de la vida e identidad de una persona. Somos culpables en cada elección pecaminosa, independientemente de que sintamos o no la culpa.

Ciertamente, permanecemos culpables, mientras no nos convirtamos realmente de corazón. Aunque los cristianos pensamos que el hombre ha sido redimido por Cristo, permanece la herida del pecado original.

Somos conscientes constantemente de la distancia entre las demandas del amor y nuestra imposibilidad de satisfacerlas.

Por ejemplo, se pide a cada persona que ame a todas las demás, algo que parece superarnos a la mayoría durante nuestra vida.

El pecado y su significación social

Los efectos del pecado no se agotan en el interior de cada persona. Hay pocas dudas de que nuestras elecciones individuales de pecar afectan nuestro ambiente social. La profunda dicotomía del hombre, capaz de conocer y obrar el bien, pero atraído por el pecado, se refleja en la turbulencia que caracteriza a la sociedad.

Esta realidad tiene profundas consecuencias para la reflexión cristiana sobre el orden social. El hecho del pecado implica que no es posible construir una utopía terrena a pesar de que Cristo nos llame a cada uno a luchar por la perfección. Heridos por el pecado, casi inevitablemente dañamos nuestras relaciones con los demás.

Los cristianos no deben ignorar esto, sino que han de integrar una conciencia de la debilidad moral humana al pensamiento acerca del orden social. La encíclica Centesimus Annus, señala este punto de un modo especialmente profundo:

«El hombre creado para la libertad lleva dentro de sí la herida del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la redención. Esta doctrina no sólo es parte integrante de la revelación cristiana, sino que tiene también un gran valor hermenéutico en cuanto ayuda a comprender la realidad humana. 

«El hombre tiende hacia el bien, pero es también capaz del mal; puede trascender su interés inmediato y, sin embargo, permanece vinculado a él. El orden social será tanto más sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no oponga el interés individual al de la sociedad en su conjunto, sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación».

No se deben entender estas palabras como una racionalización de los pecados o como una absolución de nuestra responsabilidad de combatir el pecado, tanto en la sociedad como en nosotros mismos. Más bien nos conducen a evitar el error del utopismo y a recordar cuánto depende nuestra salvación de la muerte, resurrección y misericordia de nuestro Señor Jesucristo.

Esto es especialmente cierto, como veremos, cuando se trata de pensar en el problema de la corrupción y resistir a su capacidad de hundir sociedades enteras.

Cuando las condiciones sociales están especialmente perturbadas por los efectos del pecado (como cuando la corrupción está generalizada), la gente puede hallar nuevos alicientes al pecado, algunos de los cuales no pueden superarse sin arduos esfuerzos de nuestra parte y sin la asistencia de la gracia.

Estos factores pueden limitar la responsabilidad moral, reducir la libertad, y condicionar el modo en que las personas individuales eligen el bien o el mal. Los Padres de la Iglesia siempre reconocieron que la culpabilidad de los pecados podía reducirse (pero nunca anularse) por la consideración de las circunstancias en las que nos encontramos.

De todos modos, el pecado es siempre el resultado de un acto de libertad personal. La realidad del pecado es parte integral de la verdad acerca del hombre, porque la persona humana es un agente moral libre. Por más que parezca paradójico, el reconocimiento de la realidad del pecado es la comprobación de la realidad de la libertad.

Asignar toda la responsabilidad del pecado personal a factores externos equivaldría a negar nuestra libertad como personas. Esta dignidad y libertad se manifiestan, de una forma contradictoria y desafortunada, en nuestra responsabilidad por los pecados que cometemos. Ciertamente, nada hay más intransferible y más profundamente personal que nuestro mérito por la virtud o nuestra responsabilidad por el pecado.

¿Pecado social?

Los cristianos sólo pueden hablar analógicamente de pecado social: no se puede subestimar la responsabilidad de los individuos involucrados. Al hacerlo, se reconocen dos verdades acerca de los efectos del pecado en la sociedad.

La primera es que cada pecado individual afecta a las demás personas de algún modo, debido a que el hombre es un ser social. Cada pecado, por más íntimo o secreto que sea, repercute en toda la humanidad. Los pecados afectan a los que deciden pecar y distorsionan la ecología moral y social en la que viven.

La segunda es que existen ciertos pecados que, por definición, constituyen un ataque directo al prójimo: pecados en las relaciones interpersonales, pecados contra la libertad de los demás, pecados que degradan la dignidad y el honor del prójimo, y pecados contra el bien común.

Es completamente posible que el estado de injusticia en una sociedad pueda adquirir proporciones tan amplias que casi llegue a una especie de anonimato, al punto de que sea difícil y complejo identificar las causas inmediatas y de largo plazo de la injusticia.

En efecto, estas circunstancias pueden encarnar los pecados que las forman, y animar a los que viven en esta situación a comprometerse en otros actos pecaminosos. La Unión Soviética es un ejemplo excelente de este tipo de fenómenos.

No hubo un factor único que condujera al establecimiento de un Estado de un solo partido comprometido en la construcción de una sociedad antitética a las enseñanzas del cristianismo.

Fueron muchas las decisiones que llevaron al golpe de Estado bolchevique de 1917 y al prolongado dominio del poder por parte del Partido Comunista. Las condiciones políticas y económicas catastróficas inducidas por 70 años de comunismo hicieron muy difícil la supervivencia de las personas, a menos que estuvieran dispuestas a quebrantar la ley pagando sobornos a los funcionarios del Estado o robando bienes que legalmente pertenecían a éste.

Así, vemos cómo los pecados particulares cometidos hace décadas tuvieron repercusiones reales en la ecología moral de la nación entera, al inducir a los demás a participar, quizás dubitativamente, en el mal.

Aunque el anonimato puede ser el resultado de una injusticia generalizada, deberíamos evitar una sobrestimación del grado de anonimato que representan esas situaciones. Todos esos pecados sociales, en último término, provienen de pecados personales.

Sostener otra cosa es negar la libertad humana y adscribirse a una visión determinista del hombre (por eso, no cristiana). La Cristiandad ortodoxa ha evitado siempre atribuir la responsabilidad del pecado a categorías impersonales amplias como son el sistema, las estructuras, la economía, o, aún de modo más general, la sociedad.

Una situación de pecado sólo perdurará, si se sostiene por las acciones pecaminosas de la gente: aquellos que no quieren hacer los sacrificios necesarios para superar el mal; aquellos que explotan el mal; aquellos que podrían actuar contra el mal, pero que se niegan a hacerlo por indiferencia o dejadez; aquellos que racionalizan la situación declarando que no se pueden superar los problemas.

Una teoría de la corrupción

Nuestro análisis del pecado y de sus efectos sociales indica que la clave para transformar una situación de pecado es lo que los cristianos llaman una conversión del corazón.

Sin embargo, esto no es excusa para ignorar la distorsión producida por el pecado en la ecología moral e institucional. Por el contrario, refuerza la obligación de rectificar las instituciones y las condiciones de vida cuando incitan al pecado de modo que se conformen con las normas de la justicia y promuevan el bien.

