Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
(Re)armando a Sudamérica
Selección de ContraPeso.info
22 julio 2005
Sección: DIPLOMACIA, Sección: Análisis
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ContraPeso.info presenta un análisis de Fabián Calle, acerca del armamentismo en América Latina, realizado bajo los auspicios de CADAL, Año III Número 32, fechado el 6 de junio de 2005. Calle es Investigador Senior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), miembro de la Carrera de Investigador del CONICET y esarrolla actividad docente en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

Este documento repasa el panorama de la adquisición de armamentos en Sudamérica mostrando un panorama que trasciende los casos de Colombia y Venezuela.

Tanto sea por la subsistencia de “rivalidades duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis político-sociales que impulsar a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena.

Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los EEUU, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales.

El gobierno de Venezuela ha iniciado un proceso de modernización de su aparato militar. En este sentido, ha firmado un acuerdo por 120 millones de dólares con Rusia para la adquisición de 10 helicópteros (7 de transporte y 3 de ataque). Asimismo, está prevista la compra de 100 mil fusiles de asalto AK 104.

Por su parte, se concretó la adquisición de 20 aviones de entrenamiento avanzado Super Tucano de la empresa EMBRAER de Brasil. Por último, se adquirirá por un valor cercano a los 1700 millones de dólares 12 aviones de transporte CASA 295, patrulleras navales y corbetas de fabricación española. En el caso concreto de España, a la firma del nuevo contrato con Caracas le precedió la cancelación de la transferencia a Colombia de 40 tanques AMX-30 y aviones Mirage F-1 ofrecida por el ex gobierno de Aznar.

Asimismo, Venezuela ha mostrado interés en adquirir en un futuro aviones de combate como el MIG-29 ruso. En este sentido, existen conversaciones también con Brasil para un eventual emprendimiento conjunto en la materia. Todo ello, en un contexto signado por ya casi dos años de elevados valores en el precio del petróleo (si bien en términos reales menores a los existentes durante las crisis energéticas de 1973 y 1979) y con Venezuela como proveedor del 15% del crudo que consumen los Estados Unidos y con varias miles estaciones de servicio de propiedad del Estado venezolano operando en territorio estadounidense.

La decisión de Caracas ha generado resquemores en diversos países del área, pero básicamente en los Estados Unidos y Colombia. Washington ha expresado su inquietud por el proceso de compra de armas y en especial por la decisión de actualizar todo el parque de fusiles de asalto con una nueva versión de fabricación rusa.

Desde el Pentágono y el Departamento de Estado se plantea el eventual desvío de las decenas de miles de armas dadas de baja en el turbulento conflicto en Colombia y el Subsecretario de Defensa para el Hemisferio Americano, Roger Pardo Maurer, afirmó que se está asistiendo al fin de la política que hasta el momento venía desarrollando los Estados Unidos hacia Venezuela y que se aproxima la hora de una nueva estrategia hacia Caracas.

Asimismo, agregó que el Presidente Hugo Chávez aprovecha la inestabilidad social y política en la región para impulsar sus intereses sobre otros países. La incorporación de material bélico más avanzado (aviones, barcos, etc.) por parte del gobierno de Chávez a Brasil, España y Rusia no despiertan el mismo resquemor dado que son considerados material adecuado para conflictos interestatales convencionales en donde Washington no tiene el riesgo de afrontar tácticas asimétricas ni pueden ser volcados fácilmente en ayuda de algunas de las partes enfrentadas en territorio colombiano.

El Comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, General Bantz J. Craddock, afirmó que si bien la posibilidad de guerras interestatales en América Latina son bajas, esa es la zona más violenta del mundo con una tasa de homicidios del 27,5 por 100 mil habitantes.

Como potenciadora de esta situación que afecta la estabilidad política y económica, Craddock citó la pobreza, la corrupción y la iniquidad que caracteriza a la región. Visto todo ello como terreno fértil para lo que denominó “populismo radical”. En cuanto a la corrupción, señaló que hace perder cerca del 10% del PBI cada año a los países del área.

