Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
No es Una Constitución
Eduardo García Gaspar
13 diciembre 2016
Sección: LEYES, Sección: Una Segunda Opinión, SOCIALISMO
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La nueva constitución política de la Ciudad de México tiene sus rasgos curiosos. Este proyecto, para aprobarse el año entrante, es una mezcla de fantasía, socialismo, recursos ilimitados, verborrea, ignorancia y progresismo.

La usual quimera del que vive en una torre de marfil y no ha tenido contacto con la realidad del trabajo diario. Como una alucinación parlamentaria o legislativa. Vea esto, por ejemplo:

« Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común.En el ejercicio del poder público se garantizará la incorporación transversal de los derechos humanos, así como de las perspectivas de género, interculturalidad, accesibilidad e inclusión, intergeneracionalidad y sostenibilidad» Título 1, artículo 9, B, 4 y 5

Si usted lo entiende, felicidades, pero recuerde que eso tan confuso va a ser interpretado en favor de la autoridad, siempre en su favor.

El artículo 10 y siguientes son una pieza de marketing progresista que posiciona a esa ciudad como «Ciudad de Libertades y Derechos». No los que nos imaginamos tradicionalmente. Allí no encontrará el derecho a la propiedad, sino otros.

«Derecho a la autodeterminación personal, derecho a la integridad, derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a defender los derechos humanos [sic], derecho a la ciudad, derecho a la buena administración pública, derecho a la información, derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria, derecho a la educación, derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, derechos culturales, derecho a la vida digna, derecho al cuidado, derechos de las familias, derecho a la alimentación y a la nutrición, derecho al más alto nivel de salud…».

Esos no son siquiera la mitad de los derechos que contiene tal proyecto de constitución. El resto los he colocado en el post-scriptum abajo y son morbosamente fascinantes.

Más deslumbrante aún es la premisa de la que parten esos derechos. En un mundo normal, los derechos son preexistentes y reconocidos por la ley, pero no en este caso.

En esa ciudad, los derechos los otorga el gobierno de la ciudad en la que «las personas gozan de los derechos humanos y garantías contenidos en esta Constitución […]».

¿Derecho a la propiedad? No, olvídelo, sustitúyalo con «derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas jóvenes, derechos de personas mayores, derechos de personas con discapacidad, derechos de la población LGBTI», o el que quiera de la amplia lista.

La palabra ‘propiedad’ no se menciona una sola vez en el título de derechos. Ni una sola.

En su fondo es una constitución que en realidad no lo es. Es un proyecto estatal para el crecimiento estatal que consolida el poder estatal. Lo hace por medio de un mecanismo simple: un gobierno produce una lista de derechos de los que el gobierno se nombra a sí mismo responsable de implantar.

El resultado resulta pintoresco porque entre otras cosas la persona tiene el derecho a «manifestar públicamente sus afectos», lo que echa a andar la imaginación acerca de lo que podría suceder en un parque y ser reclamado como legal.

O bien, se tiene derecho a la sexualidad, lo que implica acceso a «información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica». ¿Educación religiosa de este tipo? No, usted no tiene derecho a ella. Ni a cuestionar lo que el gobierno predique.

En cuanto a la propiedad privada, ella se limita: «[los] bienes públicos y privados deben otorgar prioridad al interés social, cultural y ambiental». Es decir, las posesiones de todos están en manos de lo que piense el gobernante.

Siguiendo con la propiedad privada, esa constitución en proyecto la coloca como un objeto a redistribuirse (mis itálicas):

« Toda persona tiene el derecho individual y colectivo a participar, contribuir y disfrutar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la redistribución de la riqueza […] Las autoridades adoptarán medidas para […] redistribuir el ingreso […]».

Para esa constitución, entonces, no existe el derecho a la propiedad, que es la crítica usual que recibe con gran razón. Mi punto es que esa constitución no solo hace eso sino que también va en contra de la propiedad personal, pues la autoridad se autonombra agente redistibutivo de riqueza e ingresos.

La palabra ‘colectivo’ y sus derivados directos aparecen 21 veces, casi el doble de ‘individuo’ y sus derivados directos.

El proyecto de constitución de la Ciudad de México es, según lo expuesto, un manifiesto ideológico socialista-progresista que concentra el poder en su gobierno reduciendo las libertades y derechos personales. No, no es una constitución.

Esa mentalidad está bien ilustrada en uno de los artículos:

«El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, la rectoría de su administración será pública o comunitaria. Se prohíbe toda forma de privatización del agua».

¿Podrá venderse en esa ciudad agua embotellada? Este es el problema de esa constitución, la duda de cada persona. ¿Me dejarán hacer esto? ¿Me permitirán hacer lo otro? Nunca habrá seguridad de nada para el ciudadano.

Y esa es la paradoja. Queriendo supuestamente dar seguridad a la persona termina por colocarla en una situación de total inseguridad ante el poder estatal. Es un proyecto estatal para el crecimiento estatal que consolida el poder estatal.

Post Scriptum

El resto de los derechos en esa constitución en proyecto (tome aliento antes):

«derecho a la vivienda, derecho al agua y a su saneamiento, derecho al desarrollo sostenible, derechos económicos, derechos de las personas trabajadoras, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas jóvenes, derechos de personas mayores, derechos de personas con discapacidad, derechos de la población LGBTI, derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, derechos de las víctimas, derechos de poblaciones en situaciones de calle, derechos de las personas privadas de su libertad, derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social, derechos de personas afrodescendientes, derechos de personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario, derecho a un medio ambiente sano, derecho al desarrollo urbano equitativo, estético, armónico y sostenible, derecho a los espacios públicos, derecho a la vía pública, derecho a la accesibilidad y movilidad humana, derecho a la protección civil y seguridad urbana, derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y la delincuencia, derecho a la convivencia pacífica y solidaria, derecho a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos, derecho a la memoria, derecho de acceso a la justicia, derecho a la reparación integral».

Merece leerse Nuevo Truco Socialista.

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