Una vez que reconocemos nuestro pecado y los efectos de éste en el seno de la sociedad, deberíamos actuar para corregir las faltas que hemos cometido.

El pecado no es solo una «equivocación» que se corrige únicamente pidiendo disculpas. Es una realidad con efectos persistentes que deben enfrentarse aún después de que el pecado ha sido perdonado. Como observa el teólogo moral Germain Grisez:

«Aún después de que se olvida el pecado, es necesario reparar sus consecuencias. No hablamos aquí de una reparación tangible del daño concreto (pérdida monetaria, destrucción de la propiedad, etc.), que uno también debería tratar de hacerla en tanto sea posible, sino del daño existencial —la división de uno mismo, el quiebre en las relaciones con los demás, el alejamiento de Dios».

Lo que ya hemos dicho acerca del pecado ha de habernos sugerido algunas intuiciones acerca de la naturaleza y el origen de la corrupción. Sabemos algo, por ejemplo, acerca de la corrupción como categoría moral.

También tenemos alguna indicación acerca de dónde reside la responsabilidad fundamental de la irrupción de la corrupción, acerca del modo en que persiste y, afortunadamente, acerca de cómo podría minimizarse en las sociedades dispuestas a reconocer que nuestra tendencia a pecar está inscripta en nuestra misma humanidad.

Sin embargo, hay muchos elementos de la corrupción que no los aclara nuestra teología del pecado. No nos explica completamente en qué se diferencia de otras manifestaciones del pecado como, por ejemplo, el asesinato y el robo. Es, en este punto, donde las ciencias sociales pueden ayudar a clarificar el pensamiento.

Una disciplina como la economía nos puede ayudar a captar más precisamente el carácter de la corrupción y nos puede mostrar cómo afrontarla. Nos brinda muchas de las herramientas conceptuales que no se encuentran en el análisis teológico, y que nos ayudan a entender cómo se produce la corrupción.

En términos legales y económicos, la corrupción puede definirse como la realización de transacciones ilegales voluntarias entre un agente y su cliente con un efecto negativo para el «principal» a quien el agente estaba obligado legalmente a servir.

Mediante la violación de esta obligación el agente corrupto ejercita el poder recibido de su «principal» de un modo completamente distinto de su compromiso legal con este último. De esta manera, el agente corrupto dispone de la riqueza o poder del “principal” en su propio beneficio.

Sin infidelidad al «principal», el pecado no puede ser calificado como delito de corrupción. Un robo a mano armada no es corrupción. Hay un culpable y una víctima, pero falta el tercero traicionado. Este delito, por tanto, no es corrupción.

Otro aspecto de la corrupción, que la teología no muestra de forma directa, es hasta qué punto se la puede considerar asociada a un sector público expansivo. Los economistas son virtualmente unánimes al considerar que, aunque la corrupción puede surgir en cualquier circunstancia, su suelo más fértil es el sector público.

Las corporaciones privadas, por ejemplo, no pueden crear barreras tarifarias o recolectar impuestos aduaneros. A pesar de que pueden presionar a los políticos en tales sentidos, sólo el Estado tiene la potestad legal de crear esas oportunidades para un enconamiento de la corrupción.

Dicho en otras palabras, el Estado facilita algunas de las condiciones para la corrupción, legislando que se deben hacer ciertas cosas de ciertos modos o que se deben pagar varias cargas o que se deben obtener determinados permisos.

Algunos tratarán de eludir estas barreras pagando un soborno, pero, si esas obligaciones y permisos no hubieran existido, los incentivos para la corrupción hubieran disminuido significativamente.

No es pura coincidencia que los regímenes más corruptos hayan sido sociedades altamente estatistas como los estados comunistas y fascistas.

Lo que es especialmente insidioso acerca de la corrupción en el sector público es que, como observa el economista de la escuela de la elección pública Gordon Tullock, a menudo proviene de que el Estado «interviene no por la razón ostensible [es decir, el bien común], sino debido a una secreta razón de beneficio privado —es decir, se simula que se está favoreciendo el interés público, pero de hecho se está favoreciendo la billetera propia—».

En sus reflexiones acerca de la corrupción y el sector público, los economistas Andrei Shleifer y Robert W. Vishny definen la corrupción gubernamental como «la venta de la propiedad del Gobierno por parte de sus funcionarios en beneficio propio».

La adecuación de esta definición puede ilustrarse mediante el caso del robo y la subsiguiente venta de una computadora del Gobierno por parte de un funcionario público. Existe aquí una transacción voluntaria entre el funcionario deshonesto y el comprador de la computadora, la consiguiente traición al Gobierno y, en definitiva, al contribuyente.

Los ejemplos ofrecidos por Shleifer y Vishny dejan en claro que su definición es aplicable a una amplia gama de casos de corrupción. Hacen notar, por ejemplo, que «los funcionarios públicos a menudo cobran sobornos para conceder permisos y licencias, para dejar pasar por la aduana o para prohibir el ingreso de competidores».

Los permisos y licencias juegan el rol de la computadora del ejemplo anterior. Pero lo que hace que esos objetos de corrupción sean más interesantes es que posibilitan que los funcionarios actúen como agentes privados realizando una actividad económica que, de otro modo, les hubiera quedado vedada.

Las licencias y los permisos (incluidos pasaportes y visas) son necesarios para cumplir restricciones impuestas legalmente a la actividad económica privada. En determinados casos, el fin principal de algunos permisos y regulaciones pareciera ser la concesión a los funcionarios corruptos del poder de negarlos y consecuentemente cobrar sobornos para concederlos.

En tales casos, el Gobierno no es el «principal» traicionado. Se transforma, más bien, en un aliado de los funcionarios corruptos uniéndose a ellos para traicionar al contribuyente—que es el «principal» en este caso—.

La corrupción puede, ciertamente, surgir también en el sector privado. Es completamente posible que dos agentes de una compañía privada defrauden a un «principal» confiado (es decir, a los accionistas).

Pero las empresas privadas tienen un incentivo —la amenaza de reducción de los beneficios— para esforzarse especialmente por evitar que los empleados deshonestos hagan acuerdos con clientes o proveedores, que los beneficien personalmente, contra los intereses de la empresa.

Un empleado puede aprovecharse de un procedimiento defectuoso en su propio beneficio, pero una empresa privada tiene fuertes incentivos para prohibir y evitar estos comportamientos.

En las burocracias estatales y las empresas públicas encontramos incentivos para la tolerancia de la corrupción. Al carecer del móvil económico, los funcionarios públicos no tienen incentivos directos para reducir la corrupción, salvo su propia moralidad y su interés por la integridad ética de la organización.

Puede argumentarse que una intervención estatal excesiva fomenta una mayor corrupción. Como observa Vito Tanzi:

«Si el Gobierno controla los mercados financieros, el comercio exterior, el acceso al cambio externo y a muchos productos provistos a precios subsidiados (como servicios telefónicos, sanitarios, eléctricos, el crédito y los bienes importados), los sobornos tomarán el lugar que no pueden tomar los precios en la asignación de bienes y recursos escasos».

