Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Precio Único de Libros
Selección de ContraPeso.info
3 octubre 2006
Sección: LIBERTAD ECONOMICA, Sección: Asuntos
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Bajo el título “Ley del libro vetada”, Miguel Ángel Granados Chapa publicó el 18 septiembre 2006 una columna en los periódicos de Grupo Reforma en México. Granados Chapa es un columnista político de amplia tradición en México y cuya opinión merece ser considerada —que es lo que pretendo hacer en esta columna mía.

El tema es la la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura, que el presidente Fox vetó regresándola con observaciones al poder legislativo —una ley cuyo propósito era el de hacer de México un país de lectores, cosa que desde luego no es y dista de serlo.

Granados Chapa favorece la ley y yo no, en lo que se refiere a establecer un precio único para los libros en México: una misma edición de un mismo libro tendría un precio idéntico en todas las ciudades y librerías de México, sin descuentos posibles en parte alguna de México.

Granados Chapa dice que “El rechazo del Presidente Fox a una norma que haría real su propósito de convertir a México en un ‘país de lectores’ es una mala interpretación del artículo 28 de la Constitución, que dispone impedir acuerdos entre productores, pero no acciones establecidas por la ley”.

Ese artículo constitucional prohibe monopolios, excepto los gubernamentales y creo que en este sentido literal, Granados Chapa tiene razón: esa ley mayor no prohibe la fijación de precios por parte de la autoridad —enfatizo la palabra literal, porque en espíritu el sentido de la fijación de precios prohibida sería igual a la establecida por la autoridad o por un monopolio.

Granados Chapa dice que “Amén de contradecir su propósito, al menos su propaganda de “hacer de México un país de lectores”, el freno a esa disposición mantiene (y de ese modo acrecienta) las dificultades de los mexicanos para tener acceso a la lectura”. Significa esto que el columnista en verdad piensa que la ley elevará los índices de lectura de México, lo que puede ser cierto con algunas disposiciones de ella pero no con otras.

Mi columna se referirá exclusivamente a la disposición del precio único y no al resto de las disposiciones de la ley.

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La argumentación de Granados Chapa en este terreno se refiere a la Comisión Federal de Fomento Económico sobre la disposición del precio único, afirmando que “Dicha Comisión se dirigió en octubre de 2005 al Senado con el alegato que los legisladores desestimaron y acogió el Presidente, de que el precio único es contrario a la libertad económica”.

A eso debo añadir una pieza de información —la Cámara Nacional de la Industria Editorial es una de las impulsoras de la nueva legislación, es decir, los editores mismos buscan que sus ediciones tengan un precio controlado. Un caso clásico del productor convenciendo a la autoridad para que le ayude a tener más utilidades, artificiales desde luego —y obteniendo la ayuda de columnistas como el analizado.

La Comisión Federal de Fomento Económico, dice Granados Chapa, “se opone al precio único porque su mandato legal es hacer cumplir el artículo 28 constitucional, en la parte que prohibe ‘todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados’”.

La situación parece clara en sus partes —los editores piden un precio único para libros, los legisladores acceden, se piensa que eso ayudará a que se lean más libros y contra el precio único, una comisión federal argumenta que el precio va contra la libertad económica sostenida en la constitución mexicana.

La polémica potencial terminaría aquí entendiendo que el espíritu de la constitución marca el principio de libertad económica al prohibir los acuerdos que eviten una manifestación de la libre competencia, los descuentos y rebajas.

Pero Granados Chapa no lo acepta y argumenta que “la Comisión aparenta no advertir que se ordena combatir conductas de particulares. Estaría muy bien que lo haga si lo hiciera. Pero la ley vetada es una expresión de soberanía, un acto de autoridad y por lo tanto no se le puede aplicar esa referencia a los oferentes del mercado. El precio único no resulta de un acuerdo de productores, sino del ministerio de la ley”.

La argumentación de Granados Chapa es intrincada: dice que el precio único establecido por la ley es una disposición válida porque es un resultado de una disposición legal del gobierno y no el resultado de un acuerdo de editores.

La falla es obvia en su razonamiento, pues si dos productores se ponen de acuerdo en manipular sus precios al estilo de un monopolio, eso está mal, pero si hacen lo mismo con la aprobación del gobierno, eso está bien —más estrechez de argumentación es difícil de expresar. Un delito dejaría de serlo si cuenta con el visto bueno de la autoridad.

