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Selección de ContraPeso.info
11 junio 2009
Sección: Sección: Asuntos
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ContraPeso.info presenta una idea de Pedro María Reyes Vizcaíno. Agradecemos a e-Libertad Religiosa.net el amable permiso de publicación.

Ahora para reencarnarse hace falta permiso del gobierno chino. Lo explica la revista Time:

“¿Es posible la reencarnación? Los tibetanos piensan que sí, y creen que su líder espiritual, el Dalai Lama, es la 14ª reencarnación del mismo dios-rey. Pero China ha prohibido al Dalai Lama y a otros Budas vivientes -atentos- a reencarnarse sin el permiso del gobierno. El decreto previene a cualquiera que esté fuera de China a tomar parte en el proceso de reconocer a un Buda viviente” (Time, 20 de agosto de 2007, p. 9).

Yo no creo en la reencarnación, pero defiendo el derecho de los tibetanos a creer quién será el próximo Dalai Lama reencarnado sin intromisiones de ningún gobierno.

La norma del gobierno chino parece ridícula, advierte la misma nota de Time, y claramente va dirigida a sustraer al Dalai Lama, que tiene 72 años, o a cualquier otro personaje de su entorno alguna potestad de escoger a su sucesor, permitiendo al gobierno chino manejar un cargo que resulta tan importante para muchos de sus súbditos.

Se trata, sin duda, de una intromisión en la conciencia de los ciudadanos y sería de desear que no pasara inadvertida en Occidente ante la opinión pública.

En Occidente estamos lejos de llegar a estos extremos y nos puede parecer un exceso de un gobierno por lo demás muy poco respetuoso de los derechos fundamentales. Sin embargo, últimamente hemos visto en España ciertas leyes que indican a los creyentes cuál debe ser su conciencia si quieren ser buenos ciudadanos.

Así, en este curso escolar que ahora comienza [septiembre 2007] se va a introducir en muchas escuelas la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Formar buenos ciudadanos es tarea de la escuela y se deben alabar los esfuerzos que se hacen para enseñar los valores democráticos y el respeto a las leyes. Nadie ha criticado hasta ahora a la asignatura de Educación para la Ciudadanía por su propósito de promover “el reconocimiento de la dignidad de todas las personas” o “el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución”.

Lo que se critica es que esta asignatura corre el riesgo de convertirse en un campo de adoctrinamiento político y moral. Así, este curso un profesor podrá enseñar en la escuela que las chicas deben perder la virginidad antes de llegar al matrimonio para no ser “siervas de un sinfín de prejuicios y costumbres machistas”. El ejemplo no es ficticio.

La afirmación citada se encuentra en el libro “Educación para la ciudadanía”, de Carlos y Pedro Fernández Liria y Luís Alegre Zahonero. Lo edita Akal y es uno de los manuales que estarán en los colegios el próximo septiembre.

Afortunadamente este libro no va dirigido a los alumnos, sino que es un manual para los profesores. Si un profesor decide enseñar en esta asignatura semejante perla, ¿dónde queda el papel educador de los padres? El curso próximo habrá alumnas que deberán decir tal barbaridad en sus exámenes si quieren aprobar la asignatura, aunque en su casa intenten darle a la chica una orientación moral distinta: en este caso, ¿qué pueden hacer los padres?

En el mismo libro se afirma que el Manifiesto Comunista de Karl Marx puede explicar la división de poderes o la institución parlamentaria. Se ponderan también las virtudes de la Revolución cubana o la historia reciente de Venezuela.

Si un alumno que ha huido con su familia a España de la represión de la Cuba de Castro oye en clase que alaban al régimen cubano, ¿qué debe decir en los exámenes, lo que le ha dicho el profesor o lo que le dicen en casa y ha visto con sus propios ojos?

Los padres a partir de ahora no podrán criticar en casa el marxismo o el régimen cubano, o manifestar su oposición a la política de Chávez, ni siquiera podrán enseñarle a sus hijas que eviten la promiscuidad en sus relaciones con los chicos, porque a los niños estas cosas se les pueden “escapar” en clase y los perjudicados serán ellos mismos, que no aprobarán una asignatura evaluable.

Pueden darse escenas de lo más violentas, como que al llegar a la lección sobre el marxismo, los alumnos se “chiven” en clase y señalen a un compañero que el otro día criticó a la Unión Soviética.

A partir de ahora, los padres deberán hablar de ciertos temas con suma prudencia, y advertirles a sus hijos: “y esto que hablamos os lo decimos solo a vosotros, no comentéis nada en el colegio”, porque no se sabe quién dará las clases de Educación para la Ciudadanía.

El problema no es solo la orientación que quiera dar el profesor a la asignatura, sino que Educación para la Ciudadanía nace viciada.

Por ejemplo, entre los objetivos se cita el fomentar el rechazo a las “situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia” (Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en BOE nº 5 de 5 de enero de 2007, p. 718).

Hay millones de personas en España que rechazan el llamado matrimonio homosexual (me remito a las manifestaciones multitudinarias y a la recogida de firmas sobre este tema, la mayor en la historia de España). Pero los hijos de estas personas en clase deberán “identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras” (Ibidem, p. 719).

El propio decreto señala que se trata de un criterio de evaluación. Si un alumno comenta en clase que estuvo en Madrid con su familia en la manifestación contra el matrimonio homosexual quizá suspenda, o lo que sería más humillante, otro compañero le ponga como ejemplo de alguien que fomenta una discriminación intolerable.

Con esta asignatura, los padres se quedan indefensos ante el posible adoctrinamiento que reciban sus hijos en la escuela. Pueden ocurrir situaciones que se daban en las dictaduras más recalcitrantes, pues los padres deberán advertir a los hijos que ciertas cosas no se deben comentar en clase para evitarles a ellos situaciones indeseables.

Nuestra Constitución proclama que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (artículo 27, 3).

Pero en la actual configuración de la asignatura de Educación para la Ciudadanía será el Gobierno quien señale los criterios morales que se enseñarán en las escuelas.

Como vemos, no estamos muy lejos de la norma china. En Tibet no se puede creer en la reencarnación sin permiso del gobierno, y en España los alumnos no pueden opinar que el matrimonio homosexual es inmoral o que la virginidad en la adolescencia es un valor positivo sin permiso del gobierno. Hacen bien los padres que protestan contra tal imposición del gobierno.


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