Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Seguridad Ciudadana
Selección de ContraPeso.info
2 marzo 2005
Sección: CRIMEN, Sección: Asuntos
Catalogado en:


Agradecemos a la Fundación Friedrich Naumann/Proyecto México la amable cortesía de reproducir el siguiente análisis, de extrema importancia en un país cuyas autoridades han descuidado la razón fundamental de ser de un gobierno, el velar por la seguridad personal y de los bienes de sus ciudadanos. El autor de esta pieza es Guillermo Zepeda, Investigador del CIDAC.

El desafío del sistema de seguridad ciudadana y de justicia penal mexicano: reformar para transformar

La mayoría de los mexicanos vivimos con la percepción de que nuestros bienes y posesiones, así como nuestra integridad física y la de nuestros familiares están bajo la permanente amenaza de la delincuencia. Esta percepción, además de tener estrecha relación con la extensa e intensa cobertura de los medios de comunicación sobre el fenómeno delictivo y la justicia penal, también tiene fundamento objetivo en los elevados indicadores delictivos y de violencia en México.

A partir de 1994, el número de denuncias de hechos aparentemente delictivos se ha incrementado en 75% y México ocupa la décima posición entre los países con más homicidios intencionales.

Desde luego, el delito es un fenómeno que tiene sus causas en factores políticos y socioeconómicos (como el desempleo, la desigualdad y las malas expectativas de la economía); pero también es cierto que en los países en los que la autoridad no da respuesta cabal a los desafíos de la inseguridad, el crimen organizado anida y la impunidad establece su imperio.

En México la capacidad de respuesta de las autoridades frente al delito es muy limitada. Las instituciones han sido rebasadas por el fenómeno delictivo, y evidencian ineficiencia y corrupción intensas.

La denominada policía preventiva tiene una existencia social marginal, está mal capacitada y remunerada, y es vista con mucha desconfianza por la ciudadanía y por los propios gobernantes. Por décadas, en lugar de depurar o mejorar a las corporaciones, se les han quitado atribuciones reduciendo su capacidad de acción a su mínima expresión.

El principal cuello de botella del sistema penal, es la procuración de justicia (fiscalía). Saturados de trabajo (mil asuntos en promedio al año, más rezago de años anteriores), los agentes del ministerio público (fiscales) no pueden dar cabal respuesta.

La investigación criminal científica es la excepción y no la regla. La gran mayoría de las personas procesadas en México, fueron capturadas en el lugar de los hechos. Una vez que ha transcurrido una semana, la probabilidad de que un hecho delictivo se esclarezca es inferior al 15%.

Por décadas una jurisprudencia generosa toleró y convalidó las malas prácticas extendidas en los cuerpos de investigación como los allanamientos sin orden judicial (permitiendo la utilización en el proceso de las evidencias obtenidas ilegalmente) y la obtención de confesiones coaccionadas, por lo que la investigación criminal en México tiene muchos rezagos y es incompatible con un Estado de derecho.

El poder judicial está sitiado, ante la preeminencia de la fiscalía, que es una dependencia del poder ejecutivo y tiene un sistema de controles principalmente internos a todas luces ineficaz, que puede disponer del rumbo del proceso judicial.

Una vez emitida una sentencia “firme”, la administración de la pena y el otorgamiento de beneficios como las prelibertades, vuelven a quedar, sin participación del Poder Judicial, en manos de las dependencias carcelarias que dependen del ejecutivo.

Los tribunales también ven amenazada su autonomía con intromisiones orgánicas y sesgos políticos en su integración (por ejemplo, politización de los cargos y nombramiento de funcionarios de las fiscalías como juzgadores penales), así como una creciente presión social y de los medios para fallar en contra de los procesados a quienes se presume en la opinión pública como culpables.

El sobrecupo en el sistema carcelario y el estado físico de las prisiones es lamentable. En México no hay prisiones, lo que existen son bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable.

Ante esta inquietud ciudadana y percepción de ineficiencia e impunidad, diversos actores han manifestado la necesidad de reformar profundamente el sistema penal.

En marzo de 2004 el presidente Vicente Fox envió una iniciativa de reforma constitucional y legal al Congreso, que plantea incorporar la posibilidad de discriminar los casos dando salidas alternativas (como conciliación, conmutación de sanciones por pago de reparación del daño a la víctima y pago de multas al Estado, así como procedimientos abreviados) a delitos de menor cuantía y menor gravedad, concentrando las investigaciones criminales y la intensidad probatoria del proceso a los casos más graves y controvertidos.

Se propone la adopción de juicios orales, la autonomía del ministerio público, la unificación de las policías, y brindar a los cuerpos policiacos mayores atribuciones de investigación.

Hay algunos puntos muy controvertidos, como la “relación funcional” entre las fiscalías y la policía de investigación (en áreas separadas; el primero cómo órgano autónomo, la policía como organización del ejecutivo); así como la secuencia de los cambios y los periodos de transición y de instrumentación de las reformas. Estas medidas están siendo sometidas a un profundo debate nacional.

La reforma de las instituciones es fundamental; pero es también decisivo fortalecer la capacidad de gestión y control al interior de las organizaciones, recuperando espacios que el Estado ha perdido en el interior de las policías y fiscalías.

La reforma institucional, procesal y orgánica del sistema penal es un paso muy importante, que debe ser complementado con la generación de indicadores de seguimiento y programas de instrumentación muy puntuales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, autonomía, profesionalización y control eficaz de las entidades encargadas de devolver la paz y la seguridad a los hogares mexicanos.

En la ley no se establece que la policía debe allanar sin orden de cateo ni que se deban obtener confesiones coaccionadas; pero una transformación orgánica y procesal que permita que el Poder Judicial sancione esos actos y que las evidencias obtenidas sin apego a la ley sean nulas; combatirá el abuso y la tortura.

En la ley no se establece que los integrantes de las policías encargadas en combatir el secuestro devengan en secuestradores; pero una reforma legal que dé transparencia a los procedimientos policiacos y una política de profesionalización y rendición de cuentas que permita supervisar el desempeño de la policía, lograría que las instancias oficiales dejen de ser un lugar inexpugnable para delinquir, desmantelando esas agrupaciones delictivas.

En la ley no se establece que los jueces actúen con temor y bajo presiones; pero un proceso oral y público reduciría el número de fallos aberrantes, y le permitiría conocer al público las evidencias que realmente existen en contra del acusado.

Así, en lugar de que las personas y los medios procesen las absoluciones como “un caso más de impunidad” u “otro juez corrupto que deja libre a un ‘culpable’”; será más probable que se constate que la acusación era endeble y la investigación mediocre, transfiriendo la responsabilidad social y política a los profesionales de la investigación.

La reforma de las instituciones penales en México es necesaria e inaplazable; pero no puede ser vista como suficiente, es apenas el primer plazo, proveerá de los instrumentos para transformar desde su interior a las organizaciones encargadas de la seguridad ciudadana y la justicia penal.

Después de la reforma vendría lo más difícil, la intensa y continua labor de la sociedad y el Estado mexicanos por recuperar los espacios oficiales actualmente ganados por grupos criminales, y por la impunidad, la corrupción y la ineficiencia.

ContraPeso.info es un proveedor de ideas que explican la realidad económica, política y cultural y que no contienen los medios dominantes. Sostiene el valor de la libertad responsable y sus consecuencias lógicas.





esp
Búsqueda
Tema
Fecha
Newsletter
RSS Facebook
Extras