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Gasto Público Laboral
Selección de ContraPeso.info
27 agosto 2007
Sección: GOBIERNO, Sección: Análisis
Catalogado en: ,


ContraPeso.info presenta a sus lectores una selección de ideas del documento BBVA Gasto Público Laboral 2003, (PDF 380 KB)elaborado por BBVA en 2003, como parte de su serie de documentos Propuestas y que son altamente recomendables. A pocos años de su publicación, sus ideas siguen vigentes, especialmente dentro de la situación actual, con la discusión de nuevas disposiciones de impuestos que persiguen elevar los impuestos. Aquí se revela otra opción, la de reducir y/o hacer más eficiente el gasto público (véase Impuestos pero También Gastos). La burocracia cuesta demasiado al país.

El editor general ha seleccionado las partes que consideró centrales y formado el documento para más fácil lectura en pantalla, además de añadir los énfasis.

Unos días más tarde de la publicación de este artículo, fue reportado que durante la administración actual el número de burócratas había aumentado en más de 27,000 y que el gasto en servicios personales aumentó en más de 5% (Grupo Reforma, 2 de septiembre). La burocracia sigue aumentado su costo.

“…un legado del histórico desempeño intervencionista del Estado en México ha sido la conformación de una extensa burocracia. Las erogaciones públicas por servicios personales en nuestro país representan una fracción creciente del total del gasto público, pero desafortunadamente sin un claro beneficio social neto. En cambio, su costo resulta significativo en términos de menores márgenes de maniobra para la actuación de la política fiscal a corto plazo y dados los altos pasivos laborales que genera a largo plazo”.

Racionalización del Gasto Público Laboral

En México, la asignación del gasto del gobierno enfrenta graves problemas. Su destino no se centra en actividades con un claro beneficio social neto y la tendencia recurrente de los grupos de presión por aumentar el gasto público en ámbitos no esenciales ha incrementado de manera notoria el tamaño del Estado.

En 2003 del total del gasto presupuestado, excluyendo aportaciones a estados y municipios, menos de 11% se destinará a funciones como la seguridad nacional, la procuración de justicia y la construcción de infraestructura básica. Sin embargo, el problema no es coyuntural.

Históricamente, la mayor parte del gasto público se ha destinado a transferencias y actividades empresariales, como la producción de energéticos, la administración de escuelas, hospitales, e instituciones financieras así como a fomentar actividades de naturaleza privada, como el turismo, la pequeña y mediana empresas, entre otras.

… Detrás de la extensa y compleja estructura del sector público en México subyace una enorme burocracia, con un alto costo por sus servicios.

… En este trabajo se argumenta pues la necesidad de reducir la extensión del sector público en México y de ajustar a la baja las erogaciones por concepto de servicios personales.

Tendencias Preocupantes del Gasto del Gobierno

En México, la asignación del gasto público ha reducido la disponibilidad de fondos para la provisión de bienes públicos. Por ejemplo, del total del gasto primario para 2003, 37.5% estará destinado a cubrir los costos por servicios personales de la burocracia y menos de 11% será asignado a seguridad nacional, procuración de justicia y creación de infraestructura básica (carreteras, drenaje, sanidad y medio ambiente).

El fenómeno no es coyuntural… en los últimos doce años el costo anual por empleado del sector público se ha incrementado de manera constante, en tanto, el gasto directo en inversión pública ha presentado un comportamiento errático y a la baja.

Además, la alta concentración del gobierno en la producción de bienes privados como electricidad y productos petroquímicos, la administración de escuelas, hospitales e instituciones financieras, etcétera, ha reducido la rentabilidad social de la inversión pública. Por ejemplo, el Banco Mundial (1994) señala que mientras en Estados Unidos por cada 1% de incremento en la inversión pública, el PIB potencial del país aumenta 0.39%, en México el efecto en el crecimiento potencial es de sólo 0.05%.

El continuar con el alto dinamismo en las erogaciones por servicios personales de una enorme burocracia tiene por lo menos dos implicaciones. A corto plazo limita la efectividad de la política fiscal y a largo plazo pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas… como proporción del gasto total, el rubro de servicios personales representó 16.3% en 1990 y 32.7% en 2002, mientras el costo financiero de la deuda pública y otras obligaciones del gobierno representaron 33.0% y 12.2% en el mismo periodo.

