Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Redistribución y Precios
Leonardo Girondella Mora
4 diciembre 2014
Sección: ECONOMIA, Sección: Asuntos
Catalogado en: ,


Intentaré demostrar que las situaciones en las que se reclama una indebida separador.001distribución del ingreso y para solventarla se reclama la acción gubernamental, se comete un error de fondo.

Los precios de bienes y servicios son representaciones de las decisiones —y posteriores acciones— de las personas que compran y venden. Pueden ser representados de manera muy simple:

• El comprador siente una necesidad, decide la mejor manera de satisfacerla y actúa realizando la compra a un precio en el que prefiere el bien comprado a continuar poseyendo el dinero que desembolsa.

• El vendedor decide ofrecer un bien que piensa que puede satisfacer las necesidades de otros y lo hace a un precio en el que prefiere la cantidad de dinero que recibe a continuar poseyendo el bien que ha puesto en venta.

El precio, acordado entre ambos, ése en el que se realiza la compra-venta tiene una naturaleza muy especial: es el precio en el que el comprador prefiere el bien a su dinero y el vendedor prefiere el dinero a su mercancía.

Cada compra-venta, por tanto, permite una mejora en la situación de los dos. El vendedor ha preferido el dinero y lo ha obtenido; y el comprador ha preferido el bien y lo ha conseguido —los dos han ganado.

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Lo anterior es el resultado de acuerdos libres entre dos personas que tienen alternativas de acción y que se han decidido por comprar y vender —pudiendo haber decidido no realizar la transacción, o pudiendo elegir otras opciones de compra y de venta.

Una modalidad interesante acontece cuando entra en juego una tercera persona —siempre que ella tenga poder para alterar las decisiones del comprado, del vendedor, o de ambos.

El caso clásico de la intervención de un tercero con poder es el control de precios —cuando el gobierno ordena y obliga que las compra-ventas de ciertos bienes se hagan a un precio forzoso predeterminado.

El ejemplo de control de alquileres de casas y departamentos es un ejemplo muy común —como también, los casos de controles de precios de alimentos básicos, como huevos, pan, leche y similares.

La intervención del tercero con poder para forzar precios puede verse en tres escenarios:

• El precio forzado por el gobierno coincide con el precio que hubieran aceptado libremente el comprado y el vendedor —una situación que hace redundante la intervención estatal.

Por supuesto, ya que los precios cambian en el tiempo, cabe la posibilidad de que el precio forzado por el gobierno se mantenga actualizado y su intervención siga siendo redundante —o bien, que el precio forzado se quede por abajo o por arriba del precio que hubieran acordado libremente, sin intervención, ambas partes (lo que explico en los dos escenarios que siguen).

• El precio forzado por el gobierno es inferior al que hubieran acordado el comprador y el vendedor —una situación en la que el comprador termina con una rebaja de precio no autorizada por el vendedor, lo que le beneficia; pero al mismo tiempo, el vendedor recibe un daño por causa de la acción gubernamental.

• El precio forzado por el gobierno es superior al que hubieran acordado el comprador y el vendedor —en cuyo caso, el vendedor recibe un beneficio no buscado por él y el comprador, un daño al tener que pagar más por el bien que necesita.

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Hay varias vías para analizar lo anterior, pero quiero llamar la atención sobre una de ellas solamente —el efecto distributivo que produce la existencia de un precio forzado coercitivamente.

Cuando la compra-venta se realiza con libertad por ambas partes se tiene un intercambio beneficioso para ellas —el comprador prefiere el bien y el vendedor prefiere el dinero, en ese nivel de precio. No hay distribución de ingresos, de dinero, de bienes, de nada, Todo es un intercambio voluntario.

Cuando en cambio se obliga a un precio forzado, entonces sí hay redistribución. Si el precio es menor al que hubiera pagado el comprador, la redistribución favorece al comprador; y si el precio es mayor al que hubiera aceptado el vendedor, la redistribución favorece a éste.

Llego así al punto que he pretendido demostrar: cuando se escuchan reclamos de distribución injusta del ingreso suele pedirse también la acción gubernamental para su mejor redistribución —pero en la realidad fue la intervención gubernamental la que ha ocasionado la injusta distribución.

Si se profundizara la intervención gubernamental, esa distribución del ingreso sería aún más injusta porque fue ella la que en un principio la ocasionó. O sea, cuando se encuentran casos de distribuciones irregulares del ingreso es muy probable que ellas hayan sido causadas por la intervención gubernamental en la economía.

Finalmente, en un mercado libre, con precios espontáneos formados por acuerdos libres entre compradores y vendedores no existe una actividad distributiva del ingreso —solamente intercambios en los que cada parte termina en una situación mejor que la inmediata anterior.

Nota del Editor

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