Por último, elogió el incremento del presupuesto de Defensa de Colombia del 3,5% al 5% y la decisión del Presidente Uribe de incrementar la presión fiscal para hacer frente a los costos de la guerra y la inseguridad. En declaraciones formuladas a comienzos de abril del presente año, el Secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, afirmó que los problemas derivados de las actividades de bandas, narcotraficantes, traficantes de armas y secuestradores que se dan en todo el hemisferio y en parte sustancial del mundo, requieren de una activa colaboración y coordinación entre los países.

Asimismo, sostuvo que Venezuela no es un actor constructivo en el conflicto que se vive en Colombia, pero también advirtió que no tenía evidencia de una ayuda directa de Caracas a grupos guerrilleros. Por último, calificó de ridículas las versiones sobre un ataque de Estados Unidos a ese país o a Chávez.

Por su parte, desde Venezuela se argumenta que todo ello es parte de un proceso de actualización y reposición normal del armamento de las FF.AA. y de seguridad y que tiene como principal objetivo luchar contra el creciente problema del narcotráfico y la violencia de los grupos armados que operan en la frontera con Colombia.

Asimismo, deja trascender que el material bélico en cuestión vendría a compensar en parte las transferencias de armamento desde los Estados Unidos a Colombia dentro del Plan que lleva el nombre de ese país sudamericano (vigente entre el 2000 y el 2004) y el posterior y actualmente vigente Plan Patriota.

Aquellos que tienden a ver las Relaciones Internacionales sin colocar todo el énfasis en cuestiones ideológicas recuerdan que Bogotá y Caracas estuvieron a punto de ir a un conflicto armado en 1987 por su diferendo por la delimitación, aun no resuelta, de zonas marítimas ricas en petróleo.

Asimismo, el conflicto interno en Colombia parece distante de un fin. Luego de casi dos años de repliegue de las FARC, un reciente informe de uno de los principales centros de estudios sobre seguridad de Colombia, la Fundación Seguridad y Democracia, afirma que la actual estrategia de repliegue estratégico y ordenado de las FARC no busca el enfrentamiento directo sino el desgaste de las fuerzas estatales. Agrega, que las FARC buscan atacar las unidades móviles de las FF.AA. y de seguridad y no ya sus instalaciones fijas como en el pasado.

Ello y otros factores generan un escenario en donde se han incrementado el número de enfrentamientos, pero los mismos son de menos intensidad y se producen menos bajas (durante el gobierno de Pastrana, en cada enfrentamiento eran abatidos 3 guerrilleros y 0,6 miembros de la fuerza pública frente a 1,2 y 0,3 respectivamente en la actualidad).

Otras estadísticas confirman lo anterior. Mientras que el gobierno de Pastrana, según el documento, termina con una proporción de 12 guerrilleros muertos por un militar, en el primer año del gobierno de Uribe la relación bajó de 8 a 1; y en el segundo año Uribe la relación fue de 10 a 1. El documento, de seguir la tendencia registrada en los dos primeros años de la administración Uribe, al final de la presente administración se podría registrar un aumento de 71 por ciento en el número de bajas de militares en relación con los cuatro años del período Pastrana.

A ello se ha sumado un conjunto de ataque a gran escala contra las fuerzas estatales tanto en el Sur como en el Norte del país, las cuales han provocado más de 100 bajas entre febrero y abril del presente año.

Una mirada un poco más amplia en términos geográficos, pondría en evidencia que las adquisiciones de sistemas de armas distan de ser meramente una cuestión encapsulada en el extremo Norte de la zona andina. En este sentido, en el Cono Sur Chile mantiene un presupuesto de Defensa cercano al 4,2% del PBI y un activo programa de adquisición de armamentos facilitado por los altos precios del cobre y a Ley Secreta que le asigna el 10% de lo producido por esas exportaciones a un fondo especial de las Fuerzas Armadas.

Cabe tener en cuenta, que por segundo año consecutivo se registraron excedentes por 300 millones de dólares por sobre el piso asignado por la Ley del Cobre a las Fuerzas Armadas (unos 240 millones de dólares) para adquisiciones de material bélico. La fuerte alza del precio del cobre durante el 2004 fue determinante en este sentido.