A los funcionarios públicos no les cuesta nada imponer restricciones inútiles y dañinas a las actividades económicas privadas. Esto genera en las contrapartes privadas incentivos perversos para ofrecer sobornos de modo de sortear esas restricciones.

Algunos economistas han observado que incluso aquellas regulaciones y controles que no han sido impuestos deliberadamente para crear oportunidades de corrupción suelen refinarse de modo que facilitan el surgimiento de ésta.

Nuestro breve análisis económico de la naturaleza y las causas de la corrupción muestra cómo los acuerdos sociales, políticos y económicos pueden dar lugar a situaciones que los cristianos llaman «ocasiones de pecado»; pero esto no significa que los actos de corrupción no sean, en último término, el resultado de una decisión individual.

El hombre siempre es libre de elegir, aunque siempre, como hemos observado, está inclinado al pecado. Por esto, no tiene sentido generar incentivos que debiliten su resistencia a emprender comportamientos corruptos.

Como hemos mostrado, los incentivos para combatir la corrupción en una burocracia estatal son mucho menores que en el sector privado, donde la corrupción actúa en detrimento de los beneficios y es, por eso, más comúnmente evitada.

Aunque hemos arribado a una comprensión de la corrupción, sabemos poco acerca de sus efectos, tanto desde el punto de vista teológico como económico. Para identificar aquellos principios que puedan facilitar su minimización debemos entender, primero, cómo impacta a una sociedad tanto desde el punto de vista de la justicia como de la eficiencia económica.

Los salarios del pecado

Los cristianos siempre han tratado de evitar dos tentaciones en cuanto a la vida pública. La primera es creer que la Fe es irrelevante en ese ámbito y en los modos de interacción personal.

La segunda es permitir que la Iglesia se transforme gradualmente en una especie de fuerza primariamente ideológica preocupada casi exclusivamente en el aquí y ahora.

Gran parte de esta discusión gira alrededor de la idea de justicia que resuena en la Escritura y en los escritos y vidas de los Padres de la Iglesia y de los santos.

Los textos son claros en cuanto a que la búsqueda de la justicia no conlleva el intento de construir una utopía terrenal, y también en cuanto a la obligación cristiana de actuar siempre con justicia.

En siglos de pensamiento cristiano, se han distinguido diferentes especies de justicia. Estas distinciones nos ayudan a diferenciar un acto justo de uno injusto y a identificar la forma precisa asumida por formas diferentes de acciones injustas.

Por eso, una comprensión clara de las diversas especies de justicia nos permitirá alcanzar intuiciones más concretas acerca de la dimensión moral de la corrupción.

La corrupción como injusticia

No debería dudarse que un acto corrupto, en tanto es pecado, tiene profundas consecuencias morales para la persona que lo comete libremente.

Cualquier pecado contribuye a la desintegración moral de la persona, puesto que la aleja de una vida conforme a su propia dignidad personal. El pecado como tal no sólo separa de Dios, sino que también aborta la realización del debido destino personal.

Aunque este efecto interior del pecado constituye el impacto más significativo para la persona que comete un acto corrupto, los cristianos no pueden ignorar el efecto externo de sus acciones —sean éstas buenas o malas—.

El Evangelio proclama la necesidad de vivir y actuar justamente en nuestra relación con el prójimo y de rectificar cualquier acción injusta. En este sentido, el patrón de justicia es la expresión de la igualdad esencial de la dignidad de toda persona humana y abarca lo que los cristianos llaman la regla de oro: «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque esta es la Ley y los Profetas».

Los cristianos no deben entender la justicia sólo en términos de corrección procesal o de Estado de Derecho. Por más que éstos sean importantes, los cristianos entienden a la justicia, primera y fundamentalmente, como una virtud moral.

Tomás de Aquino escribió que la justicia supone «la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho». La conciencia de que la justicia es finalmente una virtud, resalta la importancia de actuar justamente con los demás, cuando tomamos decisiones.

Una reflexión ulterior acerca de nuestra naturaleza social demuestra que la justicia puede tomar dos formas, cada una de las cuales refleja un aspecto distinto de la relación con los otros.

Una se refiere a los actos de justicia en relación con los otros en general, en tanto que una persona que sirve a una comunidad, sirve a todos los hombres que la componen. Es denominada justicia general o legal.

La otra se refiere a los actos justos en «sus relaciones con los individuos». Ésta es llamada justicia particular.

Según Tomás de Aquino, la justicia general puede llamarse también legal, porque la ley natural y divina busca orientar las acciones humanas hacia el bien común. «Tiene al bien común como objeto propio». También se ocupa de lo que el ciudadano debe en justicia a la comunidad. Obliga al individuo que vive en una comunidad a actuar como una persona responsable.

Además de orientar nuestros propios actos al bien común mediante la justicia, también hacemos elecciones orientadas al bien de otros individuos. La justicia particular se ordena a una persona privada. Dicha justicia se puede subdividir en dos categorías: justicia conmutativa y justicia distributiva.

La justicia conmutativa se ocupa de la equidad en las interacciones libres entre dos partes relativamente iguales en cuanto a estándar como la igualdad en el intercambio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Regula los intercambios entre personas de acuerdo a un respeto estricto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente. Requiere la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones acordadas libremente.

La justicia distributiva consiste en la equidad en las relaciones entre las comunidades y sus miembros. Regula lo que la comunidad debe a sus ciudadanos en proporción con sus contribuciones, considerando sus necesidades.

No hay un criterio único para resolver las cuestiones distributivas. Supone la valoración del rol y las responsabilidades de los diversos individuos, de sus diferentes necesidades, y del grado en el que han previsto y aceptado riesgos evitables (como la voluntad de invertir el dinero en una empresa nueva aún no probada), en tanto que otros no lo han hecho.

Desde este punto de vista vemos que la corrupción viola muchas categorías de justicia. Supone, por ejemplo, la decisión de actuar contra la virtud de la justicia. La corrupción también abarca una infracción clara a la justicia conmutativa en tanto que un acto corrupto supone la transgresión deliberada de obligaciones asumidas libremente por un agente en relación con el “principal”.

En el caso de los funcionarios públicos corruptos, un acto de corrupción también supone violaciones a la justicia legal, porque el acto corrupto del funcionario afecta directamente la capacidad del Estado para asistir a los ciudadanos en la realización del bien común.

A la luz de los muchos modos en que la corrupción infringe diferentes especies de justicia, llama la atención que sean tan pocos los expertos cristianos que se refieran a la corrupción en este sentido. Desde la perspectiva de una comprensión auténticamente cristiana de la justicia, podemos percibir cómo los efectos de la corrupción pueden ser tan dañinos para una sociedad.

La corrupción no sólo socava los vínculos básicos de confianza entre los individuos, sino que también destruye esos vínculos entre los individuos, la comunidad política y aquellos investidos de autoridad legal por la misma comunidad política. Sustrae los mecanismos legales, como los contratos, del poder de la autoridad legal.