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Granados Chapa dice que “la ley auxiliaría a la Comisión a cumplir su propósito de evitar la concentración de la oferta en perjuicio de los demandantes”.

Es decir, según el columnista el tener un precio único ayuda a diversificar la oferta de libros —aunque no es claro cómo se explica eso, Granados Chapa argumenta que “el comercio librero se ha achicado en México a paso dramáticamente veloz: en la década reciente cerraron sus puertas cuatro de cada 10 librerías, incapacitadas para competir con los almacenes y las cadenas de librerías que aparentemente ofrecen descuentos, cuyos beneficiarios (también en apariencia) constituyen una porción minúscula del reducido de por sí universo de los compradores de libros”.

El argumento económico del columnista establece que han desaparecido librerías pequeñas, muchas de ellas, porque no pueden competir con librerías más grandes —hasta allí los eventos tienen sustento: los compradores han seleccionado comprar en librerías de otro tipo y eso altera a las pequeñas y esa decisión es una del comprador, que prefiere comprar en un sitio y no en otro.

Pero existe algo que no es congruente. Dice el columnista que los compradores que han modificado su decisión de compra “constituyen una porción minúscula del reducido de por sí universo de los compradores de libros” —si es tan minúscula la cantidad de compradores que cambiaron de opinión, entonces no desaparecerían tantas librerías pequeñas.

Pero, si el columnista se refiere a que son pocos los compradores de libros en México, eso no importa, porque muchos de ellos han juzgado que es mejor no comprar en librerías pequeñas y más caras. Lo que el columnista argumenta no tiene sostén racional.

Dice el columnista que

“En la actual situación de precio libre, los grandes editores y los grandes libreros sostienen una guerra sorda en defensa de sus utilidades. Las librerías que ofrecen descuento no lo hacen en perjuicio de sus utilidades, sino que obtienen un precio que les mantiene sus márgenes. Pero tampoco los editores ganan menos: para enfrentar la exigencia de quien descuenta, elevan el precio y a la postre el descuento es ficticio. Fijar un precio único evitará esta simulación, que además genera distorsiones en la práctica social [sic] de la compra de libros y la lectura”.

Entonces, de acuerdo a Granados Chapa lo que sucede ahora es esto: los editores y los libreros quieren tener utilidades, lo que supongo que sea todo un descubrimiento económico de gran importancia, como si no trabajara así el mismo columnista y el resto de los productores y distribuidores del producto que sea. L

as librerías y las editoriales ofrecen descuentos, como sucede en otras industrias también, pero tratando de no sacrificar sus márgenes, por lo que suben los precios y hacen descuentos de manera que el precio final sea uno sin los descuentos posibles.

Suele suceder, no sólo en libros sino en otros terrenos también —de los que lo consumidores nos solemos dar cuenta y tomar decisiones al respecto. Lo que el columnista argumenta es que donde eso suceda, sean o no libros, el gobierno debe intervenir colocando precios únicos justificados legalmente porque no son acuerdos de los productores sino decisiones unilaterales de la autoridad —el gobierno acabaría estableciendo los precios de los bienes para el bienestar de todos.

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Dice Granados Chapa que “Los descuentos angostan la diversidad cultural, pues se aplican, la mayor parte de las veces a muy pocos títulos, los destinados a grandes volúmenes de ventas, y no a obras de menor circulación, como los poemarios, por ejemplo”.

En general, resulta natural la idea de dar las promociones a los libros de mayor venta, como en cualquier otro terreno —obras que concedo no son precisamente las más elevadas, pero que revelan una parte del problema, la escasa preparación de los demandantes de libros, pero que al fin son un incentivo de lectura, lo que se perdería con el establecimiento de un precio único sin posibilidad de descuentos.

Sigue diciendo que los descuentos “Además, reducen a ese aspecto de la mercadología del libro la competencia, dejando aparte aspectos característicos del comercio del libro, como el servicio, que se basa en el conocimiento. Las librerías de descuento pueden darse el lujo de descuidar la atención a la clientela, a la que mantienen cautiva a partir de sus ofertas, algo que los pequeños libreros no pueden hacer”.

