Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Educación: Desigualdad e Incentivos
Leonardo Girondella Mora
30 octubre 2014
Sección: ESCUELAS, Sección: Asuntos
Catalogado en:


La financiación pública de actividades como educación, servicios de salud y otras más está construida bajo un esquema económico que exploro esquemáticamente en lo que sigue.

En esencia, para financiar una actividad como la educación, se tienen dos sistemas alternativos:

• Financiamiento particular o privado —que es el que se sigue en los mercados libres. Por ejemplo, la industria de la computación se sostiene en una economía en la que las personas deciden comprar y vender ese tipo de bienes y servicios.

La persona decide comprar un ordenador y un productor lo vende —un esquema que puede seguir la educación: los padres deciden comprar ese servicio para sus hijos y otros deciden ofrecerlo.

• Financiamiento público o gubernamental —que es el que se sigue en mercados forzados: el gobierno se transforma en el proveedor, a veces único, del servicio o bien, y las personas le “compran”.

Esa compra puede tener modalidades. Una de ellas es la compra directa y personal del bien, como cuando en México los ciudadanos se ven obligados a comprar gasolina a Pemex —el monopolio estatal único proveedor de ese recurso.

Otra modalidad es el pago indirecto y transferido: el bien es pagado generalmente por personas diferentes a las que reciben el servicio o bien, y ese pago se hace por la vía de impuestos.

Por ejemplo, en educación: ella se ofrece gratuitamente a ciertas personas, pero los costos de esa educación son cubiertos por personas que han pagado impuestos —y que no necesariamente usan esos servicios educativos.

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Lo que he querido apuntar es la existencia de dos modalidades de manejo de recursos para el financiamiento de la producción de bienes y servicios —una de ellas, la más conocida y simple, es la de mercados libres en los que cada persona decide comprar y producir.

La otra es aquella en la que quiero poner atención.

El financiamiento de la educación pública en México y muchas otras partes se realiza, primero, obteniendo fondos por la vía de impuestos —un dinero que va a las arcas gubernamentales, locales o federales, las que toman las decisiones de producción del servicio educativo, el que se da sin que salga dinero directo del bolsillo de quienes lo reciben.

Cuando eso sucede, también pasan otras cosas. El “cliente” no puede decidir dejar de comprar en caso de no satisfacerle lo que adquiere y el oferente no tiene motivo alguno para mejorar su oferta —todo el servicio se vuelve de baja calidad.

Más aún, surgen entidades que capitalizan la situación: los sindicatos de maestros se convierten en el proveedor real educativo, dominando todo el proceso con una sola motivación, la de aumentar sus ingresos y poder de la fuente que los contrata, el gobierno —no son ya movidos por el deseo de satisfacer al cliente, es decir, a los padres.

Esto sucede a causa del esquema de financiamiento de la industria educativa pública —donde quien recibe el servicio no paga por él y, por eso, no tiene poder para escoger proveedores, como sucedería cuando, por ejemplo, compra en un supermercado y no en otro.

El problema creado es considerable: quienes son educados en escuelas públicas reciben una educación de baja calidad y tendrán en su vida una desventaja importante —siendo la causa central la falta de incentivos para mejorar que por sistema contiene ese sistema de financiamiento educativo.

¿Soluciones? Cualquier remedio en el que se piense para evitar que millones salgan con una desventaja escolar vitalicia, debe comenzar por crear incentivos para hacer que las escuelas eleven su calidad —y eso solamente puede lograrse trasladando la decisión de compra a los padres de familia.

O sea, haciendo posible que los padres de familia seleccionen la escuela que ellos crean que es la mejor para sus hijos —una característica que mientras no exista no permitirá elevar por diseño la calidad educativa.

Mientras el gobierno pague directamente a los maestros, ni estos ni el gobierno pensarán en satisfacer las necesidades educativas de los hijos de padres que no tienen otro remedio que las escuelas públicas.

En un sistema en el que el comprador tiene el poder de comprar decidiendo entre varias opciones, quienes las ofrecen tienen interés en satisfacer a sus compradores —lo que no sucede en esquemas de financiamiento en los que quien recibe el bien o servicio tiene una sola y única opción.

La mentalidad estándar suele no concebir otra alternativa a la educación pública que la de este esquema que produce bajos niveles educativos y condena a millones a tener una desventaja vitalicia —un error que conduce a desigualdades injustas y crea pobreza.

Nota del Editor

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