Las consecuencias de la política de precios de garantía implantada por el gobierno mexicano es la idea de Manuel Sánchez González en su columna.

En días pasados, el gobierno de México anunció el inicio de su programa de precios de garantía que se aplicará a ciertos productos agropecuarios. 

Si bien se argumentaron algunas intenciones loables, en cualquier país estos apoyos tienden a disminuir el bienestar de la sociedad.

Los artículos seleccionados son el frijol, el maíz, el arroz, el trigo y la leche, con precios de garantía notablemente superiores a las referencias actuales de mercado.

Desde la óptica gubernamental, la justificación del plan es «social», porque buscará beneficiar exclusivamente a los pequeños y medianos productores de esos bienes y, de esta manera, aliviar la pobreza. 

Asimismo, se espera que, con la mayor producción, México reduzca las importaciones y «se acerque» a la autosuficiencia alimentaria.

Para asegurar que los apoyos se dirijan a la población objetivo, las autoridades establecieron extensiones territoriales máximas para los cultivos. Además, con el fin de evitar intermediarios, sólo comprarán directamente a los productores, cubriéndoles de forma inmediata el valor de la cosecha al precio oficial, lo que puede ser en efectivo.

El manejo del programa estará a cargo de un nuevo organismo, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyas funciones incluyen la adquisición, el acopio, la distribución y la comercialización de los productos protegidos.

El presente proyecto guarda una extraordinaria similitud con los sistemas de precios de garantía que prevalecieron en México durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. 

Con alcances variables, tales medidas alcanzaron su cenit durante los años setenta, y fueron gestionadas por Conasupo, cuya misión era muy semejante a la de Segalmex.

Los resultados de los apoyos de precio durante esas décadas fueron muy inferiores a los esperados, con la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, lograda por algún tiempo en algunos cultivos gracias a la Revolución Verde, y sin una disminución clara de la pobreza.

El actual gobierno ha prometido que su programa no incurrirá en las deficiencias de los anteriores, incluyendo la corrupción endémica que los caracterizó. Además, buscará descartar desvíos mediante una «contraloría social», la cual consistirá en la confirmación de los propios campesinos de que los beneficiarios satisfacen los requisitos estipulados.

Sin cuestionar la legitimidad de sus propósitos, es poco probable que el nuevo plan logre un gran avance. El problema principal es que los precios de garantía generan costos que superan con creces cualquier posible beneficio y, tarde o temprano, los hacen inviables.

Entre los costos económicos de esos apoyos, destacan los siguientes cuatro, dos directos y dos indirectos.

El primer costo directo es el desperdicio de los recursos de la sociedad. Al establecer un precio por arriba del de mercado, el gobierno propicia un exceso de oferta que debe absorber y luego mantener si no quiere deprimir la cotización del producto protegido. Tal deshecho implica una caída del bienestar de la sociedad.

Un segundo costo directo se asocia con los recursos que el país debe dedicar para gestionar el sistema, los cuales crecen con su complejidad y, por ende, con los riesgos de corrupción. 

La integridad de los productos, la autenticación de la producción, la extensión de los cultivos, la ausencia de colusiones o fragmentaciones territoriales y el pago en efectivo ilustran los desafíos administrativos del programa anunciado.

Un tercer costo, indirecto, se refiere al sacrificio que implica no asignar de la mejor manera los recursos de la sociedad. Por una parte, los precios de garantía propician que se desvíe la producción hacia los bienes subvencionados, en detrimento de aquellos en los que se observa una mayor productividad.

Por otra, los fondos públicos dedicados a alentar los productos pueden tener un mejor uso alternativo. Por ejemplo, las transferencias directas para la educación y la salud de los campesinos pueden ser un medio más potente de atenuar la indigencia.

Y un cuarto costo, también indirecto, es la posibilidad de que se amplifique la cadena de solicitudes de auxilio para otros sectores y productos, lo que distraería recursos de actividades productivas hacia la búsqueda de rentas mediante el cabildeo o la presión y movilización política.

En suma, los costos de los precios de garantía fácilmente sobrepasan cualquier ganancia potencial para la población que se desea favorecer. El mejor remedio de la pobreza es el crecimiento económico, el cual se dificulta con las distorsiones y los elevados costos de transacción asociados con los precios de garantía.

Nota del Editor

Esta columna fue publicada anteriormente en El Financiero. Agradecemos el amable permiso de reproducción. El autor fue subgobernador del Banco de México de 2009 a 2016. Desempeñó diversos cargos en BBVA Bancomer. Fue director general del CAIE en el ITAM.