El Ministerio de Defensa de Chile aclaró que los fondos extra en cuestión han sido utilizados para pagar deudas de anteriores compras, destacándose el arribo para comienzos del 2006 de los primeros aviones de combate F-16CD (de un total de 10), de dos submarinos Scorpene de fabricación hispano-francesa así como la decisión tomada por el Ministerio de Defensa en el 2004 de avanzar en la compra de fragatas y destructores misilísticos a Holanda y Gran Bretaña (con un costo de 350 millones), un análisis sobre la posibilidad de aceptar una oferta de los Países Bajos para vender un lote de al menos 12 aviones de combate F-16 A/B y un progresivo aumento del número de soldados voluntarios vis a vis conscriptos.

Asimismo, el año pasado fuerzas militares de Chile llevaron a cabo un ejercicio en el Norte de ese país cuya hipótesis era el enfrentamiento simultáneo con dos países vecinos, uno de los cuales pretendía acceder al mar.

El costo final del contrato de compra de 10 aviones de combate F-16CD Block 50 de la empresa Lockheed a la Fuerza Aérea de Chile, ascendería a más que los 700 millones de dólares previstos originalmente y se acercaría a los 1300 millones de dólares.

En ese sentido, particular influencia ha tenido la compra de sistemas tales como misiles aire-aire de mediano alcance. Frente a ello, la Fuerza Aérea de Chile está considerando no avanzar en una posible compra de aviones F-16CD adicionales y en lugar de ello proceder a mantener en servicio a los aviones Mirage 50 – Pantera (modernizados con tecnología israelí a fines de los años ´80 y comienzos de los ´90) y analizar la compra aviones F-16 de segunda mano proveniente de Holanda o Turquía.

Dentro del programa de mantenimiento de los Mirage 50, se está concretando la compra a Sudáfrica de 12 aviones Mirage/Cheetah (versión modificada por Sudáfrica con asistencia de Israel) para usarlos como piezas y repuestos.

En lo que atañe al plano político de la Defensa, una de las primeras declaraciones del Ministro Ravinet al ser puesto en funciones como Ministro de Defensa en octubre del 2004 fue destacar la necesidad de reforzar los lazos de consulta entre los Ministerios de la región y en especial del Cono Sur “dado que las tensiones diplomáticas terminan en muchos casos en cuestiones relacionadas a la Defensa y la seguridad nacional”.

En el caso de Brasil, su Ministro de Defensa y Vicepresidente, José Alencar, anunció recientemente la decisión de cancelar el programa de adquisición de 12 a 24 aviones de combate caza (competían el F-16E de los Estados Unidos, el Mig 29 ruso, el Gripen sueco-británico, el Mirage 2000-5 francés y el SU 35 ruso). Los argumentos del Ministro de Defensa Alencar fueron que no existe apuro y que en el mercado (en especial dentro de 3 a 4 años) aparecerán una nueva generación de aviones y tecnologías.

Frente a esto, Brasil ha recibido ofertas de aviones F-16 de segunda mano de los Estados Unidos (si bien capacitados para disparar misiles aire-aire de mediano alcance), de Francia con Mirage 2000C de segunda mano y de Israel con aviones Kfir. Holanda y Bélgica también le han ofrecido vender aviones F-16 A y B (sin misiles, pero dotados con el sofware para poder hacerlo). Tal como indicáramos, también la Fuerza Aérea de Chile ha mostrado interés en esta oferta.

No obstante esta cancelación, la Fuerza Aérea de Brasil sigue adelante con el proceso de modernización con tecnología israelí de 46 aviones de combate F-5E de fabricación estadounidense. La última unidad sería acondicionada para el año 2010. El programa de actualización del poder aéreo se completará con 76 aviones turbohélice Super Tucano (que operarán el Amazonas dentro del sistema SIVAM) y 53 aviones de ataque a tierra tácticos AM-X.

Pese a esta decisión, el mismo Brasil da muestras de la voluntad de revigorizar sus capacidades en el sector de la Defensa y la seguridad. Al respecto, su Ministro de Defensa destacó en marzo del presente año la decisión de potenciar su presencia en el mercado internacional y regional de armamentos así como el nivel de desarrollo de su industria militar. Del actual nivel de exportaciones cercano a los 300 millones de dólares, se busca volver a niveles cercanos a los 1500 millones que se daban a fines de la década de los ´80.