… a largo plazo, el considerable tamaño de la burocracia y el incremento en sus remuneraciones y prestaciones genera presiones crecientes en contra de la estabilidad de las finanzas públicas. Esto se ejemplifica mejor analizando la situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y la evolución posible de las pensiones para los trabajadores del sector público.

En el ISSSTE, los ingresos propios del Instituto resultan insuficientes para cubrir los beneficios establecidos en la legislación. Por ejemplo, un trabajador con tres salarios mínimos que cotiza durante 30 años en el Instituto recibe como pensión 100% de su salario mínimo, en tanto en el IMSS obtendría 68.5%.

Además, el gran tamaño de la burocracia y el sistema de reparto del régimen de pensiones propician un creciente costo fiscal para el erario público. Por ejemplo, en 2001 las cuotas y aportaciones de los trabajadores sólo cubrieron 45% de las pensiones en curso y el resto fue aportado por el gobierno federal, pero como proporción del PIB, el gobierno federal transfirió recursos al Instituto por un monto equivalente a 0.10% en 1997, 0.17% en 2000 y 0.20% en 2001…

… de no existir un cambio estructural en el ISSSTE, los requerimientos financieros del Instituto por concepto de pensiones y gastos médicos para los próximos 50 años pueden alcanzar 35.2% del PIB de 2002. La cifra excluye a los institutos estatales de seguridad social, donde la situación no es mejor debido a la debilidad en las finanzas públicas de los gobiernos locales…

Estado y Desarrollo Económico

… el Estado crea condiciones para el desarrollo cuando su marco institucional protege la libertad económica y los derechos de propiedad de las personas. Ello genera incentivos adecuados para la innovación tecnológica, la acumulación de capital y el incremento en la producción y en el empleo. Lo contrario ocurre cuando existe una sobrerregulación o bien cuando no se respeta el estado de derecho.

También se generan condiciones para el crecimiento económico cuando el Estado actúa en favor de la producción de bienes públicos. Estos representan un beneficio neto para la sociedad, pues su costo de producción es mayor para los individuos que para el gobierno.

A diferencia de los bienes privados, en los públicos los costos no cambian con la cantidad producida y no es posible excluir de su consumo a ninguna persona. Estas características hacen económicamente más eficiente la provisión de la seguridad pública, la administración de la justicia y la creación de infraestructura básica por parte del gobierno, en lugar de la iniciativa privada.

Sin embargo, el gasto público tiene límites definidos. Las erogaciones gubernamentales, más allá de las tareas fundamentales del Estado, tienden a frenar el desarrollo… Además, la evidencia confirma una relación inversa entre el desarrollo económico y el tamaño del gobierno.

Barro (1996), en una investigación para más de 100 países durante el periodo 1960-1990, revela la existencia de claros efectos negativos de la intervención del Estado en el desarrollo… el PIB por habitante se reduce conforme el gobierno incrementa su tamaño, medido por el gasto público como proporción del PIB.

Por lo contrario, una vez considerados factores como el grado de escolaridad y la expectativa de vida de la población, cuanto mejor es la protección del estado de derecho y menor la inflación mayor es el ingreso por habitante.

La calidad institucional del gobierno y la eficiente aplicación de políticas públicas también desempeñan una función importante para el crecimiento. Por ejemplo, el Banco Mundial (1997) señala que un Estado eficaz es central para el desarrollo, no como un conductor directo del crecimiento sino como un facilitador de bienes y servicios —reglas e instituciones— los cuales permitan a los mercados florecer.

En este contexto, las burocracias desempeñan un papel clave en la calidad de los servicios gubernamentales y en su efecto en el desarrollo, por ser las responsables de ejecutar las decisiones políticas y económicas de los funcionarios electos por la ciudadanía…

Marco Institucional para la Administración Pública en México

En nuestro país, el aparato burocrático del sector público es extenso. Su evolución y condiciones para el desarrollo futuro pueden ser entendidas a partir del marco normativo sobre la participación del Estado en la actividad económica y de los incentivos creados. A continuación se presentan algunos de los elementos más importantes del marco legal que rigen la actividad gubernamental y el comportamiento de los trabajadores al servicio del Estado…

En México, la ley ha otorgado al Estado poderes amplios y discrecionales para incursionar en distintas actividades productivas. De acuerdo con el artículo 25 constitucional “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional” para lo cual “planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general”.

