Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Función Distributiva Estatal
Leonardo Girondella Mora
17 septiembre 2012
Sección: Sección: Asuntos, SOCIALISMO
Catalogado en:


Se ha popularizado, hasta cierto punto, una idea que redefine las funciones políticas —y, con ello, presenta una serie de consecuencias de consideración.

Primero, expongo la idea tal y como la he escuchado repetidamente, para después examinarla puntualmente.

Esa idea toma a la política, más o menos, como se entiende en una concepción tradicional —como un ámbito en el que se tratan las cosas públicas que tienen efecto en la nación entera, especialmente las relativas a la organización del gobierno y sus relaciones con los ciudadanos.

En la política tradicional se establece la estructura del gobierno, las reglas de las relaciones entre sus componentes y entre el gobierno y los ciudadanos —relaciones que consideran al gobierno y su poder coercitivo, la única institución que tiene la capacidad de usar la fuerza con legitimidad.

Una de las partes de la política tradicional determina las funciones gubernamentales —y es en este aspecto que se tiene la redefinición de la que hablo: a esas funciones se les ha agregado otras que no forman parte de la noción tradicional de política.

En síntesis, esta adición dice que en el gobierno radican las decisiones públicas mediante las que se determina cómo serán distribuidos los bienes dentro de una sociedad, estableciendo lo que a cada quien corresponde, su monto, y el tiempo en el que se le dará eso que le corresponde.

La adición es significativa y es de índole distributiva: el reparto de los bienes que existen dentro de una sociedad. Las funciones normales incluyen, entre otras, responsabilidades de emisión y aplicación de leyes, servicios de policía y justicia, bienes públicos, política exterior y defensa —ninguna de ellas le da atribuciones distributivas.

La idea que examino es, por tanto, la adición de funciones distributivas a las gubernamentales —las que, según esta redefinición de política, consisten en considerar a los bienes que existen en la sociedad que gobierna y distribuirlos según dicte el mismo gobierno.

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En lo que sigue, examino las consecuencias de la adición a las labores gubernamentales de esas funciones distributivas.

• Modifica drásticamente los derechos de propiedad personal —a los que reduce significativamente: para que el gobierno pueda distribuir los bienes de una sociedad de manera legal, debe ser el mismo gobierno el propietario de ellos, siendo los ciudadanos meros usuarios de los mismos, sin derechos de propiedad.

Es decir, en una sociedad en la que el gobierno tenga como función distribuir bienes existentes en la sociedad, no puede allí haber propiedad privada —y si ella existe, deberá ser muy limitada y fácilmente expropiable.

• En un país en el que se aplique la función redistributiva gubernamental —como efecto de lo anterior—no existiría ninguno de los otros derechos y libertades. Por ejemplo, no podría haber libertad de expresión, ya que los medios serían parte de los bienes existentes posibles de distribuir.

• Donde se aplique la función distributiva de bienes, se tendría una acumulación excesiva de poder en el gobierno —violando el principio democrático de la división de poderes: el gobierno acumularía no sólo el poder político, sino todo el poder económico que tienen los bienes existentes en la sociedad.

Esto conduciría a situaciones irremediables de abusos, donde los gobernantes repartirían los bienes sólo entre aquellos que apoyaran al gobierno —la independencia personal sería imposible.

• La función de distribuir los bienes existentes en una sociedad debería usar un criterio o varios de distribución de esos bienes, bajo condiciones de escasez de ellos —nunca habrá suficientes para todos, contando que esa distribución tiene costos administrativos en procesos que se prestan mucho a corrupción.

• Donde se aplique la función redistributiva de bienes existentes, el gobierno caería en contradicciones: al mismo tiempo que, por ejemplo, sus leyes le obligaran a proteger a la propiedad personal contra robo, el gobierno mismo podría robar esas mismas propiedades para poder redistribuirlas.

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En resumen, la propuesta de añadir a la política responsabilidades gubernamentales de distribuir los bienes existentes en la sociedad, tiene consecuencias tan grandes e inconvenientes que debe preguntarse si quienes la proponen han pensado en realidad en lo que dicen.

Por último, quienes proponen que la función distributiva sea añadida a las responsabilidades de gobierno suelen ser clasificados en la escuela política de la igualación —personas para quienes la igualdad es la prioridad mayor y casi única, ante la cual los derechos y libertades deben ser minimizados.

Nota del Editor

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