Para ello, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y las empresas privadas han diseñado recientemente un “Programa Nacional de la Industria Militar”. El mismo implica incentivos fiscales, créditos a la exportación y proyectos de investigación entre universidades y el sector privado. En este contexto, en septiembre de 2004 el gobierno de Lula autorizó un aumento de 300 millones de dólares en el presupuesto de Defensa del año 2005.

A ello se suma la puesta en funcionamiento de parte sustancial del sistema de Vigilancia Amazónica SIVAM (compuesto por una sofisticada combinación de 19 radares, sensores terrestres, 8 aviones dotados de radar e inteligencia electrónica y satélites) destinados a controlar el espacio aéreo y terrestre de parte sustancial de la zona amazónica (y en especial la fronteriza con Colombia y Venezuela).

La inversión de Brasil en este proyecto iniciado en 1994 junto a la empresa Raytheon de los Estados Unidos superó los 1400 millones de dólares. Durante el año 2003, el SIVAM detectó un total de 4128 vuelos ilegales.

Todo ello, refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control de amazonas y la lucha contra actores no estatales como el narcotráfico, tráfico de armas y grupos armados extranjeros que se quieran infiltrar en el país.

Dentro de ese esquema, cabe entender la sanción de la “Ley de derribo” de aviones sospechados de realizar actividades ilegales, la reglamentación y el desarrollo de planes operaciones para enmarcar un creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de respaldo a las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad interior así como la decisión de reforzar fuertemente la presencia de fuerzas de seguridad (con respaldo de las FF.AA) en la zona de la Triple Frontera.

En este sentido, ha decidido avanzar en un conjunto de medidas tendientes a reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera, calificada por fuentes nacionales e internacionales como un espacio fuertemente ligado a tareas de contrabando, narcotráfico, piratería, robo de autos y financiamiento del terrorismo internacional.

Entre estas medidas, se destaca la inauguración de una estación modelo de la Policía Federal en Foz do Iguacu, la creación de un moderno núcleo de la Policía Marítima y el patrullaje aéreo de las áreas consideradas críticas. Asimismo, se coordinará con los sistemas de seguridad electrónicos y humanos con que cuenta la represa de Itaipú.

No obstante el mayor énfasis en confrontar las “nuevas amenazas” o “amenazas no estatales”, Brasilia ha buscado lograr un equilibrio con los roles más tradicionales y disuasivos por medio de la adquisición de un portaaviones de origen francés, incorporación de vehículos blindados alemanes y de los Estados Unidos y la continuidad del programa del submarino con propulsión nuclear, entre otros programas.

Con un presupuesto de Defensa cercano al 2,1% del PBI, el sector de la Defensa de Brasil está saliendo lentamente de un contexto signado por un gran desinterés social y político por el tema. La situación crítica en Colombia en particular y en la zona andino-amazónica en general influyen en esto.

Asimismo, el crecimiento económico y un marco de mayor estabilidad económica complementan esta tendencia. No obstante, un punto no menor en la creciente consideración de la opinión pública es la percepción del rol de las Fuerzas Armadas como sostén logístico y operativo de las fuerzas de seguridad en una violencia interna que presenta índices, según la UNESCO-Naciones Unidas, de 50 mil muertes anuales, colocándose cuarta en el ranking mundial y solo superado (en la relación entre bajas y cantidad de habitantes) por Colombia, El Salvador y Rusia.

La exportación de material bélico brasileño a Venezuela puede ser entendida dentro de un delicado equilibrio que Brasilia quiere mantener entre su objetivo de liderazgo en la región y su constructiva relación con Caracas y la visión de ser considerado por Estados Unidos como un actor moderador de males mayores en la región. En este sentido, durante la reunión del Ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, con su par norteamericano Donald Rumsfeld en abril del presente año, el funcionario brasileño enfatizó en la postura de Brasil de priorizar la no-ingerencia en los asuntos internos de Venezuela y se negó a dar una opinión sobre las recientes adquisiciones de material bélico por parte de Caracas.

Por último, criticó el accionar de los grupos guerrilleros en Colombia pero no llegó a calificar como terrorista el accionar de los mismos. Cabe recordar que la declaración final de la sexta conferencia de Ministros de Defensa del hemisferio que se llevó a cabo en Ecuador a fines del año pasado, terminó sin incluir alguna de las propuestas impulsadas por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos.