Además, la ambigüedad del concepto “utilidad pública” ha permitido al Estado imponer en todo momento a la propiedad privada las modalidades del llamado interés público. Esta situación ha debilitado en la práctica los derechos de propiedad privada en el país, pues por ejemplo siempre está abierta la posibilidad de una expropiación de los recursos productivos de los particulares.

De acuerdo con el artículo 123 constitucional existen dos regímenes laborales en el país: el derivado del Apartado A y de la Ley Federal del Trabajo (LFT); y el del Apartado B y su ley reglamentaria: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).

De esta manera, las relaciones laborales dentro de los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores se rigen por el Apartado B… Sin embargo, las empresas paraestatales y otros organismos públicos se rigen, en algunos casos, por la LFT, y en otros por la LFTSE, sin que exista un criterio uniforme que determine en qué régimen se inscriben… Además, la Constitución otorga a las fuerzas armadas, a las instituciones policiales y a los agentes del Ministerio Público la facultad para regirse por sus propias leyes.

En cuanto a la conformación de la burocracia, la LFTSE distingue dos tipos de trabajadores: de base y de confianza. Sin embargo, la ley sólo reconoce como una relación jurídica de trabajo la existente entre los titulares de las dependencias e instituciones y los trabajadores de base a su servicio.

… Los trabajadores de base son los empleados con derecho a formar parte de un sindicato… son inamovibles y sus derechos no pueden ser afectados por el cambio de funcionarios en una dependencia. Por ejemplo, en el caso de una supresión de plazas, los trabajadores de base afectados tienen el derecho a una indemnización o a otra plaza equivalente en categoría… Sus remuneraciones presentan gran resistencia a la baja, pues el monto del sueldo no puede ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos correspondiente.

El marco legal provee una relación laboral estable para los trabajadores de base, pero no les ofrece incentivos para un desempeño eficiente. Su nombramiento sólo deja de surtir efecto por renuncia o abandono de empleo, conclusión del término o de la obra determinantes de la designación, muerte, incapacidad permanente o por una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La ley no considera de manera explícita como una causal de despido la incompetencia en el trabajo… La implicación económica del actual marco normativo es la conformación de una estructura burocrática permanente…

… La LFTSE define a los trabajadores de confianza como los que integran la planta de la Presidencia de la República y aquéllos cuyo nombramiento requiera la aprobación expresa del Presidente… en puestos a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento.

… Con excepción de algunas instituciones como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y el cuerpo del Servicio Exterior Mexicano, en la administración pública federal no existe formalmente un sistema de servicio civil de carrera para los funcionarios de confianza.

Arellano-Gault (2001) señala que el personal de confianza de los altos mandos de la burocracia en México puede estar sujeta a constantes cambios, pero aun así goza de estabilidad en el empleo.

Por ejemplo, cuando un secretario de Estado es cambiado de secretaría, puede ser que todo su personal de alto nivel lo acompañe a la nueva posición. En cambio, los burócratas de nivel medio —profesionales contratados por su experiencia o capacidad técnica pueden ser despedidos sin la certeza de ser recontratados. Así, el sistema otorga amplia flexibilidad para realizar acomodos de la clase política, con un bajo costo fiscal en lo referente a cambios en la burocracia de nivel medio.

Por otra parte, los sueldos y prestaciones de los trabajadores de confianza no son uniformes… se determinan de acuerdo con tres grados de responsabilidad: mínimo, medio y máximo, y en cada grado existen siete niveles salariales para que el servidor público pueda ascender de nivel salarial anualmente.

Lo anterior con base en una evaluación por su desempeño y sin la necesidad de crear una plaza o existir una vacante en la dependencia.

Además, en instituciones como las pertenecientes a la banca de desarrollo existe por lo general un Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional encargado de determinar los sueldos y prestaciones de los servidores públicos de mando. Este Comité es responsable de proponer a los órganos de gobierno de las instituciones: los tabuladores, la política de incentivos, lineamientos de selección, reclutamiento, e indicadores para evaluar el desempeño, entre otras funciones.