En resumen el columnista, por ende, quiere precios únicos porque los descuentos dañan al negocio de los libreros: las grandes librerías, dice, no dan servicio de conocimiento, con lo que me imagino que se refiera a personal entrenado y capacitado —lo que en experiencia mía es falso y varía notablemente de librería a librería.

Es obvio que en un supermercado la variedad de libros será mínima y la atención inexistente, lo que no es malo si se va a comprar un libro para el que no se requiere más que verlo y tiene un precio menor que en otras partes.

Pero si el lector compra un libro especializado en contabilidad o en derecho, muy probablemente optará por una librería especializada, que le dé ese servicio de conocimiento por un precio mayor.

Lo que el columnista no entiende es que quien decide en el comprador y que si existen varios tipos de librerías es porque los compradores así lo desean en un momento dado. Los libros son un bien muy variado y amplio, que no siempre requiere un establecimiento con personal capacitado y que tiene diversos niveles de atracción, desde los best-sellers hasta los tratados de filosofía moderna —entre los que hay muchos de economía que argumentarían muy bien en contra de lo sostenido por Granados Chapa.

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Al final, la fama del columnista contrasta con lo flaco de su análisis —toda la teoría económica está fuertemente inclinada del lado opuesto al del columnista, pues si lo que él dice es cierto, ello debería aplicarse no sólo a libros sino a todos los bienes producidos y acabaría todo en una economía centralmente planeada con precios determinados por un comité de burócratas que se dejarían influir por los productores de los bienes para su propio beneficio y el daño a los consumidores.

Aún así, el caso es encomiable por su intención, pues no cabe duda de los buenos deseos del columnista, con los que coincido ampliamente —México es un país de escasa lectura, del que he oído decir que se lee menos de un libro al año por habitante.

El intentar elevar los índices de lectura es portentoso. No está allí el problema, sin embargo, sino en la manera en la que eso se trata de hacer.

El columnista es sin duda partidario de la intervención estatal, en este caso estableciendo un precio único para ediciones iguales de obras —el problema es que así no se alcanzará el objetivo de más lectores (recuérdese que en México los libros están en oferta perenne al no ser sujetos de IVA).

La creencia del columnista es falaz. Dice que

“Un grupo diverso de participantes en la cadena de producción de libros y su puesta a disposición de los lectores, sabiendo que una buena legislación es indispensable para favorecer la lectura… trabajó arduamente los dos años pasados en la preparación de un proyecto que fue hecho suyo por Senadores. En su cámara la ley fue aprobada en marzo por unanimidad, y por mayoría (contra el voto panista) en la de Diputados en abril siguiente. Es de esperarse que la persuasión conseguida por el proyecto permita superar el veto”.

El trabajo arduo de dos años o de más no es garantía de nada —el problema existe, en México no hay lectores y si no los hay, una ley con buenas intenciones no los va a crear manipulando precios, porque el problema no está allí, sino en las escuelas donde no se han creado hábitos de lectura.

Y es así que este caso de precios únicos para libros muestra las dos facetas reales de las dos posiciones económicas esenciales:

• Un socialista como Granados Chapa, argumentando razones de ayuda social, termina ayudando a quienes detesta, los capitalistas productores editores de libros.

• Un liberal como yo, argumentando leyes económicas, termina ayudando a quienes más le interesan, los consumidores —y poniendo en apuros a los productores.

NOTA DEL EDITOR

• La siguiente cita es de Ricardo Medina Macías (El Economista) en una columna suya del 19 de septiembre. Dice que el precio único del libro,

“Es un mecanismo para garantizarse amplios márgenes de utilidad y para evitar que en el futuro, merced a la tecnología, el libro sea sometido a los procesos de abaratamiento derivados de la libre competencia y de la productividad en el mercado. Nunca en la historia de la humanidad la producción de un bien escaso –y el libro lo es– se ha incrementado en beneficio de los consumidores a partir de los precios únicos. No habrá más y mejores libros con el precio único, sino rentas garantizadas para los editores.

El “gancho” del precio único para atraer a los sufridos autores en busca de fama y de editor es que –se les promete– merced a ese mecanismo aún textos poco favorecidos por el público podrán editarse. Los consumidores –lectores– seríamos los “paganos” de este antídoto contra el fracaso del negocio que, por ley, quieren promover los editores y algunos autores que detestan la libre competencia y aborrecen el “primitivo” juicio del público”.


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