Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Precios Justos y Libres
Leonardo Girondella Mora
10 noviembre 2010
Sección: LIBERTAD ECONOMICA, Sección: Asuntos
Catalogado en: ,


Hablar de “precios justos” es una costumbre arraigada —de tal arraigo que termina por ser un clisé sin significado que a demasiados agrada precisamente por la flexibilidad que logra su falta de significado.

No hay necesidad de definir lo que un precios es —todos tienen una idea muy concreta de lo que significa: eso que debe pagarse para convertirse en propietario de algo, o del otro lado, eso que se acepta recibir para consentir en el traspaso de la propiedad de una cosa.

Un comercio ejemplifica esto con lucidez —el cliente paga 5 pesos por un lápiz y se convierte en propietario de un bien que antes pertenecía a la tienda. No hay mucho más que pueda ser agregado en una definición de precio.

Lo que es sugestivo es el uso de un calificativo —el llamar “justo” a un precio es lo que pretendo explorar en lo que sigue y en donde intento demostrar que la palabra “precio” incluye en sí misma la idea de justicia, por lo que resulta inútil usar el calificativo.

Un precio, por necesidad lógica e inevitable, es un acuerdo de voluntades entre quien compra y quien vende —es la aprobación explícita de las dos partes que intercambian bienes, típicamente dinero a cambio de un bien y siendo así, eso significa que las dos partes están de acuerdo y no puede haber injusticia alguna en el precio.

Es imposible negar que quien vende desearía recibir una cantidad mayor de dinero y que quien compra desearía pagar una cantidad menor —dos deseos que encuentran un acuerdo mutuo en una cierta cantidad, que es el precio y que obligadamente resulta justa por tratarse de un acuerdo voluntario.

En el siglo 4 un emperador romano entró a mediar en esos acuerdos entre compradores y vendedores —Diocleciano emitió un edicto de precios máximos que puso límites a precios de cerca de mil productos y más de cien servicios. Estaba destinado a combatir la avaricia de quienes venden con ganancias excesivas.

Fue así inaugurada una nueva manera de intromisión estatal en acuerdos que pueden ser logrados por personas libres —y comenzó el problema: el precio justo es el que define el gobernante según su voluntad y que no puede tener otro efecto que el de dañar al menos a una de las partes que intercambian.

• Si el precio es mayor al que hubiera aceptado el vendedor, es el comprador quien resulta dañado.

• Si el precio es menor al que hubiera pagado el comprador, el vendedor es quien resulta dañado.

Es decir, no hay manera de evitar un daño a alguien cuando el gobierno fija precios —lo que permite ya el uso de un calificativo, el de “injusto”.

Los precios fijados por el gobernante son por definición injustos y lo son porque causan un daño en alguna de las partes que intercambian (la única posibilidad de que el precio controlado no fuese injusto sería la de que coincidiese con el que se hubiera acordado libremente).

Lo anterior lleva a un campo en el que pocas veces entra la discusión de la justicia en los precios —el de la libertad de ambas partes para acordarlos: es en la libertad de ambos donde radica la justicia de los precios, lo que permite una conclusión tan admirable como ignorada: un precio justo es por definición uno acordado con libertad por parte de quien compra y de quien vende.

Intentar lograr justicia en los precios por cualquier otra vía resultará en lo contrario de lo que persigue, lo que a su vez lleva a otra conclusión: quien sea que quiera tener precios justos deberá cuidar la libertad de quien compra y de quien vende.

Ilustro esto en lo que sigue.

Un comprador puede tener su libertad limitada y por tanto sufrir precios injustos cuando existe un sólo proveedor de un servicio o bien.

Por ejemplo, un monopolio como el petrolero en México, que es el único proveedor de gasolina para coches. Sus precios son por definición injustos porque impiden la libertad de comprador para comprar gasolina a otro.

También sufre precios injustos en comprador cuando existe un monopolio privado —monopolio en el sentido de que se impide la entrada de nuevos competidores al sector en el que opera y el comprador no tiene más remedio que proveerse con esa empresa.

El caso del monopolio televisivo en México, hace tiempo, muestra el daño causado a televidentes y empresas compradoras de tiempos en televisión.

Concluyo que el comprador sufre precios injustos cuando en el terreno del vendedor no existe libertad económica para abrir empresas, lanzar productos y cosas similares —lo que me lleva al caso opuesto: el vendedor sufre precios injustos cuando en el terreno del comprador no existe libertad, es decir, existe un solo comprador.

Termino reafirmando mi tesis: si se quieren tener precios justos lo que debe hacerse es cuidar la libertad de ambos, compradores y vendedores, especialmente en lo que se refiere a la existencia de alternativas dispersas de compra y de venta.

No hay necesidad de que un gobernante establezca el precio justo, eso se logra si existe libertad en ambas partes.

Addendum

Estos razonamientos explican la injusticia que existe en las políticas proteccionistas, las que por definición logran precios injustos dentro de una nación: el comprador sufre de la falta de libertad de vendedores a quienes se impide la venta de sus bienes.

La buena comprensión de estas ideas requiere el entendimiento de una realidad —no existen compradores que sólo sean compradores, ni de vendedores que sólo sean vendedores. Quien es comprador también es vendedor y viceversa. Este es un error que cometen los controles de precio, los que suponen que hay dos grupos en la sociedad y que son mutuamente exclusivos, quien compra y quien vende.

Nota del Editor

Hay más material sobre el tema en ContraPeso: Precios. Un columna de referencia sobre lo erróneo de la intervención estatal en los precios es El Agua También Cuesta, en la que puede verse cómo la interferencia gubernamental causa una crisis de agua, no diferente a la crisis económica que se causa al interferir en las tasas de interés.

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