Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Combate Racional al Crimen
Selección de ContraPeso.info
4 febrero 2009
Sección: CRIMEN, Sección: Análisis
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ContraPeso.info presenta una idea sobre seguridad pública en México, publicada recientemente por BBVA Bancomer en México. La idea central del escrito es proveer datos sobre la criminalidad, su impacto y proponer un enfoque de solución basado en la premisa de que los criminales son racionales.

Hoy el principal tema de interés y preocupación para la nación es la Seguridad Pública

Cada vez son más frecuentes y numerosos los ciudadanos, grupos sociales y empresas que piden una acción más efectiva del Estado para combatir la delincuencia. Una actividad que ha generado gran temor e incertidumbre entre la población y que causa cuantiosas pérdidas en recursos humanos y materiales.

Por ejemplo, distintos organismos del Sector Privado han estimado que la ausencia de Estado de Derecho, las pérdidas que se generan por la delincuencia y los gastos de los particulares para proteger su integridad y la de su patrimonio representan un costo económico de entre 10 y 15% del PIB, en tanto que funcionarios de la Secretaría de Hacienda han reconocido ya que la actividad delictiva puede restar casi un punto porcentual al crecimiento económico, lo cual sin duda reduce el bienestar general.

Es pues claro que los costos de la inseguridad pública son muy elevados y habría que añadir también el deterioro en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, la delincuencia ha restringido ya la libertad de tránsito de las personas, destruido numerosos núcleos familiares y transformado la configuración de las zonas urbanas.

Y aunque la delincuencia nos afecta a todos, posiblemente su incidencia es más negativa para los grupos sociales más desprotegidos pues éstos tienen un menor acervo de bienes —que les es más complicado de restituir—, cuentan con menor información y posibilidades prácticas de acceder a los órganos de administración y procuración de justicia.

Por la importancia del tema de seguridad pública, la presente nota actualiza la situación y los argumentos que fueron primero planteados en la Serie Propuestas de BBVA Bancomer, en el número 18 titulado Seguridad Pública. Un documento que analiza el papel del Estado como proveedor del servicio de Seguridad Pública y el problema de la delincuencia desde un punto de vista económico.

Cabe señalar que aun cuando han pasado casi 7 años desde la publicación de ese documento una gran parte del análisis y su diagnóstico permanecen vigentes.

Este articulo concluye, como se verá más adelante que la mejor forma de combatir a la delincuencia está en la prevención de los delitos. Y desde un punto de vista económico, lo anterior demanda construir un orden institucional que modifique la relación esperada entre los costos y beneficios para la actividad delictiva. Esta línea de pensamiento tiene fundamento en el trabajo pionero sobre costo-beneficio y capital humano de Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía 1992.

Evolución reciente de la delincuencia

Aunque los problemas de inseguridad pública en México no son nuevos, las estadísticas muestran que la delincuencia se ha incrementado significativamente en los últimos años.

Según cifras oficiales, publicadas por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), entre 2000 y 2007 el número de delitos denunciados ante el Ministerio Público por cada 100 mil habitantes pasó de 1,360 a 1,492 en el ámbito del fuero común y de 83 a 130 en el caso del fuero federal.

Estas cifras reflejan que en promedio el 94% de los delitos deben ser perseguidos por las autoridades locales, pero que el 6% restante de responsabilidad federal ha registrado un incremento significativo: 56% vs. 10% en aquellos del fuero común.

Sin embargo, como es bien conocido, el número de actos delictivos podría ser aún mayor considerando que no todos los delitos son denunciados.

Así, tomando como referencia a la última Encuesta Nacional sobre Inseguridad del INEGI (ENSI-2005), el total de delitos podría ser en realidad 5.4 veces más que los denunciados pues, por ejemplo, en 2004 el número de delitos reconocidos por la población mayor a 18 años fue de 8,239,179 mientras que sólo se denunciaron 1,452,178.