La brecha de visiones más grande se registró en el intercambio de opiniones entre el Secretario de Defensa norteamericano y el Vicepresidente y Ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, con respecto a la posibilidad de organizar una fuerza militar hemisférica para actuar en Colombia, así como por la conveniencia o no de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

La postura crítica de Brasil fue compartida en líneas generales por la Argentina y Chile. La delegación argentina expresó la necesidad de reforzar el respaldo político y diplomático a Colombia, sin que ello implique la intervención directa en operaciones militares.

Asimismo, el Secretario Rumsfeld llamó a juntar fuerzas dentro de los países (por medio de una mayor cooperación interagencias) y entre los países para hacer frente a amenazas sin fronteras como “el terrorismo, el tráfico de drogas, los secuestros y las bandas criminales”, argumentando que la interacción entre estos actores antisociales tienden a desestabilizar las sociedades americanas

En cuanto a Perú, el gobierno de Toledo ha firmado un acuerdo de cooperación con Rusia para avanzar en un proceso de modernización de material aéreo de las Fuerzas Armadas. Parte del programa será financiado con un crédito ruso de 200 millones de dólares.

También se ha establecido un acuerdo con Francia tendiente a actualizar los aviones de combate Mirage 2000 adquiridos en la década de los ´80. Todo ello complementado por la decisión de adquirir fragatas provenientes de la Marina Italiana y la decisión política y diplomática de desconocer la demarcación marítima establecida con Chile a comienzos del siglo pasado.

En octubre de 2004 la Cancillería de Lima afirmó que no descarta recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para resolver el diferendo con Chile por la cuestión de la delimitación marítima. El caso de la Argentina se constituye en una excepción a la tendencia antes descripta.

Con un presupuesto de Defensa que a lo largo de las últimas dos décadas se ha derrumbado al 1,1% del PBI (con respecto al 3% de hace 20 años y el 2,5% promedio que existe a nivel mundial), el país se ha mantenido ajeno a importantes programas de reequipamiento. Como eventuales excepciones o un deseable cambio de tendencia, el Estado Nacional le ha asignado a la empresa argentina INVAP desarrollar 11 radares bidimensionales dentro del nuevo plan de radarización. El costo estimado de los mismos sería de 54 millones de pesos.

Asimismo, la misma empresa fabricaría 3 radares tridimensionales de uso militar dentro del mismo plan. Por último, se modernizarán los radares tridimensionales que actualmente tiene el servicio de la Fuerza Aérea. El costo total del plan alcanzaría a los 80 millones de dólares. Asimismo, la empresa Lockheed Martin invertirá 40 millones de dólares en su planta de Córdoba para fabricar un nuevo modelo del avión de entrenamiento AT-63 Pampa.

El mismo es una versión mejorada del IA-63 Pampa y puede emplearse para entrenamiento avanzado de pilotos y misiones de apoyo de tropas en tierra. A su vez, durante la reciente visita a la Argentina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, se le comunicó a Buenos Aires la decisión de Washington de levantar las restricciones que existían desde hace décadas en materia de intercambio de tecnología en materia de misiles aire-aire y tierra-aire. Asimismo, el Pentágono facilitaría la participación de empresas argentinas en ciertas licitaciones del sector de la Defensa en los Estados Unidos.

La mayor solvencia de las arcas públicas y lo que podría ser visto como una cierta revalorización del sector de la Defensa Nacional por parte de la sociedad y su dirigencia, explicarían que las Fuerzas Armadas de la Argentina cuenten, como lo afirma Daniel Gallo en La Nación del 21/3/05, actualmente con el mayor presupuesto operativo de los último diez años.

El presupuesto asignado por el presupuesto Nacional del año 2005 al sector Defensa, creció en un 7,9% con respecto al 2004 y representa el 6,51% del gasto federal. No obstante, ello solo debería ser visto como un primer paso en un regreso a estándares más compatibles con el promedio regional.

Este repaso sobre el panorama de la adquisición de armamentos en Sudamérica nos muestra un panorama que trasciende los casos de Colombia y Venezuela. Tanto sea por la subsistencia de “rivalidades duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis políticosociales que impulsar a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena.

Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los Estados Unidos, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales. En otras palabras, una potencial combinación del lado oscuro de la denominada globalización y de la realpolitik del pasado.

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