La Constitución señala que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público es perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal, y que se aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) es la encargada de conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; de aplicar las sanciones en términos de la ley, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Las sanciones por faltas administrativas consisten en: a) amonestación privada o pública; b) suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; c) destitución del puesto; d) sanción económica, y e) inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Expansión del Sector Público

Históricamente, la regulación ha permitido e incluso alentado una amplia participación del gobierno en la actividad económica. Por lo anterior, el quehacer del Estado ha ido más allá de la función esencial de proveer bienes públicos, como la seguridad y la administración de justicia a la sociedad. Los motivos de la intervención estatal han sido diversos: organizar la actividad económica, producir insumos y materias primas para fomentar la industrialización, entre otros, pero los resultados siempre han sido los mismos: una mayor complejidad y extensión del aparato del sector público.

Entre 1929 y 1940, el Estado creó diversas empresas, organismos descentralizados e instituciones financieras para organizar la actividad económica, como por ejemplo la Comisión Nacional de Caminos y la Comisión Nacional de Irrigación, el Banco de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola.

También entre 1934 y 1940, para la producción de insumos se establecieron empresas como la Comisión Federal de Electricidad, o bien como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales, etcétera, para administrar a los sectores nacionalizados. En este periodo, se fundaron además bancos de desarrollo y promoción a las exportaciones, como Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior.

Posteriormente, entre 1940 y 1970, para fomentar la creación de nuevas industrias y la expansión de las existentes, el Estado ejerció una política proteccionista y de subsidios. Así, las empresas públicas incursionaron en una amplia gama de actividades: en siderurgia (Altos Hornos de México); en fertilizantes (Guanos y Fertilizantes); en papel (La Compañía Industrial de Atenquique y Ayutla); en minería (Carbonífera de Pachuca), entre otras.

El intervencionismo gubernamental y la expansión de la actividad industrial fueron acompañados por demandas crecientes de servicios de seguridad social en el país. En respuesta, el Estado fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 para atender a los trabajadores dentro del sector privado y al ISSSTE en 1959 para hacer lo mismo con la burocracia gubernamental.

Sin embargo, a partir de los años setenta, los desequilibrios fiscal y monetario derivados del intervencionismo del Estado se tradujeron en una menor expansión de la demanda agregada y en un incremento de la inflación. No obstante, esto no significó una reducción en el tamaño del sector público.

Por lo contrario, las empresas paraestatales y la burocracia se multiplicaron como resultado del “rescate” de diversas empresas privadas ineficientes o que resultaron inviables ante la distorsión en los precios y tarifas públicas. Algunos ejemplos fueron La Compañía Minera de Cananea, La Compañía Minera Autlán, el Grupo Industrial DINA, NKS, entre otras.

Entre 1925 y 1982, como proporción del PIB, el gasto gubernamental pasó de 5.6% a 58.5%, y… se crearon 1,155 empresas paraestatales. Por otra parte… entre 1970 y 1989 el número de trabajadores y pensionados directos afiliados al ISSSTE se multiplicó 4.8 veces.

En la década de los noventa el gobierno federal emprendió una serie de reformas estructurales para transformar la función del Estado. Inició así un proceso de disciplina fiscal, de apertura comercial y redujo su participación en la actividad productiva. La desregulación económica y la privatización de empresas paraestatales permitieron disminuir parte del tamaño excesivo del sector público.

Sin embargo, los avances fueron limitados pues aun cuando entre 1990 y 2002 el número de empresas paraestatales se redujo de más de mil a 203 y el gasto público total pasó de 28.5% a 23.7% como proporción del PIB, el componente del gasto en servicios personales, principalmente nómina de la burocracia, presentó una evolución creciente.

