Contrapeso En defensa de la libertad y el sentido común
El Caso de Don Nicasio
Leonardo Girondella Mora
19 abril 2011
Sección: Sección: Asuntos, SOCIALISMO
Catalogado en:


Una medida gubernamental, de hace algunos días, muestra un caso muy propicio para apuntar cómo se cometen tres equivocaciones en las medidas de una autoridad que alegando hacer el bien acaba por hacer el mal.

Examino primero la decisión de gobierno, sin calificarla —según fue reportada (Grupo Reforma, 15 abril 2011):

• La asamblea de legisladores de la capital mexicana aprobó una medida que limita el establecimiento de supermercados, tiendas de conveniencia, minisupermercados y plazas comerciales.

• Consiste en permitir que esos comercios se puedan sólo instalar en “vías primarias y predios con uso habitacional mixto” —una severa limitación, pues esa área, de acuerdo con la noticia, es el 2.5% del territorio de esa ciudad.

• La decisión aprobada fue iniciativa del jefe de gobierno de la capital —quien la justificó diciendo que así “mejorará la equidad y competitividad” del comercio y se “protegerá a los mercados públicos” —mercados que enfrentan “una competencia desleal” de las cadenas grandes de comercio.

• Esa limitación geográfica no aplica a tiendas pequeñas —las llamadas misceláneas, tiendas de la esquina y comercios de abarrotes, que no sean propiedad de las cadenas comerciales.

• La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales está en contra de tal medida —considera que altera la libre competencia, que limita la inversión, daña a los consumidores y afecta la creación de empleos.

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La medida es una de tipo intervencionista en el terreno económico: la autoridad se adjudica el poder de aprobar inversiones en un sector, el del comercio —y el criterio de aprobación es uno geográfico.

Esa medida no es aplicable a todos los comercios y tiendas de ese tipo —algunos de los tipos de comercio están exentos de esa limitación de localización, otros serán sujetos a ella. Es un caso claro de desigualdad o discriminación en una ley o reglamento que no trata a todos por igual.

Solamente este rasgo sería suficiente para considerar que se trata de una ley contraria al espíritu de igualdad que ella debe tener —una causa suficiente para rechazarla considerándola contraria al interés público y a la constitución.

La violación clara de la igualdad legal que debe prevalecer es lo que hace interesante explorar los otros dos errores que se dieron para justificar una ley o reglamento tan mal concebido —me refiero a los razonamientos que fueron ofrecidos para proponerla y que sirvieron para aprobarla.

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Segundo, examino el argumento de la defensa de los mercados públicos ya existentes y que están exentos de esa disposición —se les quiere proteger de la competencia de cadenas comerciales mayores.

Esto es exactamente la repetición de la política proteccionista mexicana de hace años —la que impedía importaciones para proteger a la industria local de la competencia externa. Sus resultados fueron negativos: las empresas no se modernizaron, explotaron su protección con productos malos y de precio alto, lo que dañó al consumidor.

Se dice que la competencia de las cadenas es “desleal” —en realidad lo único desleal que hay aquí es la discriminación de unos en favor de otros. La autoridad no puede tener el poder de juzgar quién tiene derecho de abrir un comercio y quién no, y si lo hace, surge la sospecha obvia de corporativismo y compra de votos electorales.

En el terreno económico medidas de este tipo tienen un efecto colateral muy indeseable —producen precios mayores, menor disponibilidad y variedad limitada de opciones de compra para el consumidor. Lo que la autoridad ha hecho en realidad es reducir la cantidad de opciones de compra del consumidor, es decir, de la ciudadanía entera.

Es digno de resultar que un razonamiento económico tan equivocado haya sido aprobado por gobernantes que no pueden alegar ignorancia de esos efectos colaterales, especialmente el daño al bolsillo del ciudadano.

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Tercero, examino un argumento que no es tan claro como el anterior —es un argumento de la defensa del débil en relación al fuerte y se le conoce como argumentum ad misericordiam.

Considerado como falacia, este razonamiento hace que cualquier medida en defensa de ese a quien se le ha calificado de víctima es válida sin necesidad de estudiar sus efectos. Es un razonamiento con cierto romanticismo y poco cálculo, propenso a dañar a ese que no toma en cuenta, al consumidor.

Es producto de un clisé popular: la imagen de una serie de pequeños comercios que venden alimentos y productos relacionados en una zona y que son amenazados por la apertura de tiendas similares que causarán el cierre de la miniempresa familiar.

La imagen es enérgica: la tiendita de don Nicasio cierra porque a pocos metros abrió una tienda de una cadena grande, quizá Wal-Mart.

En ese clisé se comete un error de consideración al presuponer que fue Wal-Mart el que hizo quebrar la tiendita de don Nicasio —es falso, los que hicieron quebrar a don Nicasio fueron sus propios clientes, esos que antes le compraban, y que ahora prefieren ir a la nueva tienda por alguna razón.

La nueva tienda, en otras palabras, benefició a todos esos ex-clientes de la tiendita —pudo haberles dado mejores precios, más variedad, mejor limpieza, cualquier otra cosa que a esos compradores les fue suficiente como para decirle a don Nicasio que preferían comprarle a otro.

La medida en el capital mexicana ya puede ser vista en su efecto total: ese gobierno defendió a don Nicasio de la competencia y negó a los ciudadanos una opción que ellos consideraban mejor. Nicasio y los demás beneficiados como él ahora votarán por ese gobierno y los ciudadanos no se darán mucha cuenta de lo que han perdido.

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En resumen, decisiones de gobierno de ese tipo cometen equivocaciones que he señalado:

Primero, violan el principio legal de igual trato para todos —dan privilegios a unos en prejuicio de otros, con un resultado neto negativo para la ciudadanía que gobiernan.

Segundo, parten de un desconocimiento extremo de principios económicos y experiencias pasadas —distorsionan los mercados alterando inversiones, empleos y oferta al comprador.

Tercero, deforman a la realidad y la acomodan a sus prejuicios emocionales —lo que hace que la medida tomada esté sustentada en una mentira y produce así resultados colaterales dañinos.

Esos tres errores son inexcusables en gobernantes a los que se supone personas experimentadas y conocedoras, abriendo la posibilidad de explicaciones adicionales deshonestas —como la búsqueda de votos y favores políticos por parte del sector beneficiado por la ley.

Nota del Editor

Hay más ideas al respecto en ContraPeso.info: Intervencionismo Económico y en ContraPeso.info: Corporativismo.

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