Combate a drogas: opciones

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Alternativas a la guerra contra las drogas es la idea de Manuel Sánchez González en esta columna.

Desde 2008, la delincuencia y en especial la cometida de forma violenta han mostrado una tendencia ascendente.

El indicador más dramático ha sido el aumento de homicidios, los cuales han alcanzado niveles sin precedente tanto en su número como en su porcentaje respecto a la población.

El incremento de muertes ha coincidido con el recrudecimiento de las pugnas entre los grupos del crimen organizado por el predominio de los territorios para la producción, la venta y la distribución de drogas.

Al ser Estados Unidos el principal mercado de destino de las sustancias ilícitas, la violencia ha sido más acentuada en las poblaciones que forman parte de las rutas de transporte ilegal hacia esa nación.

Si bien no existen estadísticas oficiales al respecto, algunos estudios estiman que más de la mitad de los homicidios recientes podría asociarse con los cárteles dedicados a esas actividades. Bajo este supuesto, la violencia relacionada con las drogas podría haber cobrado más de cien mil muertes durante la última década.

México es un punto de producción y de tránsito de una gran cantidad de narcóticos que se introduce a Estados Unidos, incluyendo marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas como las metanfetaminas.

Por muchos años, el gobierno de nuestro país aplicó una política de cierta tolerancia hacia el cultivo de estupefacientes, que combinaba corrupción con acciones esporádicas de castigo, incluyendo decomisos de mercancía y captura de líderes notables.

Aparentemente, la mayor frecuencia de esas acciones propició, a mediados de la primera década de este siglo, un mayor enfrentamiento entre los grupos delictivos.

Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2006, con la entrada de la nueva administración gubernamental, cuando inició la guerra frontal contra las drogas, basada en una intervención a gran escala del Ejército.

Aunque con una atenuación temporal al principio del actual gobierno, la tendencia general durante estos años ha sido de escalamiento del combate.

La captura y la muerte de jefes de la delincuencia han resultado en la escisión de las alianzas criminales que ha avivado la violencia. Los narcotraficantes recurren a medios cada vez más potentes para defenderse no sólo de sus competidores sino también de las autoridades.

La evaluación de la guerra contra las drogas no puede ser positiva.

Por una parte, los beneficios no son claros. El consumo nacional ha aumentado, si bien lo ha hecho de forma moderada y las proporciones de usuarios se mantienen relativamente bajas. Resulta más significativo el hecho de que la producción y la distribución hacia el exterior hayan continuado expandiéndose.

Por otra parte, los costos incurridos por la sociedad son enormes y superan, por mucho, cualquier posible ganancia.

El mayor daño ha sido el extraordinario número de muertes, muchas de los cuales corresponden a representantes del orden y civiles inocentes.

En la última década, las pérdidas humanas por esa batalla son semejantes a las registradas en conflictos armados internacionales, como la guerra de Afganistán durante el presente siglo.

Los enfrentamientos tienen graves repercusiones en la seguridad pública, afectando especialmente a las comunidades pobres, donde operan los grupos delictivos.

La guerra contra las drogas implica también una considerable carga presupuestal para sufragar los gastos relacionados con la persecución, el procesamiento y el encarcelamiento de los narcotraficantes.

Ante el fracaso de la guerra contra las drogas, la estrategia no puede seguir siendo la misma, orientada a combatir los síntomas. 

Una alternativa superior sería contrarrestar las causas, consistentes en la elevada rentabilidad del negocio asociada a su carácter ilegal. El precio de las sustancias ilícitas es alto porque refleja el riesgo de ser capturado o incluso de perder la vida, el cual se acrecienta con el combate.

De ahí que la solución de fondo sea la legalización de las drogas. Ello reduciría sustancialmente la violencia y los costos sociales descritos, como ocurrió con la derogación de la Ley Seca o Prohibición en Estados Unidos en 1933.

Tal estrategia podría complementarse con impuestos a su venta suficientemente altos para impedir que aumente el consumo, así como severas sanciones por su venta a menores.

Algunos países, como Portugal, han iniciado este camino mediante la despenalización total del consumo. Otros, como muchas jurisdicciones estadounidenses, han optado por la legalización limitada a ciertas sustancias. Es tiempo de que México empiece una discusión abierta sobre el tema.

Nota del Editor

Esta columna fue publicada anteriormente en El Financiero. Agradecemos el amable permiso de reproducción. El autor fue subgobernador del Banco de México de 2009 a 2016. Desempeñó diversos cargos en BBVA Bancomer. Fue director general del CAIE en el ITAM.

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