De acuerdo con los datos de la ENSI-2005, los actos delictivos más frecuentes son aquellos que afectan a la propiedad privada de los bienes. Las estadísticas muestran que los delitos más frecuentes son el asalto con violencia a transeúnte (28.7%), el robo en casa habitación (17.8%) y el robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículo (11.4%).

Otros actividades ilícitas como el secuestro o secuestro exprés y los delitos sexuales registran una menor incidencia: 0.5% y 1.7% del total.

Esta realidad apoya la hipótesis de que las motivaciones económicas juegan un papel muy importante como una causa de los delitos, si bien pueden existir también otras explicaciones de tipo psicológico o sociológico.

Combate a la delincuencia

Sin duda, la seguridad pública es uno de los servicios más importantes que el Estado debe proveer para garantizar la convivencia social, el desarrollo económico y el bienestar general.

En México, lo anterior se reconoce plenamente en el máximo ordenamiento jurídico, en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva”.

Dentro del marco institucional en el país, el Poder Legislativo es el responsable de tipificar los delitos y asignarles una sanción, el Poder Judicial de imponer las penas y el Ejecutivo de perseguir a los presuntos delincuentes a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a un nivel federal, y en el ámbito estatal y municipal lo propio corresponde a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo locales.

Sin embargo, bajo el vigente marco institucional del país, el combate a la delincuencia registra severas limitantes.

Por ejemplo, la Secretaria de Seguridad Pública en el “Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012” hace un diagnóstico de la situación prevaleciente en México hasta 2006 y reconoce entre otros puntos los siguientes:

• La coordinación entre distintas instancias de gobierno en función de sus ámbitos de competencia ha registrado alcances limitados e inconsistentes, y con frecuencia han prevalecido la dispersión y la duplicidad de acciones entre las diferentes corporaciones policiales.

• El modelo de persecución de delitos en base al Ministerio Público como autoridad investigadora y con el auxilio de la policía ha sido rebasado por los actos delictivos.

• Las corporaciones policiales carecen de procedimientos de operación claros y precisos, debilidad en los esquemas de control de confianza y condiciones laborales deterioradas.

• En el actual proceso de persecución y sanción del delito, la víctima vuelve a serlo por lo menos cuatro veces: cuando fue objeto del delito; cuando lo denuncia; cuando se investiga el delito; y, cuando se procesa judicialmente la denuncia.

• Existe una grave crisis en materia de respeto a la Ley y al Estado de Derecho… Muchas veces parece más rentable actuar al margen de la Ley que cumplirla.

Ante la situación descrita, la Secretaria de la Función Pública planteó varias acciones para combatir a la delincuencia, entre otras:

• Establecer un nuevo modelo policial basado en la investigación científica.

• Alinear la operación de la policía federal bajo un solo mando.

• Prevenir el delito mediante la presencia de policías en espacios públicos.

• Motivar la participación ciudadana y fomentar una conciencia cívica de respeto a la ley.

• Profesionalizar e integrar un servicio de carrera policial homogéneo.

• Desarrollar metodologías para las distintas corporaciones policíacas del país.

• Intercambiar bases de datos sobre la población recluida.

Además, una serie de disposiciones legislativas que reformaron a la Constitución en materia penal fueron publicadas en el Diario Oficial en junio de 2008, destacando las siguientes:

• Se incrementan los plazos de arraigo para la investigación de delitos por delincuencia organizada. Una persona se podrá arraigar hasta 40 días vs. 48 hrs. que antes se aplicaban. El plazo podrá aumentar hasta 80 días en caso de que la investigación lo requiera.

• Se introduce un proceso penal acusatorio y oral (juicios orales). Este sistema procesal penal entrará en vigor en un plazo máximo de 8 años.

Las anteriores medidas apuntan en una dirección correcta en el combate a la delincuencia, pero es pronto aún para poder valorar su impacto, el cual dependerá en mucho de su implementación. No obstante, una realidad imperante hoy en el país es que los instrumentos jurídicos, técnicos, administrativos y presupuestales del Estado continúan desalineados en su lucha contra la delincuencia. Los siguientes ejemplos pueden ilustrarlo:

• Faltan programas de seguridad pública que a nivel local refuercen y complementen las acciones federales.

