Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Libertad, Esclavitud, Gobierno
Leonardo Girondella Mora
26 enero 2016
Sección: LIBERTAD GENERAL, POLITICA, Sección: Asuntos
Catalogado en:


Determinar cuál es la función central del gobierno es lo que me propongo explorar en lo que sigue —eso que puede considerarse la razón de ser de los gobiernos, lo que los justifica y constituye su función prioritaria.

No hay razón de ser más fundamental de todo gobierno que la defensa de la persona misma: sus libertades. Ninguna otra función tiene siquiera igual importancia que esa defensa.

Esto puede justificarse viendo las consecuencias de lo que sucede en caso de que no se defendieran las libertades. Si eso llegara a suceder y los gobiernos no defendieran las libertades personales, entonces podría argumentarse que la esclavitud es algo perfectamente justificable.

Dentro del argumento que reprueba a la esclavitud, por tanto, se encuentra escondida la principal función de un gobierno. La reprobación de la esclavitud significa una aprobación de la libertad —lo que justifica la función primaria de los gobiernos, defender a la libertad.

Hay otro argumento en favor en la defensa gubernamental de la libertad. Si se reprueba a la esclavitud, entonces por definición, también deberá reprobarse el robo —lo que significa que existe una conexión íntima entre la defensa de la libertad y la defensa de la propiedad personal.

Pienso que hasta aquí es aceptable concluir que quien reprueba a la esclavitud, también reprueba al robo —lo que visto del otro lado, significa la defensa de la libertad y de la propiedad personal.

Puede concluirse, que antes y muy por encima de cualquier otra función, los gobiernos tienen su razón de ser en la defensa de la persona —una defensa de la libertad y de la propiedad personal.

Es claro y cualquiera puede entender que sin propiedades personales la libertad humana no puede ser una realidad. Es la posibilidad de poseer bienes propios lo que hace posible ser libre —y si no, inténtese tener un régimen sin propiedad privada para constatar que allí no habrá libertad.

Existe una conclusión adicional a la anterior: cualquiera que sea la función adicional que se asigne a un gobierno, ella no puede estar en contra de su función central —no importa que al gobierno se le añadan otra responsabilidades pues cualquiera que éstas sean no podrá violar libertades ni propiedades.

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Lo anterior debe servir como un aviso preventivo para todos aquellos que quieran añadir funciones a los gobiernos —quienes quieran agregar responsabilidades gubernamentales deberán considerar que ellas no pueden afectar negativamente la defensa de libertades y propiedades.

Debe servir también como una guía para que los gobernantes concentren sus prioridades en las funciones centrales: buenos servicios de policía y justicia, dentro de un marco legal sustentado esencialmente en esa defensa de libertades y propiedades.

De no realizarse los puntos anteriores, los gobiernos se encontrarían en una posición paradójica —estarían ellos apoyando de manera indirecta situaciones muy reprobables, de robo y esclavitud. Aunque esto suene demasiado extremo, debe ser aceptado como una realidad incómoda.

Quizás sea este mi punto central, el de hacer explícita la relación que existe entre la reprobación de la esclavitud y el robo con la idea de un gobierno cuya función central es la defensa de las libertades humanas y las propiedades personales.

Addendum

Lo que he anotado en esta columna pone en apuros severos a quienes proponen gobiernos con responsabilidades adicionales por encima de las que he mencionado.

Un caso notable es el de las funciones redistributivas de riqueza, cuando los gobiernos toman propiedades de unos para dárselas a otros —algo que difícilmente puede ser justificado ya que se trata de un ataque a la propiedad personal y por tanto la libertad.

Un diálogo sobre la función central del gobierno es, por tanto, una buena avenida inicial para discutir la conveniencia de la adición o no de responsabilidades gubernamentales extras y que puedan alterar la defensa de libertades y propiedades.

Nota del Editor

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