¿Qué son los precios de garantía? ¿Cómo funcionan? ¿Qué efectos tienen?

Primero, su definición

La definición de precios de garantía es simple:

«Valor mínimo de adquisición para productos […] que el gobierno garantiza a los productores»—es decir, un precio fijado de antemano por el gobierno para ciertos productos y ventajosos para el productor.

El objetivo de ellos es la protección del productor en contra de la reducción del precio natural de mercado de su producto —lo que se ha expresado así:

«Los […] precios de garantía […] intentan controlar los precios solamente en dirección descendente, mientras permiten aumentos sin restricción. […] son costosos para el presupuesto público […]». fao.org

Se trata de un precio controlado mínimo que subsidia al productor y que es pagado con fondos públicos, es decir, por el resto de la población —una política pública que en México comenzó en 1953 y para finales de los años 80 había desaparecido casi totalmente, hasta que en 2019 reapareció.

El objetivo de los precios de garantía es proteger a productores de ciertos bienes —como ahora en México según fue reportado para la protección del agricultor de productos específicos:

«[…] para el frijol el precio de garantía será de 14,500 pesos por tonelada; para el maíz será de 5,610; para el arroz, 6,120, y para el trigo “harinable”, 5,790 pesos […] el precio del litro de leche, el cual estará en 8.20 pesos». expansion.mx

Precios de garantía, sus consecuencias

Ellos tienen efectos:

• El precio de garantía protegerá al productor de reducciones en el precio.

Si el precio de mercado está por debajo de ese precio de garantía el gobierno compra el bien al precio fijado. Si el precio de mercado está por arriba del precio fijado, el gobierno deja que el productor lo venda libremente.

• El precio de garantía no le permitirá al consumidor beneficiarse de reducciones de precios. En caso de que el gobierno decida vender el producto por debajo del precio de garantía, la diferencia será pagada con fondos públicos de todos.

• Los precios de garantía tienen otro costo adicional a los anteriores —las instalaciones de almacenamiento y transportación para los productos controlados que el productor vende al gobierno al precio de garantía, lo que ha tenido experiencias fracasadas en varios países.

De esto se hará cargo el Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana en el actual gobierno mexicano.

• Los precios de garantía son fijados con la intención de cubrir los costos de producción del bien controlado. Pero qué costos y de quién, no hay claridad, porque existen varios productores con costos distintos y así se promovería un incentivo a la ineficiencia productiva de los productores menos eficientes.

• Los precios de garantía evitan que los recursos sean usados para la producción de bienes alternativos con mejor productividad —como quizá campos que se dedican a producir frijol motivados por el precio de garantía cuando usarían ese recurso con mayor productividad cultivando hortalizas.

• Los precios de garantía aumentas las oportunidades de corrupción y colusión dentro del gobierno y entre este y algunos productores usualmente grandes y que por eso tienen influencia y medios para hacerlo.

Nacionalismo, populismo

Puede existir en la política de precios de garantía un elemento nacionalista que los acompañe —como la limitación o prohibición de importaciones a precios menores, lo que beneficiaría a todos los consumidores. Y los llamados a la soberanía alimentaria.

Más otro elemento populista —ya que la apariencia de los precios de garantía es buena en la retórica de autoridades preocupadas por los productores pequeños y pobres, especialmente del campo.

En conclusión, existen numerosas experiencias y abundantes razonamientos que indican que los precios de garantía son un instrumento no recomendable para el logro de avances económicos.

Precios de garantía, injustos

Precios de garantía han sido decretados en México (enero 2019). Una tonelada de maíz valdrá 5,610 pesos y 14,500 la de frijol. La leche, 8.20. El concepto detrás de eso es el de un precio justo —como quiera que él sea entendido por el gobierno.

Y es entendido como justicia para el productor —lo mínimo que debe recibir para que la venta sea justa, como 8.20 por litro de leche y no menos de eso. El consumidor no es tomado en cuenta en esa interpretación de justicia dirigida solo al productor.

Si el productor vende su leche por encima de ese precio, todo va bien y lo hará —pero si el precio se reduce en el mercado a menos de esa cantidad, el gobierno entra al quite y la compra a 8.20, no importa que el precio natural sea menor.

El efecto de los precios de garantía

El resultado de eso será, dependiendo de las circunstancias, una muy probable mayor producción de leche en caso de que el precio natural baje —porque el productor sabe que no se reducirá más y, peor aún, se abre la posibilidad de cabildear para que ese precio suba.

Habrá muy posiblemente más leche de la que se necesita y manejos oscuros de recursos entre productores y gobierno —en realidad nada que no se conozca con anticipación. Otro caso de intervención innecesaria y costosa.

Un poco de historia, precios y justicia

La idea de la justicia en los precios no es nueva. En el siglo 13, por ejemplo, San Alberto Magno dijo que «los bienes tienen valor de acuerdo con la estimación del mercado en el momento de la venta».  

La misma idea de siglos después: el valor de los bienes es subjetivo.

Lo mismo dijo Santo Tomás de Aquino, que «el precio justo de las cosas no es absolutamente definido» —esto es afirmar que los precios son el resultado del valor que el comprador y el vendedor dan a los bienes expresados en un acuerdo mutuo.

Un resultado de estimaciones personales variables y que no puede culminar en 8.20 por litro de leche, por ejemplo.