Es curioso que los que han captado la atención de los economistas hayan sido los efectos de esta violación de la confianza. Ciertamente, los economistas no hablan de la justicia en ninguno de los sentidos descritos más arriba. Como escribe uno de ellos:

«Puesto que se suele tomar la corrupción como sinónimo de mal, su mera existencia suele ser causa de preocupación. Sin embargo, un economista sólo llega a esta conclusión después de comprender el impacto de la corrupción sobre la eficiencia y la equidad del sistema económico. Si su impacto es benigno, el economista argumentará a favor de la reforma legal puesto que llamar ilegal a una práctica que, de hecho, es funcional, supone costos psicológicos y financieros”.

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II. Economía de la Corrupción

Los economistas definen la eficiencia como el máximo nivel de logro de un cierto objetivo mediante la utilización de una cantidad dada de recursos o, inversamente, como el logro de un nivel determinado de un cierto objetivo con el mínimo uso de recursos.

Se dice que la producción es eficiente cuando un nivel dado de recursos rinde una cantidad máxima de productos o, inversamente, cuando una cantidad dada de productos se obtiene con el uso mínimo de recursos.

Por ejemplo, un obsequio de dinero en efectivo es más eficiente desde un punto de vista económico que regalos en especie por el mismo valor.

La razón es que cualquiera sea la satisfacción que uno puede brindar entregando un libro de cien dólares, siempre podrá ser superada o igualada, si se entregara un billete de cien dólares, simplemente porque el receptor podrá escoger entre comprar el libro o cualquier otra cosa que prefiera.

La economía no nos dice si se debería comprar el libro, puesto que no se ocupa habitualmente de cuestiones morales. El análisis económico determina si un curso de acción es más o menos eficiente que otro, y también puede identificar y cuantificar las consecuencias equitativas de cada uno.

El análisis económico puede valorar, por ejemplo, que un proyecto de irrigación en una zona rural sea menos eficiente que la provisión de agua potable y alcantarillas en un área urbana. También puede determinar quién se beneficia y cuánto con cada proyecto.

Puede estimar, por ejemplo, cómo el proyecto de irrigación, a pesar de tener beneficios relativamente bajos, incrementará el ingreso de los campesinos pobres un 10%, en tanto que el proyecto de agua potable y alcantarillas beneficiará a la clase media urbana en un 5% de sus ingresos.

El análisis económico, sin embargo, no posee las herramientas técnicas para determinar cuáles son las consecuencias preferibles sobre la equidad. No puede contestar la siguiente pregunta: “¿Qué es preferible, aumentar 10% los ingresos de los campesinos pobres o 5% los de la clase media?”

No obstante, quien deba resolver esa difícil pregunta le resultará útil conocer esos porcentajes. Su respuesta, probablemente, sería diferente si el efecto sobre los campesinos fuera de 1% en vez de 10% o si el efecto sobre la clase media urbana fuera de 15% en vez de 5%.

De esta manera, la economía nos puede decir algo acerca de la ineficiencia económica fruto de la corrupción. La evidencia sugiere que las transacciones voluntarias favorecen la eficiencia, pero no aquellas que son ilegales.

Transacción voluntaria

Consideremos a Robinson Crusoe y Viernes en su isla. Cada uno tiene una dotación dada de comida y vestimenta. Robinson posee más comida y una preferencia mayor por ropa que su vecino, quien, a su vez, es el poseedor de la mayor parte de la ropa y tiene una alta preferencia por la comida.

Si estuvieran condenados a consumir sus propias dotaciones, ambos serían muy infelices. Las transacciones voluntarias entre los dos conducirán a un Viernes mejor alimentado y a un Robinson mejor vestido con la misma cantidad total de comida y vestimenta.

Las transacciones voluntarias conducen a una asignación de los bienes de la isla más eficiente que la dotación original.

La corrupción, sin duda, supone una transacción voluntaria. Para el economista esto genera la creencia inicial de que la corrupción promueve una asignación de bienes más eficiente.

Imaginemos a un funcionario público repartiendo un beneficio escaso, como un número limitado de permisos para operar un servicio, entre varios individuos usando criterios distintos de la voluntad de pago, tal como que el primero que llega obtiene el permiso.

Por ejemplo, hasta hace unos 20 años en Argentina y Chile, la ubicación de las farmacias en las ciudades estaba regulada del siguiente modo: se concedían permisos para que hubiera una distancia mínima entre una farmacia y otra. De esta forma, se aseguraba a quienes recibían el permiso que no tuvieran competencia en el vecindario inmediato.

Este procedimiento se siguió independientemente de la competencia (o ausencia de ésta) de los farmacéuticos en comparación con aquellos que no obtenían el permiso. En este contexto, el permiso lo recibía el primero de la cola, aunque no fuera la persona adecuada para llevar adelante el negocio al menor costo posible.

Sin embargo, mediante un acto corrupto, cualquiera que pudiera operar a menor costo y estuviera más atrás en la cola podía pagar un soborno equivalente al costo diferencial de adquirir el permiso. Si hubiera otro individuo en la cola que pudiera operar a un costo aún menor, podría ofrecer un soborno mayor.

Entonces, mediante un acto de corrupción se puede asignar el permiso al operador de menor costo, porque podrá pagar el soborno mayor, no por estar primero en la cola.

A la luz de este análisis, alguno se podría preguntar, ¿qué hay de malo en pagar por lo que uno quiere? ¿No es ésta la base del sistema de libre mercado? ¿No sostendría un economista partidario de la libertad de mercado que la corrupción transforma la regla «el primero que llega es el primero en ser servido» en una licitación, y la repartición ineficiente del permiso en eficiente?

Los sobornos ofrecidos por los candidatos que compiten (por ejemplo, para obtener el permiso para abrir una farmacia) hacen el papel de las ofertas en una subasta abierta.

Entonces estos sobornos cambian el mecanismo de asignación de permisos de una regla; «el primero que llega es el primero en ser servido», por otra que los asigna de acuerdo con la capacidad de los candidatos para llevar adelante el negocio.

Transacciones ilegales

Sin embargo, el análisis económico no termina aquí. Se debe introducir la ilegalidad de la transacción. Un funcionario puede querer evitar tratar con individuos que no conoce por temor a la exposición. Como señala Susan Rose-Ackerman, «solo accederán a la licitación los que tienen una relación de confianza estrecha con los funcionarios públicos y políticos». La ilegalidad de la transacción aconseja su secreto.

Pero el secreto de la transacción comporta costos de tiempo y dinero inevitables. Incluso, el secreto puede impedir que el mejor operador potencial (el farmacéutico con mejor calidad de productos y precios más convenientes) se entere de la posibilidad de ofrecer sobornos al funcionario que asigna los permisos.

Por eso, la presunción inicial de que la corrupción promueve una asignación eficiente de los bienes puede quedar totalmente frustrada.

Más aún, será muy difícil asegurar el acuerdo entre el que ofrece el soborno y el que lo recibe, puesto que es ilegal y secreto. Se agrega la alta probabilidad de que aparezcan más funcionarios pidiendo otras comisiones. Si se rehúsa a pagar los subsiguientes, los pagos previos serán inútiles. Esto solo contribuye a una mayor ineficiencia económica.

