Fines que todo justifican

,

El principio dice que «el fin no justifica los medios».

Cualquiera que sea el propósito que se busque, no importa qué tan admirable sea, ese objetivo no sirve para legitimar los medios que se usen para alcanzarlo.

Esta es una base ética reconocida y razonable —y que frena la inclinación humana a realizar actos indebidos usando como pretexto las buenas intenciones que se presume tener.

Las más admirables de todas las intenciones, los objetivos más bondadosos y los propósitos más encomiables no pueden ser usados como argumentos que justifiquen toda acción que sirva de medios para alcanzarlos.

El principio ético que eso establece puede cimentarse sólidamente examinando lo que sucedería en su ausencia. Daría plena validez ética a cualquier acción si ella persiguiera un fin considerado bueno —como el robar para vivir mejor, el matar para recibir una herencia y actos de esa misma índole.

La consideración anterior me sirve de preámbulo al punto que quiero tratar en esta columna —el de los gobiernos que justifican sus acciones y actos usando a sus intenciones como justificación.

Si la intención es buena, razonan muchos gobernantes, las acciones que se tomen para lograrla están plenamente justificadas —con la complicación adicional de que buena parte del electorado parece estar de acuerdo con ese juicio fallido.

Uno de los ejemplos más cristalinos de estos tiempos es la intención igualitaria —la que considera como gran objetivo moral a la igualdad material de las personas y que usa a la intención de igualdad como un justificante legítimo de cualquier acción de gobierno, sin distinción alguna.

Si la meta última y gran intención es la igualdad material y eso da respaldo a cualquier acción que intente realizar tal igualdad, no hay límite a las acciones que el gobernante pueda realizar. Podrá expropiar bienes legítimos, podrá frenar iniciativas empresariales, podrá manipular incentivos económicos de modos reprobables sin que pudiera expresarse una reprobación ética.

El gobernante que usa a sus intenciones como argumentos para defender sus acciones limita su consideración ética al bien general de la sociedad como él lo entiende —y eso le sirve como demostración de que sus acciones son legítimas, cuando en realidad pueden o no serlo.

La consideración del «bien general» le servirá para justificar el «daño individual» —y justificará plenamente dañar a unos pocos con tal de beneficiar a muchos otros. Este es el punto central de la ética gubernamental obsesionada con los objetivos de bienestar general.

En ese modo de pensar, la persona individual carece de importancia y se justifica sacrificarla si se cree que eso aumenta el bienestar social —la sociedad entonces se convierte en el ente que exige sacrificios de cualquier persona. Y la sociedad está definida según la concepción de las ideas del gobernante.

Mi punto es la conversión del «bienestar general», definido por el gobernante, como la razón de estado que todo lo justifica —todo, absolutamente todo, lo moral y lo inmoral, lo eficiente y lo ineficiente, sin nada que pueda usarse para demostrar la equivocación del gobernante.

Si el fin no puede justificar a los medios, tampoco el bienestar general de una sociedad puede usarse para legitimar a las acciones que tome un gobierno. Las acciones mismas también tienen que estar sujetas a un juicio moral en sí mismas, sin importar sus intenciones.

Es una práctica política estándar que en las elecciones de gobierno los candidatos planteen grandes intenciones universales —como la prosperidad social, el crecimiento económico, el renacimiento nacional, el combate a la pobreza y otros propósitos de similar naturaleza, contra los que no puede argumentarse.

Y es también un hábito corriente el que esas metas sean usadas como justificación de acciones cuestionables ética y prácticamente. Más aún, es costumbre general que las acciones propuestas no sean sujetas a exámenes siquiera superficiales —lo que hace que el país sea presa de acciones indebidas que no dan resultados y en las que se insiste argumentando sus intenciones.

Los ejemplos más dramáticos de intenciones gubernamentales han sido la sociedad sin clases del régimen soviético y el dominio racial universal del régimen nazi —pero en escalas menos ambiciosas se padecen también regímenes obsesionados con metas que sirven para justificar toda acción gubernamental.

La obsesión igualitaria actual es un caso de estos y ha convertido a la igualdad en una razón de estado que sirve de licencia ética para realizar cualquier acción gubernamental sin que ella sea sujeta a una evaluación ética —como tampoco de resultados prácticos.

Ha sido mi intención resaltar una miopía de actualidad: el evaluar a los gobernantes por los fines que persiguen, cuando ellos deberían ser evaluados por los medios que proponen.

ContraPeso.info es un proveedor de ideas que intentan explicar la realidad económica, política y cultural. Defiende la libertad responsable y sus consecuencias lógicas.

 


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *