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Revolución Legal y Pobreza
Selección de ContraPeso.info
10 noviembre 2006
Sección: LEYES, PROSPERIDAD, Sección: Análisis
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ContraPeso.info presenta la cuarta parte de un texto de Otto Graf Lambsdorff. Agradecemos a Fundación Friedrich Naumann el gentil permiso de reproducción. El Dr. Otto Graf Lambsdorff es ex ministro de Economía de Alemania y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Friedrich Naumann.

La primera parte, la segunda y la tercera pueden ser leídas por separado.

Libertad: El Mejor Remedio contra la Pobreza

Otto Graf Lambsdorff

LOS POBRES NECESITAN UNA REVOLUCION LEGAL

Traducción del inglés por Juan Carlos Hidalgo

El ligamen positivo entre políticas económicas liberales, crecimiento económico y reducción de la pobreza ha sido bien establecido empíricamente.

Pero cuando se les confronta con la realidad del sufrimiento de los pobres, la mayoría de la gente siente que una respuesta que se concentra en la reforma de la política económica a nivel macro es muy abstracta y distante de la realidad que viven los pobres. Esto también constituye un impedimento político, ya que dicho razonamiento no atraerá a los pobres para que voten por un movimiento político liberal.

Existe una necesidad comprensible y loable por hacer algo, cualquier cosa, para ayudar directamente a los pobres — a través de la caridad o de los instrumentos del Estado Benefactor. Esto también es lo que pedirán muchos pobres, acostumbrados a los sistemas estatales paternalistas.

Pero el impulso moral a menudo oculta la interrogante sobre si estas reacciones en realidad enfrentan las raíces de la pobreza, o si solo alivian los síntomas al tiempo que generan dependencia y ahogan la iniciativa de los mismos pobres.

Habiéndose dado cuenta de esto, por muchos años la promoción de iniciativas de auto-asistencia ha sido el objetivo preferido entre las organizaciones que entregan ayuda. De esta forma se reconoció al menos que los pobres no son criaturas incapaces, sino que son individuos con mucho potencial innato. Sin embargo, esto da por sentado una simple pregunta: ¿Por qué los pobres necesitan el aliento de agencias externas, a menudo extranjeras, para que hagan lo obvio y se ayuden a sí mismos?

No había ONG’s extranjeras cuando las personas de los países desarrollados se embarcaron en su largo camino por salir de la pobreza.

Muchas de las respuestas pueden encontrarse en dos libros brillantes del economista peruano Hernando de Soto. Su punto de partida es el sistema económico en que se encuentran los pobres del mundo, y señala que éstos no tienen acceso a los instrumentos e instituciones legales que hacen eficiente a la economía de mercado moderna: Estado de Derecho, protección y cumplimiento de los contratos, derechos de propiedad estables y seguros, y regulaciones simples pero eficientes de los mercados.

En cambio, los pobres se ven enfrentados a un sistema legal que es excesivamente complicado e ineficiente. Aún cuando las cortes son independientes y profesionales, los casos duran años en resolverse.

Las regulaciones gubernamentales son horrorosamente complicadas y entrometidas, haciendo que cualquier actividad económica requiera de un sinnúmero de autorizaciones y vistos buenos. La gente pobre bien puede controlar activos como un pedazo de tierra en una barriada, pero estos activos no están registrados legalmente a su nombre.

De Soto y su equipo realizaron un experimento práctico: intentaron poner un simple taller textil con un solo trabajador siguiendo todas las normas y regulaciones requeridas, sin pagar sobornos. Les tomó más de un año, y la conclusión es cruda: alcanzar la legalidad es prácticamente imposible para cualquier microempresario.

Aquí yace una de las principales razones para el tamaño del mercado informal.

Estas regulaciones inhibidoras también se extienden a iniciativas de auto-asistencia de los pobres: en muchos países éstas son técnicamente ilegales, especialmente las referentes a micro-crédito. Estas regulaciones son a menudo diseñadas para proteger a los pobres de ser explotados — en teoría.

