La intención de la «distribución económica» del ingreso o la riqueza es un tema siempre presente en el campo de los planes gubernamentales y plataformas electorales.

Por ejemplo, recientemente en México, se ha propuesto (itálicas mías):

«[…] la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia […] el Estado de Bienestar atempera las desigualdades y hace posible la justicia social […] pero el crecimiento debe acompañarse de una distribución equitativa de los beneficios […] cuya población vive en la pobreza por una inadecuada distribución del ingreso nacional […] es una falacia que el Estado no debe promover el desarrollo, o no buscar la distribución del ingreso […] al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales»

Vista en su esencia la «distribución económica» que propone esa plataforma electoral es un incremento del poder estatal para establecer un mecanismo de tomar-dar —toma recursos de unos para darlos a otros.

La propuesta es escasamente novedosa y tiene una naturaleza que exploro en lo que sigue, demostrando al final que en realidad no existe esa distribución de riqueza:

• Su cimiento es un aumento del poder gubernamental. Al poder político ortodoxo se añade el poder de retirar recursos propiedad de algunos para darlos a otros —es un poder agregado de confiscación de propiedades personales. Una violación del derecho de propiedad.

• Su hipótesis es la existencia de propiedades excesivas de unos y que por justicia deben pasar a ser propiedad de otros. Un reclamo que se califica como de justicia equitativa: nadie debe tener propiedades excesivas, sin que eso tenga una definición exacta.

• Supone también que la libre actividad económica de producción de satisfactores es una actividad distributiva injusta que debe ser modificada por medio de ese poder agregado estatal de confiscación y reparto de propiedades.

En resumen, las propuestas de «distribución económica» necesitan elevar el poder gubernamental a un nivel mucho mayor por medio del que pueden apoderarse de propiedades de algunos con la intención de darlos a otros —con un paso intermedio por el que las propiedades confiscadas se convierten en propiedad gubernamental antes de convertirse en dádivas a otros.

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En ese proceso hay tres sujetos distintos que examino ahora:

Las personas a las que se les confiscan propiedades personales por considerar que sus propiedades son excesivas. Ellas, se decreta, tienen demasiadas propiedades y existe una obligación moral de confiscarlas.

No hay, por lo general, una identificación plena de estas personas —las que suelen ser conocidas como «ricos», o algo similar, personas con grandes fortunas y que se juzga son inmerecidas, lo que justifica su confiscación.

Las personas a las que se les dan beneficios pagados por propiedades confiscadas y que suelen ser identificadas generalmente como los «pobres» —personas con escasas o nulas fortunas y que se juzga que deben recibir beneficios producto de esas propiedades confiscadas a otros.

Las personas que tienen el poder de confiscación de recursos de propiedades de terceros y que pueden ser identificadas como la burocracia y los gobernantes mismos —todos esos que se convierten en propietarios de los bienes confiscados.

Lo que he apuntado es que la «distribución económica» realizada por el Estado tiene un grupo de personas afectadas con la confiscación de sus propiedades y dos grupos de beneficiados, la burocracia/gobierno y esos a quienes se dan beneficios financiados por las propiedades confiscadas.

Esto es lo que me permite llegar al punto central de mi columna: nunca hay en realidad una «distribución económica» de recursos de «ricos» a «pobres» —solamente existe una transferencia de propiedad de los «ricos» al gobierno/burocracia.

Con esto afirmo categóricamente que la intención de «atemperar las desigualdades sociales» por medio de la distribución de la riqueza nacional no solo no es lograda, sino que la desigualdad social es incrementada —con el gobierno siendo ahora la entidad propietaria de mayor riqueza.

El gobierno que implanta políticas redistributivas, por tanto, se hace más poderoso, maneja más recursos, monopoliza los recursos y crea más desigualdad —ese gobierno se convierte en el rico más rico entre los ricos a quienes antes confiscó propiedades.

Esto es un empeoramiento de la situación previa: el gobierno se ha convertido en propietario de la mayoría de la riqueza nacional y, peor aún, no la usa en tareas productivas que permitan generar mayor prosperidad sino en otorgamiento de favores, concesiones, dádivas y donaciones que benefician más a quienes sean los más incondicionales del gobierno.

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Mi punto ha sido demostrar que la noción de la redistribución de la riqueza es un embuste colosal, ya que en realidad nunca se realiza esa redistribución —solamente existe una transferencia de grandes propiedades de terceros a un nuevo propietario, el gobierno.

No hubo distribución a otros ciudadanos, solamente hubo una transferencia forzada de propiedades de otros al gobierno —el que mantiene propiedad sobre ellas al decidir quiénes son los que reciben qué favores.

Los recursos retirados de ciertas personas, por ejemplo, deben permanecer en manos estatales para dar servicios de educación, salud, transporte y demás —es decir, nunca llegan a ser propiedad real de los pobres a quienes se pretende ayudar y ellos permanecen como seres sin propiedad dependientes de las acciones de gobierno.

Lo anterior se suma a las otras críticas que ha recibido la estrategia de la distribución de la riqueza y que en conjunto indican con fuerza que esa distribución es incompatible con el progreso y la democracia. Cuando un gobierno redistribuye la riqueza, en realidad la confisca a su favor y se convierte en una agencia de favores condicionados que exigen sumisión.

Addendum

La cita inicial es del libro de A. M. López Obrador, 2018 La salida: decadencia y renacimiento de México, en donde describe su plan de gobierno.

Nota del Editor

Véase Los Multimillonarios Reales, para comprender que los gobernantes tienen control sobre fortunas superiores a las de los más grandes millonarios del mundo.

O, mejor aún, véase Los Más Grandes Gastadores, para comprender que las mayores fortunas las tienen los gobernantes —no por corrupción, sino por sistema de gasto gubernamental.

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