• En los códigos penales de las entidades federativas se registra aún una gran heterogeneidad en lo referente a la tipificación de delitos y sus sanciones. Por ejemplo, graves ofensas como el secuestro o el secuestro exprés aún no están tipificadas como delitos ni reciben la misma sanción en todo el país.

• Aún con la reforma constitucional en materia penal para introducir los juicios orales, falta que las legislaturas locales definan cuáles delitos podrán resolverse mediante esa vía y delimitar la actuación del Ministerio Público.

• Falta un procedimiento legislativo expedito que permita dictaminar a las distintas iniciativas en materia de seguridad. Por ejemplo, de acuerdo con información en la prensa actualmente existen en el Congreso poco más de 32 iniciativas de reforma en materia de seguridad pública y defensa nacional que aún no han sido dictaminadas.

Por otra parte, el alcance del combate a la delincuencia en México también está limitado por condiciones de asignación presupuestal. Los rubros de seguridad pública y defensa nacional no parecen registrar una prioridad igual a la que la Constitución les brinda.

Por ejemplo, entre 1997 y 2008 el presupuesto federal para seguridad fue en promedio de 0.7% del PIB y para 2009 se propone que sea ligeramente superior e igual a 0.8% del PIB.

En contraste, la actividad productiva del Estado —por medio de distintos organismos de control directo— ha registrado erogaciones por arriba del 6% del PIB y ramos como medio ambiente y agricultura tienen actualmente presupuestos muy superiores a los de la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Marina.

Además, tomando como una referencia, a la experiencia internacional, México registra un gasto en seguridad pública y defensa nacional muy bajo.

Por ejemplo, excluyendo a países como EEUU e Israel con un muy alto gasto en Defensa Nacional, el promedio del gasto en seguridad y defensa nacional de los países de la OCDE se ubica en 3% del PIB, pero algunas economías como Portugal y Hungría con un nivel de desarrollo similar al de México registran erogaciones superiores al promedio, 3.3 y 3.4% del PIB, respectivamente.

Un enfoque económico para combatir la delincuencia

Entender los incentivos que un individuo puede tener para cometer un delito es un paso muy importante para prevenir y reforzar el combate a la delincuencia. Por lo anterior, en este apartado se presenta una síntesis del análisis de costo-beneficio del crimen propuesto por Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía 1992.

Según Gary S. Becker, los delincuentes son agentes económicos racionales que evalúan los beneficios y costos esperados de su actividad delictiva. Así, Becker de una manera sencilla, pero profunda plantea que un individuo comete un delito siempre que en valor presente sus beneficios son mayores a sus costos esperados. Claramente, entre más altos puedan ser los beneficios mayores pueden ser las motivaciones para las actividades delictivas.

Sin embargo, la estructura de costos es la que juega un papel clave en la materialización e incidencia de la delincuencia. En los costos se incluye el costo de oportunidad que un individuo debe asumir por dedicarse a la delincuencia.

Este costo es, por ejemplo, el salario real que podría obtener de otra manera en una actividad económica legal. Luego a este costo de oportunidad se debe añadir el costo del castigo o pena que el individuo puede esperar recibir en caso de ser atrapado por la realización de una actividad ilegal.

Tomando como referencia el modelo anterior, la oferta o incidencia de actividades delictivas será mayor en la medida en que los costos sean relativamente bajos para un cierto nivel de beneficio.

De esta manera, todas las acciones orientadas a imponer penas y castigos más severos a los delincuentes elevan los costos de la delincuencia y conducen a una reducción en la oferta potencial de actividades ilegales.

Sin embargo, un elemento clave en los costos esperados que enfrentan los delincuentes es la probabilidad de castigo. Por ejemplo, si las probabilidades de ser atrapado y condenado por un delito son bajas también lo serán los costos esperados para los delincuentes y con ello la oferta potencial de la actividad delictiva aumentará.