La figura del intermediario ha constituido un medio habitual para sortear este problema sin enfrentar a fondo la cuestión de la corrupción. Este fenómeno, muy difundido en China, supone que el intermediario recibe una comisión por reunir a los diversos estratos de funcionarios para ofrecerles un soborno más o menos simultáneamente.

Pero la efectividad del intermediario en la limitación del número de pagos a funcionarios corruptos es socavada por la naturaleza secreta de la corrupción.

Esto reduce la capacidad del intermediario para hacer respetar el acuerdo implícito de los individuos que representa. Sin duda, el pago a intermediarios sólo incrementa los costos de llevar adelante la actividad económica y corroe aún más la eficiencia económica.

El costo de los sobornos no captura todos los costos económicos de la corrupción para la sociedad. Los sobornos se cobran, por ejemplo, en algunas transacciones comerciales o por permisos vendidos; pero esto no abarca todos los negocios fracasados debido a las restricciones innecesarias impuestas por los funcionarios corruptos y las actividades abortadas por permisos no concedidos.

La ausencia de estas actividades potenciales supone pérdidas significativas, más allá de las cantidades de dinero que intercambiaron manos corruptas.

El espectro de la desconfianza

La difusión de la desconfianza debido a la corrupción genera ineficiencia económica de modos menos obvios. El propietario de un negocio (el «principal») que sospecha una actividad corrupta entre sus empleados (los agentes) tenderá a adoptar medidas precautorias caras y quizás excesivas, gastando recursos que podría haber utilizado fructíferamente de otro modo.

En muchos casos, no es la infidelidad del agente la que determina per se esas medidas costosas, sino el temor del «principal». Es decir, el temor del «principal» a la hipotética infidelidad de su agente constituye un incentivo a asumir costos que hubieran sido innecesarios.

Un ejemplo de este problema es el requerimiento habitual de recibir ofertas de varios proveedores antes de autorizar cualquier compra.

Este procedimiento es bueno, en principio, pues desalienta cualquier dependencia de un solo proveedor y alienta la competencia; pero si se aplica de modo excesivo para prevenir posibles acuerdos corruptos entre los empleados y un proveedor determinado, la adhesión al principio, se hace desproporcionadamente costosa, puesto que retrasa el proceso de producción innecesariamente.

La desconfianza asociada a la corrupción también dificulta que los agentes asuman riesgos honestamente. En un ambiente de desconfianza, el «principal» puede mal interpretar la decisión de un agente de tomar un riesgo prudente como si fuera una falta de lealtad con él o un intento de cometer un acto corrupto.

El directivo inferior que, por ejemplo, quiere atraer clientes nuevos puede ser visto por su superior como tratando de disminuirlo. Temeroso de las consecuencias potencialmente negativas para su carrera, el agente puede decidir permanecer indebidamente pasivo. Esto sólo puede acarrear efectos dañinos en la capacidad de crear riqueza de la organización.

Sin embargo, éstos no son los únicos efectos negativos de la desconfianza asociada con la corrupción sobre la creación de riqueza. Paolo Mauro, en un estudio internacional sobre corrupción, se basa en el siguiente conjunto de datos: los índices de corrupción de Business International, exigencias burocráticas injustificadas (red tape), y la eficiencia del sistema judicial para el período 1980–1983.

Mauro concluye que la corrupción tuvo un efecto negativo sobre la inversión privada y, por tanto, en el crecimiento económico. «Por ejemplo, si Bangladesh elevara la integridad y eficiencia de su burocracia al nivel de Uruguay … su tasa de inversión aumentaría casi un cinco por ciento, y la tasa de crecimiento anual de su Producto Bruto Interno aumentaría más de medio punto porcentual».

Estas conclusiones y sus tesis subyacentes son apoyadas por otro estudio importante del problema. Shan-Jin Wei señala que la corrupción carece de transparencia, es imprevisible, y tiene pocas probabilidades de asegurar el cumplimiento del acuerdo (por supuesto, ilegal) entre el que paga y el que cobra el soborno.

La investigación de Wei cuantifica los efectos de la corrupción en la inversión externa usando las respuestas de 2,381 encuestados por el Global Competitiveness Report de 1997; incluye datos de inversión externa de catorce países inversores, y cuarenta y cinco países receptores de fondos.

Los resultados muestran que «la corrupción en un país receptor tiene un efecto negativo estadísticamente significativo y cuantioso sobre las inversiones extranjeras directas de todos los países inversores. Un crecimiento del nivel de corrupción de Singapur al de México es equivalente a un aumento de la tasa impositiva sobre las multinacionales de más de veinte puntos porcentuales».

Wei piensa que el grado de incertidumbre inducido por la corrupción varía de acuerdo con el modo en que están organizados los funcionarios que piden comisiones. Un funcionario en una posición monopolista (por ejemplo, que tiene un poder exclusivo de conceder favores) podría diseñar un esquema de sobornos razonablemente transparente con una seguridad aceptable en los resultados.

Estaría claro a quién y cuánto habría que pagar y qué se debería esperar una vez efectuado el pago. Entonces, el así llamado cliente adquiere una cierta forma de propiedad del favor gubernamental que compró. En tales casos, el pago de sobornos funcionaría como un impuesto, con la salvedad de que el ingreso no es para el Tesoro, sino para el bolsillo del funcionario.

Pero como hace notar Wei, muy raramente el funcionario está en una posición monopolista. En los casos de corrupción, aparecen muchos funcionarios en momentos diferentes a pedir sobornos independientes que se deben pagar para conseguir el resultado deseado.

Sin embargo, el pago del soborno a cada uno de ellos no asegura el resultado. Más aún, el mero conocimiento del hecho de tener que pagar sobornos para invertir en un país, seguramente disuadirá a algunos de invertir en él.

Patrocinio perverso

El patrocinio perverso es una nueva forma de corrupción particularmente dañina y relativamente nueva que afecta negativamente el crecimiento económico. Se da especialmente en los países de América Central y del Sur.

Consiste en que un individuo, compañía, o fundación pague el salario de un funcionario público totalmente o en parte. Altos ejecutivos de compañías importantes o investigadores de think tanks financiados por compañías específicas o bancos, asumen como ministros de Economía o presidentes de Bancos Centrales en muchos países y continúan recibiendo, durante el mandato, los sueldos de sus empleadores previos.

El patrocinio perverso es bien distinto del caso más común de robo en que el funcionario está raramente presente en su puesto y, en cambio, conserva un trabajo pago en el sector privado. Esto es pura y simplemente robo, no corrupción.

El patrocinio perverso consiste en que una persona que trabaja para el gobierno recibe su ingreso principalmente del sector privado en el que no trabaja. Todo lo que sucede, aparentemente, es que una persona privada, movida por generosidad, dona al gobierno el salario del funcionario.

Se trataría ciertamente de una donación, si el beneficiario —la persona cuyo salario es pagado por el donante privado— no pensara que tiene obligación alguna hacia el donante que pudiera perjudicar el cumplimiento leal de sus deberes hacia el Estado.