En el periodo de referencia, estos gastos como proporción del total del gasto programable pasaron de 29.3% a 45.1%…

Por otra parte, el aumento en la burocracia ha ido acompañado de un cambio en su estructura institucional. La transferencia de trabajadores de la SEP y de la Secretaría de Salud a los gobiernos de los estados en 1993 y 1999, respectivamente, permitió adelgazar la estructura administrativa del gobierno federal, pero… los organismos estatales y los gobiernos municipales incrementaron considerablemente sus nóminas…

De acuerdo con la última información del INEGI, en 2000 el promedio anual de ocupaciones remuneradas dentro del sector público fue de 4.8 millones de personas… la cifra representó un incremento de 2.8% entre 1990 y 2000…

• Otro ejemplo de un crecimiento desmedido en la nómina gubernamental bajo la presencia de un poderoso sindicato lo constituye el magisterio. En el ciclo escolar 2001-2002, el número de docentes dentro del sector público (federal y estatal) fue de 1.1 millones, 46% del total de trabajadores activos adscritos al ISSSTE en 2002. Sin embargo, el tamaño de esta burocracia no parece resultar sólo de la demanda por servicios educativos en el país… entre 1970 y 2000 la matrícula en el sector público registró una tasa media anual de crecimiento (tmac) de 3.2% en tanto la tmac del personal docente fue de 4.8%.

Si bien una expansión en el número de alumnos de 10.2 a 25.9 millones justifica un incremento del magisterio, éste resulta más que proporcional cuando se realizan algunas consideraciones:

  • primera, entre 1970 y 2000 el número de maestros por cada mil alumnos pasó de 26.1 a 41.4;
  • segunda, el mayor incremento en la demanda fue en 1978, y en ese año el número de maestros por cada mil alumnos fue de 30.3;
  • tercera, tomando como referencia el año 1978, es posible calcular el número de maestros requerido para dejar la relación de maestros por cada mil alumnos constante… en 2000 el número de maestros registrado fue 36.6% mayor al número de docentes requerido bajo la premisa analizada.

Por otra parte, la evolución de las remuneraciones también explica los mayores costos del aparato burocrático del país. Entre 1990 y 2000, las remuneraciones reales del sector público registraron una variación media anual de 3.7%. Sin embargo, en algunas dependencias como las relativas a la educación el incremento fue cercano a 6%.

Además, en el caso de entidades con un marco regulatorio laxo para la determinación de sueldos y prestaciones, y en otras con la presencia de poderosos sindicatos, la expansión en las remuneraciones ha registrado un notable dinamismo. Por ejemplo, entre 1990 y 2000, el rubro presentó una TMAC de 6.3% en la banca de desarrollo y de 6.1% en Pemex, tal…

• En comparación con el sector privado, las remuneraciones del sector público crecen a un mayor ritmo. Tomando como referencia al sector manufacturero… entre 1994 y 2000, los incrementos en las remuneraciones para los servidores públicos fueron mayores a las del sector privado.

… existe una marcada disparidad del ingreso de los servidores públicos entre las distintas dependencias gubernamentales. Por ejemplo, las remuneraciones reales por persona ocupada son muy superiores en la banca de desarrollo y en empresas como Pemex a las otorgadas en otros ámbitos como salud y educación.

El paquete de prestaciones para la burocracia… incide en un elevado gasto por servicios personales. Las principales instituciones y empresas paraestatales cuentan con prestaciones para sus trabajadores superiores a las del sector privado.

… para el caso de los trabajadores del IMSS, los conceptos del salario pensionable exceden por mucho a los del mercado y, por ejemplo, la percepción anual del puesto de auxiliar de servicios de intendencia puede verse incrementada hasta 142.5% con respecto al sueldo base bruto anual.

… Otras prestaciones en beneficio de los funcionarios de confianza de alto mando son: los seguros, los préstamos hipotecarios y de escrituración, el anticipo de sueldo, el préstamo para adquisición de automóvil, el uso de vehículos oficiales, la asignación de equipo de telefonía celular y partidas para gastos de alimentación. Sin embargo, lo anterior no excluye que los trabajadores de confianza de alto mando puedan tener también acceso a servicios médicos privados con cargo al erario público.

… en el rango de directores generales a subsecretarios, los funcionarios mexicanos perciben un ingreso mayor al que recibirían en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.

… sin duda otro elemento que contribuye a la alta participación del gobierno en el empleo es la tendencia de los organismos reguladores a multiplicarse en exceso.

