Modificaciones financieras, México

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Las cuatro modificaciones recientes del sistema financiero mexicano es la idea de Manuel Sánchez González en su columna.

La semana pasada [del 7 de enero 2019], el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) dieron a conocer un conjunto de iniciativas orientadas a impulsar el sistema financiero, algunas de las cuales han estado en desarrollo y revisión por algún tiempo. 

Por su posible impacto, destacan las siguientes cuatro acciones.

La primera, y tal vez la más trascendental, medida consiste en la creación de una plataforma, denominada Cobro Digital (CoDi), para transferencias electrónicas mediante teléfonos inteligentes, abierta al público en general. 

Su posible aplicación incluirá pagos presenciales o remotos a establecimientos o entre usuarios.

Se trata de una extensión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) administrado por el Banxico y, por lo tanto, comparte sus ventajas. Específicamente, brindará a los usuarios seguridad, servicio continuo y una liquidación casi instantánea de las transacciones.

Adicionalmente, la CoDi ofrecerá una conveniencia notable, al basarse en dispositivos móviles, un funcionamiento sencillo y una amplia operabilidad entre cuentas de diferentes bancos.

El pago se realizará mediante el uso de un código de barras de Respuesta Rápida (QR, por sus siglas en inglés), que contiene toda la información relevante, a diferencia del código de barras más común cuya interpretación requiere el acceso a bases de datos.

Desde el inicio, a la CoDi se incorporará una veintena de bancos, lo que propiciará un mayor alcance respecto a los desarrollos digitales de los intermediarios individuales. 

El aumento de eficiencia será notable, con un costo de operación muy inferior a las alternativas en uso, incluyendo las terminales punto de venta de los comercios.

Se ha anunciado que la utilización para los usuarios será gratuita. Obviamente, existe el riesgo de que, al no poder cobrar comisiones, los bancos no destinen recursos propios para impulsar suficientemente el nuevo producto.

Una segunda disposición es la posibilidad de que los trabajadores soliciten cualquier tipo de crédito respaldado por su nómina a cualquier banco, no necesariamente al que ofrece el servicio de su cuenta de depósito.

Con ello, el derecho de cobro corresponderá a la institución que otorgue el préstamo elegido por el cliente, quien, además, establecerá el orden de prelación de los cobros en caso de existir más de un crédito amparado por su nómina.

Esta medida amplía la libertad de elección de los cuentahabientes respecto a sus empréstitos, de forma complementaria a la portabilidad ya vigente de su nómina. 

Así, se espera que la competencia aumente tanto en los créditos asociados, como en las correspondientes cuentas de depósito, cuya rentabilidad se hacía depender, en gran medida, de la exclusividad para otorgar los préstamos.

Una tercera iniciativa es la flexibilización del régimen de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores), con el fin de permitirles una mayor diversificación y, de esta manera, respaldar un mejor manejo en la búsqueda de una rentabilidad superior ajustada por riesgo.

Si bien los detalles no fueron dados a conocer, es de suponerse que podrían modificarse algunas restricciones legales vigentes, por ejemplo, el límite de 20 por ciento de los activos de las Siefores para valores extranjeros.

Y una cuarta iniciativa persigue fortalecer el mercado de valores como medio de financiamiento para las empresas. Se reducirá de 30 a 10 por ciento la tasa del ISR aplicable a las ganancias empresariales derivadas de las colocaciones de acciones en bolsa. 

Además, se exentará del impuesto la inversión de no residentes en deuda corporativa, en homologación con el tratamiento que actualmente se otorga en títulos gubernamentales.

Estas medidas se complementarán con la disminución de restricciones para las operaciones en el mercado secundario de valores, lo que incrementaría su liquidez.

Si bien tales cambios podrían impulsar las colocaciones accionarias, así como el apetito por bonos corporativos, no puede descartarse que su efecto sea pequeño. 

En particular, el hecho de que el número de firmas con acciones listadas sea muy reducido, e incluso haya disminuido en años recientes, parece responder a otros factores, entre ellos, la preferencia por mantener la propiedad empresarial en manos de los fundadores y sus descendientes.

En suma, las modificaciones financieras anunciadas representan un paso adicional en el largo proceso hacia la modernización financiera de nuestro país. Como en programas anteriores, el beneficio potencial dependerá de qué tan adecuada y profunda sea su implementación.

Nota del Editor

Esta columna fue publicada anteriormente en El Financiero. Agradecemos el amable permiso de reproducción. El autor fue subgobernador del Banco de México de 2009 a 2016. Desempeñó diversos cargos en BBVA Bancomer. Fue director general del CAIE en el ITAM.

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