Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Bienestar e Incentivos
Eduardo García Gaspar
24 noviembre 2014
Sección: POLITICA, Sección: Una Segunda Opinión
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La acusación es estándar. Es parte del paisaje político de estos días.androjo

Es la indignación manifestada ante la mención de un fracaso.

El fracaso del Estado de Bienestar. Eso que se conoce también como Estado Social.

Una muestra de esa indignación es esta:

“Los resultados del IDH son una vez más un suspenso estrepitoso para el Gobierno del Estado español, que desde 2008 ha venido desmantelando un Estado social que hace pocos años era una referencia mundial, y que si sigue depauperándose así llegaremos a los últimos puestos de estas evaluaciones internacionales, a las que por su parte el Gobierno no parece darle gran importancia”. Antonio Jesús Ruiz.

En el fondo de la acusación hay una idea central. Una visión política: los gobiernos deben hacerse cargo de la felicidad o bienestar de los ciudadanos.

Es el gobierno concebido como un terapeuta social, cuya misión es remediar problemas personales de la población.

Problemas de educación, diversión, vivienda, ingreso, salud, alimento y similares. Entre ellos el Estado de Bienestar enfoca con gran atención a la desigualdad y tiene una especial vocación para remediarla.

El nombre del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, ilustra muy bien esta concepción gubernamental.

No tengo dudas sobre las buenas intenciones que justifican la defensa del Estado de Bienestar y su objetivo general de elevar la calidad de vida de las personas. Contra ese objetivo no puedo argumentar nada en contra.

Sin embargo, hay un campo en el que puede y debe hacerse explícita la debilidad de ese tipo de gobierno. Es obvio que ese tipo de gobierno necesita más dinero que su contrapartida. Necesita recursos para todas las funciones sociales que se ha adjudicado.

Lo obtiene por medio de impuestos, los que gasta e invierte de manera peculiar, que es lo que bien creo que merece una segunda opinión.

Colóquese usted en la silla del gobernante de un Estado de Bienestar. De un lado tiene los fondos recolectado por medio de impuestos y del otro lado los programas en los que gastará para remediar problemas ciudadanos.

Es decir, usted está rodeado de terceros. De un lado están todos aquellos que han pagado impuestos. Del otro lado están todos aquellos que se beneficiarán del gasto que usted haga.

Esto es fascinante, porque los fondos han sido obtenidos de personas que han producido esos recursos. No los ha producido el gobernante, el que todo lo que ha hecho es forzar a esas personas a dárselo.

Es decir, esos recursos serán gastados con menos cuidado que si hubieran sido el producto del trabajo del gobernante. Esto no es ideológico, es una realidad. El gasto gubernamental del Estado de Bienestar tiende a ser negligente e incauto. Esto es igual a desperdiciar recursos limitados.

El manejo irreflexivo de esos recursos se confirma con lo que está al otro lado de la silla en la que usted se ha sentado por un momento. Gastará dinero que no ha producido usted en proyectos para terceros, no propios.

Igualmente, esto producirá un gasto imprudente, en buena parte porque estará más orientado a conseguir popularidad del gobernante que a tener resultados reales.

La consecuencia es práctica e inevitable: grandes cantidades de recursos limitados serán gastados descuidadamente. La situación es insostenible a la larga y ello se demuestra en las crisis de finanzas públicas muy notables en el caso de los gobiernos europeos.

Las intenciones, no hay duda, son admirables, pero la forma de lograrlas presenta problemas no pequeños que ponen en duda a toda la idea del Estado Social tal como se ha concebido en estos días. La cosa no queda en eso solamente.

Tiene al menos dos efectos colaterales importantes. Uno de ellos es el retiro de incentivos económicos a la producción, el producido por altos impuestos y alta regulación económica. Esto produce sequedad en la fuente de ingresos gubernamentales, lo que hace necesario recurrir a deuda pública.

El otro es otro retiro de incentivos en los ciudadanos, los que abandonan la idea del esfuerzo propio y adoptan la noción de depender de favores gubernamentales. La sociedad entera, entonces, se vuelve pasiva e inerte. Toda la actividad económica sufre un descalabro.

Finalmente, la defensa del Estado de Bienestar suele centrarse en sus intenciones y objetivos. Es una débil defensa y que solo puede derivar en una posición de endeble indignación moral.

Post Scriptum

El contraste entre defensores y opositores del Estado de Bienestar es aún mayor a lo tratado antes y quizá tenga su origen más profundo en la manera en la que se entiende a la vida misma.

Véase, por ejemplo, la mentalidad que puede tener un opositor al Estado de Bienestar:

… el exministro de Economía y Finanzas del Gobierno Prodi (2006-2008), Tommaso Padoa Schioppa, uno de los paladines italianos en la construcción de la Unión Monetaria, señalaba que en Europa, el programa de reformas estructurales debía abarcar  el campo de la sanidad, las pensiones, el mercado de trabajo, la educación…, y otros. Y tendría que estar guiado –afirmaba– por un único principio: atenuar la excesiva protección que en el pasado siglo «alejó al individuo del contacto directo con la dureza de la vida, con los reveses de la fortuna, con el castigo o el premio a sus defectos o cualidades…». En definitiva, venía a decir, que había que retornar al estadio previo del Estado del bienestar, donde «la buena salud era un don divino; el cuidado de los ancianos, una acto de piedad familiar; o un título de estudios, una costosa inversión».

Esta manera de entender al ser humano es causa de indignación extrema entre quienes entienden que el gobierno se haga cargo de los problemas personales de los ciudadanos.

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