No es necesario que esas obligaciones sean explícitas. Pueden no haber sido sugeridas por el donante. Inclusive, podrían no ser parte de las intenciones del donante, puesto que el beneficiario no necesita ni una insinuación para darse cuenta de que el financiamiento de su cargo depende finalmente de la prosperidad de su fuente de ingreso —el donante—.

Por ejemplo, si el donante es una compañía minera, el beneficiario puede sentirse tentado a usar de su cargo para influir en el monto de los impuestos que la compañía debe pagar al Estado o para influir en las regulaciones ambientales a las que está sujeta la compañía.

La única condición que prevendría al beneficiario de tomar decisiones corruptas a favor de los intereses del donante sería el anonimato de éste último. El beneficiario no debería saber ni a qué sector de la economía pertenece el donante.

Si no se guarda el anonimato, surge un conflicto de intereses inevitable en el beneficiario: se enfrenta a la alternativa de cumplir sus obligaciones con el gobierno o buscar su interés personal, firmemente ligado a la prosperidad del donante. Entonces, este tipo de mecenazgo se transforma en una variedad sutil de corrupción.

El patrocinio perverso es muy dañino para la eficiencia económica. Buena parte del beneficio que obtiene el donante procede de las políticas y procesos (como permisos exclusivos, subsidios, préstamos preferenciales, exenciones impositivas) gestionados por el beneficiario.

Así, estos beneficios del donante resultan artificiales, pues no proceden de sus productos y servicios, sino del privilegio provisto por el beneficiario. Aunque estas políticas se dirijan sólo a favorecer al donante, inevitablemente sus efectos van más allá. Sus actividades artificialmente lucrativas restarán recursos a las empresas genuinamente productivas.

En efecto, los competidores eficientes del donante pueden verse afectados negativamente por las decisiones políticas implementadas o recomendadas por el beneficiario para proteger los intereses del donante.

Por ejemplo, un impuesto a las exportaciones de cuero crudo, establecido para garantizar una oferta abundante de materia prima a los fabricantes de ropa de cuero, tiene efectos negativos en los exportadores eficientes de cuero crudo, en las compañías de transporte y en los operadores portuarios. Ninguno de estos efectos negativos fueron buscados ni por el donante ni por el beneficiario.

Estos competidores proveen bienes y servicios que, a causa del patrocinio perverso, enfrentan una competencia desleal. Los inversores, los trabajadores y los proveedores de materia prima pueden llegar a abandonar sus actividades con esos competidores simplemente porque estos últimos carecen de un beneficiario que trabaje para ellos.

Estos competidores reducirán la escala de sus operaciones o pueden, incluso, desaparecer, a pesar de ser genuinamente productivos, honestos, eficientes y competitivos.

Estas reducciones o, incluso, la desaparición completa de actividades eficientes y competitivas suponen un costo económico para la sociedad (no buscados ni por el donante ni el beneficiario) y extienden los efectos de los beneficios artificiales más allá del donante o el beneficiario del patrocinio perverso. La destrucción de riqueza es mayor que el beneficio obtenido por las partes.

Corrupción y eficiencia de mercado

De este modo, el impacto económico negativo procedente de la corrupción es amplio y profundo. Adquiere una variedad de formas complejas. Por esta razón es útil recordar los efectos económicos esenciales de la corrupción.

• Efectos económicos de la corrupción: elemento voluntario

Una transacción voluntaria ilegal entre un funcionario corrupto y su cliente

 Sobre la eficiencia: el efecto neto es ambiguo: las transacciones voluntarias aumentan la eficiencia, pero su ilegalidad va en detrimento de esta

– Sobre la equidad: se transfiere riqueza del gobierno y/o el cliente al funcionario corrupto.

• Efectos económicos de la corrupción: Elemento desleal

 Traición del funcionario corrupto a su superior o a su sponsor.

– Sobre la eficiencia: disminuye la eficiencia, puesto que se adoptan medidas precautorias costosas. Además, la desconfianza generalizada desalienta la toma de decisiones y la disponibilidad para asumir riesgos.

– Sobre la equidad: se transfiere riqueza del gobierno y/o el cliente al funcionario corrupto.

En algunos casos, debido a los procesos gubernamentales innecesarios y burocráticos, la corrupción puede ser económicamente eficiente y, por eso, difícil de erradicar debido a que no todos los actos corruptos poseen los dos elementos indicados. En algunos casos, el elemento voluntario puede producir un resultado más eficiente.

Supongamos que la obtención de un permiso llevara varios años. Esto sucedía en Perú en los 80 y ha sido documentado por Hernando de Soto en su libro El Otro Sendero. En este caso, la cantidad de permisos demandados superará a los ofrecidos, simplemente por la ineficiencia o negligencia burocrática debidos a la carencia de supervisión o de conciencia moral.

En consecuencia, los precios de los permisos no son precios de equilibrio de mercado. En la jerga económica se denomina precio de equilibrio de mercado a aquel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada de un bien o servicio. Entonces, un soborno resulta un incentivo a la eficiencia en la gestión del permiso por parte del funcionario público negligente o inmoral.

De este modo, el soborno se añade al precio legal del permiso, de modo que quizás la cantidad de permisos ofrecidos equivalgan o se acerquen a la cantidad demandada.

La intervención del gobierno en el mercado suele entorpecer su funcionamiento por la imposición de precios arbitrarios que, como en el caso mencionado, conducen a una oferta de bienes que no alcanza a abastecer la demanda, porque su precio es demasiado bajo o porque su producción o procesamiento no son eficientes.

Una empresa privada que enfrentara precios sin interferencias estatales no tendría este problema, puesto que si no alcanza a cubrir la demanda de un bien o servicio, siempre habrá algún competidor que pueda ofrecerlo mejor, más rápido y a un precio menor.

Pero este no es el único efecto negativo de la intervención estatal entre los que alimentan la corrupción. Otro efecto es el inverso del primero.

Supongamos que un gobierno para beneficiar a los productores de lana impone un precio mínimo a la lana y que este precio es mayor al de equilibrio de mercado. Los productores de lana tienen entonces el incentivo de ofrecer la mayor cantidad posible, pero esta oferta es mayor a la demanda.

Supongamos que los productores de lana ofrecen 1,000 toneladas de lana por año, en tanto que las fábricas textiles (sus compradores) desean y pueden demandar sólo 700 toneladas al precio impuesto por el gobierno. Éste tendría que comprar las 300 toneladas de lana producida restantes para sostener su precio.

Supongamos ahora que las textiles pagan un soborno a los funcionarios que conduce a un arreglo informal e ilegal por el que disminuye el precio sostén de modo que las textiles ahora pueden comprar toda la oferta de lana. En este caso, el soborno permite que el precio llegue a su nivel de equilibrio, puesto que se igualan las cantidades de lana ofrecidas y demandadas.

Otro efecto de este soborno es que se elimina el desperdicio anual de 300 toneladas de lana que permanecerían sin uso en los depósitos estatales.