En la práctica, los expone a la explotación por parte de policías y burócratas a quienes tienen que sobornar con tal de llevar a cabo las actividades económicas más sencillas. Ya sea que trabajen como vendedores ambulantes, jaladores de coches, o conductores de microbuses, los pobres tienen que pagarle a quienes ostentan el poder, es decir, a la policía y la burocracia.

Esto también explica porqué la participación extranjera era necesaria: persuadió o presionó a los gobiernos y sus burocracias a permitir — usualmente de mal modo — dichos actividades, al menos a una escala limitada. Uno de los logros menos reconocidos de la ayuda externa es que ha ayudado a proteger al creciente movimiento de auto-asistencia en los países en desarrollo contra los intentos de estrangulamiento por parte del aparato estatal.

No obstante, el problema más serio es el tema de los derechos de propiedad. En la mayoría de los países en desarrollo, los derechos de propiedad están mal definidos, mal protegidos, o son difíciles de transferir.

Estos países sí cuentan con sistemas de propiedad privada, a menudo muy complicados, no obstante estos no reflejan la realidad en la que viven los pobres, y no son para nada manejados de manera eficiente.

Muchos pobres viven en viviendas en barrios bajos cuyos títulos de propiedad no están claros. La ineficiencia del mercado de propiedades significa que no existe suficiente tierra y vivienda disponibles para el creciente número de personas que migran a las ciudades. Por lo tanto, la gente tiene que tomar tierras que usualmente pertenecen al Estado, y éste a su vez no sabe qué hacer con ellas, o a menudo no está en capacidad de defenderlas.

Dichas tomas de tierras son organizadas por “empresarios informales”, también conocidos como jefes de las barriadas, quienes organizan las defensas de los asentamientos ilegales y su protección política. Los pobres que viven en estas nuevas barriadas les pagan una renta, votan de la manera en que se les indica y hacen barra en las concentraciones políticas. Es evidente la manera en que esto daña tanto a la democracia como al desarrollo económico, sin embargo los pobres carecen de otra opción.

Los efectos económicos de este fenómeno no son para nada momentáneos: Los activos como viviendas, casuchas, o terrenos cuya propiedad no esta clara no pueden ser transformados en capital. En el momento en que la propiedad de un activo esté claramente definida, protegida por la ley, y su transferencia pueda realizarse segura y eficientemente, podrá entonces ser utilizada como colateral para recaudar dinero.

El activo asume entonces una segunda vida virtual como capital. Los pobres de este mundo se ven usualmente excluidos de esto: ellos controlan activos, pero no cuentan con acceso a los instrumentos legales que convierten esos activos en propiedad y, por ende, en capital.

De Soto estima que el monto de capital sin uso o “muerto” causado por derechos de propiedad deficientes en los países menos desarrollados excede los $9 billones, y la mayor parte es controlada por los pobres. Ninguna suma de ayuda externa puede igualar este potencial de formación de capital. Además, les daría a los pobres una proporción más amplia de la riqueza registrada.

Lo que surge de esto es la idea con la cual inició este panfleto: la mejor manera de superar la pobreza es ayudar a los pobres a tener acceso a la propiedad. Resulta que en muchos casos, esto se puede hacer prácticamente sin ningún costo: simplemente significa reconocer mediante la ley lo que ya es una realidad, es decir, el control de los activos. El pobre en una barriada ya sabe quién es el “dueño” de cualquier casucha. Todo lo que el Estado necesita hacer es registrar la realidad y darle la debida protección de la ley.

La formulación de la ley debe ser vista, en palabras de de Soto, como un proceso de descubrimiento de la realidad, y en este proceso la necesidad de un grupo variado de instrumentos legales podría llegar a ser aparente. Para tomar un ejemplo, la tierra que por siglos ha sido poseída colectivamente por tribus puede ser integrada en un sistema formal de derechos de propiedad individual utilizando personerías no solo naturales, sino también legales, como cooperativas o empresas de acciones.