Por ejemplo, para regular al sector financiero existen, además del banco central, departamentos administrativos de banca y ahorro así como de seguros y valores dentro de la Secretaría de Hacienda, y también instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar).

Lo mismo ocurre en el sector de energía, donde junto con la Secretaría de Energía coexisten la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Na-cional para el Ahorro de Energía (Conae).

… en los países desarrollados de la OCDE, el sueldo base representa en promedio 90% de las percepciones totales de los servidores públicos. Por lo contrario, en México, el sueldo base del personal de confianza representa, en promedio, 15% de su sueldo integrado bruto mensual.

El 85% restante corresponde a un bono llamado “compensación garantizada”. Este con- traste internacional señala importantes espacios para avanzar hacia estructuras de compensación más transparentes y con otros incentivos para los servidores públicos de nuestro país…

Presupuesto y comportamiento burocrático

Las ineficiencias de las estructuras burocráticas y su propensión a extenderse y a absorber elevados presupuestos sólo pueden entenderse a la luz de los incentivos que norman su comportamiento… La burocracia es una organización cuyo financiamiento no depende de la venta directa de bienes o servicios, sino de la asignación presupuestal por parte de un órgano patrocinador. Se caracteriza por no estar sujeta a remoción por parte de los votantes y por ejecutar las decisiones políticas y económicas del poder electo por la ciudadanía.

En términos económicos, se puede decir entonces que la burocracia constituye el único proveedor de servicios en un mercado donde sólo existe un comprador. Así, el mercado laboral presenta un monopolio tanto en la compra como en la venta de los servicios. La teoría señala que en un monopolio bilateral, en última instancia, los resultados del mercado en precio y cantidad dependen del poder de negociación de las partes.

Sin embargo, en este mercado la burocracia cuenta con claras ventajas respecto al comprador para negociar su presupuesto. Los burócratas tienen mejor información de los costos de producción y de transacción de los servicios que generan, y sus resultados inciden en parte en los pagos o recompensas para su comprador: el poder electo por la ciudadanía…

Necesidad de Reforma

El Estado mexicano, con su multiplicidad de objetivos, ha creado un enorme y costoso aparato burocrático. Sin embargo, fuera de las erogaciones por servicio de la deuda y de los adeudos por ejercicios fiscales anteriores, el resto de los rubros de gasto puede evaluarse.

… La evidencia demuestra que los recursos de los contribuyentes tienen una baja rentabilidad en manos del gobierno. Por ejemplo, entre 1989 y 2001 la economía en términos reales registró una variación promedio anual de 3.4% en su valor agregado. De esta expansión, menos de 0.02 puntos porcentuales (pp) pueden atribuirse a la administración pública y defensa nacional, en tanto a una sola industria como la automotriz se atribuyeron 0.12 pp del crecimiento.

Por lo anterior, es necesario reducir las erogaciones públicas en actividades empresariales y en servicios personales. Los recursos del Estado cuanto más se orientan hacia bienes públicos tienen un mayor rendimiento social.

Por ejemplo, un mayor gasto en proteger la libertad económica y en los derechos privados de propiedad fortalecería el estado de derecho del país. Lo anterior ofrecería mejores condiciones para la expansión productiva de la economía, pues reduciría costos de transacción, elevaría la productividad de los factores y estimularía el cambio tecnológico y la acumulación de capital.

A su vez, son amplios los ámbitos de oportunidad para fortalecer la expansión de los mercados del país… aun cuando la carga fiscal en la economía mexicana es alta y similar a la de países más desarrollados, la eficiencia del gasto público podría incrementarse.

Propuestas

Es imperativo consolidar la actividad del Estado en sus funciones esenciales y reducir el gasto público en servicios personales para asegurar mejores condiciones para el desarrollo del país. Por lo anterior, se propone:

Retirar al Estado de Toda Actividad Empresarial y de la Provisión de Bienes de Naturaleza Privada

El Estado debe abandonar las actividades empresariales. Se propone intensificar el proceso de privatización de entidades paraestatales y consolidar la desregulación de la actividad económica para abrir nuevos y mayores espacios a la iniciativa privada.