En otros casos, el pago del soborno no constituye primariamente una herramienta eficiente para equilibrar el mercado. Podemos encontrar este tipo de ejemplos siempre que alguien trate de obtener un retorno cuando compra suministros o de recibir un soborno por encubrir una evasión impositiva. Ninguna transacción facilita la asignación de un bien o servicio que se ha vuelto escaso artificialmente, fruto de la acción de un funcionario público.

Por todo lo anterior debemos reconocer que los sobornos serían menos probables si los gobiernos dejaran libres los precios de los intercambios, aunque siempre podría haber razones morales para que la intervención estatal declare ilegales ciertos mercados como la prostitución de niños.

En todos los mercados legales, el mecanismo de precios cumplirá su función de comunicar la información acerca de la oferta y la demanda a las esferas relevantes de productores y compradores.

Cuanto menor sea la incidencia de la intervención estatal en los mercados, menores serán los incentivos para llevar a cabo actividades corruptas. Debe quedar claro que el costo de la corrupción en términos de destrucción de la eficiencia económica no es el mismo para todos los tipos de corrupción.

La magnitud de este costo depende de las siguientes características del acto de corrupción:

  1. El soborno, ¿es primariamente un instrumento para alcanzar el equilibrio de mercado? En la medida que lo sea, fomenta las transacciones voluntarias, mejorando así la eficiencia de la economía.
  2. ¿Cuál es el nivel de secreto que se considera necesario por parte de todos los participantes? Cuanto menor sea éste, menores serán las restricciones para llevar a cabo las transacciones voluntarias. De modo tal que, si se necesita un soborno para conseguir un permiso, lo mejor es que lo sepan todos.
  3. ¿Cuál es el nivel de desconfianza del “principal” acerca de la fidelidad de los agentes? Cuanto menor sea el nivel de desconfianza, menores serán los costos precautorios para prevenir el comportamiento infiel, y menor también el costo del agente para ocultar su comportamiento ilegal.

Ninguna de estas tres preguntas supone considerar a un acto de corrupción como moralmente bueno. La maldad esencial de la acción permanece: la traición de un agente a sus obligaciones legítimas respecto a un «principal» está mal.

Más bien, las respuestas a estas tres preguntas señalan que la corrupción será menos costosa en términos de eficiencia económica, primero, si un acto corrupto funciona primariamente como un instrumento de equilibrio de mercado; segundo, si el nivel de secreto es bajo, y tercero, si la preocupación del «principal» respecto a las posibles infidelidades de sus agentes también es baja.

Sin lugar a dudas, estas condiciones hacen más difícil convencer a la gente de que la corrupción sigue siendo un problema moral y de que impacta negativamente en la calidad de la justicia prevaleciente en una sociedad.

Si los sobornos, la traición y el fraude permiten que una economía funcione (aunque torpemente), la gente estará menos inclinada a reconocer y repudiar el mal que están haciendo. La cultura de la corrupción se transforma efectivamente en algo cómodo y se hace difícil derrocarla.

En un nivel aún más profundo, una sociedad que comienza a perder la conciencia de que ciertas acciones son siempre moralmente incorrectas es una sociedad que, podría afirmarse, se ha encaminado por una senda anti-humana contraria a la civilización. Esto afianza la necesidad de que todos los miembros de la sociedad luchen contra la corrupción, especialmente en los campos moral y cultural.

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III. Corrupción y Ayuda

Corrupción, finanzas y naciones en desarrollo: una solución de banca privada

Desde su creación en julio de 1944, el Banco Mundial (BM) ha derramado miles de millones de dólares en préstamos y ayuda para las economías de los países en desarrollo. Solamente en 2005, los préstamos del BM totalizaron aproximadamente 25 mil millones.

Dado el tamaño de esas cifras, no son sorpresa las crecientes preguntas acerca de los resultados de estas transferencias de riqueza. [véase el boletín de prensa reciente del BM]

Incluso los defensores más ardientes del BM conceden que los resultados han sido mixtos en el mejor de los casos. Sus críticos han por largo tiempo señalado el hecho de que mucho de la ayuda del banco ha terminado en los bolsillos de cada “presidente vitalicio” que las naciones en desarrollo han tenido que soportar en su historia.

El BM ha descubierto más de dos mil casos de corrupción y faltas relacionadas con sus proyectos considerando sólo desde 2001.

Sin embargo, ahora, hay señales nuevas de que algunos oficiales del BM han sido hartados y están sacando el tema de la corrupción al primer plano del trabajo del banco. Esto significa reconocer que la corrupción es, en su propio corazón, un problema moral.

La corrupción es un mal moral en cuanto que involucra a una persona que libremente decide traicionar sus deberes legítimos y legales con otra persona u organización para recibir un beneficio personal. Esto explica la razón por la que el presidente del BM ha hecho de la corrupción no sólo una prioridad organizacional, sino también ha tratado el tema en reuniones con representantes de comunidades musulmanas en Indonesia y en la conferencia organizada por el Vaticano sobre corrupción.

Mientras que poner atención en la corrupción es importante, de seguro es razonable preguntarse si es tiempo de enfrentar un asunto relacionado: la tendencia a crear corrupción en los préstamos de gobierno a gobierno y en los préstamos de instituciones de ayuda a gobiernos.

Bajo la ley internacional. el principio que rige esos préstamos es que el estado, como representante de la soberanía de la nación, asume la responsabilidad de la deuda contraída por los gobiernos nacionales y que esta responsabilidad pasa de gobierno a gobierno. Las razones de esto son buenas.

Primero, violar el principio podría establecer precedentes que permitirían a un gobierno repudiar las deudas de un gobierno anterior por no estar de acuerdo con ellas.

Segundo, el repudio de deudas daña la reputación crediticia del país y por tanto limita su acceso al capital internacional.

El problema es que los regímenes corruptos han usado ese principio para evitar responsabilidad personal en la parte de la ayuda del BM de la que se han apropiado. Actualmente, el enjuiciamiento de esos individuos es pequeño.

Extrañamente, algunos gobiernos occidentales parecen rehusarse a presionar el tema, incluso tratando de que el BM «no imponga nuevas condiciones a sus préstamos relacionadas con la gobernabilidad y el combate a la corrupción».

Recuperar esos fondos y castigar a los culpables es esencial como una cuestión de justicia natural y respeto a la ley. Igualmente importante es, sin embargo, encontrar métodos alternativos para canalizar la ayuda del mundo desarrollado al creciente número de negocios y proyectos privados en las naciones en desarrollo, como China y la India.

Puede aquí argumentarse en favor de facilitar a los bancos privados de occidente y a las instituciones financieras el invertir en estos proyectos volátiles. Al contrario de los burócratas en los gobiernos y las organizaciones internacionales, las instituciones privadas financieras tienen considerables incentivos para prevenir préstamos dados a regímenes corruptos, y mucho incentivo para prestar capital a proyectos privados de potencial en naciones en desarrollo.

Porque, al contrario de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales, los bancos privados no pueden darse el lujo de elevar los impuestos o de demandar más ayuda inter-gubernamental para absorber malos préstamos. Las instituciones financieras privadas tienen que responder a sus accionistas por el éxito —o fracaso— de sus inversiones.