Sesgo injusto

Los precios de garantía están sesgados a favorecer al productor —en perjuicio del comprador— y esta es precisamente la razón por la que no es posible aplicarles el calificativo de justos.

Los precios de garantía son una de las manifestaciones del capitalismo de amigos —mediante el que los productores se asocian al gobierno para extraer ganancias que de otra manera no tendrían y todo pagado por el resto de las personas, sea en bienes más caros o en impuestos mayores.

Addendum

Las citas últimas fueron tomadas de la obra de Stark. R. Bearing False Witness: Debunking Centuries of Anti-Catholic History, p. 226.

Y otra cosa más para el lector curioso….

Conviene ver alguna de estas columnas:

Bonus track: más sobre los precios de garantía y sus consecuencias.

Costos de los precios de garantía

Por Manuel Sánchez Gonzalez –   29 enero, 2019 

Un caso concreto

En días pasados, el gobierno de México anunció el inicio de su programa de precios de garantía que se aplicará a ciertos productos agropecuarios. 

Si bien se argumentaron algunas intenciones loables, en cualquier país estos apoyos tienden a disminuir el bienestar de la sociedad.

Los artículos seleccionados son el frijol, el maíz, el arroz, el trigo y la leche, con precios de garantía notablemente superiores a las referencias actuales de mercado.

Desde la óptica gubernamental, la justificación del plan es «social», porque buscará beneficiar exclusivamente a los pequeños y medianos productores de esos bienes y, de esta manera, aliviar la pobreza. 

Asimismo, se espera que, con la mayor producción, México reduzca las importaciones y «se acerque» a la autosuficiencia alimentaria.

Para asegurar que los apoyos se dirijan a la población objetivo, las autoridades establecieron extensiones territoriales máximas para los cultivos. Además, con el fin de evitar intermediarios, sólo comprarán directamente a los productores, cubriéndoles de forma inmediata el valor de la cosecha al precio oficial, lo que puede ser en efectivo.

Una fuerte sensación «déjà vu»

El manejo del programa estará a cargo de un nuevo organismo, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyas funciones incluyen la adquisición, el acopio, la distribución y la comercialización de los productos protegidos.

El presente proyecto guarda una extraordinaria similitud con los sistemas de precios de garantía que prevalecieron en México durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. 

Con alcances variables, tales medidas alcanzaron su cenit durante los años setenta, y fueron gestionadas por Conasupo, cuya misión era muy semejante a la de Segalmex.

Los resultados de los apoyos de precio durante esas décadas fueron muy inferiores a los esperados, con la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, lograda por algún tiempo en algunos cultivos gracias a la Revolución Verde, y sin una disminución clara de la pobreza.

El actual gobierno ha prometido que su programa no incurrirá en las deficiencias de los anteriores, incluyendo la corrupción endémica que los caracterizó.

Además, buscará descartar desvíos mediante una «contraloría social», la cual consistirá en la confirmación de los propios campesinos de que los beneficiarios satisfacen los requisitos estipulados.

Los costos de los precios de garantía

Sin cuestionar la legitimidad de sus propósitos, es poco probable que el nuevo plan logre un gran avance. El problema principal es que los precios de garantía generan costos que superan con creces cualquier posible beneficio y, tarde o temprano, los hacen inviables.

Entre los costos económicos de esos apoyos, destacan los siguientes cuatro, dos directos y dos indirectos.

Costos directos

El primer costo directo es el desperdicio de los recursos de la sociedad. Al establecer un precio por arriba del de mercado, el gobierno propicia un exceso de oferta que debe absorber y luego mantener si no quiere deprimir la cotización del producto protegido. Tal deshecho implica una caída del bienestar de la sociedad.

Un segundo costo directo se asocia con los recursos que el país debe dedicar para gestionar el sistema, los cuales crecen con su complejidad y, por ende, con los riesgos de corrupción. 

La integridad de los productos, la autenticación de la producción, la extensión de los cultivos, la ausencia de colusiones o fragmentaciones territoriales y el pago en efectivo ilustran los desafíos administrativos del programa anunciado.

Costos indirectos

Un tercer costo, indirecto, se refiere al sacrificio que implica no asignar de la mejor manera los recursos de la sociedad. Por una parte, los precios de garantía propician que se desvíe la producción hacia los bienes subvencionados, en detrimento de aquellos en los que se observa una mayor productividad.

Por otra, los fondos públicos dedicados a alentar los productos pueden tener un mejor uso alternativo. Por ejemplo, las transferencias directas para la educación y la salud de los campesinos pueden ser un medio más potente de atenuar la indigencia.

Y un cuarto costo, también indirecto, es la posibilidad de que se amplifique la cadena de solicitudes de auxilio para otros sectores y productos, lo que distraería recursos de actividades productivas hacia la búsqueda de rentas mediante el cabildeo o la presión y movilización política.

Los precios de garantía en resumen

En suma, los costos de los precios de garantía fácilmente sobrepasan cualquier ganancia potencial para la población que se desea favorecer.

El mejor remedio de la pobreza es el crecimiento económico, el cual se dificulta con las distorsiones y los elevados costos de transacción asociados con los precios de garantía.

Nota del Editor

Esta columna fue publicada anteriormente en El Financiero. Agradecemos el amable permiso de reproducción. El autor fue subgobernador del Banco de México de 2009 a 2016. Desempeñó diversos cargos en BBVA Bancomer. Fue director general del CAIE en el ITAM.