Por ejemplo, en materia de salud pública se propone sustituir el actual sistema por otro de “cuentas individuales de ahorro médico” (CIAM) para que toda persona pueda acumular saldos monetarios y financiar sus gastos ante eventos de enfermedad con proveedores privados de servicios de salud… Además, la Constitución debe reformarse para prohibirle al gobierno la realización de “rescates” de empresas o industrias…

Centrar el Gasto Gubernamental en la Producción de Bienes Públicos

El gasto público debe tener siempre un beneficio social neto. Se propone que el Estado limite su desempeño a funciones esenciales y centre su quehacer en bienes públicos como la seguridad nacional, la administración de justicia y la creación de infraestructura básica.

La especialización del gobierno en bienes públicos asegura una alta rentabilidad social por cada peso recaudado y además genera condiciones para un mayor crecimiento potencial a largo plazo. Por ejemplo, un mayor gasto en la defensa de la libertad económica y de los derechos de propiedad de las personas fortalecería el estado de derecho del país y generaría incentivos apropiados para una mayor acumulación de capital, innovación tecnológica, producción y empleo con beneficios directos para la sociedad.

Transparentar y Hacer Más Eficiente la Aplicación del Gasto Social

La aplicación del gasto social debe ser transparente y eficiente. Las transferencias y subsidios del sector público no deben dirigirse a la oferta de los bienes y servicios, sino a la demanda de los consumidores mediante transferencias monetarias.

El descartar los subsidios a la oferta de bienes y servicios reduce la necesidad de contar con amplias estructuras burocráticas involucradas en su producción, administración y supervisión. Así pues, se reducen presiones potenciales sobre el gasto público por concepto de servicios personales. Además, al subsidiarse la demanda, los consumidores tienen la posibilidad de formar mercados y sus proveedores incentivos para competir. Ello mejora la calidad en los bienes y servicios otorgados e incrementa la transparencia y efectividad de las erogaciones gubernamentales.

Permitir la Libre Entrada y Salida de Trabajadores del Sector Público

Las relaciones laborales del sector público deben ser flexibles y transparentes. Se propone reformar el artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la LFTSE, para eliminar la distinción entre trabajadores de base y de confianza.

La ley debe asegurar la libre contratación y remoción de personas del servicio público en función de su calificación, habilidades y desempeño, y con pleno apego al equilibrio presupuestal. Por su parte, no debe restringirse el derecho de asociación de los trabajadores y debe permitirse la existencia de más de un sindicato en cada entidad pública.

Eliminar la distinción entre trabajadores de base y de confianza ofrece a cada servidor público el mismo derecho para ascender dentro de la estructura burocrática. Esto crea incentivos para una mejor preparación personal de los individuos con el objeto de poder alcanzar los puestos a los cuales aspiran. La flexibilidad laboral dentro del sector público le permitirá al Estado contar siempre con capital humano actualizado en beneficio de sus usuarios y mantener personal ocupado en razón de sus posibilidades de financiamiento y de las necesidades del crecimiento de la economía.

De esta manera, cada peso empleado en la nómina de la burocracia tendría un mayor rendimiento social. Finalmente, el reconocimiento oficial a toda organización sindical en cada dependencia fortalece la competencia política de las organizaciones en beneficio de los trabajadores.

Contratar y Recompensar al Servidor Público Bajo Condiciones de Mercado

El sector público debe contar con personal calificado y sus trabajadores con incentivos para realizar un trabajo honesto y eficiente. Se propone la estricta contratación de servidores públicos con base en conocimiento certificado de sus capacidades para desempeñarse dentro del gobierno. Además los servidores públicos deben contar con capacitación permanente para el trabajo.

Las remuneraciones de los servidores públicos directamente implicados en actividades esenciales como la seguridad pública y la administración de la justicia se deben homologar a estándares internacionales. Su favorable desempeño debe ser estimulado con bonos otorgados en función de los resultados operativos y en otros casos con reconocimientos no monetarios de carácter público.

Por lo contrario, para todo el personal con funciones administrativas, sin resultados claramente asociados con su desempeño o bien con múltiples objetivos, los bonos deben eliminarse…

Transitar de una Estructura Burocrática Vertical a otra Más Horizontal

El Estado debe tener una estructura administrativa pequeña. Se propone transitar de una estructura burocrática vertical a otra más horizontal eliminando o reduciendo múltiples puestos que duplican funciones dentro del sector público: secretario particular, director general adjunto, coordinador de asesores, asesores, analistas, choferes, secretarias, etc. Además, se deben eliminar o fusionar entidades públicas.

