Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
Precios Oficiales, Justos
Leonardo Girondella Mora
2 enero 2017
Sección: ECONOMIA, Sección: Asuntos
Catalogado en: , ,


La determinación de precios justos fue el tema de la conversación siguiente con quien sostenía la necesidad moral de la fijación de precios obligatorios considerados correctos.

— Los artículos y productos que se venden deben tener precios que sean justos y correctos, lo que es una cuestión de dignidad humana que corresponde al gobierno.

— ¿Podría usted explicar eso un poco más? ¿Está proponiendo que los gobiernos fijen los precios? —pregunté.

— Sí, eso es lo que propongo de manera que esos precios sean de beneficio para el pueblo y permitan tener una vida digna, lo que es de justicia social.

— ¿A quién debe dar gusto ese precio, al comprador o al vendedor? —pregunté.

— Pues al comprador para que pueda comprar esos productos, sean ellos accesibles y tenga una vida digna y justa.

— ¿No le dará gusto al productor? Le pregunto porque si el precio no le gusta al productor, este no producirá lo que necesita el comprador y, además, los productores y los compradores suelen ser las mismas personas —observé.

— Bueno, pero sería un precio adecuado que también complaciera al productor, eso es obvio.

— Entonces, los precios deben complacer a ambos según dijo usted mismo. ¿No es cierto? —dije.

— Pues sí, los gobiernos deben poner precios que complazcan a los dos, a compradores y a vendedores, un precio determinado y obligatorio para ambos.

— Entonces, ¿cómo manejaría usted el caso de un productor que quiera vender a un precio más bajo que el fijado por el gobierno? ¿Lo prohibiría? —pregunté.

— Sí, claro, estaría prohibido vender a un precio más bajo que el fijado oficialmente. Sería una competencia desleal.

— Pero eso beneficiaría al comprador que tendría que pagar menos y no dañaría al productor puesto que él ha decidido reducir el precio. Es decir, los dos ganarían a ese precio, pero usted lo prohibiría, ¿cierto?

— Sí, eso estaría prohibido aunque beneficiara a ambos porque el precio fijado es el óptimo y está basado en las necesidades de los compradores.

— Pero un precio menor beneficiaría al comprador sin duda alguna y usted está prohibiendo ese mejor estado de cosas —observé.

— No importa, eso se haría para evitar competencia desleal de precios y beneficiara al que vende más barato en perjuicio que los que venden al precio oficial que es más alto.

— Entonces usted está haciendo que el precio oficial ayude más al productor que al comprador, lo que contradice su intención inicial de ayudar primero al comprador y no al productor.

— Pero es que hay que evitar la competencia desleal de precios menores.

— ¿Es mala la competencia de precios que ayuda al comprador? —pregunté.

— Pero es que el precio fijado oficialmente ya es un precio que beneficia a compradores y vendedores y no hay razón para cambiarlo.

— ¿Cómo saber que efectivamente ese precio fijo y oficial ayuda a ambos? —inquirí.

— Pues es que lo han fijado los expertos que saben de esas cosas, como una comisión intergubernamental para la fijación de precios justos para todos.

— ¿Algo que se decide con datos macroeconómicos? —pregunté.

— Sí, así es, los datos de la economía nacional sirven para que esos expertos fijen los precios y los mantengan?

— ¿Sin preguntarle a los compradores y vendedores?

— Sí, no hace falta. Los expertos saben que deben ayudar a los compradores y permitirles tener una vida digna por medio de precios justos.

— ¿Saben más los expertos del gobierno de los compradores que los compradores mismos? Permítame dudarlo.

— Sí la gente no sabe bien lo que quiere y los expertos ayudarían a la gente a comprar lo que realmente necesita la gente a precios justos.

— ¿Y los costos de producción?

— Bueno, serían estudiados por los expertos quienes determinarían el nivel de una ganancia justa para el productor, una cierta cantidad por encima de los costos de producción.

— ¿Los expertos saben más acerca de los productores que ellos sobre sí mismos? Otra cosa que me permito dudar. ¿Por qué no dejar que compradores y vendedores se pongan de acuerdo entre ellos sin que intervengan los expertos?

— No, no, eso produciría abusos y compras innecesarias. No sería de justicia social.

— ¿No habría abusos también de los expertos fijando los precios obligatorios y fijos? —pregunté.

— No, porque esos expertos estarían guiados por su vocación de servicio para lograr el bienestar social.

— Tendrían que ser ángeles para comportarse así, pero además aún siendo cien por ciento honestos, hay que reconocer que podrían equivocarse y eso tendría serias consecuencias —observé.

— No, no, ellos son expertos y saben más que el resto. Usando la información económica llegarían a fijar precios justos y sin error.

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La conversación anterior muestra una suposición de la que parte toda la propuesta de intervención estatal en la economía —la hipótesis de que los expertos gubernamentales saben más que el resto de la gente y que la gente debe obedecer las instrucciones de los expertos; y hacerlo sin chistar porque es para su propio bien.

Por otro lado, las ideas de esa persona derivan en una situación peculiar.

• Si alguien decide vender por debajo del precio oficial, se le acusará de competencia desleal.

• Si alguien quiere vender a un precio mayor al oficial, se le acusará de explotador.

• Quienes venden al precio oficial, pueden ser acusados de acuerdo monopólico de precios.

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