Fomentar las inversiones privadas no significa intentar tener climas con cero riesgo de inversión. No hay climas de inversión sin riesgo. Pero un paso adelante para los legisladores sería disminuir los cuellos de botella que colocan a los miembros de los gobiernos en posiciones en las que pueden solicitar sobornos antes de permitir préstamos privados para ser dados a proyectos privados en naciones en desarrollo.

La imposición de restricciones sin sentido de los burócratas a los intercambios privados les cuestan literalmente nada, pero crean incentivos perversos para sus contrapartes privadas para solventar esas restricciones por medio de sobornos. De aquí que no sorprende que muchas instituciones privadas, sabiendo que su activo más preciado es su reputación de honestidad, eviten el problema rehusando operar en esos ambientes.

El camino a la creación de ambientes sólidos de inversión en naciones en desarrollo será largo, implicando las difíciles tareas de la formación de una moral sólida y de reducción de la burocracia.

Si, a pesar de eso, tales medidas se acompañan de reducciones de préstamos de gobierno a gobierno y al mismo tiempo de una elevación de la inversión de capital por parte de las instituciones privadas internacionales, la corrupción seguramente disminuirá significativamente. Y esa será una victoria moral y económica para todos.

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Y algo más para los interesados…

Para completar la idea de la teoría de la corrupción debe verse:

¿Qué es corrupción? Una definición

Otras ideas relacionadas:

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Una idea de Jennifer Roback Morse, del Acton Institute sobre la corrupción.

El Pecado Cuesta

¿Por qué unos países progresan económicamente, mientras otros quedan estancados? Ambos, el World Bank Institute y el economista Álvaro Vargas Llosa, señalan al problema de la corrupción como uno de los mayores culpables.

Dicen que los más importantes «recursos naturales» para el desarrollo económico no son las materias primas como el petróleo o el carbón, sino las cualidades morales como la aplicación por igual de la ley y la transparencia del gobierno.

El World Bank Institute ha reportado que en los países pobres, como la India, las personas pagan sobornos cuando sus hijos nacen, cuando recogen los cuerpos de sus seres amados de los depósitos de cadáveres y por todo lo que sucede en medio: recolección de basura, agua limpia, medicinas, admisión a escuelas públicas e incluso protección policíaca.

Un reciente reportaje en el San Diego Union Tribune, basado en el reporte del World Bank, narró los pequeños sobornos que las familias sufren si sus bebés nacen en un hospital.

«Antes de que la madre siquiera pudiera ver a su bebé, una enfermera rápidamente se llevó al recién nacido y un asistente pidió un soborno. Si quieren ver a sus bebés, se les dice a las familias, el precio es de 12 dólares por un niño y 7 por una niña, mucho dinero para habitantes de barrios pobres viviendo apenas con un dólar diario».

Multiplicando este pequeño evento por docenas de ocasiones en el curso de la vida de la persona, puede imaginarse lo mucho que las familias cargan por sobornos. Esta extorsión hace casi imposible que la gente sobreviva, menos aún que acumule riqueza.

Multiplicando esa experiencia por los millones de familias de un país como la India, se ve que los pobres están perdiendo un monto asombroso en robos semi-legales de bajo nivel. Las autoridades públicas en muchos países pobres ignoran completamente estas realidades.

El gobierno, los burócratas e incluso la policía consideran a los sobornos como «lo normal y acostumbrado». En realidad, cuando los burócratas de bajo nivel roban los bolsillos de los pobres, puede apostarse que aún mayor corrupción sucede más arriba en la jerarquía política y burocrática.

Cuando los administradores de salud pagan sobornos a los administradores superiores, ellos mismos dan la vuelta y exigen pagos de los trabajadores inferiores en la cadena alimenticia de la corrupción, incluyendo a los pacientes mismos. El economista Vargas Llosa piensa que la corrupción es una de las causas claves por las que la gente es desesperantemente pobre.

En su nuevo libro, Libertad para América Latina: cómo deshacernos de 500 años de opresión estatal, muestra que la corrupción es mucho más destructiva que el simple transferir dinero de los bolsillos de los miserables a los bolsillos de los bien colocados oficiales del gobierno. Se inhibe la formación de capital y la creación de empleos.

Abrir un negocio en muchos países latinoamericanos requiere el cumplimiento con un enorme número de reglas y regulaciones. Vargas Llosa, nativo del Perú, es ahora fellow del Independent Institute en Oakland California y cita un reporte del Harvard Institute of Economic Research mostrando las grandes diferencias en el tiempo requerido para iniciar un negocio legal en diferentes países.

Tuve recientemente la oportunidad de dirigirme a un grupo de obispos católicos de México.

Uno de ellos relató una historia que comprueba el argumento de Vargas Llosa. Le tomó cuatro meses cumplir con todas las reglamentaciones para abrir un nuevo negocio. Esos cuatro meses son exactamente los 112 días reportados por Harvard. Es un gran contraste contra los dos días requeridos para abrir legalmente un negocio en Canadá.

Y cuando yo empecé mi propio negocio en Vista, California, pensé que me desperdiciaba porque tuve que pasar una mañana obteniendo mi licencia de impuesto de ventas, mi permiso de negocio en la ciudad y un permiso de zonificación para funcionar en mi propia casa. La regulación excesiva de los países pobres fomenta la corrupción. Los burócratas de bajo nivel, que son responsables de aplicar esas órdenes, esperan ser sobornados.

El obtener los permisos para operar casi legalmente un negocio requiere pagar sobornos. Estas regulaciones también amenazan a la «economía informal». Muchas personas aceptan el riesgo calculado de hacer de lado los requisitos legales e iniciar su pequeña empresa.

Estas empresas ilegales, que hacen aproximadamente el 30% de la economía mexicana, son siempre vulnerables al riesgo de ser cerradas por burócratas insignificantes. Los negocios que funcionan fuera de la ley deben pagar el dinero que por protección se les pida. Finalmente, los negocios que operan fuera de la legalidad y las asociaciones comunitarias tienen un acceso limitado al crédito.

De acuerdo a la revista The Economist, sólo uno de cada diez africanos trabaja en una empresa reconocida legalmente, o vive en una casa que tiene derechos de propiedad legales. Un negocio que opera fuera de la ley tendrá dificultades para obtener un préstamo bancario porque las personas no pueden usar sus propiedades como garantías de un préstamo.

El economista Vargas Llosa ha señalado que el regularizar la propiedad de negocios y propiedades permitiría a la gente el acceso al crédito, lo que a su vez haría que el negocio creciera. La inversión extranjera por sí sola no puede echar a andar el desarrollo económico de un país.

Por importante que sea el equipo de capital, tampoco puede hacerlo. Los “recursos morales” de un país, como la transparencia de su gobierno, la falta de corrupción y la aplicación de la ley hacen la diferencia entre un país floreciente y un país pobre.

Dentro de un sistema legal que protege a los que son sobornados, quienes crean empleos están en una posición de seria desventaja. La reforma del sistema legal en los países subdesarrollados es una parte necesaria de cualquier estrategia para el avance económico. En otras palabras, el pecado impacta los costos.