En relación con una estructura organizacional vertical, una más horizontal permite un flujo más ágil de información para la toma de decisiones y un manejo más eficiente de recursos. La eliminación de puestos que dupliquen funciones acotaría los gastos por servicios personales en cada ámbito administrativo. Lo mismo pasaría a un nivel agregado con la fusión o eliminación de entidades, pero en todas aquellas de precaria situación financiera con la ventaja adicional de reducir el costo fiscal para los contribuyentes.

Incrementar la Competencia dentro del Aparato Administrativo del Sector Público

Se debe estimular la competencia dentro del aparato burocrático. Se propone la subcontratación de servicios con el sector privado y sustituir las compras directas de maquinaria y equipo por el arrendamiento.

A corto plazo, la subcontratación de servicios con el sector privado permitiría reducir un número excesivo de puestos operativos y de servicios en diversos ámbitos como: mantenimiento, fotocopiado, mensajería, sistemas de computo, etc., y a largo plazo, redundaría en menores pasivos laborales para el sector público.

La potencial competencia privada para todos los servicios prestados por la burocracia permitiría incrementar la eficiencia de ésta en todos los campos donde pudiera existir una potencial sustitución del personal por servicios privados externos.

Elevar las Sanciones a los Servidores Públicos por el Incumplimiento de las Leyes

Los servidores públicos deben tener un amplio conocimiento de las leyes y normas y de las sanciones por su incumplimiento. Se propone reformar el artículo 128 constitucional. El servidor público no sólo debe prestar la protesta de guardar la Constitución y sus leyes sino también debe demostrar su conocimiento y cumplimiento. La Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos debe incluir penas severas por la comisión de delitos. La ciudadanía debe contar con mejor información sobre el desempeño de los tres poderes del Estado…

Conclusiones

En México, el marco institucional permite e incluso alienta una excesiva intervención del Estado en la actividad económica. No es extraño entonces que el sector público en nuestro país sea complejo y extenso, además de ser un importante empleador cuando se le compara con el gobierno de otras economías más desarrolladas.

No obstante, la evidencia confirma de manera amplia una relación inversa entre desarrollo económico y tamaño del gobierno. El gasto público más allá de funciones esenciales como la procuración y administración de justicia, la seguridad nacional y la creación de infraestructura básica, genera a la postre incentivos adversos sobre el trabajo, la inversión y la producción en razón de su necesidad de financiamiento mediante mayores impuestos o deuda pública.

Además, el intervencionismo del Estado debilita el estado de derecho de una economía al hacerse necesario un marco normativo laxo y ambiguo para justificar y dar cabida a un amplio conjunto de objetivos dentro del quehacer público.

Por otra parte, un legado del histórico desempeño intervencionista del Estado en México ha sido la conformación de una extensa burocracia. Las erogaciones públicas por servicios personales en nuestro país representan una fracción creciente del total del gasto público, pero desafortunadamente sin un claro beneficio social neto. En cambio, su costo resulta significativo en términos de menores márgenes de maniobra para la actuación de la política fiscal a corto plazo y dados los altos pasivos laborales que genera a largo plazo.

Los mayores gastos por servicios personales son resultado tanto de una expansión en las remuneraciones como del propio personal ocupado dentro del sector público. Sin embargo, detrás de tal expansión subyace un marco normativo que por una parte establece una relación laboral rígida, con pocos incentivos para la eficiencia productiva y la prestación de servicios de alta calidad, y por otra limita la competencia en los mercados laborales y resulta poco transparente en lo que a manejo de recursos humanos y remuneraciones se refiere.

Resulta imperativo reformar el marco institucional según el cual se desarrolla la actuación del Estado en nuestra economía. De esta manera sería posible reducir el gasto público y consolidar el desempeño del gobierno en sus funciones esenciales para asegurar así mejores condiciones de desarrollo en el país. Nuestras propuestas se orientan precisamente a tal objetivo.


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