Ya contamos con ejemplos en Europa como los monasterios, donde los monjes o monjas poseen un terreno colectivamente y el monasterio se convierte en el actor en el mercado. Si una tribu desea formalizar su vieja práctica del uso colectivo de la tierra, éste sería un instrumento que podrían utilizar dentro de un sistema económico de mercado.

Reconocer los derechos de propiedad de los pobres y defenderlos no es una tarea técnica sino política. Por muchos años, los defensores de los pobres han ignorado el tema de los derechos de propiedad, pensando que éste solo les concierne a los ricos. En los países menos desarrollados, esto es una falacia nefasta. Los ricos no necesitan protección de sus derechos de propiedad tanto como los pobres, y en la realidad son los derechos de propiedad mal definidos y desprotegidos de los pobres los que son atacados por los ricos.

Un ejemplo de Bagladesh sirve para ilustrar este proceso: Una mujer en ese país había escapado de la pobreza a través de la obtención de préstamos del Grameen Bank, que le permitieron constituir una pequeña base de capital mediante la inversión prudente de éstos y el trabajo duro. Luego ella quiso empezar un pequeño aserradero.

Cuando el competidor local, un empresario con buenas conexiones políticas, se dio cuenta, mandó a sus matones a que la amenazaran con agredirla y violarla si no abandonaba el proyecto. Ella desistió sabiendo que la policía iba a estar del lado del miembro de la elite local y que un caso en la corte tomaría años.

Estas historias suceden todos los días en los países en desarrollo. Si uno discute con los empresarios en el Tercer Mundo sobre trasladar una planta o construir una nueva, encontrará que no se atreven a penetrar en territorios desconocidos — debido a que el Estado falla en implementar el imperio de la ley, y este vacío es llenado por los arreglos de poder locales que acosan a los forasteros, a los pobres, y a las minorías étnicas y religiosas.

Este es un obstáculo importante para el crecimiento, y crea un techo de vidrio para las actividades económicas de los pobres. Diversos estudios del antes mencionado Grameen Bank se han cuestionado por qué sus acreedores no parecen ir más allá de una economía de subsistencia estable pero simple. La respuesta radica en la falta de derechos de propiedad estables, y de manera más general, de un Estado de Derecho y especialmente una ley económica que facilite su transición hacia una economía formal.

La ausencia de derechos de propiedad bien definidos también ha sido la causa de la miseria generalizada de pueblos pobres, a menudo grupos indígenas, que han sido desplazados por “proyectos de desarrollo” como grandes represas.

Precisamente para abaratar dichos proyectos, la India incluso abolió el derecho constitucional a la propiedad, el cual implicaba una compensación completa en caso de expropiación estatal. La retórica iba dirigida a los grandes terratenientes, pero la realidad ha sido que decenas de miles de pobres han sido desplazados sin una compensación adecuada, y la falta de claridad en los derechos de propiedad ha representado que los tribunales no puedan ofrecerles protección a los pobres.

Desdichadamente, muchos de los activistas que se oponen a la construcción de grandes represas ni siquiera han empezado a entender el problema en términos de derechos de propiedad.

Cambiar todo esto es un proceso político, y debe garantizarse que en la transición hacia un sistema estable y eficiente de derechos de propiedad el pobre no será apartado a un lado por grupos poderosos como los líderes de las barreadas.

Esto ciertamente sucederá si el proceso es manejado exclusivamente por burócratas y tecnócratas que sirven los intereses del status quo. Se necesita una revolución liberal—y podemos recordar apropiadamente en este momento que eso fue exactamente lo que sucedió en la historia de Occidente.

Por lo tanto, la tarea ante nosotros no es la de divisar nuevos y mejores instrumentos para darles subsidios a los pobres. Consiste en reconocer sus derechos de participación económica y divisar los instrumentos e instituciones legales apropiados que les permitan abandonar el sector informal y trasladarse a la economía formal— un derecho de nacimiento del cual han sido excluidos por mucho tiempo.


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