Lo contrario ocurrirá si la probabilidad de ser atrapado o sentenciado es elevada. No obstante, debido a que los delincuentes son tomadores de riesgo, la certeza de tener un castigo por una actividad delictiva puede tener un mayor peso en la estructura de costos que la severidad misma del castigo.

Sin embargo, un enfoque integral que combina penas severas y altas probabilidades de castigo puede ser a largo plazo una estrategia efectiva para elevar los costos esperados de la actividad delictiva de una manera significativa.

Conclusiones

Algunas consideraciones y conclusiones que se pueden derivar del análisis económico de la delincuencia son las siguientes:

1) Pobreza y desempleo pueden repercutir en bajos costos de oportunidad para los individuos, pero no son condiciones suficientes para explicar su posible incursión en actividades delictivas. Otras consideraciones de tipo moral o social pueden tener un importante papel en la percepción de costos y beneficios de los individuos.

No obstante, políticas públicas orientadas a generar condiciones de mayor productividad y crecimiento económico en el país son un instrumento que puede contribuir a disminuir la delincuencia a mediano y largo plazos pues, la expansión de las oportunidades de ocupación en actividades económicas legales eleva los costos de oportunidad de incursionar en actividades delictivas.

Por ejemplo, una política pública que resulte en una mejor educación a la población fortalece el capital humano de las personas y ello eleva sus oportunidades de ocupación y remuneración en actividades productivas legales, lo cual incrementa los costos de oportunidad de incursionar en actividades delictivas.

Otras políticas públicas que pueden impulsar el crecimiento y los niveles de bienestar en México y elevar con ello los costos de oportunidad de la delincuencia pueden verse en el Núm. 33 de la Serie Propuestas de BBVA Bancomer titulado “Diez Acciones para Impulsar la Productividad y el Bienestar”.

2) Una estrategia efectiva para inhibir las potenciales actividades delictivas consiste en elevar de manera preventiva sus costos esperados. En este sentido un combate a la delincuencia y a la impunidad puede desarrollarse en dos frentes simultáneamente: elevando penas y sanciones, pero especialmente las probabilidades de castigo.

En el primer frente se pueden aplicar medidas como la homologación de penas y sanciones a lo largo de todo el territorio nacional y la extinción de dominio para poder adjudicar a favor del Estado o de las víctimas los bienes que sean instrumento, producto u objeto de la delincuencia.

En el segundo frente es clave la coordinación entre los cuerpos policíacos en los distintos órdenes de gobierno, el fortalecimiento a la investigación e inteligencia criminal, el fortalecimiento del Sistema Penitenciario y lograr la uniformidad de criterios entre el Ministerio Público y el Poder Judicial a efecto de que todas las averiguaciones previas puedan estar debidamente sustentadas desde un punto de vista jurídico.

3) La mejor forma de combatir a la delincuencia está en la prevención de los delitos. Una vez que un individuo ingresa a una actividad delictiva los incentivos para permanecer en ella son muy fuertes:

1. Aún después de cumplir una sentencia, los individuos con antecedentes delictivos tienen un bajo costo de oportunidad de permanecer en la delincuencia debido a que sus antecedentes criminales limitan sus posibilidades de ingreso a las actividades económicas legales.

2. Un individuo en prisión puede aprender de la experiencia de otros reos a ser un mejor delincuente y, una vez liberado, reducir la probabilidad de captura y sus costos esperados de castigo.

Nota del Editor

La tesis central de las soluciones propuestas ha sido tratada con insistencia en ContraPeso.info: el crimen es un negocio en el que se toman decisiones de riesgo y que puede combatirse con eficiencia elevando esos riesgos hasta el punto de hacerlo escasamente atractivo.


ContraPeso.info, lanzado en enero de 2005, es un proveedor de ideas y explicaciones de la realidad económica, política y cultural.





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