Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Razonamiento Lastimoso
Leonardo Girondella Mora
15 febrero 2010
Sección: POLITICA, RELIGION, Sección: Asuntos
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En el momento que escribo esto, está en proceso la discusión y posible aprobación de una reforma a la constitución mexicana —un agregado a uno de sus artículos, el 40. En la actualidad, ese texto dice que,

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El cambio constitucional añadiría una palabra, “laica” a la descripción de la república en la constitución, quedando así,

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, laica, compuesta de Estados libres…

La justificación del añadido fue analizada por uno de los columnistas más famosos del país — Miguel Ángel Granados Chapa, en una columna titulada Laicismo Indispensable (Grupo Reforma, 9 febrero 2009), consideró necesaria esa adición por razones que él explica.

Una de ellas es de naturaleza partidista —dice el columnista que,

“La actitud de los panistas… refuerza la necesidad de expresar el carácter laico del Estado mexicano… porque ese partido actúa… en un sentido tal que se mina la condición laica de nuestra República, es preciso oponerle un dique, es preciso ofrecer a los intérpretes de la carta básica una herramienta expresa para resolver cuestiones constitucionales que implican el laicismo”.

En este punto Granados Chapa no ofrece razonamiento alguno de consistencia ni peso —simplemente ve en la modificación un freno a las propuestas de un partido el que sea.

Pero sí da después una explicación más clara de su comentario en lo que sigue. Dice él que,

“El laicismo mexicano está en riesgo porque se ha pasado de conductas punibles de algunas autoridades en ámbitos municipales que obligan a ciudadanos que no lo son a comportarse como católicos, hasta el montaje de una legislación, o el combate a otra, claramente con base en criterios religiosos”.

En menos palabras, entiendo que el columnista razona que esa adición impedirá que cualquier partido político implante medidas que equivalgan a mandatos religiosos —no quiere que se obligue a los ciudadanos a comportarse como católicos. La aseveración es tan vaga que resulta inútil. Granados Chapa insiste en la vaguedad de su tesis cuando dice,

“Pretender imponer comportamientos y convicciones propios de una fe a la sociedad a través de la ley es atentar contra la convivencia en la diversidad, que sólo es posible en el Estado laico, el que impide la conversión de normas morales de raíz religiosa en normas jurídicas”.

Es un buen ejemplo de la cortedad de vista y repetición de un clisé —lo que el columnista no parece comprender es la distinción entre los mandatos religiosos y que hago claro en dos ejemplos:

• Un tipo de mandato religioso, muy propio del Cristianismo, es la asistencia periódica a un templo —el mandato católico de asistir a misa los domingos es un ejemplo de esto. No hay mucha necesidad de afirmar que una ley gubernamental que obligara a asistir a misa esos días sería un absurdo. Como también lo sería una ley que obligara a guardar ayuno el miércoles de ceniza.

Sin siquiera acudir a la ayuda de esa modificación de la constitución es obvio que no puede haber un traslado de cierto tipo de mandatos eclesiásticos de cierto tipo a leyes —al menos dentro de regímenes libres.

• Pero hay otro tipo de mandato religioso, que también es muy propio del Cristianismo, como el de no matar (el quinto de ellos), o el de no robar (el sexto). Estos mandamientos, por ejemplo, están contenidos en las leyes gubernamentales, pero la opinión de Granados Chapa los concebiría como imposiciones religiosas que deben ser evitadas.

La ley gubernamental que estableciera que matar es un delito estaría obligando a los ciudadanos a comportarse como católicos y eso debe ser evitado —así de pueril es el argumento que hacepor causa de su vaguedad. Recuérdese que él ha escrito —de manera my descuidada— que,

“Pretender imponer comportamientos y convicciones propios de una fe a la sociedad a través de la ley es atentar contra la convivencia en la diversidad, que sólo es posible en el Estado laico, el que impide la conversión de normas morales de raíz religiosa en normas jurídicas”.

De esto, se concluiría que si una convicción religiosa manda no matar, el que exista también una ley que coincida con esa convicción religiosa sería un atentado contra la diversidad —el absurdo es de tal talla que quizá pase desapercibido. El razonamiento de Granados Chapa mandaría a la aplicación de un principio absurdo: si una religión cualquiera, no sólo el Catolicismo, tiene una convicción, la que sea, la ley debe al menos considerarla irrelevante.

El origen del razonamiento fallido es su falta de sutileza en la distinción de los diferentes tipos de mandatos religiosos —es obvio que, como él dice, sería indebido que la ley prohibiera el consumo de cerdo porque alguna religión lo manda. Por supuesto, cualquiera entendería eso, pero qué sucede con otros mandatos claramente religiosos como el no mentir. ¿Serían los fraudes permitidos porque el no hacerlo es convertir “normas morales de raíz religiosa en normas jurídicas”?

El columnista acude a una situación en la que, según él, la modificación constitucional sería de ayuda —dice,

“En pequeñas comunidades donde… se han asentado… confesiones cristianas no católicas no falta autoridad que imponga sanciones (como negar la provisión de agua) a quienes por ese motivo rehúsan cooperar económicamente o mediante su trabajo en fiestas propias del santoral de la fe dominante. Las autoridades que de ese modo obran, vulneran el laicismo, y hasta ahora la sociedad lo ha tolerado no obstante que actitudes de esa guisa han provocado violencia”.

Pero ese no es un problema de laicismo, sino de libertades, concretamente de libertad de creencia religiosa que las autoridades violan por interés personal. Otro error, más profundo del columnista, creer que se trata de un problema de falta de laicismo, cuando se trata de un problema de violación de libertades.

En la última parte de la columna, el columnista reitera de nuevo su tesis, al decir que es indebido que se declare contra la ley lo que es “discordante de nociones propuestas y propagadas desde el Vaticano”. Pero, de nuevo, qué sucede si el Vaticano tiene la alocada idea de que robar es malo… ¿qué sucede? ¿se dirá que quien respeta a la propiedad ajena se comporta como un católico y que eso es una violación del laicismo?

Addendum

La crítica anterior, debo señalar, no es una defensa de la religión, de ninguna de ellas, ni de sus mandatos —es, eso sí, una defensa de la lógica correcta en el análisis de una situación que merece opiniones que no sean tan superficiales.

Y, adicionalmente, debe ser hecho explícito otro problema de mucha mayor consecuencia que el de simple error de análisis de Granados Chapa —me refiero a la situación que se deriva de esa posición que afirma que no deben convertirse “normas morales de raíz religiosa en normas jurídicas [sic]”.

Eso plantea una situación en la que el columnista no parece haber reflexionado —la de cuál es entonces la fuente de los preceptos morales. Si las religiones no lo son porque eso es violar el laicismo, entonces ¿qué fuentes de moral serían las que tendríamos?

Hay varias posibles respuestas. Una, podría ser la opinión pública, lo que significaría una moral variable dependiendo de geografía. O podría ser una escuela moral, la que sea, escrita por algunos intelectuales con influencia en la autoridad. O, lo peor, la fuente última de la moral sería el gobierno mismo —lo que mandaría a considerar moral un genocidio, si es que las leyes del país lo permiten.


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