Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Corrupción: Malas Soluciones
Eduardo García Gaspar
17 mayo 2017
Sección: CRIMEN, POLITICA, Sección: Una Segunda Opinión
Catalogado en:


«¿Quién vigila a los vigilantes?» Juvenal

No es nuevo el tema. Un clímax de su uso político fue entre 1982 y 1988 en México.

En esos años, Miguel de la Madrid fue presidente. Quizá su mayor tema fue la «renovación moral».

Tenía su justificación después de su antecesor, José López Portillo, no precisamente célebre por su honestidad. En palabras del propio de la Madrid:

«[…] la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social […] la renovación moral debe ser un compromiso de todos y cada uno de los mexicanos, de todos y cada uno de los sectores y de los gremios; pero hemos de saber tomar, en el gobierno de la República, nuestros propios compromisos y nuestras propias obligaciones». proceso.com.mx

Hubo propuestas de leyes, reformas a la constitución, acciones e iniciativas, cuyo resultado no fue, tengo la sospecha, exitoso.

El asunto se olvidó, pero ha vuelto a surgir con buena razón. Los actuales gobernantes tampoco son precisamente célebres por su honestidad.

Uno de los candidatos a la presidencia de México en 2018 ha definido el problema como el central en el país. Tan principal que al resolverlo se tendrán recursos suficientes como para cambiar las cosas radicalmente.

Examinemos esa propuesta concreta del candidato nuevo. Tiene ella las siguientes acciones que implantará para acabar con la corrupción.

  • Una convocatoria a la sociedad para que fortalezca su honestidad.
  • Participación ciudadana en cada etapa del combate a la corrupción gubernamental.
  • Sistema de declaración patrimonial sin excepciones de todos los funcionarios gubernamentales que serán vigilados por una entidad gubernamental.
  • Auditorías a cargo del gobierno realizadas en tiempo real.
  • En ninguna empresa contratada por el gobierno podrá haber funcionarios altos que hayan trabajado en el gobierno durante los diez últimos años.
  • Sanciones a contratistas y funcionarios por obras falsas, malas o no ejecutadas.
  • Ningún funcionario ni familiar suyo podrá estar ligado con empresas contratadas por el gobierno.
  • Se acabará con influyentismo y componendas.
  • Las faltas anteriores se considerarán delitos graves.
  • Se reformará la constitución del país para crear una entidad judicial, especializada en delitos de corrupción.

No es nueva esa serie de ideas, nada nueva. Miguel de la Madrid propuso cosas similares, como la incompatibilidad de intereses, sistemas modernos de licitaciones y demás. No funcionó realmente, según se ven los resultados. Más recientemente, en 2015 se reformó la constitución para crear un sistema nacional anticorrupción.

En general, esto da la impresión de que esas medidas son irrelevantes y bastaría con aplicar las leyes, lo que puede ser indicativo de que la falla no está en otra parte que en el poder judicial. Podría ser que su total renovación produjera mejores resultados que esas medidas acostumbradas e ineficientes que son más parte de campaña electoral que de gobierno real.

¿Cuál es el problema de fondo? Me refiero a eso que hizo fracasar las acciones de de la Madrid y provoca serias dudas de las propuestas de López Obrador. La respuesta se encuentra en el mismo libro del candidato.

Su primera parte es una larga lista de sucesos y reclamos seleccionados de casos internos de corrupción gubernamental y caos externos con allegados al gobierno, eso que se conoce como crony capitalism o crony socialism.

Esos sucesos de corrupción son claramente irregularidades gubernamentales, acciones deshonestas de gobierno, donde la autoridad es el actor central. ¿Podría el culpable ser el juez de sus propias conductas? ¿Podría el culpable mismo dictarse una sentencia convincente de castigo?

No parecería razonable que un ladrón fuera su propia policía y su propio juez. Pero eso es lo que proponen las medidas de de la Madrid y López Obrador. No solo eso. Hay algo que suele pasar desapercibido.

En lo general, como principio básico, se establece una relación entre tamaño del gobierno y corrupción; a gobiernos más grandes y con más poder, mayores índices de corrupción. Y ya que López Obrador propone un gobierno más grande y con mayor poder, es natural suponer que tendrá mayores ocasiones de corrupción.

Puesto de otra manera, las medidas del plan de gobierno del candidato no tienen evidencias de éxito anterior y, peor aún, su gobierno de mayor tamaño y poder elevará los índices de corrupción.

No es un problema menor porque el candidato sustenta que su combate a la corrupción dará resultados inmediatos que le proveerán de recursos que usará en sus costosos programas. Una debilidad sustancial.

«Quis custodiet ipsos custodes?»

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